ATC844-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC844-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01797-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Cincuenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad) y el Juzgado Civil Municipal de Chocont\u00e1 (Cundinamarca), con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Aurora Buitrago Ordo\u00f1ez contra la Secretar\u00eda de Transporte y Movilidad de esta \u00faltima localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ DE TUTELA (reparto)\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se ordenara a la autoridad enjuiciada resolver favorablemente la petici\u00f3n que formul\u00f3 en procura de que se corrigiera el supuesto error cometido en la expedici\u00f3n de una orden de comparendo por infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito, porque, en su criterio, el veh\u00edculo de su propiedad es diferente al que se amonest\u00f3, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la nulidad del procedimiento administrativo y la eliminaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
2. El Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Cincuenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad), al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la demanda de tutela corresponde a los jueces civiles municipales de Chocont\u00e1, por ser el lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el hom\u00f3logo Civil Municipal de Chocont\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00abla norma citada indica que la competencia territorial para conocer de las acciones de tutela, est\u00e1 asignada a prevenci\u00f3n, a los jueces del lugar donde ocurre la violaci\u00f3n o amenaza del derecho, y a su vez el art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, prev\u00e9 que tambi\u00e9n es competente el del lugar donde se producen sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 333 de 2021, a cuyo tenor dice: \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de solicitudes de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad accionada o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que el accionante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, lo que sugiere, en principio, que en el sub ex\u00e1mine cualquiera de las autoridades en contienda podr\u00eda proveer sobre el particular; pues, en primer lugar, el Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Cincuenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa localidad) corresponde al lugar donde se produce la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos de la memorialista, al paso que el hom\u00f3logo Civil Municipal de Chocont\u00e1 se acompasa con la sede de la entidad convocada. <\/p>\n
Sin embargo, analizado el sumario, se concluye que quien debe conocer del asunto en esta oportunidad es el estrado judicial de Bogot\u00e1, toda vez que se puede colegir que es all\u00ed donde se producen los efectos de las actuaciones aducidas como vulneradoras, principalmente, la falta de respuesta favorable a la petici\u00f3n relacionada con la anulaci\u00f3n de la orden de comparendo por infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito; en tanto, en el escrito inicial \u2013as\u00ed como en su petici\u00f3n\u2013, la actora indic\u00f3 como lugar de notificaci\u00f3n la \u00abCarrera 111 B N\u00b0 67 \u2013 80, Barrio Villas del Dorado, localidad Engativ\u00e1, Correos electr\u00f3nicos: yovapotecon@hotmail.com y aurorabuitragoo@gmail.com\u00bb de la citada localidad (cd. principal, ff. 7 y 15). <\/p>\n
Lo anterior, en virtud del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza\u00bb, norma sobre la cual la Sala ha precisado que su finalidad es: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con las premisas precedentes, es el Juzgado Setenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Cincuenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa localidad) el llamado a dirimir el asunto de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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