ATC882-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC882-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00742-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Ana Mercedes Quintero de Mora, Betty, Ernestina, Leonor, Rosanna, Esther y Yomelina Mora Quintero y Hernando, Matilde y V\u00edctor Julio Patearroyo Quintero frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela instaurada por los prenombrados respecto de esa autoridad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los gestores acuden a esta actuaci\u00f3n porque, en su sentir, se inobserv\u00f3 la providencia STC3489-2021, de 7 de abril de 2021, mediante el cual esta Corporaci\u00f3n les concedi\u00f3 el amparo rogado y, en consecuencia, orden\u00f3 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, dentro de los diez (10) siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el numeral segundo del ac\u00e1pite decisorio del fallo proferido el 29 de septiembre de 2020, \u00fanica y exclusivamente en cuanto desestim\u00f3 la \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d alegada por los tutelantes y, en el mismo t\u00e9rmino, emita una nueva providencia sobre tal aspecto, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed se\u00f1alado, sin que ello afecte la ejecutoria de las dem\u00e1s determinaciones all\u00ed adoptadas. Env\u00edesele copia de esta sentencia. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Los promotores impulsan ahora el presente asunto, porque, afirman que, en prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, el colegiado tutelado emiti\u00f3 decisi\u00f3n en la cual, dando cumplimiento al aludido fallo constitucional, \u201c(\u2026) declar\u00f3 no probada la buena fe exenta de culpa invocada por [ellos] por lo que no hay lugar a reconocer compensaci\u00f3n alguna por este respecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. El 10 de mayo de 2021, se puso en conocimiento de la tutelada y dem\u00e1s interesados lo alegado por el petente y se le exhort\u00f3 para que informara sobre el desobedecimiento endilgado. <\/p>\n
4. La autoridad incidentada puso de presente que, en cumplimiento del aludido fallo constitucional, a trav\u00e9s de auto de 12 de abril de 2021 dej\u00f3 sin efecto el ordinal segundo del ac\u00e1pite decisorio de la sentencia emitida el 29 de septiembre de 2020, \u00fanicamente en lo concerniente con la desestimaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Luego, el 16 de abril de 2021, profiri\u00f3 sentencia complementaria, en la cual efectu\u00f3 un nuevo pronunciamiento en relaci\u00f3n con la buena fe exenta de culpa, de conformidad con los lineamientos expuestos en el fallo de tutela en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba concern\u00eda, acatando, en su criterio, lo ordenado por la Corte. <\/p>\n
5. Admitida la actuaci\u00f3n incidental en prove\u00eddo del pasado 11 de mayo y al no existir pruebas a decretar, pues las obrantes son suficientes para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, se procede a definir lo pertinente. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El desacato contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, fue erigido como un instrumento del cual dispone el juez de tutela para sancionar a quien hace caso omiso a las \u00f3rdenes impartidas, con el fin de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha reclamado su protecci\u00f3n constitucional, por cuanto, tal resguardo resultar\u00eda inocuo si no existiesen mecanismos como \u00e9ste, orientados a asegurar el cumplimiento de las instrucciones dispuestas para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta lesiva o de las amenazas a las garant\u00edas superiores amparadas. <\/p>\n
2. Corresponde a la Sala determinar si el mandato impartido por esta Corte el 7 de abril de 2021, dentro de la salvaguarda incoada por Ana Mercedes Quintero de Mora, Betty, Ernestina, Leonor, Rosanna, Esther y Yomelina Mora Quintero, y Hernando, Matilde y V\u00edctor Julio Patearroyo Quintero frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; fue inobservado. <\/p>\n
3. Para establecer si existi\u00f3 o no desacato, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que debe surtirse una comparaci\u00f3n entre lo resuelto y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al destinatario de la orden1. <\/p>\n
Asimismo, esta Colegiatura ha sido especialmente enf\u00e1tica al indicar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige \u2018al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato\u2019 y ha reiterado que \u2018el juicio de imputaci\u00f3n de la responsabilidad\u2019 en esa materia, \u2018no puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que en el tr\u00e1mite respectivo habr\u00e1 de establecerse que la orden judicial fue desatendida por negligencia de la persona obligada a cumplirla, aspecto \u00e9ste que deber\u00e1 ser demostrado en la correspondiente actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. En la providencia presuntamente desobedecida, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 viable la protecci\u00f3n rogada por cuanto evidenci\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para la Corte, la postura del colegiado acusado deviene apresurada y excede la esmerada diligencia de quien procura establecer una buena fe exenta de culpa en la negociaci\u00f3n de un predio, incluso en asuntos de la naturaleza del proceso de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese, los aqu\u00ed tutelantes suscribieron contrato de compraventa del inmueble objeto de litigio en el a\u00f1o 2001, es decir, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que Francisco Luis Corrales Londo\u00f1o, progenitor de los reclamantes, lo adquiriera, y tres a\u00f1os despu\u00e9s de que \u00e9ste lo vendiera a Concepci\u00f3n Aracely Acu\u00f1a S\u00e1nchez y Juan Antonio Mart\u00ednez S\u00e1nchez; antecedentes que no fueron objeto de un an\u00e1lisis detenido por parte del tribunal, quien solo insisti\u00f3 en la carga exagerada para los compradores de indagar sobre la intimidaci\u00f3n y amenaza oculta que padeci\u00f3 Corrales Londo\u00f1o, previo a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, ante el an\u00e1lisis parcializado de la buena fe exenta de culpa con relaci\u00f3n al comportamiento de la actora en tutela ubic\u00e1ndola al lado de grupos ilegales de la regi\u00f3n sin que para la Sala aparezca prueba en tal sentido; junto a las exigencias excesivas de prudencia y diligencia que superan el rango de normalidad de cualquier persona, se otorgar\u00e1 el auxilio implorado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo descrito, se orden\u00f3 a la tutelada <\/p>\n
Precisado lo anterior, se resalta, los aqu\u00ed petentes, allegaron a estas diligencias el fallo de 16 de abril de 2021, con el cual la autoridad incidentada se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los opositores (\u2026) coincidieron en atestiguar que su madre, Ana Mercedes Quintero de Mora, tras haber adquirido el inmueble por compra a Juan Antonio Mart\u00ednez y Concepci\u00f3n Aracely Acu\u00f1a -padrinos de Rossana- constituy\u00f3 un usufructo sobre el mismo transfiriendo la nuda propiedad a ellos y a Natalio Patearroyo Mora, con miras a poner \u201clas tierras a nombre de los hijos\u201d reserv\u00e1ndose ella la producci\u00f3n de esas parcelas. Algunos precisaron que el precio acordado en la compraventa realizada por su progenitora fue cuarenta millones de pesos, sin embargo, ninguno se explan\u00f3 en explicar las averiguaciones o pesquisas que hicieron cuando se recibi\u00f3 el derecho de dominio del predio o que hubiera hecho aquella en ese momento, tendientes a corroborar que los otrora due\u00f1os estuvieren ajenos a presiones derivadas del conflicto armado\u201d. <\/p>\n
\u201cY aunque Matilde indic\u00f3 que su madre hab\u00eda revisado el certificado de libertad y tradici\u00f3n del predio, Yomelina, Leonor y V\u00edctor Julio, refirieron que sab\u00edan sobre \u201cPacho\u201d Corrales como un anterior due\u00f1o y Hernando anot\u00f3 que fueron a verlo antes de adquirirlo, esas solas actividades e informaci\u00f3n apenas se corresponden con una diligencia normal referida a la buena fe simple, empero no con el par\u00e1metro aqu\u00ed requerido ni en cabeza de su madre ni en la ellos. Es que incluso V\u00edctor Julio acept\u00f3 que \u00e9l no hizo averiguaciones sobre otrora propietarios y cre\u00eda que su progenitora tampoco\u201d. <\/p>\n
\u201cA su turno, Ana Mercedes Quintero confirm\u00f3 el precio en que lo adquiri\u00f3 de Juan Antonio Mart\u00ednez y confes\u00f3 \u201cyo no le pregunt\u00e9 por qu\u00e9 la vend\u00eda ni nada, no le pregunt\u00e9, \u00e9l me la ofreci\u00f3 y pues yo se la compr\u00e9\u201d, lo que en efecto no se compagina con la prudencia debida en el est\u00e1ndar que ac\u00e1 se requiere. <\/p>\n
\u201c (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cMem\u00f3rese que, seg\u00fan se plasm\u00f3 en el escrito de oposici\u00f3n, su apoderado realiz\u00f3 pesquisas en el sector encontrando testimonio de vecinos que relacionaban a Francisco Luis Corrales (q.e.p.d.) con la insurgencia e incluso que refer\u00edan confrontaciones en la parcela. Por ende, si aquellos hubiesen ejecutado tal actividad que f\u00e1cil hizo su representante judicial tantos a\u00f1os despu\u00e9s, se habr\u00edan dado cuenta que sobre el predio y su otrora due\u00f1o orbitaba una se\u00f1a anejada con la violencia y por mera l\u00f3gica y precauci\u00f3n debieron abstenerse de negociarlo. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed entonces, a partir de la valoraci\u00f3n de todos los elementos de juicio que fueron recaudados en este proceso, deviene palmario que las actividades desplegadas por los opositores fueron insuficientes para cualificar su accionar, puesto que correspondieron a la revisi\u00f3n del certificado de tradici\u00f3n y a haber acudido al predio para verlo f\u00edsicamente previo a su adquisici\u00f3n, gestiones que son normales y apenas constitutivas de una buena fe simple, de un actuar ordinario en cualquier negociaci\u00f3n de esta naturaleza, pero que no se corresponde con las especiales circunstancias e incidencia del conflicto en la regi\u00f3n, en especial a partir del a\u00f1o 1991 fecha desde la cual el legislador habilit\u00f3 la reclamaci\u00f3n de los fundos por este especial procedimiento. En contraste, uno de los adquirentes, como se vio, expresamente reconoci\u00f3 que no hizo averiguaciones sobre los due\u00f1os anteriores y cre\u00eda que su progenitora tampoco, quien, en todo caso, en declaraci\u00f3n judicial, confes\u00f3 no haber siquiera preguntado a su vendedor por los motivos de negocio\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAc\u00e1 lejos de poner de manifiesto un accionar cualificado, evidencia una clara cercan\u00eda de orden espacial y temporal, que guarda coherencia con lo colegido en la providencia que ahora se complementa, en cuanto a que la negociaci\u00f3n fue la siguiente al hecho victimizante (despojo) y a que algunos de los opositores, por haber vivido en la regi\u00f3n donde est\u00e1 ubicado el fundo solicitado, s\u00ed supieron de la existencia del solicitante, ten\u00eda contacto con los otrora vendedores y estaban en real posibilidad de obtener de los vecinos el conocimiento acerca de las circunstancias que motivaron la venta y desprendimiento del predio, de todo lo cual se sigue que, en verdad, se insiste a fe de ser repetitivos, no probaron realizar gestiones suficientes para descubrir las irregularidades en la tradici\u00f3n anterior, y estructurar as\u00ed una conducta creadora de derecho (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn conclusi\u00f3n, de todo el material probatorio recabado, colocando bajo an\u00e1lisis adicional los antecedentes en cuanto a la \u00e9poca en que el progenitor de los reclamantes adquiri\u00f3 el fundo y el tempo transcurrido hasta que lo enajen\u00f3 y pasara a ser propiedad de los opositores, no es posible advertir que se hubiera cumplido por parte de ellos con los exigido por la ley al momento de adquirir, y que constitu\u00eda una carga probatoria de su resorte en este proceso (\u2026) siendo di\u00e1fano que s\u00ed les era viable conocer las circunstancias an\u00f3malas que rodearon la venta inicial del bien objeto de reclamaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese, la actuaci\u00f3n desplegada por la Sala convocada no se acompasa con lo dispuesto por esta Corte, pues la orden iba dirigida a emitir una nueva providencia para abordar el an\u00e1lisis de la \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d, sin seguir insistiendo en una carga probatoria desproporcionada o imposible de sobrellevar para los compradores, de indagar sobre la intimidaci\u00f3n y amenaza oculta que, supuestamente, padeci\u00f3 Francisco Luis Corrales Londo\u00f1o, previo a la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. En la cuesti\u00f3n, igualmente llama la atenci\u00f3n que los accionantes constitucionales, como los tradentes de estos, habitaban y habitan la regi\u00f3n, no aparecen registrados como actores armados, ni como agentes de violencia, o al menos sobre ese particular no hay pruebas de ese tenor recaudadas, y contin\u00faan en la zona sin que nadie les impute pertenencia o connubio con los factores de violencia frente a los reclamantes ni frente a los dem\u00e1s habitantes del sector, ni que los ubique en grado de complicidad, o que \u00e9stos ejecuten planes preordenados de concentraci\u00f3n de propiedad para apoderarse de la regi\u00f3n aprovechando la necesidad y la miseria de las v\u00edctimas y desplazados, aspectos todos que debi\u00f3 contemplar la decisi\u00f3n confrontada. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, es claro que, objetivamente, no se atendi\u00f3 a la orden constitucional impartida por la Corte en la sentencia STC3489-2021 de 7 de abril de 2021, pues el colegiado convocado continu\u00f3 reclamando a los aqu\u00ed petentes exigencias excesivas de prudencia y diligencia con el \u00e1nimo obstinado de desvirtuar su lealtad y seguridad en el actuar, antes de la celebraci\u00f3n de la compraventa objeto de controversia, desbordando la naturaleza de la \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala advierte que el incumplimiento del rese\u00f1ado no obedece a una rebeld\u00eda de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta ni a un inter\u00e9s subjetivo encaminado a desconocer directa y frontalmente lo prove\u00eddo, sino a equivocaciones en la interpretaci\u00f3n del mandato tutelar impartido. <\/p>\n
Por tanto, se impone precisar que esta Sala, en la sentencia rese\u00f1ada, accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n invocada al advertir que la postura del colegiado acusado deven\u00eda apresurada y exced\u00eda la esmerada diligencia de quien procura establecer una buena fe exenta de culpa en la negociaci\u00f3n de un predio, incluso en asuntos de la naturaleza del proceso de restituci\u00f3n de tierras; raz\u00f3n por la cual, al no estar acreditada mala fe de los tutelantes, era viable acceder a la compensaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
5. Ahora, aun cuando objetivamente se incumpli\u00f3 el fallo de tutela, ello no obedeci\u00f3 a una intenci\u00f3n subjetiva de la autoridad encargada de honrarlo y, por tanto, no se incurri\u00f3 en desacato. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que, para sancionar en el procedimiento incidental, no s\u00f3lo debe mediar el desobedecimiento manifiesto, debidamente probado, sino tambi\u00e9n aspectos subjetivos de quien incumple la decisi\u00f3n de tutela, pues no puede endilgarse culpa ni presumirse, ni debe olvidarse que la responsabilidad objetiva, en materia sancionatoria, est\u00e1 proscrita en nuestro ordenamiento. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha considerado la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
El desacato, consiste, ante todo, en aquella conducta contraria al mandato judicial impartido por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio restrictivo y determinada tanto por la tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular receptor de la orden. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el objeto de las sanciones en el rese\u00f1ado procedimiento, se enfocan a lograr el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela, pero no es un fin, en s\u00ed mismo, porque los correctivos son accesorios y, en \u00faltimas, no garantizan la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, aspecto que tampoco implica que las mismas jam\u00e1s se impongan. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[I]ncumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza leg\u00edtima, de buena fe, de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicci\u00f3n leg\u00edtima y justificada de una persona que, al acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, espera una decisi\u00f3n conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos \u00e1mbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento obedece a una situaci\u00f3n objetiva, dada por los hechos y s\u00f3lo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situaci\u00f3n subjetiva, en la cual es relevante la culpabilidad de su autor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situaci\u00f3n de imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacci\u00f3n material del derecho involucrado \u201ces procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada\u201d, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si incumplir una providencia judicial es, como se vio, una conducta grave que puede comprometer la responsabilidad de la persona involucrada en diversos \u00e1mbitos, incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) A pesar de ser una sanci\u00f3n, el objeto del desacato no es la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino propiciar que se cumpla el fallo de tutela. Cumplir con la orden servir\u00eda para evitar la sanci\u00f3n, valga decir, evitar que se imponga el arresto y la multa previstos en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. En la medida en que el desacato puede hacer que se cumpla con el fallo en comento, es un instrumento procesal que puede garantizar de manera adecuada el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el caso, como se indic\u00f3, no hubo desacato, pero s\u00ed incumplimiento y, como el objeto del presente procedimiento es garantizar la efectividad de los derechos tutelados, se le reiterar\u00e1 al Tribunal el obedecimiento del rese\u00f1ado fallo STC3489-2021, dentro del t\u00e9rmino all\u00ed indicado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que, objetivamente, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, incumpli\u00f3 la sentencia de 7 de abril de 2021, proferida por esta Sala. <\/p>\n
SEGUNDO: DISPONER que no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 a la incidentada, conforme se explic\u00f3 en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n
TERCERO: REITERAR a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el obedecimiento del rese\u00f1ado fallo STC3489-2021 dentro del t\u00e9rmino all\u00ed indicado, para lo cual, se insiste, no podr\u00e1 imponer cargas excesivas para acreditar la buena fe exenta de culpa, tales como las referidas en la sentencia dejada sin efecto en el proceso censurado. <\/p>\n
CUARTO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Autos de 13 de enero de 2000, exp. 8150; de 4 de junio de 2013, exp. 7600122210002013-00013-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00; reiterada en ATC de 5 de octubre de 2016, exp. 23001-22-14-000-2016-00414-01 <\/p>\n
34 Corte Constitucional Sentencia T- 763 de 1998. <\/p>\n
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ATC882-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC882-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00742-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte el incidente de desacato formulado por Ana […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54618","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54618","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54618"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54618\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54618"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54618"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54618"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}