SC2130-2021 (2015-00085-01)_1 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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SC2130-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-023-2015-00085-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n del doce de noviembre de dos mil veinte) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
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Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Ingrid Rosa Escamilla Serrano, frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario que la recurrente adelant\u00f3 contra Juan Pablo S\u00e1enz Ni\u00f1o. <\/p>\n
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a.-)EL LITIGIO <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar la nulidad absoluta de las capitulaciones matrimoniales pactadas con el convocado, en la escritura p\u00fablica n\u00b0 5062 de 23 de noviembre de 1999, suscrita en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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Indic\u00f3 que el 17 de diciembre de 1999 contrajo nupcias por el rito civil con Juan Pablo S\u00e1enz Ni\u00f1o, en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, seg\u00fan consta en la escritura n\u00b0 5493 de esa misma fecha, y no procrearon hijos. <\/p>\n
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Antes del casorio, espec\u00edficamente, el 23 de noviembre de 1999, hicieron capitulaciones matrimoniales en las que acordaron separarse de bienes; que despu\u00e9s de la boda cada quien administrar\u00eda los que tuviere o consiguiera, as\u00ed como sus frutos y valorizaciones; y que las deudas tenidas y adquiridas ser\u00edan asumidas por aquel a cuyo cargo estuvieran; sin embargo, esas disposiciones est\u00e1n viciadas de nulidad por ilicitud en su objeto al contrariar el art\u00edculo 1773 del C\u00f3digo Civil, pues la \u00abseparaci\u00f3n de bienes\u00bb presupone matrimonio y sociedad conyugal. <\/p>\n
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Como tal acuerdo precedi\u00f3 al casamiento y, por ende, a la \u00absociedad conyugal\u00bb, esta \u00faltima no pod\u00eda ser liquidada en ese acto, seg\u00fan el numeral 5 del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil; luego est\u00e1 vigente, sobre todo porque las partes no estaban inmersas en la situaci\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 180 ibidem; adem\u00e1s, tal pacto es contrario al orden p\u00fablico y las sanas costumbres al quebrantar los art\u00edculos 180, 1771 y 1773 \u00eddem, fuera de que no aparece inscrito en el registro civil de matrimonio, siendo inoponible frente a terceros, acorde con el inciso 3\u00ba del articulo 1820 ejusdem y prueba la existencia de la sociedad conyugal. <\/p>\n
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Aunque los bienes entonces inventariados quedaron excluidos de la alianza conyugal, no ocurre lo mismo con los adquiridos despu\u00e9s de la boda, que s\u00ed hacen parte de la que se form\u00f3 entre ellos; adem\u00e1s, ante el Juzgado Catorce de Familia de Bogot\u00e1 cursa proceso de divorcio en el que es demandada (fls. 33 a 40, cno.1). <\/p>\n
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2.- El convocado se opuso y adujo como excepci\u00f3n previa \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad\u00bb (fls. 44 al 52, cno. 1 y 1 al 3, cno. 3). <\/p>\n
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3.- El Juzgado 23 de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1, en sentencia anticipada de 9 de junio de 2015, acogi\u00f3 esa defensa, termin\u00f3 el pleito, levant\u00f3 las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas a la promotora (fls. 9 al 15 cno. 3). <\/p>\n
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4.- El ad quem, al desatar la alzada propuesta por la pretensora, confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n (fls. 21 al 29 cno. 4). <\/p>\n
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b.-)FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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Las capitulaciones matrimoniales son convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio relativas a los bienes que aportan a \u00e9l, las donaciones y concesiones que quieren hacer uno frente al otro, de presente o a futuro. <\/p>\n
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La prescripci\u00f3n puede ser alegada como excepci\u00f3n previa, seg\u00fan el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el 6 de la Ley 1395 de 2010. <\/p>\n
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En el caso, la acci\u00f3n se rige por la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 791 de 2002, que es de diez (10) a\u00f1os, seg\u00fan la elecci\u00f3n que acorde con el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 hizo el convocado, siendo pasible de ser interrumpida natural o civilmente, esto \u00faltimo con la demanda judicial. <\/p>\n
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Prospera la excepci\u00f3n porque, aunque la relaci\u00f3n sustancial fustigada data 23 de noviembre de 1999, el casorio se celebr\u00f3 el 17 de diciembre de ese a\u00f1o y desde ese momento hasta que se instaur\u00f3 el libelo (2 de septiembre de 2014) transcurrieron m\u00e1s de 10 a\u00f1os (fls. 21 al 29, cno. 4). <\/p>\n
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c.-)DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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La demandante recurri\u00f3 en casaci\u00f3n y plantea dos cargos con base en los dos incisos del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; el primero por v\u00eda recta y el segundo por la indirecta, que ser\u00e1n despachados de forma conjunta, pues apuntan a desvirtuar una misma premisa. <\/p>\n
Para su resoluci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta la referida compilaci\u00f3n al estar vigente cuando se interpuso la opugnaci\u00f3n (19 nov. 2015) conforme dispone el numeral 5 del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
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Acusa la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 180, 1774, 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil; 1\u00ba de la Ley 28 de 1932; 3\u00ba de la Ley 791 de 2002, por falta de empleo; y el inciso 2 del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
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Aduce que el tribunal dej\u00f3 de aplicar el precedente de esta Corte, que, a partir de los art\u00edculos 180, 1774, 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil, 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, 3\u00ba de la Ley 791 de 2002, ha considerado que el inter\u00e9s del c\u00f3nyuge para cuestionar los actos de administraci\u00f3n de su consorte surge cuando se disuelve la sociedad conyugal o se integra la litis con ese fin, no antes ni despu\u00e9s, seg\u00fan lo expuesto en sentencias de 5 de septiembre de 2001, 13 de octubre de 2011 y CSJ SC3864-2015. <\/p>\n
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Ese criterio se aviene al caso porque es absurdo y discriminatorio que cuando la c\u00f3nyuge demanda la simulaci\u00f3n de un acto celebrado por su marido antes de haberle noticiado la demanda de divorcio, el juez le niegue la pretensi\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n con estribo en que la acci\u00f3n es prematura; pero si lo hace despu\u00e9s se abstenga de estudiarla con el pretexto de que es tard\u00eda. <\/p>\n
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Omiti\u00f3 los art\u00edculos 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil, pues cont\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva desde antes que la actora pensara en demandar el divorcio; e interpret\u00f3 mal el inc. 2 del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, ya que no tuvo en cuenta que el t\u00e9rmino all\u00ed referido se cuenta desde que la obligaci\u00f3n se hace exigible, desfases que lo hicieron decir que la acci\u00f3n se plante\u00f3 a destiempo (fls. 6 al 13). <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Alega el quebranto indirecto de los art\u00edculos 180, 1774, 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil; 1 de la Ley 28 de 1932; 3 de la Ley 791 de 2002 y el inciso 2 del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil por error de hecho, como consecuencia de omitir el an\u00e1lisis de la demanda. <\/p>\n
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Radica su inconformidad en que el tribunal pretiri\u00f3 el libelo al no ver el hecho en el que se adujo que \u00aben la actualidad cursa en el Juzgado 14 de Familia de Bogot\u00e1 D.C., proceso de divorcio bajo el radicado n\u00famero 11001311001420140057500 en que mi poderdante obra como demandada\u00bb, tanto que en el ac\u00e1pite de pruebas pidi\u00f3 oficiar a ese estrado para que certificara la existencia de ese litigio. <\/p>\n
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De haber analizado la demanda habr\u00eda visto que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n no corri\u00f3 desde la celebraci\u00f3n de las capitulaciones, sino desde que se trab\u00f3 la litis enderezada a disolver la sociedad conyugal (fls. 13 a 14). <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Cuando la autonom\u00eda dispositiva rebasa el poder de configuraci\u00f3n de que est\u00e1n provistos los particulares para forjar sus relaciones jur\u00eddicas, ya sea por desconocer normas imperativas o contradecir las buenas costumbres, se transgrede el orden legal y entran en escena fen\u00f3menos como la nulidad absoluta o la relativa, que, de forma total o parcial, derruyen la legalidad del acto, enti\u00e9ndase contrato o convenci\u00f3n. <\/p>\n
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La absoluta, que mira el inter\u00e9s p\u00fablico, se produce por objeto il\u00edcito o causa il\u00edcita, por omisi\u00f3n de alguno de los requisitos que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en consideraci\u00f3n a su naturaleza o por ocurrir con personas absolutamente incapaces. Puede ser alegada por las partes, cualquier tercero que acredite inter\u00e9s directo, serio y actual, e incluso, por el Ministerio P\u00fablico en defensa del orden p\u00fablico, la ley o la moral; y es susceptible de ser declarada de oficio por el juez cuando aparezca de bulto en el acto o contrato (art. 1742 \u00eddem, subrogado por el art. 2\u00ba de la Ley 50 de 1936). Los vicios que la producen pueden ser saneados por ratificaci\u00f3n de las partes en cuanto no hayan sido generados por objeto o causa il\u00edcita y, en todo caso, por prescripci\u00f3n extraordinaria, m\u00e1xime cuando la nulidad no opera ipso iure, sino que requiere declaraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
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2.- La prescripci\u00f3n liberatoria es un modo de extinguir las acciones judiciales y, seg\u00fan los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, su declaraci\u00f3n exige que la respectiva acci\u00f3n sea susceptible de ser cubierta por ese fen\u00f3meno, as\u00ed como del paso de cierto tiempo y de la inacci\u00f3n del titular, seg\u00fan se record\u00f3 en CSJ SC6575-2015; empero, puede ser suspendida, interrumpida (civil o naturalmente) y renunciada. La suspensi\u00f3n emerge por imperativo legal en favor de ciertas personas que gozan de especial protecci\u00f3n, como los menores de edad y quienes se hallen bajo patria potestad, tutela o curadur\u00eda, entre otros, y apareja una detenci\u00f3n temporal del t\u00e9rmino extintivo hasta que se supere la causa que la produce (art. 2530 \u00eddem). <\/p>\n
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Mientras tanto, la interrupci\u00f3n se puede dar de forma civil o natural. La primera ocurre, al decir del art\u00edculo 2539 in fine, en raz\u00f3n a la demanda judicial, aunada al cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy aparecen en el 94 del C\u00f3digo General del Proceso. La segunda, por su parte, se presenta cuando el deudor reconoce, expresa o t\u00e1citamente, la obligaci\u00f3n (inc. 2\u00ba, art. 2539 \u00eddem) y obedece a actos de asentimiento, benepl\u00e1cito o aceptaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n. Una notable diferencia entre la suspensi\u00f3n y la interrupci\u00f3n es que aquella impide contabilizar el tiempo transcurrido mientras subsiste la causa de protecci\u00f3n que le dio origen, mientras que esta lo borra en su totalidad, al igual que acontece con la renuncia (CSJ GJ. CLXXVI n\u00b0 2415 p\u00e1g. 51 a 63). <\/p>\n
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La renuncia sobreviene cuando la prescripci\u00f3n se ha consolidado (art. 2514 C.C.), no antes como acontece con la suspensi\u00f3n y la interrupci\u00f3n; adem\u00e1s, requiere de una manifestaci\u00f3n inequ\u00edvoca del deudor en virtud de la cual reconozca el derecho del acreedor, como acontece cuando quien debe paga intereses o pide plazos. <\/p>\n
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El sistema jur\u00eddico patrio consagra prescripciones de largo y de corto plazo. Empero, la de la acci\u00f3n ordinaria que es la que aqu\u00ed importa, exige un t\u00e9rmino de veinte (20) a\u00f1os, que, con la Ley 791 de 2002, arts. 1\u00ba y 8\u00ba, se redujo a la mitad. Dicho lapso, seg\u00fan la jurisprudencia de esta Corte, \u00abdebe computarse a partir de cuando pod\u00eda ejercitarse la acci\u00f3n o el derecho\u00bb (CSJ SC 3 may. 2002, rad. 6153), comprensi\u00f3n que coincide con el art\u00edculo 2535 in fine, seg\u00fan el cual \u00ab[s]e cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb; mas, como la ley no precisa desde cu\u00e1ndo se tiene la oportunidad para demandar la nulidad absoluta de un negocio jur\u00eddico, su determinaci\u00f3n depende de qui\u00e9n la reclame y del motivo propuesto, pues una cosa es que el promotor haya sido parte en el acto fustigado y otra, muy diferente, que sea un tercero, lo que es relevante para fijar el punto de partida del lapso prescriptivo. <\/p>\n
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Para concretar ese crucial aspecto, es indispensable establecer el instante en que el accionante conoci\u00f3 o debi\u00f3 saber de la existencia del acto que fustiga, pues, por regla general, ser\u00e1 desde ah\u00ed cuando le nazca el inter\u00e9s jur\u00eddico y, por ende, la legitimaci\u00f3n para tratar de vaciar su eficacia, luego, cuando quien pide la nulidad absoluta fue parte en el acto atacado, el t\u00e9rmino ha de contarse desde su celebraci\u00f3n, porque desde ese momento lo conoci\u00f3 y, por consiguiente, estaba en posibilidad de discutir su validez, salvo algunos casos en que dicho inter\u00e9s surge despu\u00e9s, como en las capitulaciones matrimoniales, seg\u00fan se ver\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n
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Por contraste, si quien alega la nulidad fue ajeno al acto, es decir, si se trata de un tercero, tendr\u00e1 dicho inter\u00e9s a partir de que lo conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer su existencia, lo que, respecto de aquellos sujetos a registro habr\u00e1 de entenderse desde la inscripci\u00f3n con la que se le dio publicidad y oponibilidad (art. 44 Dec.1250 de 1970 y art. 47 Ley 1579 de 2012), a falta de prueba en contrario; y en cuanto a los que carecen de esa formalidad, se deber\u00e1 probar el instante en que tuvo noticia el agente de tal celebraci\u00f3n. <\/p>\n
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2.1.- As\u00ed mismo, atendiendo el postulado de la irretroactividad de las normas, seg\u00fan el cual aquellas gobiernan las situaciones presentadas en su vigencia, pero no pueden tener efectos sobre el pasado, el precepto bajo el que debe regirse la prescripci\u00f3n liberatoria, en principio, es el que estaba vigente para el momento en el que inici\u00f3 el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo, aunque la normatividad consagre una excepci\u00f3n en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor: <\/p>\n
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La prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir. <\/p>\n
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De esa forma el legislador, como excepci\u00f3n al axioma de la irretroactividad, autoriz\u00f3 que una ley posterior a aquella en vigor de la cual inici\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, pudiera regirla, pero con miras a materializar tal permisi\u00f3n impuso una carga a la persona en cuyo inter\u00e9s se estableci\u00f3 tal prerrogativa, consistente en alegar expresa y oportunamente el r\u00e9gimen cuya aplicaci\u00f3n pretende, de donde se sigue que el no ejercicio de esa facultad har\u00e1 que el juzgador aplique la disposici\u00f3n vigente cuando empez\u00f3 a correr la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
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Ello es as\u00ed porque al tratarse de una potestad del prescribiente escoger el marco normativo al cual decide plegarse, el no hacerlo supone total complacencia con el que, en principio, gobierna la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en concreto. Contrario sensu, si en ejercicio de esa bondad legal, manifiesta de forma expresa y tempestiva su deseo de acogerse a la modificaci\u00f3n contenida en la pauta posterior porque le resulta m\u00e1s favorable, la prescripci\u00f3n se regir\u00e1 por esta \u00faltima y el t\u00e9rmino fijado por la ley empezar\u00e1 a contarse desde la fecha en que dicha norma inici\u00f3 su vigencia. Sobre el punto, en CSJ SC20187-2017, la Sala explic\u00f3: <\/p>\n
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(\u2026) la modificaci\u00f3n que introdujo la Ley 791 de 2002, en la cual se redujo el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extraordinaria a 10 a\u00f1os, s\u00f3lo podr\u00eda aprovechar a quien la alegue para que se consolide a partir de su vigencia; es decir, a partir del 27 de diciembre de dicho a\u00f1o, en tanto que as\u00ed expresamente lo dispone el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a\u00fan vigente. <\/p>\n
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3.- El art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil dispone que \u00ab[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del T\u00edtulo 22, Libro IV, del C\u00f3digo Civil\u00bb y el inciso segundo del art\u00edculo 1777 \u00eddem, lo confirma cuando expresa que \u00ab[n]o se podr\u00e1 pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o despu\u00e9s de contraerse el matrimonio; toda estipulaci\u00f3n en contrario es nula\u00bb. <\/p>\n
En CSJ SC16280-2016 se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que: <\/p>\n
(\u2026) carece de soporte jur\u00eddico afirmar que la sociedad conyugal \u2018nace para morir\u2019, o que durante el matrimonio cada c\u00f3nyuge es due\u00f1o de los bienes que adquiere y, por tanto, no se genera un patrimonio com\u00fan sino que, \u201cpor una ficci\u00f3n de la ley\u201d, se considera que la sociedad surgi\u00f3 desde la celebraci\u00f3n del matrimonio para los precisos efectos de su liquidaci\u00f3n, siendo este \u00faltimo momento el que origina el inter\u00e9s jur\u00eddico que pueda tener la parte afectada o defraudada con la desaparici\u00f3n de los bienes comunes. <\/p>\n
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Es por eso que todo lo que ocurra con las asignaciones que corresponder\u00edan a cada uno de los c\u00f3nyuges, desde que inicia la vigencia de la sociedad conyugal hasta su liquidaci\u00f3n, confiere inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar al contrayente afectado o defraudado con la desaparici\u00f3n de los bienes comunes, para que busque hacer prevalecer la verdadera conformaci\u00f3n del haber social. <\/p>\n
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Esa posici\u00f3n fue reiterada y reforzada en CSJ SC5233-2019, en la que se expres\u00f3 que la sociedad conyugal nace de manera real y efectiva con el matrimonio y por eso los consortes administran responsablemente los bienes sociales que est\u00e9n a su nombre, por lo que tampoco puede confundirse el surgimiento de la \u00absociedad conyugal\u00bb con la exigibilidad de la adjudicaci\u00f3n de la cuota de gananciales, pues esto \u00faltimo es lo \u00fanico que permanece en potencia. <\/p>\n
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Es claro, entonces, que por el hecho del matrimonio surge sociedad conyugal, la cual tiene vigencia desde el primer d\u00eda (arts. 180 y 1774 C.C.), excepto que los consortes decidan no conformarla, en cuyo caso deber\u00e1n hacer capitulaciones matrimoniales que ser\u00e1n v\u00e1lidas en cuanto no contravengan el orden p\u00fablico ni las buenas costumbres (art. 1773 ib\u00eddem). <\/p>\n
3.1.- Al abordar el estudio de las \u00abcapitulaciones matrimoniales\u00bb, en CSJ SC 29 jul. 2011, rad.2007-00152-01, se aclar\u00f3 que los art\u00edculos 180 inciso 1\u00ba y 1774 del C\u00f3digo Civil advierten que, salvo pacto en contrario, el matrimonio genera sociedad conyugal, lo que significa que la pareja puede pactar libremente, a trav\u00e9s de las capitulaciones, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico por el que habr\u00e1n de regirse o desechar su nacimiento y si nada dicen se entiende que conforman una comunidad de gananciales, acorde con las reglas de los art\u00edculos 1771 y s.s. ib\u00eddem, as\u00ed como lo hizo la Corte en CSJ SC2222-2020, donde explic\u00f3 que las capitulaciones son fruto de la voluntad de los futuros consortes o compa\u00f1eros y, por ende, su eficacia depende de que satisfagan las exigencias del art\u00edculo 1502 del estatuto civil, sean producto de un acuerdo de voluntades expreso, libre y voluntario, no contradigan el orden p\u00fablico, ni las normas imperativas y tampoco menoscaben los derechos y obligaciones que las leyes imponen a cada c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no hay duda que las capitulaciones matrimoniales son un negocio jur\u00eddico; en concreto, una convenci\u00f3n, en virtud de la cual los contrayentes regulan entre s\u00ed el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del connubio, ya sea para elegir las reglas que habr\u00e1n de regir ese efecto patrimonial ora para evitar que se produzca, pues, al tratarse de un asunto de inter\u00e9s privado es susceptible de ser ajustado por la pareja (art. 15 C.C.) sin exceder el \u00e1mbito de la ley ni las buenas costumbres. <\/p>\n
Con otras palabras, las capitulaciones matrimoniales tienen por objeto alterar -total o parcialmente- un aspecto que es propio del casamiento: la sociedad conyugal. Por ende, la concreci\u00f3n de sus efectos depende de la realizaci\u00f3n de ese rito porque es desde ese entonces que, salvo pacto en contrario, nace dicha alianza econ\u00f3mica, conforme lo dispone el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil, al decir que \u00ab[p]or el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los c\u00f3nyuges, seg\u00fan las reglas del t\u00edtulo 22, libro IV del C\u00f3digo Civil\u00bb, y lo reitera el art\u00edculo 1774 \u00eddem a cuyo tenor \u00ab[a] falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este t\u00edtulo\u00bb. Es decir, de la realizaci\u00f3n del matrimonio depende la vigencia de tales capitulaciones, pues si este no se celebra ellas no vierten sus efectos. <\/p>\n
Sobre este crucial aspecto, el tratadista chileno Manuel Somarriva Undurraga1 sostiene que: <\/p>\n
Las capitulaciones presentan caracter\u00edsticas dignas de destacarse. Por de pronto tenemos que su duraci\u00f3n es indefinida: ellas regir\u00e1n mientras subsiste el matrimonio y aun recibir\u00e1n aplicaci\u00f3n una vez disuelto \u00e9ste. En seguida, las capitulaciones no obligan \u00fanicamente a los esposos, sino tambi\u00e9n a los terceros que contratan con \u00e9stos. As\u00ed, por ejemplo: si los c\u00f3nyuges han pactado separaci\u00f3n total de bienes, los terceros tendr\u00e1n que atenerse a este r\u00e9gimen para establecer sobre qu\u00e9 bienes pueden hacer efectivos sus cr\u00e9ditos. <\/p>\n
Las capitulaciones matrimoniales no son condicionales. Si bien es cierto que para que ellas produzcan efectos requieren de la celebraci\u00f3n del matrimonio, no es menos cierto que el matrimonio a su respecto no es s\u00f3lo un elemento accidental que puede faltar o no -caracter\u00edstica esencial de la condici\u00f3n- sino un requisito de su esencia, sin el cual las capitulaciones no tienen vida jur\u00eddica, ni siquiera engendran un germen de derechos. Tan es as\u00ed que celebradas las capitulaciones matrimoniales sus efectos se producen una vez que los esposos contraen matrimonio, pero \u00e9stos jam\u00e1s se retrotraen ni en lo m\u00e1s m\u00ednimo al momento en que fueron pactadas las capitulaciones (se resalta). <\/p>\n
Luego, el inter\u00e9s jur\u00eddico para cuestionar la eficacia de las capitulaciones matrimoniales le surge a cualquiera de los consortes a partir del casamiento, porque es desde entonces que esas disposiciones privadas de car\u00e1cter solemne (art. 1772 C.C.) comienzan a actuar realmente al modificar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del desposorio, ya sea por alterar la composici\u00f3n de la comunidad de bienes surgida en \u00e9l o por impedir el nacimiento de la misma, raz\u00f3n por la cual el art\u00edculo 1778 ib\u00eddem, dispone que ellas \u00abno se entender\u00e1n irrevocablemente otorgadas sino desde el d\u00eda de la celebraci\u00f3n del matrimonio (\u2026)\u00bb; porque entiende el legislador que es desde ese acto que las mismas cobran eficacia material; o, mejor dicho, que desde all\u00ed se aplican y se tornan en ley para los esposos, quienes, por tanto, desde ese momento deben acatarlas rectamente (art. 1602 C.C.). <\/p>\n
En resumen, si, en principio, por el hecho del matrimonio nace la sociedad conyugal, el acuerdo en virtud del cual los contrayentes alteran su r\u00e9gimen o deciden no conformarla produce plenos efectos frente a ellos desde la celebraci\u00f3n del casorio, no antes, tanto as\u00ed que si este nunca se lleva a cabo los efectos de aquellas no se materializan y, por ende, tampoco surge el inter\u00e9s jur\u00eddico para que quienes las hicieron salgan a pedir su invalidez. <\/p>\n
4.- En el estudio de esta litis, el tribunal no incurri\u00f3 en los dislates endilgados por el hecho de haber contabilizado el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n desde la celebraci\u00f3n del v\u00ednculo nupcial, pues, como viene de verse, esa es la hermen\u00e9utica a que da lugar el ordenamiento. <\/p>\n
No era equivocado sostener que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para cuestionar la eficacia de ese acto jur\u00eddico, al no haber uno especial, despunt\u00f3, frente a las partes, desde la confecci\u00f3n del matrimonio, en raz\u00f3n a que fue desde ese momento que las capitulaciones produjeron plenos efectos jur\u00eddicos respecto de ellas conforme lo entendi\u00f3 el tribunal cuando lo contabiliz\u00f3 desde all\u00ed, con independencia de si estas fueron o no inscritas en el registro de matrimonio, pues tal anotaci\u00f3n no es constitutiva sino declarativa, en tanto alberga una doble funci\u00f3n de publicidad y de garantia de oponibilidad frente a terceros, que no lo son las partes contratantes. <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil, atinente a que la sociedad conyugal surge por el hecho del matrimonio, no pudo ser quebrantado porque las partes pactaron capitulaciones matrimoniales en las que precisamente convinieron no conformarla, tanto as\u00ed que lo que busc\u00f3 la actora fue abolir tal acuerdo para hacer actuar esa norma supletoria. Adem\u00e1s, aunque el mismo art\u00edculo 2530 \u00eddem, modificado por el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 791 de 2002, se\u00f1ala que \u00ab[n]o se contar\u00e1 el tiempo de prescripci\u00f3n en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista\u00bb, ese supuesto es extra\u00f1o al caso de ahora, en el que ni se aleg\u00f3, ni demostr\u00f3 ninguna circunstancia que le hubiere impedido a la reclamante demandar dentro del lapso previsto en la ley. <\/p>\n
Igualmente, el art\u00edculo 2535 prev\u00e9 que \u00ab[l]a prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u00bb y culmina diciendo que \u00ab[s]e cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb, lo que, en este evento, seg\u00fan se vio, ocurri\u00f3 desde el momento mismo de la celebraci\u00f3n de la boda, ya que desde all\u00ed la convenci\u00f3n sobre capitulaciones matrimoniales produjo plenos efectos jur\u00eddicos frente a las partes; por lo que desde entonces cualquiera de ellas pod\u00eda haber discutido su validez a fin de expulsarla del universo legal y de hacer actuar las normas supletorias que consagran el efecto jur\u00eddico que reclama la actora, esto es, la sociedad conyugal. <\/p>\n
El art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 28 de 1932 otorga a cada c\u00f3nyuge la libre administraci\u00f3n de los bienes tenidos antes del himeneo y adquiridos durante este, pero advierte que a su disoluci\u00f3n o en cualquier otro evento en que seg\u00fan el C\u00f3digo Civil deba liquidarse la sociedad conyugal \u00abse considerar\u00e1 que los c\u00f3nyuges han tenido esta sociedad desde la celebraci\u00f3n del matrimonio, y en consecuencia se proceder\u00e1 a su liquidaci\u00f3n\u00bb; de donde se sigue que tal precepto presupone existencia de r\u00e9gimen econ\u00f3mico entre los casados, el cual no surgi\u00f3 en el caso que se analiza porque la pareja, en ejercicio de su autonom\u00eda dispositiva, opt\u00f3 por no constituir sociedad conyugal, toda vez que hizo capitulaciones matrimoniales en las que decidi\u00f3 no conformarla, pues as\u00ed lo exterioriz\u00f3 claramente en dicho acto. <\/p>\n
Ese escrutinio evidencia que el juzgador acusado no quebrant\u00f3 las referidas pautas, por falta de empleo de algunas e indebida interpretaci\u00f3n de las dem\u00e1s; pues unas eran impertinentes para la definici\u00f3n de la litis, y las otras simplemente no fueron vulneradas, seg\u00fan se vio. Al efecto, en la ya citada CSJ SC2222-2020, dentro de un caso que guarda alguna semejanza con el de ahora, se precis\u00f3 \u00ab[d]e cara a presente controversia, se observa que la norma cuya pretermisi\u00f3n se critic\u00f3 resulta inaplicable, por cuanto los futuros compa\u00f1eros permanentes decidieron que no habr\u00eda sociedad patrimonial, lo que excluye la vigencia para ellos de una prohibici\u00f3n edificada sobre la base de que \u00e9sta se haya formado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Se descarta, entonces, la existencia de los yerros de diagnosis jur\u00eddica que -por falta de aplicaci\u00f3n e indebida interpretaci\u00f3n normativa- alega la casacionista, pues es patente que el fallador de segundo grado seleccion\u00f3 las disposiciones pertinentes para la definici\u00f3n de la contienda y les dio el alcance y justificaci\u00f3n correspondiente de cara al caso planteado. <\/p>\n
5.- Tampoco se dio el error de hecho enrostrado a esa colegiatura porque si, como se anticip\u00f3, las capitulaciones matrimoniales produjeron efectos jur\u00eddicos desde el casamiento era desde entonces cuando las partes pod\u00edan cuestionar su eficacia; lo que descarta la preterici\u00f3n probatoria invocada comoquiera que la narraci\u00f3n hecha por la demandante en el libelo en torno a la existencia del juicio de divorcio cursante entre ella y su consorte ante un estrado de familia de Bogot\u00e1 D.C., no ten\u00eda la virtualidad de alterar el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Es que si la pareja, en ejercicio del poder de disposici\u00f3n y autogobierno de sus relaciones jur\u00eddicas, acord\u00f3, seg\u00fan el art\u00edculo 1771 del C\u00f3digo Civil, no conformar sociedad conyugal al tratarse de un derecho renunciable (art. 15 ib\u00eddem) es imposible el estado de latencia que reclama la censora, quien hizo parte de esa convenci\u00f3n y, por ende, desde el casorio estaba habilitada para cuestionar la validez de las capitulaciones matrimoniales en procura de expelerlas del ordenamiento legal y de hacer actuar las normas supletorias que prev\u00e9n, por el hecho del himeneo, comunidad de bienes entre los desposados. <\/p>\n
En ese contexto, el tribunal no cometi\u00f3 los yerros de hermen\u00e9utica ni de facto atribuidos, porque el extremo a cuyo favor actuaba la prescripci\u00f3n extintiva la aleg\u00f3 y se acogi\u00f3 a la decenal prevista en art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por los art\u00edculos 1\u00ba y 8\u00ba de la Ley 791 de 2002, porque le resultaba m\u00e1s favorable, en virtud de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 18872, por lo que era esa la que deb\u00eda ser aplicada. <\/p>\n
Conviene destacar c\u00f3mo al fundar esa excepci\u00f3n, el demandado cit\u00f3 el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 y agreg\u00f3 que \u00ab[e]l negocio jur\u00eddico atacado con la demanda de nulidad fue celebrado el 23 de noviembre de 1999, cuando la ley 791 de 2002 no hab\u00eda sido promulgada, sin embargo, en virtud del citado art\u00edculo 41 mi poderdante como prescribiente elige esta norma para dar aplicaci\u00f3n al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n all\u00ed consagrado en su art\u00edculo 1\u00ba, es decir, el de 10 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Empero, aunque al cobijarse al r\u00e9gimen de la Ley 791 de 2002, que redujo a la mitad la prescripci\u00f3n veintenaria de la acci\u00f3n ordinaria, dicho litigante renunci\u00f3 al tiempo corrido desde el matrimonio y se sujet\u00f3 exclusivamente al transcurrido a partir de la entrada en vigencia de esa norma (27 de diciembre de 2002), lo cierto es que desde esa calenda hasta el 2 de septiembre de 2014, cuando se instaur\u00f3 el libelo, pas\u00f3 un tiempo superior a diez (10) a\u00f1os, sin que el t\u00e9rmino extintivo haya estado suspendido, al no haber norma que as\u00ed lo autorizara. <\/p>\n
Luego, si la prescripci\u00f3n extintiva invocada como excepci\u00f3n estaba consolidada, como as\u00ed ocurri\u00f3, ninguna pifia cometi\u00f3 el tribunal cuando la reconoci\u00f3, lo que deja al ataque sin piso. <\/p>\n
Ergo, no progresa la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 19 de la Ley 1395 de 2010, se impondr\u00e1 a la impugnante el pago de las costas procesales en el tr\u00e1mite de esta senda extraordinaria; para tasar las agencias en derecho se tendr\u00e1 en cuenta que hubo r\u00e9plica (fls. 69 al 104). <\/p>\n
<\/p>\n
d.-)DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de noviembre de 2015, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de Ingrid Rosa Escamilla Serrano contra Juan Pablo S\u00e1enz Ni\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente a favor del accionado. Incl\u00fayase la suma de $6\u2019000.000 por agencias en derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS. <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-023-205-00085-01 <\/p>\n
<\/p>\n
Estimo necesario aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con algunos aspectos relativos a las motivaciones de la sentencia que defini\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Ingrid Rosa Escamilla Serrano, frente al fallo de 10 de noviembre de 2015, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario de la recurrente contra Juan Pablo S\u00e1nez Ni\u00f1o. Sin duda, compel\u00eda no casar la recurrida, como en efecto acaeci\u00f3, al estar afectado el asunto por causa de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causa objeto de juzgamiento <\/p>\n
<\/p>\n
1.1. La accionante solicit\u00f3 declarar la nulidad absoluta de las capitulaciones matrimoniales pactadas con el demandado, en la escritura p\u00fablica N\u00ba 5062 de 23 de noviembre de 1999, suscrita en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. El 17 de diciembre de 1999 la recurrente contrajo nupcias por el rito civil con Juan Pablo S\u00e1enz Ni\u00f1o, en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en la escritura N\u00ba 5493 de esa misma fecha. <\/p>\n
En las capitulaciones matrimoniales establecieron separarse de bienes; y contra\u00eddo el matrimonio, cada uno administrar\u00eda los activos que obtuviera, as\u00ed como sus respectivos frutos y valorizaciones; de la misma manera, las deudas anteriores y las adquiridas ser\u00edan asumidas por quien las hubiera suscrito. <\/p>\n
<\/p>\n
A juicio de la parte demandante y recurrente, como ese acuerdo capitular fue anterior al casamiento y, por consiguiente, a la \u201csociedad conyugal\u201d, por ello no pod\u00eda ser liquidada en dicha escritura en forma anticipada, seg\u00fan el numeral 5 del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil; por lo cual, la sociedad universal todav\u00eda estar\u00eda vigente. Ese pacto era contrario al orden p\u00fablico y las buenas costumbres al vulnerar los art\u00edculos 160, 1771 y 1773 \u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
El convocado se opuso y adujo como excepci\u00f3n previa la \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad\u201d. El juzgado 23 de Familia de Oralidad de Bogot\u00e1, en sentencia anticipada de 9 de junio de 2015, atendi\u00f3 la prescripci\u00f3n; termin\u00f3 el pleito, levant\u00f3 las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas a la promotora. El ad quem, al resolver la alzada propuesta por la convocante, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1.2. El Tribunal al resolver el problema defini\u00f3 las capitulaciones desde la dogm\u00e1tica jur\u00eddica tradicional prevista en los sistemas jur\u00eddicos continentales, luego aludi\u00f3 a la prescripci\u00f3n como forma extintiva alegable tambi\u00e9n por v\u00eda de excepci\u00f3n previa seg\u00fan las antiguas y nuevas reglas procesales desde la Ley 1395 de 2010 en el art\u00edculo 6. Aludi\u00f3 luego a la nulidad material ora absoluta o ya relativa, prevista en las reglas 1740 y 1741 del C.C., respecto de la cual reg\u00eda la prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 791 de 2002, relativa a los 10 a\u00f1os, elegida por el accionante por virtud del derecho que le otorga el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, pudiendo ser interrumpida natural o civilmente. Le dio prosperidad atendiendo la data de celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, el 23 de noviembre de 1999, y como el matrimonio se celebr\u00f3 el 17 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, desde ese momento hasta cuando se present\u00f3 la demanda, el 2 de septiembre de 2014, transcurri\u00f3 suficiente la forma extintiva de los 10 a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Motivos del disenso con las consideraciones: <\/p>\n
<\/p>\n
Discrepo de algunas motivaciones, a mi juicio err\u00f3neas e insertas en el fallo, m\u00e1s no con la parte resolutiva, la cual comparto in \u00edntegrum. <\/p>\n
<\/p>\n
La primera tiene que ver con el derecho intertemporal del tr\u00e1nsito legislativo previsto en el art. 41 de la Ley 153 de 1887, por cuanto la sentencia contiene algunas obiter dictum desafortunadas con la verdadera teleolog\u00eda de ese texto. La segunda, obedece al criterio que siempre he expuesto sobre la eficacia jur\u00eddica de las capitulaciones celebradas en cualquier momento entre consortes plenamente capaces. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. Con relaci\u00f3n al primer aspecto tocante con la interpretaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, dijo la sentencia: <\/p>\n
\u201c2.1. As\u00ed mismo, en principio, atendiendo el postulado de la irretroactividad de las normas en el tiempo, seg\u00fan el cual aquellas gobiernan las situaciones presentadas en su vigencia, pero no pueden tener efectos sobre el pasado, el precepto bajo el que debe regirse la prescripci\u00f3n liberatoria es el que estaba vigente para el momento en el que inici\u00f3 el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino extintivo, aunque la normatividad consagre una excepci\u00f3n en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a cuyo tenor: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cDe esa forma el legislador, como excepci\u00f3n al axioma de la irretroactividad, autoriz\u00f3 que una ley posterior a aquella en vigor de la cual inici\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, pudiera regirla, pero con miras a materializar tal permisi\u00f3n, impuso una carga a la persona en cuyo inter\u00e9s se estableci\u00f3 tal prerrogativa, consistente en alegar expresa y oportunamente el r\u00e9gimen cuya aplicaci\u00f3n pretende; de donde se sigue que el no ejercicio de esa facultad har\u00e1 que el juzgador aplique la disposici\u00f3n que reg\u00eda cuando empez\u00f3 a correr la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEllo es as\u00ed porque al tratarse de una potestad del prescribiente escoger el marco normativo al cual decide plegarse, el no hacerlo supone total complacencia con el que, en principio, gobierna la situaci\u00f3n f\u00e1ctica en concreto. Contrario sensu, si en ejercicio de esa bondad legal, manifiesta de forma expresa y tempestiva su deseo de acogerse a la modificaci\u00f3n contenida en la pauta posterior porque le resulta m\u00e1s favorable, la prescripci\u00f3n se regir\u00e1 necesariamente por esta \u00faltima y el t\u00e9rmino fijado por la ley empezar\u00e1 a contarse desde la fecha en que dicha norma inici\u00f3 su vigencia. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cSobre el punto, en CSJ SC20187-2017, la Sala explic\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) la modificaci\u00f3n que introdujo la Ley 791 de 2002, en la cual se redujo el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extraordinaria a 10 a\u00f1os, s\u00f3lo podr\u00eda aprovechar a quien la alegue para que se consolide a partir de su vigencia; es decir, a partir del 27 de diciembre de dicho a\u00f1o, en tanto que as\u00ed expresamente lo dispone el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, a\u00fan vigente\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. El segmento transcrito, constitutivo de una obiter dicta, no fue criterio del consenso. Adem\u00e1s, incurre en dos notables errores jur\u00eddicos: 1. El primero al sentar la tesis de que se aplica el r\u00e9gimen vigente al momento de la ocurrencia del hecho; y el 2. Al postular que lo previsto en el art. 41 de la Ley 153 es un r\u00e9gimen excepcional. A los dos yerros se llega por desconocer el esp\u00edritu de la Ley 153 y el r\u00e9gimen de interpretaci\u00f3n de la ella, para el caso de los tr\u00e1nsitos legislativos, circunstancia conocida como el Derecho de Tr\u00e1nsito legislativo o el R\u00e9gimen intertemporal en materia de prescripci\u00f3n. El yerro se agrava, al se\u00f1alar que el r\u00e9gimen previsto en el art. 41 de la important\u00edsima Ley 153 de 1887, ante el silencio del prescribiente, permite aplicar la ley vigente al tiempo de ocurrencia de los hechos, intelecci\u00f3n que afecta los derechos de los prescribientes, y altera el sentido pr\u00edstino del texto con relaci\u00f3n el r\u00e9gimen m\u00e1s favorable para el prescribiente, y siembra el desconcierto y el vaiv\u00e9n en las prescripciones adqusitivas y extintivas. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que la regla general es la irretroactividad de la ley y la operatividad del efecto general e inmediato, para conciliar los conflictos de eficacia temporal de las leyes. Esto, gracias a la noci\u00f3n de \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d, desarrollada por Paul Roubier3 y acogida en gran parte por la jurisprudencia patria. <\/p>\n
<\/p>\n
La interrelaci\u00f3n entre la ley antigua y la nueva engendra situaciones jur\u00eddicas consolidadas de car\u00e1cter particular y concreto, pero esto implica, a su vez, diferenciarlas de las \u201csituaciones jur\u00eddicas en curso\u201d. Aqu\u00e9llas se entienden realizadas cuando, antes de entrar a regir la nueva ley, crearon, modificaron o extinguieron otras de igual linaje pero ya consumadas o perfeccionadas. Las \u00faltimas, si bien se originan en vigencia de la norma anterior, su formaci\u00f3n se prolonga despu\u00e9s de la vigencia de la ley posterior, en donde se completa \u00edntegramente. <\/p>\n
<\/p>\n
Los efectos o consecuencias generados por las situaciones jur\u00eddicas consolidadas, tambi\u00e9n diferencian los \u201cefectos consumados\u201d antes del cambio de legislaci\u00f3n y las \u201cconsecuencias futuras o no cumplidas\u201d producidas con posterioridad a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta caracterizaci\u00f3n sirve para formular hip\u00f3tesis de eficacia temporal de las normas. Seg\u00fan la Corte, \u201csiguiendo las ense\u00f1anzas de Paul Roubier, existen \u201cdiferencias entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de una ley; aplicaci\u00f3n de la ley a hechos cumplidos antes (facta praet\u00e9rita), a hechos en curso o pendientes (facta pendentia) y a hechos por venir (facta futura)\u201d4. El principio general en esos tr\u00e1nsitos es la irretroactividad o vigencia retrospectiva de la ley. La ley ser\u00e1 retroactiva cuando regule los hechos agotados en tiempo anterior a su vigencia (facta praet\u00e9rita). Tendr\u00e1 efecto general inmediato cuando gobierne las realidades jur\u00eddicas consumadas en su vigor, inclusive las pendientes (facta pendentia). Y florecer\u00e1 ultraactiva cuando se aplica a situaciones acaecidas a\u00fan despu\u00e9s de estar abrogada por la disposici\u00f3n nueva (facta futura). <\/p>\n
<\/p>\n
La \u201cretroactividad y la ultraactividad de la ley tienen car\u00e1cter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento\u201d5. El primer fen\u00f3meno, en general, conlleva inseguridad jur\u00eddica al someter a reexamen las condiciones de una relaci\u00f3n sustancial agotada al abrigo de la antigua ley. El segundo, impide el progreso del ordenamiento al evitar que la nueva ley responda inmediatamente a los cambios sociales. <\/p>\n
<\/p>\n
De tal modo que cuando aparecen nuevas leyes, siguiendo aquellos principios, el r\u00e9gimen intertemporal, resuelve la colisi\u00f3n de la siguiente manera: (i) Ordena la aplicaci\u00f3n de la ley antigua a las situaciones jur\u00eddicas consolidadas y a las consecuencias cumplidas antes de la vigencia de la nueva ley. (ii) Dispone la eficacia de la ley posterior a las situaciones jur\u00eddicas concretizadas luego de su vigor, a las pendientes o en curso y a los efectos no cumplidos de cuestiones preexistentes. Ese ha sido el entendimiento dado por la jurisprudencia al conjunto de reglas transitorias previstas en el ordenamiento patrio. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. No hay duda, el principio de irretroactividad de la ley6 est\u00e1 consagrado en el precepto 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, puesto que garantiza la \u201c(\u2026) propiedad privada y los dem\u00e1s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte Constitucional ha precisado la disposici\u00f3n. Se refiere a las \u201c(\u2026) situaciones jur\u00eddicas consolidadas (\u2026)\u201d7 en vigencia de la ley antigua. En principio, dice, las \u201cnormas que integran el ordenamiento jur\u00eddico rigen con efecto general e inmediato\u201d8, tal como as\u00ed lo establece la Ley 153 de 1887 en su primera parte. Seg\u00fan esa Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cCon fundamento en las disposiciones superiores anteriormente comentadas, las cuales tambi\u00e9n estaban consignadas en la Constituci\u00f3n Nacional de 1886 y que delimitan la \u00f3rbita de libertad de configuraci\u00f3n legislativa en la materia, se desarroll\u00f3 un r\u00e9gimen legal que se\u00f1al\u00f3 los principios generales relativos a los efectos del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, respetando el l\u00edmite se\u00f1alado por la garant\u00eda de los derechos adquiridos y los principios de legalidad y favorabilidad penal. Dicho r\u00e9gimen legal est\u00e1 contenido en los art\u00edculos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que, de manera general, en relaci\u00f3n con diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jur\u00eddicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A contrario sensu, las situaciones jur\u00eddicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones jur\u00eddicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino de aquellas que est\u00e1n en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de aplicaci\u00f3n inmediata. La aplicaci\u00f3n o efecto general inmediato de la ley es la proyecci\u00f3n de sus disposiciones a situaciones jur\u00eddicas que est\u00e1n en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva ley no desconoce la Constituci\u00f3n, pues por consistir en su aplicaci\u00f3n a situaciones jur\u00eddicas que aun no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos\u201d (C-619 de 2001). <\/p>\n
<\/p>\n
Esta Corte con reciedumbre hist\u00f3rica, al resolver problemas concretos de transitoriedad, ha dicho: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c[N]o puede perderse de vista que si bien es cierto que el legislador descart\u00f3 en general que la ley fuera retroactiva \u2013principio que, dicho sea de paso, no es absoluto, al punto que la Ley 153 de 1887 derog\u00f3 expresamente el art\u00edculo 13 del C.C., que lo establec\u00eda-, no lo es menos que, tambi\u00e9n, por regla, consagr\u00f3 el postulado de vigencia inmediata de la ley, la cual, rigiendo hacia el futuro, cobija necesariamente las situaciones jur\u00eddicas en curso, esto es, aquellas que ven\u00edan desarroll\u00e1ndose con anterioridad a su promulgaci\u00f3n y que contin\u00faan desdobl\u00e1ndose bajo su imperio. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEsa aplicaci\u00f3n de la ley nueva a las situaciones jur\u00eddicas que vienen del pasado, se concreta, claro est\u00e1, a los efectos y a la extensi\u00f3n del derecho respectivo, que quedan sometidos al marco normativo que ella establece, sin que ello indefectiblemente implique retroactividad. Es lo que en Colombia la doctrina y la jurisprudencia han denominado retrospectividad (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPor eso, entonces, no es posible desconocer que la Ley 54 de 1990 es de vigencia inmediata, motivo por el cual regula, \u201ca partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n\u201d (art. 9), todas las situaciones de hecho a que ella se refiere, y no s\u00f3lo las que surjan con posterioridad, sino tambi\u00e9n las que estaban en desarrollo, o sea a \u201clos hechos in fieri\u201d y a \u201clas consecuencias no consumadas de los hechos pasados\u201d (se subraya), pues \u201cla ley puede modificar los efectos futuros de los hechos o actos, a\u00fan anteriores a ella, sin ser retroactiva\u201d Subl\u00ednea ex texto9. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, la regla general es la irretroactividad y el efecto inmediato de la ley para solucionar los conflictos de leyes en el tiempo. Empero, ante los cambios legislativos o la sucesi\u00f3n de las leyes, se requiere un tratamiento excepcional o diferencial previsto por el \u201cDerecho transitorio\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2.5. Es el caso del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, cuando estando en pendencia se modifican (ampl\u00edan o reducen) los plazos por una ley posterior. En esta circunstancia, nos hallamos con las situaciones jur\u00eddicas ya consolidadas; pero tambi\u00e9n con las \u201csituaciones jur\u00eddicas de formaci\u00f3n continuada, que pueden ser constitutivas de un derecho (prescripci\u00f3n adquisitiva), o extintivas (prescripci\u00f3n liberatoria)\u201d10. <\/p>\n
<\/p>\n
La prescripci\u00f3n, am\u00e9n de cejar incertidumbres, cumple una doble funci\u00f3n social, en tanto: 1. Posibilita adquirir las cosas ajenas cuando sus due\u00f1os las han abandonado y se han pose\u00eddo materialmente. 2. Es un modo de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s ante la falta de ejercicio por sus titulares. En com\u00fan, las dos manifestaciones, exigen un tiempo determinado, concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales. <\/p>\n
<\/p>\n
La usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva cumple su rol fundamental en el campo de los derechos reales y, de manera especial, en la propiedad. La extintiva, en el terreno de los derechos personales y en los mecanismos dispuestos para ejercerlos. En palabras de la Sala: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cComo la prescripci\u00f3n legalmente est\u00e1 concebida como un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, de entrada, queda averiguada su finalidad, que no es otra que la de consolidar situaciones jur\u00eddicas concretas, en consideraci\u00f3n al transcurso del tiempo. (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
<\/p>\n
En ambos flancos, su importancia para la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas y la convivencia pac\u00edfica es superlativa: 1. Procura el dinamismo en el ejercicio de los derechos. 2. Limita la conflictividad y litigiosidad al evitar que se mantenga en interminable interinidad las posibles discusiones que sobre el reclamo de las prerrogativas se puedan suscitar. 3. Permite el avance de la humanidad, pues utiliza la medida del tiempo como una herramienta para zanjar las disputas al interior de la sociedad. En fin. <\/p>\n
<\/p>\n
La reacci\u00f3n del derecho moderno a inclinarse por la reducci\u00f3n de los plazos prescriptivos en lugar de su ampliaci\u00f3n es innegable ante la velocidad de los cambios, el ritmo acelerado de la historia y de los acontecimientos, el influjo de las comunicaciones, la incidencia de lo inform\u00e1tico, la eficacia de los sistemas virtuales y de la globalizaci\u00f3n que impone, a su vez, flexibilizar los derechos locales, y ante la transitoriedad de muchas situaciones jur\u00eddicas y la volatilidad de los bienes y derechos; la rapidez con que cambian los medios de transporte, de las comunicaciones interplanetarias, de los sistemas, de medios de pago, etc. Se entiende que, a mayor transcurso del tiempo, mayor incertidumbre en la cotidianidad se genera. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la norma nueva sobre esa materia, bajo la directriz de la validez inmediata, es inapropiada para dar respuesta a esa realidad. En concreto, frente al n\u00famero de prescripciones pendientes de consolidaci\u00f3n al momento del tr\u00e1nsito de leyes. <\/p>\n
<\/p>\n
Pi\u00e9nsese en la hip\u00f3tesis de una prescripci\u00f3n decenal pendiente de dos a\u00f1os para cumplirla, reducida a un quinquenio al entrar en vigencia la nueva ley. La irretroactividad descartar\u00eda la posibilidad de cumplir el t\u00e9rmino corto de la nueva norma, teniendo en cuenta el transcurrido de la antigua. La operatividad de la nueva desde su vigencia implicar\u00eda sumar tres a\u00f1os adicionales a los dos pendientes, exigiendo entonces, un t\u00e9rmino de 13 a\u00f1os, habida consideraci\u00f3n de los ocho transcurridos con la antigua. Algo, sin duda, injusto y ajeno a la din\u00e1mica social detallada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2.6. La naturaleza de la prescripci\u00f3n y la sensible incidencia en la vida en sociedad, precisa un matiz especial que regule hechos pendientes. El derecho transitorio prev\u00e9 el particular en aras de responder a esa necesidad. La soluci\u00f3n, como excepci\u00f3n, est\u00e1 guiada por la ley que en el tiempo consolide primero la situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se contempla la vigencia de la norma nueva por el efecto inmediato, pero computando el tiempo designado desde el inicio de su vigor para no incurrir en retroactividad. Privilegia, sin embargo, la eficacia ultraactiva de la ley antigua, si con su aplicaci\u00f3n al caso en concreto el plazo que fije finaliza antes que el establecido por la ley posterior. <\/p>\n
<\/p>\n
A trav\u00e9s de esa f\u00f3rmula, el derecho transitorio resuelve el especial conflicto de leyes de la siguiente manera: (i) Si la ley posterior ampl\u00eda los plazos se aplica la ley antigua. (ii) Si la norma posterior reduce t\u00e9rminos: a) se aplica la antigua, cuando el lapso en ella fijado se completa de manera \u00edntegra antes de vencer el tiempo breve contado desde la vigencia de la nueva; y (b) se aplica el precepto nuevo, en el evento de vencer primero el per\u00edodo corto. <\/p>\n
<\/p>\n
Ese ha sido, con diferentes redacciones del derecho comparado, el mecanismo adoptado por otras legislaciones, inclusive el colombiano, se ha acercado. Adem\u00e1s, del efecto inmediato sin retroactividad, emplean la ultraactividad de la norma con un prop\u00f3sito claro: aplicar la ley contentiva del plazo que acaezca primero, aquel que, de forma temprana, consolida la situaci\u00f3n en curso, en favor del prescribiente. <\/p>\n
<\/p>\n
En Espa\u00f1a, por ejemplo, el C\u00f3digo Civil consagra esa regla de tr\u00e1nsito, para la prescripci\u00f3n adquisitiva y extintiva en curso, en el art\u00edculo 1939: \u201cLa prescripci\u00f3n comenzada antes de la publicaci\u00f3n de este C\u00f3digo se regir\u00e1 por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en \u00e9l exigido para la prescripci\u00f3n, surtir\u00e1 \u00e9sta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
El Tribunal Supremo espa\u00f1ol Sala de lo Civil, en reciente providencia explic\u00f3 el alcance de esa disposici\u00f3n. Lo gener\u00f3, precisamente, el conflicto surgido con la Ley 45 de 2015, la cual redujo a cinco a\u00f1os la prescripci\u00f3n de las acciones personales. En su sentir: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEl transcrito art. 1939 CC establece una regla general: que la prescripci\u00f3n se rige por la ley vigente en la fecha en que se inicia el plazo prescriptivo, por lo que la ley nueva no se aplica a las prescripciones que estaban en curso a su entrada en vigor; y una excepci\u00f3n: la prescripci\u00f3n se entiende consumada si la ley nueva acorta el plazo de prescripci\u00f3n anteriormente previsto y dicho nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor de la ley nueva. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn consecuencia, la regla seg\u00fan la cual la prescripci\u00f3n comenzada bajo la vigencia de las leyes anteriores se rige por estas \u00faltimas no tiene eficacia si se cumplen las dos condiciones se\u00f1aladas en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 1939: i) que el plazo de prescripci\u00f3n de la ley nueva sea m\u00e1s breve; ii) que el plazo de prescripci\u00f3n establecido en la ley nueva haya transcurrido por entero \u00abdesde que fuese puesto en observancia\u00bb, esto es, desde la fecha de la entrada en vigor de la nueva ley. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cPor ello, no se trata de una aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de la prescripci\u00f3n m\u00e1s breve. El tiempo de prescripci\u00f3n establecido en la ley nueva tiene que transcurrir entero bajo su vigencia, es decir, no se suma el tiempo transcurrido bajo la vigencia de la ley antigua con el pasado con la ley nueva, para completar as\u00ed el plazo m\u00e1s breve\u201d12. <\/p>\n
<\/p>\n
El C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n Argentina, igualmente adopt\u00f3 esa f\u00f3rmula para ambas prescripciones. El art\u00edculo 2537, que replic\u00f3 lo reglado por el canon 4051 del anterior Estatuto de V\u00e9lez Sarsfield, estatuy\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLos plazos de prescripci\u00f3n en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el d\u00eda de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Se except\u00faa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. <\/p>\n
<\/p>\n
La C\u00e1mara Civil de la Sala del Poder Judicial del mismo pa\u00eds sobre la hermen\u00e9utica de la citada norma, acot\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cComo lo esquematiza con meridiana claridad Kemelmajer de Carlucci, las cuestiones de derecho transitorio relativas a prescripci\u00f3n y tambi\u00e9n a plazos de caducidad, quedan regidas de la siguiente manera: 1. Regla general: Si el plazo se modifica por la nueva ley, rige el establecido por la ley anterior. 2. Excepci\u00f3n: Si la nueva ley fija un plazo m\u00e1s breve, impera este \u00faltimo, contado desde la entrada en vigencia de la nueva norma; 3. Excepci\u00f3n de la excepci\u00f3n: Rige la ley anterior, aunque la nueva ley consagre un plazo m\u00e1s breve, cuando el plazo primigenio vence antes de que finalice el nuevo plazo, contado la vigencia de la nueva ley. <\/p>\n
\u201cEn definitiva, siempre tendr\u00e1 vigencia el plazo m\u00e1s corto que resulte de la siguiente combinaci\u00f3n: se privilegia el de la ley anterior, salvo que, en raz\u00f3n de la reducci\u00f3n del plazo de la nueva ley, \u00e9ste se cumpliera antes que el plazo originario. En otras palabras, si el nuevo plazo es m\u00e1s extenso, se aplica el anterior; y si es m\u00e1s breve, se aplica este \u00faltimo (contado desde el d\u00eda de la entrada en vigencia), salvo que aquello importe ampliar el plazo anterior\u201d13. <\/p>\n
<\/p>\n
En el Per\u00fa, el art\u00edculo 1222 del C\u00f3digo Civil acogi\u00f3 el dispositivo intertemporal: \u201cLa prescripci\u00f3n iniciada antes de la vigencia de este C\u00f3digo, se rige por las leyes anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia transcurre el tiempo requerido en \u00e9l para la prescripci\u00f3n, \u00e9sta surte efecto, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del Per\u00fa, en sinton\u00eda con lo expresado por los precitados tribunales, en un asunto relativo a la sucesi\u00f3n de leyes sobre prescripci\u00f3n extintiva, refiri\u00f3 <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cQue (\u2026) los art\u00edculos tercero del T\u00edtulo Preliminar y dos mil ciento veintiuno del citado C\u00f3digo Sustantivo consagran el principio de la aplicaci\u00f3n inmediata de la ley, el que cuenta con la posici\u00f3n dominante en doctrina y se conoce con el nombre de teor\u00eda de los hechos cumplidos. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cQue, sin embargo, la aplicaci\u00f3n de normas en el tiempo supone una relaci\u00f3n dial\u00e9ctica entre el principio de seguridad y del principio de innovaci\u00f3n legislativa dentro del sistema jur\u00eddico; para este efecto se ha establecido, en v\u00eda excepcional y transitoria, la aplicaci\u00f3n ultraactiva de algunas normas del C\u00f3digo Civil derogado en moderada inclinaci\u00f3n hacia la seguridad jur\u00eddica a fin de lograr la mayor equidad posible en cada caso que se someta al conocimiento de la tutela jurisdiccional. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cQue una de estas excepciones es la referida a la aplicaci\u00f3n temporal del plazo de prescripci\u00f3n, cuyo art\u00edculo dos mil ciento veintid\u00f3s dispone que la prescripci\u00f3n iniciada antes de la vigencia de este C\u00f3digo se rige por las leyes anteriores. Sin embargo, si desde que entr\u00f3 en vigencia transcurre el tiempo requerido en \u00e9l para la prescripci\u00f3n, este surte todos sus efectos, aunque por dichas leyes se necesitare un lapso mayor (\u2026)\u201d14. <\/p>\n
<\/p>\n
En Chile y Ecuador se incorpor\u00f3 en textos similares la regla transitoria, tambi\u00e9n para la prescripci\u00f3n extintiva y adquisitiva, pero con un rasgo particular. Se le concedi\u00f3 la opci\u00f3n de elegir al prescribiente la ley a aplicar, seg\u00fan \u201cle convenga\u201d15. En aqu\u00e9l, la Ley sobre Efecto Retroactivo de 7 de octubre de 1886, art\u00edculo 25, precept\u00faa: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aun al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente, pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que aquella hubiese empezado a regir\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
El ordenamiento patrio reprodujo literalmente el texto chileno. El art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887 incorpor\u00f3 la soluci\u00f3n transitoria en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera \u00f3 la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata, como en las otras legislaciones, de un dispositivo transitorio previsto como excepci\u00f3n en nuestro sistema jur\u00eddico. Resuelve el conflicto de leyes en el tiempo, originado por la modificaci\u00f3n de plazos prescriptivos en curso de constituci\u00f3n o de extinci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Consagra con igual prop\u00f3sito, la vigencia de la norma nueva por el efecto inmediato sin incurrir en retroactividad. Tambi\u00e9n da eficacia ultraactiva a la ley antigua, y concede al prescribiente la posibilidad de optar por el r\u00e9gimen que debe gobernar la situaci\u00f3n en pendencia. \u00c9l \u201celige de acuerdo con lo que considere m\u00e1s favorable (\u2026)16\u201d. En \u00faltimas, por sentido com\u00fan elige la prescripci\u00f3n que le interesa, consistente en la que se consolide primero en el tiempo. <\/p>\n
<\/p>\n
2.7. La regulaci\u00f3n transitoria adoptada por el legislador colombiano es adecuada y razonable de cara a la especial realidad que representa la prescripci\u00f3n. Resuelve, adem\u00e1s, la colisi\u00f3n de manera tal que el paso de las leyes se muestra prudente y ordenado. En efecto, aplicar la ley del plazo pr\u00f3ximo contribuye al progreso del ordenamiento jur\u00eddico. Es una soluci\u00f3n acorde con la din\u00e1mica social actual que demanda tiempos prescriptivos menos extensos para la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
La operatividad excepcional de la ultraactividad genera la menor afectaci\u00f3n al equilibrio del sistema. Se mantiene, como es natural, el efecto inmediato de la ley, y se limita al m\u00e1ximo la eficacia temporal de aquella figura. Esto \u00faltimo, en tanto, la supervivencia de la ley antigua esta reducida a la hip\u00f3tesis que ofrezca el tiempo m\u00e1s corto, respecto del dispuesto por la ley nueva (coherencia del ordenamiento). <\/p>\n
<\/p>\n
La certidumbre ofrecida es ponderada, dados los intereses en disputa. Para el titular del derecho, la ley posterior no extingue s\u00fabitamente su facultad de ejercerlo al no ser retroactiva; no le es sorpresiva, pues conoce con claridad el inicio del nuevo t\u00e9rmino desde su vigencia, no antes. Para el prescribiente, concreta cu\u00e1l es el plazo requerido para consolidar su situaci\u00f3n jur\u00eddica y lo favorece claramente, apoyado por el abandono del derecho por parte de su oponente, superando entonces, la inestabilidad, la incertidumbre o la interinidad de su situaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
<\/p>\n
De esa manera el \u201cr\u00e9gimen transitorio\u201d evita un caos legal y social, al paso que permite que la actualizaci\u00f3n de la ley garantice la vigencia de un orden justo. <\/p>\n
<\/p>\n
El alcance del art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, sobrepasa el limitado entendimiento, porque va m\u00e1s all\u00e1 para regular la sucesi\u00f3n de leyes en el tiempo. La operatividad de la norma, es evidente, no se encuentra atada a las particularidades de la prescripci\u00f3n adquisitiva, para decir que solo a esta regula. Su presencia y eficacia en el ordenamiento jur\u00eddico es totalizante, pues cobija tambi\u00e9n la extintiva. <\/p>\n
<\/p>\n
El precepto integra una serie de reglas especialmente dise\u00f1adas por el legislador colombiano para responder a los problemas generados por el paso de las leyes. El 41 esta edificado en funci\u00f3n del estado en que se encuentre la situaci\u00f3n jur\u00eddica al momento del cambio regulatorio por la incidencia que tienen en la sociedad la sucesi\u00f3n prescriptiva. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata de una norma transitoria especial que resuelve conflictos entre leyes que modifican \u201csituaciones jur\u00eddicas de formaci\u00f3n continuada\u201d o en \u201ctr\u00e1nsito\u201d; que de ning\u00fan modo distingue, entre prescripci\u00f3n constitutiva (adquisitiva) o liberatoria (extintiva). <\/p>\n
<\/p>\n
La sentencia C-398 de 2006, por ejemplo, de ninguna manera limita la aplicaci\u00f3n del precepto a la prescripci\u00f3n adquisitiva, porque regula tambi\u00e9n la extintiva. <\/p>\n
<\/p>\n
La opci\u00f3n dada al prescribiente en el art. 41 no genera un trato discriminatorio. Otorga, ante todo, el ejercicio de la opci\u00f3n de escoger o de elegir una prerrogativa para quienes crean tenerla; por supuesto, los prescribientes, cuando consideran haberla consumado o se hallan ad portas de ella. <\/p>\n
Es inobjetable bajo una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica de la norma que la voluntad del prescribiente all\u00ed descrita, se dirige a escoger el precepto que consolide lo m\u00e1s pronto la prescripci\u00f3n en curso. En efecto, la preceptiva debatida apunta a la soluci\u00f3n \u00e1gil de la incertidumbre del accionante o, eventualmente, del excepcionante, cual ocurre aqu\u00ed, como a la consolidaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
<\/p>\n
Es contrario al sentido com\u00fan que la opci\u00f3n le est\u00e9 dada para que se incline porque su situaci\u00f3n se mantenga en pendencia, o para decidirse en juicio por la v\u00eda que se la niega. En fin, para perjudicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
El dispositivo transitorio utilizado en el art\u00edculo 41, am\u00e9n del efecto inmediato sin retroactividad, emplea la ultraactividad de la norma con un prop\u00f3sito claro: aplicar la ley contentiva del plazo que en el caso en concreto acaezca primero, aquel que de forma temprana consolida la situaci\u00f3n en curso en favor del prescribiente. <\/p>\n
<\/p>\n
La voluntad del prescribiente anidada en la norma y la regla transitoria excepcional, se complementan. La opci\u00f3n de aqu\u00e9l es por la ley favorable y no en sentido adverso. De tal modo que en \u00e9l, tanto la ley antigua como la ley nueva pueden regular situaciones jur\u00eddicas en curso. Es la voluntad del prescribiente, acorde con la soluci\u00f3n dada por la regla de tr\u00e1nsito, la que define cu\u00e1l es el precepto llamado a gobernar su prescripci\u00f3n. No es otra diferente sino la que, en concreto, la consolide primero. <\/p>\n
<\/p>\n
Es esa la intelecci\u00f3n correcta de la opci\u00f3n contenida en la norma y, por consiguiente, ajena por completo al capricho o arbitrariedad. La voluntad reconocida al prescribiente se ajusta con el dispositivo transitorio y resuelve la colisi\u00f3n en forma adecuada, razonable y ponderada; pero no se trata la ley vigente al momento de ocurrencia de los hechos, como lo expone la obiter dicta arriba citada. La interpretaci\u00f3n expuesta, contribuye al progreso del ordenamiento, le da consistencia y seguridad, tal cual como fue explicado en detalle. <\/p>\n
<\/p>\n
2.8. La elecci\u00f3n del prescribiente en el sentido precisado se incorpora plenamente a la regla intertemporal, conformando la unidad normativa consagrada en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887. Esta, para todos los casos en que una ley nueva modifique los plazos de prescripciones en curso, dirime el conflicto de la siguiente forma: (i) Si la ley posterior ampl\u00eda los plazos, se aplica la ley antigua. (ii) Si la norma posterior reduce t\u00e9rminos: a) se aplica la antigua, cuando el lapso en ella fijado se completa de manera \u00edntegra antes de vencer el tiempo breve contado desde la vigencia de la nueva. Es decir, si a pesar de la reducci\u00f3n del t\u00e9rmino, el plazo de la nueva ley resulta mayor para el prescribiente, como cuando la ley antigua consagra una prescripci\u00f3n veintenaria, y la nueva ley la reduce a diez, pero el prescribiente lleva dieciocho a\u00f1os bajo el r\u00e9gimen de la antigua y la nueva ley que en teor\u00eda lo recorta, termina ampli\u00e1ndole el plazo, porque al exigir diez desde su vigencia, resulta el prescribiente finalmente gravado en ocho a\u00f1os m\u00e1s, consistentes en los dos faltantes m\u00e1s los ocho adicionales que le exige la nueva para completar los diez del nuevo t\u00e9rmino; y (b) se aplica el precepto nuevo, en el evento de vencer primero el per\u00edodo corto que incorpora la nueva ley, como cuando el prescribiente en el r\u00e9gimen antiguo lleva cinco a\u00f1os, rest\u00e1ndole quince a\u00f1os, pero la nueva ley reduce a diez a\u00f1os, se aplicar\u00e1 la nueva por resultar m\u00e1s beneficioso a la elecci\u00f3n del prescribiente. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto significa que la falta de manifestaci\u00f3n de voluntad del prescribiente en su favor, en un determinado caso no crea inseguridad. Tampoco le da derecho al juez del conflicto para resolverlo discrecionalmente, sino conforme al prop\u00f3sito del legislador favoreciendo al prescribiente. Adem\u00e1s, esa elecci\u00f3n que acepta la norma es la acorde con la soluci\u00f3n dada por el dispositivo transitorio, que, en ausencia de la opci\u00f3n, aplica sin reticencia, la interpretaci\u00f3n favorable al prescribiente. De ese modo, el ciudadano tiene certidumbre de las reglas que regulan su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
El escogimiento del ordenamiento refractario a los intereses del prescribiente implica la desestabilizaci\u00f3n del andamiaje normativo; porque genera inseguridad y zozobra en el ciudadano al no estar su comportamiento precedido de reglas claras. En adici\u00f3n, pone en tela de juicio la opci\u00f3n que brinda el legislador y los caros derechos de defensa y contradicci\u00f3n, as\u00ed como el Estado Constitucional y Social de Derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Si se escoge la ley de ocurrencia de los hechos, puede resultar perjudicial para el prescribiente, por ejemplo, aplicando la ley que requiere m\u00e1s tiempo para la consolidaci\u00f3n; caso en el cual, sin duda, se contrar\u00eda no solamente la opci\u00f3n del prescribiente, tambi\u00e9n el \u201cderecho transitorio\u201d y los designios del legislador. Puede ser que err\u00f3neamente el juez opte, por una ley antigua, no obstante, ser m\u00e1s corto el plazo de la ley nueva, injustificadamente, hip\u00f3tesis en la cual da paso a una forma equivocada de ultraactividad, que es excepcional, solo para cuando su tiempo vence primero. <\/p>\n
<\/p>\n
2.9. De esa manera, como la ultraactividad para el prescribiente puede ser ben\u00e9fica cuando el plazo para la consolidaci\u00f3n de su derecho resulta menor o, perjudicial cuando resulta aumentado el t\u00e9rmino para el prescribiente, se quebrantar\u00eda en este \u00faltimo caso, el deseo del legislador de que la nueva norma rija lo m\u00e1s temprano posible, con las \u201cconsecuencias nocivas, como es impedir el avance jur\u00eddico\u201d17. Mem\u00f3rese, frente a esa opci\u00f3n desfavorable, en el paso de las leyes debe primar la vigencia inmediata, no la supervivencia de la ley antigua, pues \u201csi la norma anterior debe prevalecer, las normas posteriores ser\u00edan un acto in\u00fatil, sin finalidad\u201d18. <\/p>\n
<\/p>\n
La elecci\u00f3n de la opci\u00f3n se la otorga el legislador al prescribiente; empero, su silencio, no da lugar, para que el juez en forma opuesta decida en contra de la favorabilidad que para el prescribiente consagra la norma en ejercicio de la voluntad del Estado Constitucional, siguiendo el derecho transitorio del sistema normativo comparado. <\/p>\n
<\/p>\n
2.10. Finalmente respecto de las capitulaciones me remito al planteamieto que realic\u00e9 en mi aclaraci\u00f3n de voto al declarativo SC005-2021, Ponente Dr. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda R., del 18 de enero de 2021, de Clara Victoria Mesa Ochoa Vs. Jaime de Greiff Hern\u00e1ndez, radicacio\u0301n n.\u00b0 05001-31-10-003-2012-01335-01, y en algunas otras, sustentando la tesis de la plena vigencia de la autonom\u00eda de la voluntad, bajo la estructura de una liberalismo econ\u00f3mico en las relaciones familiares, pero intervenidas eventualmente por el Estado. Cuando las capitulaciones se celebran entre personas plemamente capaces, son convenciones otorgables en cualquier momento, sin restriccio\u0301n temporal alguna; hermene\u0301utica que guarda armoni\u0301a con las ma\u0301ximas constitucionales que rigen a la familia y la libertad econo\u0301mica, pudi\u00e9ndose convenir, antes o despu\u00e9s de celebrado el matrimonio o contra\u00edda la uni\u00f3n marital, como ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad. <\/p>\n
<\/p>\n
Fecha, ut supra <\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-10-023-2015-00085-01 <\/p>\n
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ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
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Con todo respeto por los Magistrados que conforman la Sala Civil de Casaci\u00f3n que resolvi\u00f3 el asunto de la referencia en sala celebrada el 12 de noviembre de 2020, me permito presentar ACLARACI\u00d3N DE VOTO, en la medida que comparto la decisi\u00f3n en cuanto ella avala que se hubiera negado la nulidad de las capitulaciones matrimoniales celebradas entre INGRID ROSA ESCAMILLA SERRANO Y JUAN PABLO S\u00c1ENZ NI\u00d1O, mediante escritura p\u00fablica No 5062 del 23 de septiembre de 1999, previas a la celebraci\u00f3n entre ellos de matrimonio civil, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1999. <\/p>\n
<\/p>\n
Aunque no comparto las decisiones de primera y segunda instancia que declararon la prescripci\u00f3n (o m\u00e1s bien la caducidad) de la acci\u00f3n de nulidad propuesta y que fue definida mediante sentencia anticipada al acoger la excepci\u00f3n previa propuesta, confirmada por el Tribunal, como tampoco su aceptaci\u00f3n por parte de la Sala Civil de esta Corte seg\u00fan lo expuesto en las consideraciones, encuentro que en ellas se trae adem\u00e1s suficiente motivaci\u00f3n que hubiera sido \u00fatil para definir de fondo el asunto negando la nulidad invocada, pues se explica claramente y a espacio por qu\u00e9 las capitulaciones celebradas para excluir la sociedad conyugal en el futuro matrimonio no eran contrarias al orden p\u00fablico y las buenas costumbres, pues no solo interesaban asuntos de car\u00e1cter meramente econ\u00f3mico sino que adem\u00e1s estaban autorizadas por la ley para ese y para otros efectos. <\/p>\n
<\/p>\n
Por eso, considero que en principio, ambos cargos propuestos en la demanda de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia han debido prosperar dejando sin efectos, al casar la sentencia impugnada extraordinariamente, la prescripci\u00f3n propuesta. Sin embargo, esa decisi\u00f3n as\u00ed obtenida resultar\u00eda intrascendente ya que tramitado de nuevo el proceso al quedar sin efectos la sentencia anticipada atacada, la decisi\u00f3n de fondo del asunto tratado aqu\u00ed no podr\u00eda obtener una sentencia diferente a la negaci\u00f3n de la nulidad invocada porque como ya lo trat\u00f3 la sala en esta misma providencia, las capitulaciones celebradas entre las partes no solamente son legales, sino que adem\u00e1s no est\u00e1n prescritas. <\/p>\n
<\/p>\n
Y considero que no son ilegales por las mismas razones que de manera colateral se explic\u00f3 en la providencia objeto de esta aclaraci\u00f3n, es decir, en pocas palabras, porque est\u00e1n autorizadas en forma expresa por la ley civil, art\u00edculos 1771 y siguientes del c\u00f3digo civil, y en particular el art\u00edculo 1774 que deja a toda la normatividad referida a la sociedad conyugal con un car\u00e1cter meramente subsidiario, al se\u00f1alar que dicho articulado se aplica solo a falta de acuerdo celebrado entre los futuros contrayentes, acuerdo que no es otro que el contenido en las capitulaciones matrimoniales, que en este caso se celebraron con todas las formalidades de ley, asunto que no est\u00e1 en discusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Y no est\u00e1n prescritas porque no ha corrido el tiempo necesario para que dicho fen\u00f3meno ocurra, que no es el que se ha fijado en la providencia de esta sala porque considero que \u00e9ste no puede contarse ni desde la fecha de las capitulaciones, ni desde la del matrimonio como lo estableci\u00f3 la Sala Civil de la Corte confirmando lo dicho por el juzgado y el Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es que ahora se debe tener en cuenta la aparentemente novedosa tesis de que la sociedad conyugal haya cambiado de tiempo y forma de iniciaci\u00f3n, no. Desde siempre en la legislaci\u00f3n colombiana se ha tenido ese hecho como una verdad. Mas concretamente desde la ley 28 de 1932, aunque la administraci\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal se encuentre en cabeza de ambos c\u00f3nyuges, la sociedad conyugal nace por el mero hecho del matrimonio, sin discusi\u00f3n alguna. As\u00ed lo dice la misma ley: \u201cArt\u00edculo 1774.- A falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este t\u00edtulo.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
Pero es que el inter\u00e9s para demandar no siempre coincide con la existencia y validez de un acto jur\u00eddico o con su eficacia. Para el caso de las capitulaciones matrimoniales, \u00e9stas pueden ser v\u00e1lidas, pero si no se celebra el matrimonio nunca llegan a ser eficaces, aunque sean v\u00e1lidas. Y celebrado \u00e9ste, mientras el matrimonio subsista, cualquier discusi\u00f3n sobre las capitulaciones y sobre la sociedad conyugal misma es improcedente, pues no existe inter\u00e9s en las partes para ella. <\/p>\n
No es que la sociedad conyugal nace para morir como se critica en la providencia de la Sala. Para nadie es extra\u00f1o que este es simplemente un dicho descriptivo con fines did\u00e1cticos que no cambia la naturaleza, fines y reglamentaci\u00f3n de dicha instituci\u00f3n econ\u00f3mica matrimonial, pero el hecho de que la sociedad conyugal nazca por el mero hecho del matrimonio o con el acto o contrato matrimonial no autoriza ni exige que las partes puedan o deban en forma inmediata proceder contra los actos modificatorios autorizados por la ley, porque en ese momento puede no existir inter\u00e9s para ellas, el que si aparece cuando la sociedad se disuelve y entra en estado de liquidaci\u00f3n, es decir, cuando se comienza a discutir sobre su contenido material, los bienes. No es que nazca en ese momento la sociedad conyugal, pero si nace el inter\u00e9s para la discusi\u00f3n de los bienes que hacen o no parte de ella. <\/p>\n
<\/p>\n
Y ese inter\u00e9s es el que da la acci\u00f3n para actuar como parte demandante o demandada en la discusi\u00f3n sobre el contenido de la sociedad y a la vez hace nacer el inter\u00e9s para demandar sobre la sanci\u00f3n legal de los actos o convenciones que modifican su contenido, y en esa misma medida comienza a correr la prescripci\u00f3n de las acciones que esos actos se podr\u00edan instaurar. <\/p>\n
<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, sigo considerando que la prescripci\u00f3n solo correr\u00eda desde que la sociedad conyugal se disuelve y entra en estado de liquidaci\u00f3n, o por lo menos desde que se intenta esa disoluci\u00f3n con una demanda tendiente a ello, de divorcio, de nulidad de matrimonio, de separaci\u00f3n de bienes o de separaci\u00f3n de cuerpos. <\/p>\n
<\/p>\n
A manera de ejemplo, si una pareja contrae matrimonio y su vida matrimonial dura cuarenta a\u00f1os, podr\u00e1 decirse que las capitulaciones matrimoniales celebradas entre ellos caducaron cuando al fin de esos cuarenta a\u00f1os, mediante un proceso de divorcio u otro que cumpla el fin de terminar la sociedad conyugal, vayan a disolver y liquidar esa sociedad conyugal. Es imposible aceptar esta tesis que al parecer tiene aval en la providencia en que estoy aclarando mi voto. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, a pesar de creer que no hubo prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para obtener la nulidad de las capitulaciones, porque dicha nulidad no pod\u00eda demandarse sino desde la fecha de la demanda de divorcio, porque antes no exist\u00eda el inter\u00e9s, de todas formas pienso que la decisi\u00f3n solo llevar\u00eda a dilatar los resultados de este proceso en el que inevitablemente deber\u00e1 resultar negada la nulidad propuesta, solo que casando la sentencia deber\u00eda darse todo el tr\u00e1mite del proceso llegando a una sentencia de fondo y no por sentencia anticipada como se dio acogiendo una prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n (caducidad) que considero inexistente. <\/p>\n
<\/p>\n
En esa forma, aunque el resultado final es la negaci\u00f3n de la nulidad propuesta, lo que considero correcto, encuentro que la v\u00eda para llegar a esa decisi\u00f3n no fue la adecuada. Por eso aclaro mi voto, respetando de todas formas la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la sala. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Somarriva Undurraga, Manuel. Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Chile. Derecho de Familia. Imprenta Universal. Santiago de Chile. 1982, p\u00e1g. 169. <\/p>\n
2\u0002 Esta norma dispone que \u00abLa prescripci\u00f3n iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado a\u00fan al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podr\u00e1 ser regida por la primera o la segunda, \u00e1 voluntad del prescribiente; pero eligi\u00e9ndose la \u00faltima, la prescripci\u00f3n no empezar\u00e1 a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Roubier P. Les conflits des lois dans le temps. Sirey, Par\u00eds, 1929: reelaborado posteriormente con el t\u00edtulo Droit transitoire, Dalloz, Par\u00eds, 1960. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional C-377 de 2004. <\/p>\n
6\u0002 Se autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el inter\u00e9s p\u00fablico o social (art\u00edculos 29 y 58 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional C – 619 de 2001. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional SU – 309 de 2019. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01. La posici\u00f3n se reiter\u00f3 en sentencia de 12 de febrero de 2018, radicado 2008-00331-01. <\/p>\n
10\u0002 Moisset de Espan\u00e9s, L. (1976). La Irretroactividad de la Ley y el Nuevo Art\u00edculo 3 del C\u00f3digo Civil (Derecho Transitorio). (p. 16). C\u00f3rdoba. Universidad Nacional de Cordoba. Direcci\u00f3n General de Publicaciones. Cita literal Roubier P. Droit transitoire, Dalloz, Par\u00eds, 1960. (p. 294). \u201cHay tambi\u00e9n situaciones jur\u00eddicas que se forman por un estado de hecho continuo, cuya duraci\u00f3n se prolonga a veces largo tiempo. Para razonar mediante un ejemplo pr\u00e1ctico, coloqu\u00e9monos frente a una prescripci\u00f3n adquisitiva o extintiva\u201d. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil, sentencia de 3 de mayo de 2002, expediente 6153. <\/p>\n
12\u0002 ESPA\u00d1A. Tribunal Supremo Sala de lo Civil, sentencia de 20 de enero de 2020. STS 21\/2020 – ECLI:ES:TS:2020:21. <\/p>\n
13\u0002 Argentina. Poder Judicial de la Naci\u00f3n C\u00e1mara Civil Sala L, sentencia de 26 de febrero de 2019. Expediente 242\/18. <\/p>\n
14\u0002 Per\u00fa. Corte Suprema de Justicia Sala Civil, resoluci\u00f3n de 19 de agosto de 1997. Casaci\u00f3n 300-96, Ucayali. <\/p>\n
15\u0002 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes (p. 7). <\/p>\n
16\u0002 Corte Constitucional C – 398 de 2006. <\/p>\n
17\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 de febrero de 2018, radicado 2008-00331-01. <\/p>\n
18\u0002 Bobbio, N. (2002). Teor\u00eda General del derecho. Segunda edici\u00f3n. (p. 192). Bogot\u00e1. Editorial Temis. <\/p>\n
21 <\/p>\n
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