SC2215-2021 (2012-00276-02) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2215-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-022-2012-00276-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de septiembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jorge Roberto Hern\u00e1ndez Huertas, Germ\u00e1n Alberto Hern\u00e1ndez Huertas, Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Boh\u00f3rquez Hern\u00e1ndez, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros contra la sentencia del treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que los mismos promovieron versus Patricia Hern\u00e1ndez Huertas y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores solicitaron, en forma principal, se declarara la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 2959 de 3 de junio de 2009 de la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, sobre el derecho de cuota del 50% del inmueble que all\u00ed se identifica, al cual le corresponde el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-112446. <\/p>\n
Como requerimientos primero y segundo subsidiarios pidieron la nulidad absoluta del mencionado convenio, o que existi\u00f3 lesi\u00f3n enorme en la mentada negociaci\u00f3n y, por ende, debe rescindirse (fls. 60-73 Cd1). <\/p>\n
A manera de pretensi\u00f3n consecuencial com\u00fan a las anteriores que se declare que los derechos sobre el inmueble no han salido del patrimonio de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez y, por tanto, pertenecen a la sucesi\u00f3n il\u00edquida. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico, se adujeron los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
2.1. Que los esposos Rafael Antonio Hern\u00e1ndez y Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas adquirieron por compraventa el inmueble ubicado en la carrera 70C N\u00b0 54-17 de esta ciudad, con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50C-112446, cuyas medidas y linderos se detallaron en el hecho octavo del escrito introductorio. <\/p>\n
2.2. Al fallecer el se\u00f1or Rafael Antonio Hern\u00e1ndez, el mentado predio se adjudic\u00f3 en su sucesi\u00f3n as\u00ed: 50% a Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas a t\u00edtulo de gananciales y el restante 50% entre sus hijos Hugo, Ricardo, Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Beatriz y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas. <\/p>\n
2.3. Mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 2959 de 3 de junio de 2009 de la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1, los se\u00f1ores Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas dijeron comprar a la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas los derechos de cuota que la misma ten\u00eda en el mencionado inmueble, \u00absin que hubiesen pagado precio alguno a su progenitora, por tratarse de un contrato simulado\u00bb. <\/p>\n
2.4. El precio acordado por el que \u00absupuestamente fueron vendidos los derechos de cuota del 50%\u00bb fue de $107.196.000,00, el cual \u00abnunca fue recibido por la madre de las partes y supuesta vendedora y que corresponde a la mitad del aval\u00fao catastral vigente para el a\u00f1o de la supuesta compraventa, de donde se infiere que fue simulado\u00bb y es \u00abmenor a la mitad del justo precio del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2.5. En mayo de 2012, la Sociedad Colombiana de Avaluadores, adscrita a la Lonja Seccional de Bogot\u00e1 y Cundinamarca, indic\u00f3 que el inmueble ya referido ten\u00eda un precio de $542.773.570,00. <\/p>\n
2.6. Para la fecha en que se celebr\u00f3 la compraventa -3 de junio de 2009- la vendedora, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, \u00abse encontraba en un estado de demencia senil que le imped\u00eda la disposici\u00f3n libre, consciente y voluntaria de sus bienes\u00bb, seg\u00fan las anotaciones de la historia cl\u00ednica y que, 14 d\u00edas antes de suscribir la venta, \u00abhab\u00eda sido remitida para que fuese valorada por trastornos mentales\u00bb, adem\u00e1s, le fueron prescritos olanzapina y lorazepan, haciendo referencia a la naturaleza de estos medicamentos y las patolog\u00edas en las cuales se prescribe, as\u00ed como a las anotaciones de la historia cl\u00ednica, correspondientes a su atenci\u00f3n los d\u00edas 7 y 16 de octubre de 2009. <\/p>\n
2.7. Puntualizan que, en la cita m\u00e9dica del 16 de octubre, se report\u00f3 que Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas sufri\u00f3 cambios en su comportamiento desde un a\u00f1o atr\u00e1s, es decir, desde finales de 2008 y la compraventa se celebr\u00f3 en el a\u00f1o 2009, \u00abpor lo que el momento de firmar la escritura p\u00fablica se encontraba en un estado mental que le imposibilitaba disponer del dominio de sus bienes de manera libre consciente y voluntaria\u00bb. <\/p>\n
2.8. Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, una de las compradoras, \u00abcarece de medios econ\u00f3micos que le hubiesen permitido haber pagado el precio que se declar\u00f3 en el contrato de compraventa simulado\u00bb. <\/p>\n
2.9. Fallecido Ricardo Hern\u00e1ndez Huertas, se adelant\u00f3 su sucesi\u00f3n sobre el derecho de cuota que ten\u00eda en el mentado inmueble, el cual se adjudic\u00f3 a sus herederas Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n, Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros y Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, quienes derivan inter\u00e9s en la sucesi\u00f3n de su abuela fallecida el 23 de enero de 2012, por \u201crepresentaci\u00f3n\u201d de su padre. <\/p>\n
3. El Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le fue asignado por reparto el asunto, dispuso su admisi\u00f3n por auto de 6 de junio de 2012, ordenando el enteramiento de los interpelados (fls. 76 Cd1). <\/p>\n
4. La se\u00f1ora Patricia Hern\u00e1ndez Huertas se notific\u00f3 por aviso, en los t\u00e9rminos que ordena la ley, asumiendo una actitud silente; Hugo Hern\u00e1ndez Huertas fue enterado personalmente, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, quien procedi\u00f3 a replicar la demanda y formular excepciones, pero al no atender el requerimiento que se le hiciera para que procediera a signar el escrito que contiene dichas oposiciones, \u00e9sta se tuvo por no contestada, mediante auto de 20 de agosto de 2013 (fls. 265-266). <\/p>\n
5. Agotadas las etapas que le son propias a este tipo de juicios el Juzgado de conocimiento dirimi\u00f3 la instancia el 8 de septiembre de 2014, declarando la simulaci\u00f3n y adopt\u00f3 las restantes ordenaciones que decisi\u00f3n en tal sentido implican (fls. 680-691 Cd 2). <\/p>\n
6. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por Hugo Hern\u00e1ndez Huertas, el 30 de abril de 2015, revocando en su totalidad la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, declarar probada de oficio la excepci\u00f3n de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa, frente a las suplicas de simulaci\u00f3n, nulidad absoluta y lesi\u00f3n enorme\u00bb y, neg\u00f3 todas las exigencias consecuenciales (fls. 6-26). <\/p>\n
7. Inconforme con lo as\u00ed decidido, el extremo vencido formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, que luego de superar las dificultades presentadas por su concesi\u00f3n prematura, finalmente fue admitido a tr\u00e1mite por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Se ocup\u00f3 de manera inicial el juzgador de constatar la concurrencia de los denominados presupuestos procesales anotando, que \u00abrealmente no merecen un estudio profundo por estar cumplidos en la litis, lo cual amerita una decisi\u00f3n de fondo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se adentr\u00f3 en el desarrollo que doctrinal y jurisprudencialmente ha tenido la simulaci\u00f3n en los actos jur\u00eddicos, as\u00ed como la postura asumida para establecer el inter\u00e9s de los herederos para deprecar judicialmente su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Partiendo del hecho de que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n aleg\u00e1ndose la condici\u00f3n de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, se ocup\u00f3 de la forma en que se admite la demostraci\u00f3n de tal car\u00e1cter, haciendo referencia a precedentes de esta Corte y, en ese orden, de cara al caso en estudio asent\u00f3, que \u00ab[R]evisado el plenario, prontamente se advierte que el extremo actor no aport\u00f3 los registros civiles de nacimiento que confirme el parentesco que dicen tener con la vendedora fallecida (fl. 59 c.1) y, que los legitima para fustigar el negocio jur\u00eddico que en vida \u00e9sta realiz\u00f3, tampoco se aport\u00f3 documento id\u00f3neo alguno tendiente a poner de presente dicha calidad, esto es, copias aut\u00e9nticas de los autos del correspondiente juicio sucesorio o certificaci\u00f3n que con las formalidades legales expida el respectivo sacerdote o p\u00e1rroco, no pudiendo atender las copias informales obrantes a folios 146 a 222 del cuaderno principal, ya que carecen de valor probatorio a la luz del art\u00edculo 254 de la ley adjetiva, precisamente por carecer de esa atestaci\u00f3n de ser id\u00e9nticas al original, de dar cuenta de la autor\u00eda de los mismos, exigencia que no resulta atemperada con el reconocimiento que de ellos hagan las partes contendientes, conforme a la legislaci\u00f3n aqu\u00ed aplicable\u00bb. <\/p>\n
Apoyado en antecedente jurisprudencial de 4 de noviembre de 2009 radicado 2001-00127-01 explic\u00f3, que: \u00ab[O]tro medio de prueba que resulta inadecuado para tal prop\u00f3sito son los testimonios, por raz\u00f3n que como fue antes advertido el correspondiente registro se constituye en una prueba \u00abad sustancian actus\u00bb, es decir, que es este medio y no otro por el cual se acredita el parentesco, salvo las copias aut\u00e9nticas del juicio sucesorio donde se reconozcan como tal, de all\u00ed que las pruebas obrantes en plenario son inadecuadas e insuficientes para demostrar el parentesco entre la causante y sus supuestos herederos. <\/p>\n
Como argumento adicional expuso, que la documental echada de menos pudo ser aportada sin dificultad alguna ante el juez de conocimiento, lo que no se hizo, por lo que considera \u00abque el extremo activo de la acci\u00f3n incumpli\u00f3 con el deber que impone el art\u00edculo 177 del C. de P. Civil\u00bb. <\/p>\n
Coligi\u00f3 as\u00ed, que \u00abno obrando prueba alguna que permita inferir que existen en este asunto intereses personales de quienes fungen como herederos de MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N HUERTAS DE HERN\u00c1NDEZ, se establece que no les acompa\u00f1a a JORGE ROBERTO HERN\u00c1NDEZ HUERTAS, GERMAN ALBERTO HERN\u00c1NDEZ HUERTAS, CARLOS GUSTAVO HERN\u00c1NDEZ CALA, BEATRIZ HERN\u00c1NDEZ HUERTAS, CLAUDIA MARCELA HERN\u00c1NDEZ RINC\u00d3N y CONSUELO BOH\u00d3RQUEZ HERN\u00c1NDEZ quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de LAURA LILIANA HERN\u00c1NDEZ PINEROS, legitimaci\u00f3n en la causa para demandar la declaraci\u00f3n de prevalencia del acto real sobre el aparente, debi\u00e9ndose declarar de esa forma, lo que comporta necesariamente la revocatoria de la sentencia impugnada y, en su lugar, se impone plasmar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica principal. <\/p>\n
Desechado el petitum principal se ocup\u00f3 del estudio de los subsidiarios, haciendo primero remembranza de las posturas asumidas por esta Corporaci\u00f3n sobre la nulidad absoluta, para reiterar que \u00abno habi\u00e9ndose demostrado un inter\u00e9s leg\u00edtimo en cabeza de los aqu\u00ed demandantes para formular la declaratoria de nulidad absoluta, ni evidenciarse vicio alguno protuberante en el negocio jur\u00eddico, no se abre paso el estudio de la nulidad alegada\u00bb. <\/p>\n
Luego de hacer igual ejercicio en relaci\u00f3n con la lesi\u00f3n enorme concluy\u00f3, que \u00abtampoco en las pretensiones subsidiarias de los demandantes en tal sentido se encuentran acompa\u00f1ados de legitimaci\u00f3n en la causa para pedir, como quiera que si esa condici\u00f3n s\u00f3lo la tienen los intervinientes en el negocio jur\u00eddico eventualmente viciado, en el asunto bajo estudio esa circunstancia recae sobre los dos demandados quienes pueden elevar una petici\u00f3n de ese linaje. <\/p>\n
\u00abEl anterior aserto adquiere mayor vigor, si se tiene en cuenta que los demandantes invocaron desde el principio su calidad de herederos de MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N HUERTAS DE HERN\u00c1NDEZ, de donde se colige, que tampoco prosperan las pretensiones subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
A manera de colof\u00f3n concret\u00f3 la colegiatura, que \u00abquienes integran el extremo actor no acreditaron su calidad de herederos, circunstancia que los cobija con legitimaci\u00f3n por activa para impetrar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, nulidad absoluta y la de lesi\u00f3n enorme, ni tampoco evidenciarse la supuesta nulidad absoluta del contrato de compraventa tantas veces nombrado, que conlleve a su declaratoria oficiosa, se impone por tanto revocar el fallo controvertido, para declarar probada oficiosamente la excepci\u00f3n de \u00abFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN LA CAUSA POR ACTIVA \u00abfrente a las suplicas de simulaci\u00f3n, nulidad absoluta y lesi\u00f3n enorme, lo que por contera, impide pronunciarse frente a las restantes pretensiones, por raz\u00f3n que \u00e9stas son consecuenciales de la prosperidad de cualquiera de las s\u00faplicas principales o subsidiarias, aqu\u00ed denegadas\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se formularon tres (3) cargos -dos (2) por la v\u00eda indirecta por error de hecho (primero) y de derecho (tercero), y uno (1) por la v\u00eda directa (segundo)- los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente por referir, en esencia, a unas mismas disposiciones vulneradas, compartir argumentos comunes que merecen similares consideraciones y la \u00edntima ligaci\u00f3n que tienen en el sentido de la decisi\u00f3n que habr\u00e1 de adoptarse. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta del \u00abart\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del art\u00edculo 8o de la ley 153 de 1887, por aplicaci\u00f3n indebida, y de los art\u00edculos 1766, 1740, 1741, 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal al dar por demostrado -sin estarlo- el presupuesto procesal \u00abcapacidad para ser parte\u00bb los art\u00edculos 1502, 1524 y 1766 del C\u00f3digo Civil y 302 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por la comisi\u00f3n de errores probatorios en la valoraci\u00f3n de los \u201csoportes documentales\u201d y de apreciaci\u00f3n del libelo incoatorio, incluyendo su subsanaci\u00f3n, y por la manifiesta incongruencia entre lo pedido y lo decidido. <\/p>\n
2.- En su desarrollo el recurrente sostuvo que es indiscutible la condici\u00f3n que invocaron Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas, Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Boh\u00f3rquez Hern\u00e1ndez, quien act\u00faa en procura de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros, para concurrir a este juicio en impugnaci\u00f3n de la operaci\u00f3n celebrada entre la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez con sus hijos, Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, y que se dio por demostrada la concurrencia de los presupuestos procesales para decidir de fondo, espec\u00edficamente, el referido a la capacidad para ser parte, por lo que se abord\u00f3 el estudio de los temas puestos a su consideraci\u00f3n, que fueron la simulaci\u00f3n, nulidad absoluta y lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que \u00abbajo un mismo y liminar presupuesto consistente en que los demandantes carecen de legitimaci\u00f3n en la causa activa para impugnar, al amparo de una cualquiera de las figuras jur\u00eddicas invocadas, el referido contrato de compraventa, por cuanto no demostraron su condici\u00f3n de herederos de la vendedora, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, habida consideraci\u00f3n, de un lado, que no aportaron al proceso sus correspondiente registros civiles de nacimiento y, de otro, que la copia de los autos del proceso sucesorio en los que hab\u00edan sido reconocidos como herederos, aportados a este proceso, carecen del requisito de la autenticidad, formalidad requerida por el art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
Tras rese\u00f1ar algunos pronunciamientos de esta Corte, en punto de la capacidad para ser parte, asever\u00f3 que \u00ablos presupuestos procesales y, entre ellos la capacidad para ser parte, son condiciones cuya concurrencia el juez debe necesaria y prioritariamente establecer con el fin de que pueda aplicar el derecho sustantivo, es decir, proveer sobre el m\u00e9rito del proceso, pues solo si \u00e9ste se ha desenvuelto regularmente, esto es, seg\u00fan los principios del derecho procesal, el juez podr\u00e1 ir al fondo de la cuesti\u00f3n, es decir, concretar el poder-deber de proveer sobre el m\u00e9rito del litigio; y la ausencia de la prueba que demuestre, particularmente la capacidad para ser parte de los demandantes o de los demandados o de ambos, determina que el proceso culmine, en l\u00ednea de principio, con fallo inhibitorio, pero en ning\u00fan caso con fallo de m\u00e9rito, que desate en el fondo la controversia planteada en el proceso. <\/p>\n
Al amparo de esa premisa, manifest\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta lo precedentemente expuesto para confrontarlo con la conclusi\u00f3n probatoria sentada en el fallo materia de la presente impugnaci\u00f3n sobre la concurrencia de los presupuestos procesales y, en particular, respecto del presupuesto procesal \u00abcapacidad para ser parte\u00bb se advierte que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en el yerro de facto que se denuncia en este cargo, por cuanto dio por concurrente el referido presupuesto procesal, sin que obrase la prueba respectiva de dicho presupuesto, es decir, supuso la prueba de calidad de herederos con la que los demandantes concurren a este proceso, pues es evidente -y as\u00ed lo puso de manifiesto el mismo tribunal- que \u00e9stos no acompa\u00f1aron, ni con la demanda ni en ninguna otra oportunidad procesal, la prueba id\u00f3nea para demostrar su condici\u00f3n de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el yerro cometido es trascendente, porque \u00abcomo consecuencia de haber supuesto la prueba de la calidad de herederos que los demandantes invocaron para cuestionar la validez y eficacia del contrato de compraventa celebrado por su progenitora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez con otros dos de sus hijos, dio por demostrado el referido presupuesto, y as\u00ed establecida la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, el ad quem consider\u00f3, sin embargo, que la ausencia de dicha prueba afectaba la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes, raz\u00f3n por la cual reconoci\u00f3 de oficio dicha situaci\u00f3n bajo la excepci\u00f3n correspondiente\u00bb y, consecuentemente, profiri\u00f3 fallo de m\u00e9rito, pero adverso para \u00e9stos, con lo cual cerr\u00f3 definitivamente la controversia y les impidi\u00f3 que sus aspiraciones fueran debatidas con las pruebas aducidas para demostrar la seriedad y fundamentaci\u00f3n de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 asentando que, de no haberse cometido este dislate, se \u00abhabr\u00eda recurrido -ante la inminencia de un fallo inhibitorio- a las facultades probatorias oficiosas, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el numeral 4 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para que acreditado el presupuesto procesal \u00abcapacidad para ser parte\u00bb y, por ah\u00ed mismo la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes para controvertir -mediante el pertinente examen de las pruebas recaudas para tal efecto- la invalidez o ineficacia del contrato de compraventa en cuesti\u00f3n, resolviera el recurso de apelaci\u00f3n confirmando la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 la simulaci\u00f3n del referido contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Remat\u00f3 la acusaci\u00f3n expresando que el \u00abaludido yerro determin\u00f3, entonces, que en virtud del fallo absolutorio aqu\u00ed recurrido en casaci\u00f3n, se violaran los art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, en tanto el ad quem reconoci\u00f3 de oficio una excepci\u00f3n – falta de legitimaci\u00f3n en la causa activa -cuyos hechos no se encuentran probados en este proceso, con lo cual produjo un fallo de m\u00e9rito desfavorable y, por lo tanto, perjudicial para los demandantes, a quienes por tal raz\u00f3n se les priv\u00f3 de su calidad de herederos de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez para cuestionar el contrato de compraventa celebrado por ella con otros dos de sus hijos, en grave detrimento de sus derechos hereditarios, y el art\u00edculo 8o de la ley 153 de 1887, por cuanto aplic\u00f3 el criterio jurisprudencial de los fallos citados en la sentencia impugnada en casaci\u00f3n mirando solamente el tema relacionado con el inter\u00e9s requerido para que el heredero pueda controvertir un acto o contrato, es decir, la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes para demandar la invalidez o ineficacia del contrato de compraventa celebrado por su madre con dos de [sus] hermanos, pasando por alto el aspecto del presupuesto procesal de capacidad para ser parte, tratado en muchos de ellos; y, los art\u00edculos 1766, 1740, 1740, 1741, 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, pues el fallo absolutorio -proferido en las condiciones de este proceso, es decir sin averiguar por el fundamento de las pretensiones de los demandantes- les niega a \u00e9stos, definitivamente, la posibilidad, de plantear nuevamente la controversia con la aducci\u00f3n de la prueba respectiva que acreditara su capacidad para ser parte y, consiguiente su legitimaci\u00f3n en la causa, para debatir la validez o la eficacia del multicitado contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Soportado en la misma causal acusa trasgresi\u00f3n por la \u00abv\u00eda directa, de los art\u00edculos, 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 8o de la ley 153 de 1887, por aplicaci\u00f3n indebida; 1766, 1740, 1741, 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el tribunal cuando consider\u00f3 que la ausencia de la prueba de la calidad de herederos con la que comparecieron los demandantes a este proceso, constituye \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa activa\u00bb de \u00e9stos para demandar en tal condici\u00f3n la validez y eficacia del contrato de compraventa contenido en la escritura No. 2959, otorgada el 3 de junio de 2009 en la Notar\u00eda 9:1 de esta ciudad, mediante el cual su progenitora, Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, vendi\u00f3 los derechos que le correspond\u00edan en la partici\u00f3n de su difunto c\u00f3nyuge, Rafael Antonio Hern\u00e1ndez, a sus tambi\u00e9n hijos, Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, error \u00abiuris in iudicando\u00bb. <\/p>\n
Para soportar la acusaci\u00f3n replic\u00f3 algunos de los argumentos del cargo anterior, e indic\u00f3 que \u00abel sentenciador de segundo grado incurre en reprochable desatino jur\u00eddico cuando afirma que la ausencia de prueba respecto de la calidad de heredero de quien se presenta como demandante en un proceso de esta naturaleza, constituye \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, cuando en realidad, seg\u00fan ha quedado suficientemente explicado desde mucho tiempo atr\u00e1s y se deduce de algunos pasajes de los fallos citados por \u00e9l mismo, es que dicha falencia probatoria afecta primeramente a uno de los presupuestos del proceso, m\u00e1s concretamente el denominado \u00abcapacidad para ser parte\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 el recurrente, que \u00abla jurisprudencia invocada por el ad quem para deducir que la ausencia de prueba de la calidad de heredero conduce a falta de legitimaci\u00f3n en la causa ha sido erradamente entendida, pues \u00e9sta, es decir, la legitimaci\u00f3n en la causa solamente puede ser examinada una vez se ha superado la concurrencia del presupuesto capacidad para ser parte, o sea, para el caso concreto, se haya establecido la calidad de heredero, de conformidad con las pruebas aportadas para tal efecto; otra cosa es que establecida dicha condici\u00f3n, el heredero no ocupe como tal el puesto del cujus y carezca por lo tanto de inter\u00e9s para controvertir alg\u00fan acto de aqu\u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 diciendo, que \u00abel sentenciador de segunda instancia incurri\u00f3 en el yerro jur\u00eddico denunciado en este cargo, por cuanto establecido -y en este cargo compartido- que los demandantes ciertamente no aportaron las pruebas pertinentes para demostrar su calidad de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, condici\u00f3n con la que a este proceso comparecieron para demandar la invalidez o ineficacia del contrato de compraventa por ella celebrado con dos de sus hijos, Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, recogido en la escritura No. 2959 de 3 de junio de 2009, otorgada en la Notar\u00eda 9\u00aa de esta ciudad, concluy\u00f3 que dicha falencia probatoria afectaba el presupuesto de la \u00ablegitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, cuya ausencia daba lugar, por consiguiente, para proferir fallo de m\u00e9rito, en este caso, adverso a la pretensiones de la parte demandante, cuando, como ha quedado suficientemente decantado, es que tal omisi\u00f3n probatoria no afecta directamente dicho presupuesto de la acci\u00f3n, sino uno del proceso, conocido como \u00abcapacidad para ser parte\u00bb, cuya ausencia determina el proferimiento de fallo inhibitorio, a menos que el juez haga uso de los poderes que en materia probatoria le otorga el C\u00f3digo de Procedimiento Civil para conjurar ese tipo de sentencias\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la trascendencia apunt\u00f3, que \u00abcomo consecuencia de ese errado entendimiento declar\u00f3, mediante el reconocimiento de la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa activa\u00bb que los demandantes -en su invocada condici\u00f3n de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez- no ten\u00edan legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar el contrato de compraventa, materia de la presente controversia, celebrado por su progenitora con otros dos de sus hijos y, por lo tanto, sus aspiraciones de invalidarlo deb\u00edan ser rechazadas, como en efecto lo fueron, mediante el proferimiento del fallo de m\u00e9rito con el cual se negaron definitivamente sus pretensiones, sin dar lugar para que se examinar las pruebas aportadas para la demostraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n y la nulidad que afecta dicho negocio o la lesi\u00f3n que en esa operaci\u00f3n se le ocasion\u00f3 a la vendedora; cuando de no haber incurrido en dicha confusi\u00f3n, el ad quem habr\u00eda deducido correctamente que la aludida falencia probatoria afectaba el presupuesto procesal \u00abcapacidad para ser parte\u00bb, cuya ausencia le impon\u00eda el deber de recurrir a las facultades probatorias oficiosas para recaudar las pruebas que acreditaran dicho presupuesto procesal, tal como debi\u00f3 proceder, de conformidad con lo dispuesto sobre el particular en el numeral 4 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para prevenir un fallo inhibitorio, o en \u00faltimo caso, si la anterior gesti\u00f3n resultara infructuosa, proferirlo, hip\u00f3tesis \u00e9sta \u00faltima que le abrir\u00eda a los demandantes la posibilidad de volver a proponer -con la aducci\u00f3n de la prueba correspondiente – la controversia planteada en este proceso, indudablemente menos gravosa que el fallo absolutorio proferido por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
En esta acusaci\u00f3n el censor imput\u00f3 violaci\u00f3n \u00abv\u00eda indirecta, del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; y de los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Nacional; 8o de la ley 153 de 1887; 1766, 1740, 1741, 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error de derecho, con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 37, numeral 4o, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en que incurri\u00f3 el Tribunal al no hacer uso -de oficio- de las facultades probatorias para tener por demostrado el presupuesto procesal capacidad para ser parte de los demandantes y demandados y, por ende, la calidad de herederos, particularmente de las personas integrantes de la parte demandante, respecto de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, en su condici\u00f3n de vendedora de sus gananciales en el contrato de compraventa celebrado con sus hijos, Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, contenido en la escritura No. 2959, otorgada el 3 de junio de 2009 en la Notar\u00eda 9a de esta ciudad; y, de paso, para acreditar la legitimaci\u00f3n en la causa activa de los demandantes para impugnar y discutir la validez y eficacia de dicho contrato\u00bb. <\/p>\n
Expuso como soporte de dicha acusaci\u00f3n, que la postura de negar la totalidad de las s\u00faplicas -tanto principales como subsidiarias- por la falta de prueba de la calidad de herederos de los convocantes \u00abdesconocen tanto el postulado contenido en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Nacional, seg\u00fan el cual en las actuaciones judiciales \u00ab(…) prevalecer\u00e1 el derecho sustancial (…)\u00bb, as\u00ed como la regla de hermen\u00e9utica consagrada en el art\u00edculo 4o del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en virtud de la cual en la interpretaci\u00f3n de la ley procesal \u00ab(\u201e,)el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial!’…) V y, que las dudas que surjan de la interpretaci\u00f3n de las normas de dicho c\u00f3digo \u00ab(…) deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garant\u00eda constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes\u00bb, se llega por la inactividad probatoria a sacrificar el derecho sustancial, profiriendo sentencias de m\u00e9rito, denegatorias de las pretensiones de la demanda, por la ausencia de requisitos meramente formales, en muchas ocasiones sin ninguna dificultad para obtenerlos\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento coment\u00f3, que \u00ab[J]ustamente, uno de tales principios generales del derecho procesal es el que se refiere al papel inquisitivo del juez civil en el proceso que le impone deberes, le otorga poderes y le atribuye responsabilidades, entre los cuales se encuentra, al tenor del numeral 4 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el de emplear los poderes que dicha normatividad le otorga en materia de pruebas, para decretar pruebas de oficio, cuando lo considere conveniente para verificar los hechos alegados, evitar nulidades as\u00ed como el proferimiento de sentencias inhibitorias\u00bb, e hizo menci\u00f3n del contenido de los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para exaltar el deber de los jueces de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
A partir de lo anterior indic\u00f3, que en el sub examine ante la situaci\u00f3n f\u00e1ctica advertida se impon\u00eda a dicha autoridad el decreto oficioso, \u00abcon el prop\u00f3sito de establecer la veracidad de la invocada condici\u00f3n de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, con la que los demandantes comparecen al proceso, pues la prueba de dicha calidad, en este evento, resulta absolutamente necesaria para establecer la concurrencia del presupuesto procesal capacidad para ser parte de los demandantes y, de contera, el de la legitimaci\u00f3n en la causa, para que se pudiera fallar de m\u00e9rito sobre la validez y eficacia del contrato de compraventa celebrado por la precitada causante con dos de sus hijos\u00bb; toda vez que la mentada probanza resultaba indispensable, \u00absi se tiene en cuenta, de un lado, que la falta de dicha prueba origina la ausencia de un presupuesto procesal, en concreto, el de la capacidad de los actores para ser parte, y de otro, que la ausencia de dicho presupuesto procesal determina el proferimiento de fallo inhibitorio, que el juez, de conformidad con el numeral 4 del art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, est\u00e1 obligado a impedir con el prop\u00f3sito de que pueda cumplir con su misi\u00f3n de proveer sobre el m\u00e9rito del litigio, es decir, para examinar el fondo de la controversia en orden de determinar -con apoyo en las pruebas recaudadas en el proceso- el fundamento de las pretensiones deducidas por los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Omisi\u00f3n que, es trascedente, porque \u00aben el proceso militan suficientes y s\u00f3lidos elementos de juicio para despachar favorablemente las pretensiones de los demandantes, bajo una cualquiera de la figuras invocadas para restarle validez y eficacia al contrato de compraventa celebrado por la causante con los demandados, particularmente la de la simulaci\u00f3n de dicho contrato\u00bb, de manera que \u00ab[L]a omisi\u00f3n del sentenciador de segundo grado de cumplir con el deber de decretar – de oficio – la prueba pertinente para establecer el presupuesto procesal capacidad para ser parte, mediante la aportaci\u00f3n de la prueba adecuada del calidad de herederos de los demandante, result\u00f3 trascendente, pues si la hubiera decretado habr\u00eda completado la concurrencia de los presupuestos procesales y, en especial, el de la capacidad para ser parte y, consecuentemente, el de la legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes, prueba que le habr\u00eda permitido entrar en el fondo del asunto para decidir de m\u00e9rito, de conformidad con el acopio probatorio incorporado al expediente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero apuntar que, por la data del fallo impugnado y de la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario, las normas que gobiernan la presente determinaci\u00f3n son las del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 624 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de los cuales los recursos \u00abse regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
2. El litigio puesto a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n se enfil\u00f3 a la declaratoria de ineficacia de la compraventa celebrada por Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez con dos (2) de sus hijos, Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas, contenida en la escritura p\u00fablica N\u00b0 2959 de 3 de junio de 2009, de la Notaria Novena de Bogot\u00e1; de manera principal, se adujo su simulaci\u00f3n absoluta, ora subsidiariamente por nulidad absoluta, o bien por haberse presentado en el mismo lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
El Tribunal desestim\u00f3 todas las s\u00faplicas impetradas, porque consider\u00f3 que en los reclamantes no concurre el presupuesto de \u00ablegitimaci\u00f3n en causa\u00bb, en la medida en que no allegaron al juicio la prueba de la calidad de heredero con que dijeron actuar, pues no arrimaron los registros civiles correspondientes, ni la providencia que los hubiera reconocido como tal en la mortuoria de la se\u00f1ora Huertas de Hern\u00e1ndez. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que no eran id\u00f3neas las copias que obran a folios 146 a 222 pues carecen de eficacia probatoria por no cumplir las exigencias del art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Los cargos que soportan la censura, en lo medular, cuestionan el desatino del fallador al darle a la ausencia de demostraci\u00f3n de la calidad de heredero un alcance que no tiene. En sentir del recurrente, dicha autoridad dio por probado, sin estarlo, el presupuesto de la capacidad para ser parte, cuya ausencia imped\u00eda una resoluci\u00f3n de fondo sobre la causa, aunado a que desatendi\u00f3 el deber de decretar pruebas de oficio para establecer la condici\u00f3n de herederos. <\/p>\n
Sostiene que, en una interpretaci\u00f3n errada de la jurisprudencia de la Corte, se incurri\u00f3 en error de hecho y de derecho, al estimar que la falta de acreditaci\u00f3n de la calidad de heredero con que se ejercita la acci\u00f3n genera falta de legitimaci\u00f3n, cuando esto realmente produce la ausencia del presupuesto de capacidad para ser parte y el colegiado supuso la concurrencia de dicho presupuesto para denegar lo solicitado por una falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Siendo que el objeto de los procedimientos lo constituye la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, para que estos cumplan su cometido, se deben satisfacer una serie de exigencias para su eficacia y validez. Para ese fin, resulta cardinal la concurrencia de los denominados presupuestos procesales, que hacen referencia a aquellas condiciones de legalidad del proceso que ata\u00f1en a su cabal constituci\u00f3n y desarrollo, imprescindibles para dirimir de m\u00e9rito la litis; \u00abse trata, pues, de constatar, a trav\u00e9s de su examen, la legalidad de la relaci\u00f3n procesal y su aptitud para conducir a una sentencia v\u00e1lida y \u00fatil\u00bb (CSJ SC de 6 de feb de 2001, exp. 5656). Dentro de aquellos se encuentran la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, cuya importancia ha sido calificada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo con la doctrina, ha dicho la Corte que los presupuestos procesales, entendidos como los requisitos exigidos por la ley para la regular formaci\u00f3n y el perfecto desarrollo del proceso, deben hallarse presentes para que el juez pueda proferir sentencia de m\u00e9rito; que su ausencia (en excepcionales casos) lo conduce a un fallo inhibitorio, con fuerza de cosa juzgada formal y no material; y que como estos requisitos implican supuestos previos a un fin pretendido, se impone al fallador, dado el car\u00e1cter jur\u00eddico p\u00fablico de la relaci\u00f3n procesal, el deber de declarar oficiosamente, antes de entrar a conocer y decidir sobre las pretensiones y excepciones deducidas por los litigantes y si existen o no los presupuestos del proceso…\u00bb. (CSJ SC de 21 de marzo de 1991, reiterada en CSJ SC de 20 de octubre de 2000) <\/p>\n
4. Resulta cardinal recordar que el concepto de \u201cpartes\u201d, en los procesos judiciales, refiere a las personas que en \u00e9l intervienen para reclamar determinada pretensi\u00f3n o para resistirse a la formulada por otro sujeto, denominado el primero \u201cparte actora\u201d o simplemente, \u201cdemandante\u201d y el segundo \u201cparte demandada\u201d o \u201cdemandado\u201d, cuya presencia es esencial para la definici\u00f3n de los juicios. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado por el maestro Devis Echand\u00eda \u00ab[C]ualquiera que sea la situaci\u00f3n de la parte en el proceso y su modo de actuar (cfr. N\u00fams. 323, 325, 328 y 329), para que su concurrencia sea v\u00e1lida y sus actos produzcan efectos legales- procesales, debe reunir las siguientes condiciones: a) capacidad para ser parte; b) capacidad procesal o para comparecer al juicio, conocida tambi\u00e9n como legitimatio ad processum; c) debida representaci\u00f3n cuando no se act\u00faa personalmente o se trata de una persona jur\u00eddica; d) adecuada postulaci\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
Cada uno de los referidos elementos tiene identidad propia, por lo que han merecido tratamiento diferencial, particularmente en lo que hace a las consecuencias procesales que su eventual ausencia genera, siendo relevantes para el sub judice los referidos a la \u201ccapacidad para ser parte\u201d y la \u201clegitimaci\u00f3n en causa\u201d, dado que sobre ellos descansa la censura. <\/p>\n
4.1. La capacidad para ser parte est\u00e1 ligada a la capacidad jur\u00eddica, o sea, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, supeditada a la necesaria existencia, que permite intervenir en el juicio como convocante o convocado y, que de acuerdo con el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se reconoce a las personas naturales y jur\u00eddicas. Ha de destacarse, no obstante, que en modo alguno \u00e9sta se puede confundir con la capacidad de obrar, referida a la facultad de ejercer esos derechos y obligaciones sin el auxilio de un tercero, que procesalmente equivale a la capacidad procesal y que determina la posibilidad de realizar actos procesales, directamente o a trav\u00e9s del representante o apoderado. <\/p>\n
Esa capacidad de las personas naturales es predicable, en l\u00ednea de principio, desde el momento mismo del nacimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Civil, en el cual se reconoce la existencia legal de una persona desde ese preciso instante, sin menoscabo de que en algunos eventos se admita en favor del que est\u00e1 por nacer, d\u00e1ndole as\u00ed una personalidad condicional, sujeta al nacimiento vivo, por lo que es posible que en precisos eventos puedan promoverse acciones en su nombre como sujeto procesal. Por el otro lado, las jur\u00eddicas ser\u00e1n capaces, una vez que, de acuerdo con las normas que las regulan, se tengan por debidamente constituidas. <\/p>\n
Correlativamente, en las personas naturales esa capacidad se extingue con la muerte, sea real o presunta, conforme lo dispone el art\u00edculo 94 \u00eddem, y las jur\u00eddicas con su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Es perentorio el legislador de 1970 al restringir la capacidad para ser parte a las personas naturales y jur\u00eddicas2. Sin embargo, ante los inocultables problemas que se presentan con algunas masas patrimoniales, de los cuales es predicable la exigencia en pro o en contra de derechos y obligaciones pero que por no tener personalidad jur\u00eddica carec\u00edan de esa capacidad, se ha admitido la posibilidad de que \u00e9stas puedan comparecer a juicio para solicitar la tutela jur\u00eddica de sus derechos e intereses, ora de aptitud para ser demandados por quienes resulten afectados por ellos. <\/p>\n
Tal es el caso de las masas concursales o patrimoniales que carezcan de un titular, la comunidad de bienes, la herencia yacente, los patrimonios aut\u00f3nomos, por mencionar algunos, que aun cuando carecen de personalidad jur\u00eddica pueden ser partes en los procesos judiciales. <\/p>\n
Siendo entonces la capacidad para ser parte un presupuesto procesal, estar\u00e1n llamados los enjuiciadores desde la presentaci\u00f3n misma del libelo inicial a verificar su concurrencia, constatando que con \u00e9sta se allegue -de ser necesario- la evidencia de la existencia y representaci\u00f3n legal de las partes y de la calidad en que intervendr\u00e1n, trat\u00e1ndose de heredero, c\u00f3nyuge, curador de bienes, administrador de comunidad o albacea, as\u00ed como tambi\u00e9n podr\u00e1 hacerlo en el curso del proceso hasta antes de dirimir la instancia, a fin de evitar fallos inhibitorios. <\/p>\n
4.2. La legitimaci\u00f3n en causa, por su parte, hace referencia a la necesidad de que entre la persona que convoca o es convocada al pleito y el derecho invocado exista un v\u00ednculo que legitime esa intervenci\u00f3n, de suerte que el veredicto que se adopte les resulte vinculante. Ha sido insistente esta Corporaci\u00f3n al calificarlo como un presupuesto de la acci\u00f3n, cuya ausencia impide aproximarse al fondo de la contienda, trayendo aparejado la desestimaci\u00f3n de lo pedido. <\/p>\n
En lo tocante a la legitimaci\u00f3n en la causa esta Corte ha adoctrinado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimaci\u00f3n en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores. <\/p>\n
De no cumplirse tal conexi\u00f3n entre quienes se traban en un pleito, se presentar\u00eda una restricci\u00f3n para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanaci\u00f3n, sino que, por su trascendencia, tiene una connotaci\u00f3n sustancial que impide abordar el fondo de la contienda. <\/p>\n
La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01, reiter\u00f3 que \u201c[l]a legitimaci\u00f3n en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acci\u00f3n o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (\u2026) En efecto, \u00e9sta ha sostenido que \u2018el inter\u00e9s leg\u00edtimo, serio y actual del \u2018titular de una determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica o estado jur\u00eddico\u2019 (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2\u00aa reimpresi\u00f3n, Temis-Depalma, Bogot\u00e1, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia \u2018de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)\u2019 (CXXXVIII, 364\/65), y el juez debe verificarla \u2018con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, seg\u00fan quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular\u2019 (cas. civ. sentencia de 1\u00b0 de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01). Y ha sido enf\u00e1tica en sostener que tal fen\u00f3meno jur\u00eddico \u2018es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste\u2019 (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N\u00b0 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. N\u00b0 6050)\u00bb (CSJ SC4468 de 9 de abr. de 2014, Rad. 2008-00069-01). <\/p>\n
5. Precisados los anteriores conceptos, compete ahora ocuparse de la situaci\u00f3n procesal que se presenta cuando se acciona para la sucesi\u00f3n, alegando la calidad de heredero, para establecer si, conforme lo sostuvo el Tribunal, los accionantes, al no acreditar su condici\u00f3n de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, carecen de legitimaci\u00f3n en la causa, lo que hac\u00eda impr\u00f3speras sus peticiones. O, como sostiene la censura, ello genera falta de capacidad para ser partes y, por tanto, no era dable adentrarse a un estudio de fondo del asunto puesto a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, sino que conllevaba a un fallo inhibitorio, salvo que el juez \u2013para evitar este- decretara de oficio las que resulten necesarias. <\/p>\n
Para lo anterior, es preciso acotar que, conforme se indic\u00f3 en precedencia, el fin de las personas naturales es la muerte, sea real o presunta, momento desde el cual se abre su sucesi\u00f3n en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, los cuales pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les corresponda \u2013salvedad de aquellos intuitus personae o personal\u00edsimos \u2013 sea bajo los par\u00e1metros definidos en la ley (ab intestato) o en el testamento (testato). <\/p>\n
Esa herencia o sucesi\u00f3n, surgida por causa del fallecimiento de un individuo, carece de capacidad jur\u00eddica, y, consiguientemente, no tiene capacidad para ser parte en los procesos judiciales, situaci\u00f3n frente a la cual esta Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00aben fallo de 31 de agosto de 1936, hab\u00eda dicho: \u00abCuando se demanda a la ‘sucesi\u00f3n’ o para ‘la sucesi\u00f3n’, la parte demandada est\u00e1 constituida por todos los herederos y la parte actora lo est\u00e1 por el heredero o los herederos que piden para la comunidad. Por un imperativo del lenguaje se habla en uno y otro caso de ‘la sucesi\u00f3n’; pero bien analizadas las cosas, detr\u00e1s de esta colecci\u00f3n de bienes se perciben los herederos como personas f\u00edsicas\u00bb. <\/p>\n
La comunidad singular, surge del hecho de ser dos o m\u00e1s personas simult\u00e1neamente titulares, de cuotas en un mismo derecho, que puede ser personal o real y con mayor frecuencia de propiedad o dominio, caso en el cual se llama espec\u00edficamente copropiedad o condominio. La comunidad herencial, que es universal, est\u00e1, caracterizada por comprender cuanto por ley transmite el causante, al morir, por activa y por pasiva; por lo indefinido o indeterminado de los elementos positivos y negativos que la componen, y por la afectaci\u00f3n esencial, necesaria e ineludible, del activo por el pasivo hereditario. Pero, no es ente colectivo, no es sujeto de derecho, no es persona; por lo mismo, no puede ser demandada directamente; no tiene, en principio, representante ni \u00f3rganos; tiene titulares, s\u00ed, esto es, individuos f\u00edsicos o jur\u00eddicos, que han recibido la vocaci\u00f3n hereditaria de la ley o del testamento. <\/p>\n
Careciendo de capacidad de derecho, no act\u00faa como persona, ni activa ni pasivamente: act\u00faan los titulares de derechos en ella, los sucesores a t\u00edtulo universal, porque la calidad de sujetos de derecho no la tienen sino los herederos, que pueden ser personas naturales o jur\u00eddicas; no la universalidad, no el patrimonio herencial, que al fin y a la postre no es m\u00e1s que un conjunto de elementos positivos y negativos que existe, como exist\u00eda antes de fallecer el causante, pero que por haber desaparecido su due\u00f1o, est\u00e1n al frente de \u00e9l sus herederos. La personalidad del causante no es sustituida por la personalidad de un patrimonio, que carece de ella, sino por la personalidad de quienes s\u00ed la tienen como sujetos de derecho que son. <\/p>\n
De esta suerte, demandar a la sucesi\u00f3n de N. N., representada por los herederos, y demandar a los herederos de N. N., como tales, directamente, son formas equivalentes, representativas de una misma idea: la de que el extremo pasivo de la acci\u00f3n y de la relaci\u00f3n procesal es el heredero y no la sucesi\u00f3n, no la comunidad universal, no el patrimonio del difunto, sino el sucesor\u00bb (CSJ SC de 17 de agosto de 1954). <\/p>\n
No obstante lo anterior, la Corporaci\u00f3n lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que cuando se requiere a la sucesi\u00f3n o para la sucesi\u00f3n, careciendo \u00e9sta de personalidad jur\u00eddica, la comparecencia del heredero no es como encargado de aquella, sino en su calidad de tal, por lo que resulta imperativo probar esa condici\u00f3n, cuya falta de acreditaci\u00f3n genera la falta de capacidad para ser parte y, consecuentemente, fallo inhibitorio. <\/p>\n
Es as\u00ed como al estudiar la problem\u00e1tica adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con estos patrimonios, anota Enrico Redenti, en su obra Derecho Procesal tomo I, p\u00e1ginas 166, 167 y 168, lo siguiente: \u201cHay tambi\u00e9n como lo hemos indicado otros casos en que se prev\u00e9 y se organiza una administraci\u00f3n aut\u00f3noma para la gesti\u00f3n o a veces tambi\u00e9n para la liquidaci\u00f3n, de determinados patrimonios destinados a fines u objetivos previamente establecidos (entre los cuales puede estar tambi\u00e9n la satisfacci\u00f3n de un grupo de acreedores. <\/p>\n
Hay tambi\u00e9n otros casos en que se organiza una administraci\u00f3n para asegurar la conservaci\u00f3n de patrimonios o de bienes, mientras se ignora o es incierto o controvertido qui\u00e9n sea el verdadero y efectivo titular de ellos. En todos estos casos, los actos de disposici\u00f3n y de ejercicio de los derechos patrimoniales no pueden llevarlos a cabo sino quienes est\u00e9n investidos del cargo, funci\u00f3n, cometido o misi\u00f3n de administrar. Y \u00e9stos \u00faltimos, a su vez, no act\u00faan como legales representantes sino en su car\u00e1cter y en calidad de gestores, aut\u00f3nomos y auto deliberantes, en funci\u00f3n de aquellos objetivos intereses previamente establecidos o de los intereses del titular del desconocido o incierto… De ello surge as\u00ed una figura que no coincide, ni con el estar en juicio a nombre propio, ni con el estar en juicio a nombre ajeno…\u00bb. <\/p>\n
Como ejemplo del primer grupo de casos incluye la curadur\u00eda de la herencia yacente, y la sindicatura de la quiebra, y del segundo, la herencia. A\u00f1ade que todos estos casos, tienen caracter\u00edsticas propias, pero tambi\u00e9n presentan algunos aspectos comunes, entre otros este: \u00abQue sujetos activos y pasivos (partes) de las acciones correspondientes al patrimonio y a los bienes, vienen a serlo, en lugar y en vez de los titulares, los gestores o administradores, o tambi\u00e9n (segundo grupo de casos), que contin\u00faen sin duda siendo los titulares, pero en un car\u00e1cter o calidad distinto y por intereses (total o parcialmente) ajenos (y no s\u00f3lo propio de ellos). Y s\u00f3lo ellos pueden leg\u00edtimamente estar en juicio en car\u00e1cter y calidad de tales\u00bb. <\/p>\n
Luego dice: \u00abAqu\u00ed sucede precisamente que para proteger la destinaci\u00f3n o la finalidad, bien por la imposibilidad de identificar al titular del derecho, bien por interferencia de intereses ajenos protegidos por la ley, el titular del derecho no es ya titular de la acci\u00f3n y \u00e9sta Se confiere o transfiere en cambio al gestor en raz\u00f3n de su oficio, despu\u00e9s de lo cual, si el gestor como tal desciende a la arena para hacerla valer (o para defenderse de ataques ajenos), no se puede decir ni que est\u00e9 en juicio en nombre ‘propio (ya que no responde personalmente) ni que est\u00e9 en juicio en nombre de otro (ya que no hay tras de \u00e9l un sujeto, persona f\u00edsica o jur\u00eddica, de quien sea representante). Surge m\u00e1s bien de ah\u00ed un tertium genus, que es el de estar en juicio en raz\u00f3n de un cargo asumido en calidad particular de tal manera que decir que en los casos previstos, y concretamente en el de la sucesi\u00f3n hereditaria, los herederos asumen el car\u00e1cter de parte, por activa o por pasiva, no personalmente, ni como representantes de una entidad que carece de personer\u00eda jur\u00eddica no por la calidad de herederos de quienes est\u00e1n investidos, y que desde luego debe aparecer comprobada en el proceso, en cuanto a la vocaci\u00f3n y a la aceptaci\u00f3n se refiere. Lo que indica, como lo anota el autor citado, que existe una tercera categor\u00eda dentro del presupuesto procesal, capacidad para ser parte, que es precisamente el caso de quien comparece en nombre propio, ni en representaci\u00f3n de otro, sino por virtud del cargo o calidad, es decir, en el evento contemplado, por ser heredero, Por ende, queda demostrado que todo lo relativo a este aspecto de la cuesti\u00f3n pertenece al campo procesal y no al sustancial, vale decir, que corresponde a uno de los presupuestos del proceso y no a una de las condiciones de la acci\u00f3n civil, como se hab\u00eda venido considerando por la doctrina. De lo cual se infiere que la ausencia de prueba sobre el car\u00e1cter de heredero, implica sentencia inhibitoria, con consecuencias de cosa juzgada formal, y no sentencia de m\u00e9rito, con consecuencia de cosa juzgada material\u00bb (CSJ SC 21 de jul. de 1969). <\/p>\n
Surge de lo anterior, que por causa de la universalidad que se conforma tras el fallecimiento real o presunto de un individuo, este patrimonio por s\u00ed mismo carece de capacidad para ser demandante o demandado, y mientras no se verifique su liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n en cabeza de los asignatarios, esto es, mientras permanezca en indivisi\u00f3n, ser\u00e1n los herederos los legitimados por activa o por pasiva para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas y, en ese orden, \u00abel presupuesto capacidad para ser parte demandante o demandada s\u00f3lo se da cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a este t\u00edtulo demanda o es demandado\u2026\u00bb(CSJ SC de jul. 3 de 2001. Exp. 6809). <\/p>\n
En \u00e9pocas m\u00e1s recientes, en referencia a las acciones que se promueven en contra y para la sucesi\u00f3n por quienes alegan la condici\u00f3n de heredero, la satisfacci\u00f3n del presupuesto procesal de capacidad para ser parte y la incidencia que tiene la falta de prueba de la calidad que se invoca, puntualiz\u00f3, que: <\/p>\n
\u00abAl no ser la sucesi\u00f3n il\u00edquida sujeto de derechos ni de obligaciones, no tendr\u00eda capacidad para ser parte en un proceso determinado y, por lo mismo, no ser\u00eda posible atribuirle una representaci\u00f3n legal. Sin embargo, siguiendo la teor\u00eda del patrimonio aut\u00f3nomo, tal circunstancia no significa que esa universalidad de bienes no pueda demandar ni ser demandada por conducto de sus herederos, quienes como administradores de la masa indivisa, deben asumir el debate judicial en defensa de los intereses de la comunidad, desde luego no a nombre propio porque no se trata de una legitimaci\u00f3n personal, pero tampoco en nombre de un tercero, porque como ya se dijo, ciertamente no existir\u00eda sujeto de derecho a quien representar. <\/p>\n
Si la capacidad para ser parte viene a ser la cualidad (aptitud) que tiene la persona para ser titular (sujeto) de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, resultar\u00eda incomprensible, tal cual lo dijo la Corte en sentencia de 20 de marzo de 19923, entre otras, que \u201cal juez, no obstante haber constatado la ausencia de la capacidad para ser parte del proceso, le fuera dable calificar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n debatida, pues si se tiene advertido que falta este presupuesto, no ser\u00eda posible decidir que el sujeto cuya existencia procesal no ha quedado fijada, si lo puede ser, en cambio, de la relaci\u00f3n sustancial materia del pronunciamiento jurisdiccional, entre otras razones, porque la capacidad para ser parte debe aparecer o ser verificable en todos los supuestos en que est\u00e9 de por medio una relaci\u00f3n jur\u00eddica, la cual no puede configurarse m\u00e1s que entre sujetos, es decir, entre t\u00e9rminos a los cuales el Derecho dota de aptitud o de capacidad para desempe\u00f1arse como tales\u201d. <\/p>\n
Ahora, si el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil establece que toda persona natural o jur\u00eddica puede ser parte de un proceso, s\u00edguese de lo dicho que al carecer la sucesi\u00f3n de tal personalidad, si alguien demanda, o es demandado, en calidad de heredero, para actuar en favor de la herencia o responder por sus cargas, el presupuesto procesal para ser parte s\u00f3lo quedar\u00eda satisfecho cuando se aduce la prueba de la calidad de heredero de quien a ese t\u00edtulo acude al proceso en cualquiera de los extremos de la relaci\u00f3n. <\/p>\n
Siguiendo la tesis sobre que la sucesi\u00f3n no es sujeto de derechos y de obligaciones, la Corte en la sentencia citada reiter\u00f3 la doctrina elaborada desde el fallo de 21 de junio de 1959, seg\u00fan la cual las cuestiones atinentes a la demostraci\u00f3n de la calidad de heredero de quien act\u00faa como tal \u201cpertenecen al campo procesal y no al sustancial, vale decir, corresponde\u2026a uno de los presupuestos del proceso, y no a una de las condiciones de la acci\u00f3n civil, como se hab\u00eda venido sosteniendo\u201d. De lo cual infiri\u00f3 para entonces \u201cque la ausencia de prueba sobre el car\u00e1cter de heredero implica sentencia inhibitoria con consecuencias de cosa juzgada formal y no de sentencia de m\u00e9rito, con consecuencias de cosa juzgada material\u201d\u00bb (CSJ SC de 1\u00ba de abr.2002 Exp. No. 6111). <\/p>\n
6. En el sub examine, los se\u00f1ores Jorge Roberto Hern\u00e1ndez Huertas, Germ\u00e1n Alberto Hern\u00e1ndez Huertas, Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Boh\u00f3rquez Hern\u00e1ndez, procurador de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros acudieron a la jurisdicci\u00f3n pretendiendo la ineficacia de la transacci\u00f3n que celebr\u00f3 su causante con los convocados, -por simulaci\u00f3n absoluta, nulidad absoluta, o lesi\u00f3n enorme- con miras a que se declare, que \u00ablos derechos de cuota del 50% sobre el inmueble ubicado en la Carrera 70C N\u00b0 54-17 de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C. no han salido del patrimonio de la se\u00f1ora MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N HUERTAS DE HERN\u00c1NDEZ (q.e.p.d.) y por tanto le pertenecen a la sucesi\u00f3n il\u00edquida, como si no se hubiese otorgado la escritura p\u00fablica de compraventa; patrimonio representado hoy por todos sus leg\u00edtimos herederos\u00bb. <\/p>\n
Es claro entonces que los convocantes est\u00e1n accionando para la sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, con el prop\u00f3sito de que el bien objeto de litigio entre a conformar el patrimonio herencial. <\/p>\n
7. Al abordar el problema jur\u00eddico que ahora examina la Sala resultan relevantes los siguientes elementos demostrativos allegados al juicio. <\/p>\n
7.1. Copia autentica de la escritura p\u00fablica N\u00b0 2959 de 3 de junio de 2011 de la Notar\u00eda Novena de Bogot\u00e1 contentiva de la compraventa celebrada entre Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez como vendedora y Patricia y Hugo Hern\u00e1ndez Huertas como compradores del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-112446 (fls. 14-24, 233-241), debidamente inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
7.2. Registro Civil de Defunci\u00f3n de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez (fl. 59). <\/p>\n
7.3. Fotocopia simple de la escritura p\u00fablica 01025 de 2 de junio de 2006, de la Notar\u00eda 17 de Bogot\u00e1 contentiva de la protocolizaci\u00f3n del sucesorio del se\u00f1or Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego, en la cual aparecen anexos los siguientes documentos (i) Registro civil de matrimonio del causante con Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez; (ii.) Registro Civil de defunci\u00f3n de Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego; (iii.) auto de apertura de la sucesi\u00f3n del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito donde se reconoce a la se\u00f1ora Huertas de Hern\u00e1ndez como c\u00f3nyuge sobreviviente, poderes conferidos por los hijos del causante (aqu\u00ed convocantes y convocados); (iv.) trabajo de partici\u00f3n en el cual se adjudica la \u00fanica partida conformada por el inmueble de matr\u00edcula 50C-112446 en un 50% a la c\u00f3nyuge sobreviviente y el restante a los legitimarios y al cesionario que comparecieron al proceso liquidatorio (v.) memorial presentado en aquel tr\u00e1mite por el apoderado de los se\u00f1ores Hugo, Ricardo, Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Beatriz y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas en el que refiri\u00f3 allegar \u00ablas respectivas actas de nacimiento de [mis] mandantes con los cuales acredito el inter\u00e9s que tienen dentro del proceso\u00bb (vi.) auto de 29 de junio de 1984 que reconoce a los mencionados como herederos del causante Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego (fls. 146-222). <\/p>\n
7.4. Interrogatorios de parte de Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, quienes fueron preguntados si eran hijos de Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego y Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez, a lo que respondieron que \u00absi\u00bb y adem\u00e1s, reconocieron como hermanos suyos a \u00abRICARDO, JORGE ROBERTO, GERM\u00c1N ALBERTO, BEATRIZ\u00bb (fls. 283-284, 285-287). <\/p>\n
8. Del an\u00e1lisis individual y conjunto de tales medios suasorios refulge, que no se alleg\u00f3 elementos que dieran cuenta de la condici\u00f3n de herederos de Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Carlos Gustavo, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Boh\u00f3rquez Hern\u00e1ndez, vocera de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros, con lo que pudiera tenerse por satisfecho el presupuesto de capacidad para ser parte, necesario para definir de m\u00e9rito el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, comoquiera que la intencionalidad del juicio es recuperar para la herencia de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez el inmueble que ella en vida transfiri\u00f3 a Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, siendo que esa masa patrimonial indivisa carece de personalidad jur\u00eddica y los reclamantes por s\u00ed solo carecen de inter\u00e9s para instar la ineficacia del acto, pues su derecho de acci\u00f3n emerge de la condici\u00f3n de herederos de la vendedora, era perentorio allegar al pleito la documental que demostrara dicha calidad. <\/p>\n
8.1. No sirven para ese fin las probanzas antes rese\u00f1adas, habida cuenta que la escritura de compraventa materia de reproche acredita, exclusivamente, la celebraci\u00f3n del acto y las partes que en \u00e9l intervinieron que permite establecer los sujetos que, en l\u00ednea de principio, estar\u00edan legitimados para intervenir en el proceso que se promueva por causa del mismo, que lo ser\u00edan el vendedor y el comprador o sus respectivos herederos; lleg\u00e1ndose nuevamente al punto de probar este \u00faltimo supuesto. <\/p>\n
8.2. El registro civil de defunci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, \u00fanicamente da fe de su fallecimiento y de la delaci\u00f3n de la herencia, que se da a consecuencia de su deceso, sin que permita establecer quienes son sus herederos. <\/p>\n
8.3. Tampoco resulta eficaz o id\u00f3nea la copia de la escritura p\u00fablica 01025 de 2 de junio de 2006, de la Notar\u00eda 17 de Bogot\u00e1 contentiva del sucesorio de Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego, toda vez, que m\u00e1s all\u00e1 de la eficacia que puede reconocerse o no a las fotocopias simples, la misma hace alusi\u00f3n a otra sucesi\u00f3n, a la de un sujeto que no fue parte en el trato censurado. <\/p>\n
Y es que del hecho de que en aquel juicio liquidatorio se hubiera reconocido a Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas como c\u00f3nyuge sobreviviente del causante Rafael Antonio Hern\u00e1ndez Urrego, y a las personas que integran la presente Litis como herederos de aqu\u00e9l, adjudic\u00e1ndoles el inmueble en litigio, \u00fanicamente demuestra el modo por el cual la vendedora adquiri\u00f3 el dominio de la cuota parte del inmueble objeto de la venta, pero no trae aparejado que de plano se pueda tener por acreditada esa misma condici\u00f3n de estos \u00faltimos en la sucesi\u00f3n de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas, fallecida a\u00f1os despu\u00e9s; m\u00e1xime que entre esas reproducciones obra un memorial que anuncia la aportaci\u00f3n de las partidas del estado civil para probar su inter\u00e9s en aquella mortuoria, pero sin que estas aparezcan en que las que fueron incorporadas a esta causa. <\/p>\n
8.4. Igual ineficacia es predicable del interrogatorio de parte rendido por Hugo y Patricia Hern\u00e1ndez Huertas, pues el hecho de que hubieran aceptado ser hijos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huerta de Hern\u00e1ndez, y que algunos de los quejosos son sus hermanos, tal manifestaci\u00f3n por s\u00ed sola no es id\u00f3nea para probar su calidad de herederos de aquella. <\/p>\n
No puede olvidarse que la demostraci\u00f3n del estado civil en nuestro pa\u00eds es de car\u00e1cter solemne, por lo que quien pretenda acreditarlo tendr\u00e1 que aportar las partidas correspondientes, sean eclesi\u00e1sticas o civiles seg\u00fan la \u00e9poca en que se verific\u00f3 el nacimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 105 del Decreto 1260 de 1970, que reza: <\/p>\n
ARTICULO 105. Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probar\u00e1n con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos. <\/p>\n
(Inciso 3o. modificado por el art\u00edculo 9o. del Decreto 2158 de 1970). Y en caso de falta de dichas partidas o de los folios, el funcionario competente del estado civil, previa comprobaci\u00f3n sumaria de aquella, proceder\u00e1 a las inscripciones que correspondan abriendo los folios, con fundamento, en su orden: en instrumentos p\u00fablicos o en copias de partidas de origen religioso, o en decisi\u00f3n judicial basada, ya sea en declaraciones de testigos presenciales de los hechos o actos constitutivos de estado civil de que se trate, o ya sea en la notoria posesi\u00f3n de ese estado civil. <\/p>\n
9. Ahora bien, preciso es distinguir del estado civil de la calidad de heredero y, consecuente con esto, la prueba necesaria para acreditar uno y otra, como ha tenido oportunidad de recalcarlo esta Corte, explicando que <\/p>\n
\u00abEn orden a resolver la acusaci\u00f3n formulada, resulta necesario precisar, una vez m\u00e1s, que no se puede confundir el estado civil de la persona llamada a suceder a otra por causa de muerte, con el t\u00edtulo de heredero que le otorga la vocaci\u00f3n sucesoral y la aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de la herencia. <\/p>\n
En efecto, el estado civil suele ser, las m\u00e1s de las veces, la fuente de la intimaci\u00f3n que, en virtud de la ley o del testamento, se hace a una persona para que acepte o repudie una asignaci\u00f3n mortis causa. Pero esa situaci\u00f3n jur\u00eddica de la persona frente a la familia y a la sociedad, no determina por s\u00ed sola la calidad de heredero, t\u00edtulo que \u00fanicamente se adquiere cuando se re\u00fanen los mencionados requisitos: vocaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de la herencia. <\/p>\n
Esta clara diferencia entre uno y otro concepto, determina a su vez la manera como debe probarse la calidad de heredero, para lo cual ser\u00e1 necesario acreditar \u201cque se tiene vocaci\u00f3n a suceder en el patrimonio del causante, ya por llamamiento testamentario, ora por llamamiento de la ley, y, adem\u00e1s, que se ha aceptado la herencia\u201d (CLII, 343). De all\u00ed, entonces, que no se pueda confundir la prueba del estado civil, con la prueba de la condici\u00f3n de heredero. Aquella, seg\u00fan el caso, apenas permitir\u00e1 establecer la vocaci\u00f3n hereditaria, pero ser\u00e1 indispensable acreditar la aceptaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita, para configurar el t\u00edtulo de heredero (art. 1298 C.C.)\u201d (CSJ SC de 13 de oct. de 2004, exp. 7470). <\/p>\n
Acompasado con esta l\u00ednea de pensamiento en punto de la acreditaci\u00f3n de la calidad de heredero ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab\u201c[e]n los procesos contra herederos, para la demostraci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n pasiva no se requiere la prueba del estado civil de los demandados, sino la de heredero o c\u00f3nyuge con inter\u00e9s sucesoral o social y la copia aut\u00e9ntica del auto de reconocimiento pertinente expedida en el proceso sucesorio es suficiente para demostrar estas calidades\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia 024 de 7 de febrero de 1989), la calidad de heredero se demuestra con \u201ccopia, debidamente registrada, del testamento correspondiente si su vocaci\u00f3n es testamentaria, o bien con copia de las respectivas actas del estado civil o eclesi\u00e1sticas, seg\u00fan el caso\u201d, o con \u201ccopia del auto en que se haya hecho tal reconocimiento dentro del juicio de sucesi\u00f3n respectivo\u201d (CXXXVI, pp. 178 y 179), debidamente \u201cautenticada, calidad que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, \u00fanicamente se puede predicar si el Juez las ha ordenado previamente y, en cumplimiento de ello, el secretario las autoriza con su firma\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia 22 de abril de 2002, exp. 6636), para cuya expedici\u00f3n \u201cpreviamente deb\u00eda obrar en autos la copia del testamento o de las actas del estado civil respectivas y aparecer que el asignatario ha aceptado\u201d (CLII, p. 343. XXXIII, p. 207; LXXI, p. 102 y 104; LXVIII, p. 79 y CXVII, p. 151; Sala de Casaci\u00f3n Civil, 14 de mayo de 2002, exp. 6062)\u00bb (CSJ. SC de 5 de dic. de 2008, reiterado AC511-2017 de 11 de agosto de 2017, Rad. 2017-00591-00). <\/p>\n
Adicionalmente, en reciente jurisprudencia, se sostuvo que <\/p>\n
\u00ab En virtud del principio de relatividad, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n de un contrato puede ejercitarse por la misma persona que lo celebr\u00f3, sin embargo, sus herederos tambi\u00e9n est\u00e1n facultados para promover una acci\u00f3n de esta estirpe en aras de pedir la prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible, puesto que con ocasi\u00f3n de su muerte entran a ocupar el mismo lugar de aqu\u00e9l en todo lo relacionado con esa convenci\u00f3n. <\/p>\n
En SC 13 dic. 2006, rad. 2002-00284-01, reiterada en SC11997-2016, se hizo una rese\u00f1a jurisprudencial sobre legitimaci\u00f3n por activa en esta clase de asuntos, y respecto a la que les asiste a quienes tengan vocaci\u00f3n hereditaria. se memor\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) al analizar la problem\u00e1tica de la legitimaci\u00f3n en el terreno de la simulaci\u00f3n, la jurisprudencia anduvo siempre sobre la idea de que \u00e9sta y la vocaci\u00f3n hereditaria son conceptos que van de la mano a la hora de verificarla, precisando, s\u00ed, que la situaci\u00f3n de los legitimarios tiene unos visos muy especiales. <\/p>\n
La sentencia de 1987, por su lado, analiza el tema de la siguiente forma: <\/p>\n
\u201c3.- Ahora bien, como la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es de linaje patrimonial, es transmisible y, por ende, los herederos del simulante tienen el suficiente inter\u00e9s jur\u00eddico para atacar de simulaci\u00f3n los actos celebrados por el del causante, ya sean herederos forzosos, ora sean herederos simplemente legales (subl\u00edneas ajenas al texto). <\/p>\n
\u201cPrecisamente la jurisprudencia, para precisar y aclarar criterios que no aparec\u00edan con la suficiente nitidez, afirm\u00f3 en sentencia de 19 de diciembre de 1962 que los herederos de quien contrat\u00f3 en vida est\u00e1n legitimados en causa para incoar la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, porque formando parte tal acci\u00f3n de la universalidad transmisible del causante, se fija en cabeza de los sucesores universales, como los dem\u00e1s bienes transmisibles. \u2018Basta, pues, la vocaci\u00f3n hereditaria de herederos forzosos, o simplemente legales o testamentarios, para que quien goce de ella tenga inter\u00e9s jur\u00eddico para ejercer las acciones que ten\u00eda su antecesor y pueda ejercitarlas en las mismas condiciones que \u00e9ste podr\u00eda hacerlo si viviera (\u2026). <\/p>\n
Dado que la exigencia probatoria del estado civil es diferente a la de heredero, la acreditaci\u00f3n de esta \u00faltima se satisface no solo con elementos demostrativos que prueben el estado civil, sino con otros medios admitidos por la jurisprudencia, entre los que se encuentran el reconocimiento en el juicio sucesorio, el trabajo de partici\u00f3n o la sentencia aprobatoria de aquella. <\/p>\n
Sobre el particular, en CSJ SC 22 abr. de 2002, rad, 6636, se indic\u00f3, <\/p>\n
En efecto, es claro que la calidad de heredero \u2013que no se puede confundir con el estado civil de la persona-, se puede acreditar con \u201ccopia, debidamente registrada, del testamento correspondiente si su vocaci\u00f3n es testamentaria, o bien con copia de las respectivas actas del estado civil o eclesi\u00e1sticas, seg\u00fan el caso\u201d, lo mismo que con \u201ccopia del auto en que se haya hecho tal reconocimiento dentro del juicio de sucesi\u00f3n respectivo\u201d (se subraya; CXXXVI, p\u00e1gs. 178 y 179), lo que encuentra fundamento en \u201cla pot\u00edsima raz\u00f3n de que para que el juez hiciera ese pronunciamiento, previamente deb\u00eda obrar en autos la copia del testamento o de las actas del estado civil respectivas y aparecer que el asignatario ha aceptado\u201d (CLII, p\u00e1g. 343. Cfme: XXXIII, p\u00e1g. 207; LXXI, p\u00e1gs. 102 y 104; LXVIII, p\u00e1g. 79 y CXVII, p\u00e1g. 151). <\/p>\n
A partir de estas premisas y trat\u00e1ndose de un proceso de la naturaleza se\u00f1alada, para la legitimaci\u00f3n por activa no se requer\u00eda la prueba del estado civil, sino de la condici\u00f3n de heredera de su promotora\u00bb (Sentencia SC837-2019 del 19 de marzo 2019). <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab Quiere decir lo anterior que, al margen de las inconsistencias en punto a la aportaci\u00f3n del registro civil de nacimiento de la accionante expedido en el extranjero, que como se dijo no es el \u00fanico medio persuasivo adecuado para demostrar la calidad de heredera, y existiendo en el plenario una copia aut\u00e9ntica del reconocimiento de esa condici\u00f3n en el proceso de sucesi\u00f3n que es igualmente id\u00f3nea para el efecto, no resulta extra\u00f1o que el sentenciador haya entendido allanado el requisito sin necesidad de emitir ning\u00fan pronunciamiento y, menos a\u00fan, cuando ese no fue un aspecto cuestionado por v\u00eda de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En esas condiciones, los reparos del casacionista se caen de su peso por cuanto, a diferencia de lo que afirma, en el expediente s\u00ed obra prueba id\u00f3nea de la condici\u00f3n que autoriza a la promotora para reclamar, por lo mismo, ninguna afrenta por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 253 y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil puede enrostrarse al ad quem, por haberle conferido suficiente m\u00e9rito probatorio a ese medio de convicci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
10. Se colige de lo expuesto, que desatin\u00f3 el Tribunal al considerar que la ausencia de prueba de la calidad de herederos de Mar\u00eda Concepci\u00f3n Huertas de Hern\u00e1ndez por parte de los se\u00f1ores Jorge Roberto, Germ\u00e1n Alberto, Beatriz Hern\u00e1ndez Huertas y Carlos Gustavo Hern\u00e1ndez Cala, Claudia Marcela Hern\u00e1ndez Rinc\u00f3n y Consuelo Boh\u00f3rquez Hern\u00e1ndez, quien act\u00faa en favor de Laura Liliana Hern\u00e1ndez Pi\u00f1eros conllevaba falta de demostraci\u00f3n del presupuesto de acci\u00f3n de \u201clegitimaci\u00f3n en causa\u201d, para por esa v\u00eda descalificar el petitum por ellos incoado, amen que sin parar mientes dio por establecido sin estarlo la concurrencia del presupuesto de capacidad para ser partes de quienes al estar il\u00edquida la sucesi\u00f3n a la cual pretenden retornar el bien, acudieron a la justicia aduciendo ser herederos; masa patrimonial que, como se dijo en precedencia, carece de personalidad jur\u00eddica, pero que puede comparecer al juicio a trav\u00e9s de los herederos para la defensa de sus intereses o para asumir las cargas que le puedan corresponder y que de suyo impon\u00eda que quienes adujeran esa condici\u00f3n arrimaran al juicio la prueba correspondiente, cuya desatenci\u00f3n tra\u00eda inmersa la necesidad de un fallo inhibitorio. <\/p>\n
11. Empero, no puede soslayarse que, si bien ha sido insistente esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que por el car\u00e1cter dispositivo que tienen los juicios civiles \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, lo cierto es que hay eventos en los que le resulta imperativo al juez hacer uso de facultad de decretar de oficio las que estime indispensable. Lo dicho a efectos de verificar hechos que interesen al proceso y evitar nulidades procesales o providencias inhibitorias, de acuerdo con lo indicado en el art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuya omisi\u00f3n puede constituir un error de derecho censurable en casaci\u00f3n, como ha tenido oportunidad de explicarlo esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio, ha surgido desde siempre una dificultad conceptual, pues si la violaci\u00f3n de la norma de car\u00e1cter sustancial viene de la falta de un dato o una informaci\u00f3n que no aparece en el expediente, ser\u00eda necesario realizar un juicio previo, con miras a determinar prospectivamente, c\u00f3mo el recaudo de ese dato o de esa informaci\u00f3n tendr\u00eda un influjo definitivo en la decisi\u00f3n, para lograr un efecto reparador del derecho sustancial que ha sido trasgredido con la sentencia del Tribunal, o lo que es igual, deber\u00eda poderse vaticinar, ex ante, con un ampl\u00edsimo margen de probabilidad, que el arribo de la prueba decretada oficiosamente cambiar\u00eda el sentido del fallo. <\/p>\n
Precisamente se ha dicho que los tribunales no pueden apreciar equivocadamente una prueba, si ella no existe en el proceso y que, del mismo modo, no es posible medir el impacto de la omisi\u00f3n del deber de decretar pruebas de oficio, sin un pron\u00f3stico sobre cu\u00e1l ser\u00eda el aporte que dicha probanza har\u00eda para cambiar la convicci\u00f3n que tuvieron los jueces sobre los hechos debatidos en el proceso. <\/p>\n
Ahora bien, la posibilidad de decretar pruebas de oficio que asiste al juez, y que la jurisprudencia ha erigido en un verdadero deber, denota que se trata de una actividad las m\u00e1s de las veces necesaria, pero que no se puede tomar como una herramienta para forzar una hip\u00f3tesis de hecho que se niega a tomar cuerpo. As\u00ed, no resulta admisible decretar toda serie de pruebas, sin cuenta ni medida, para averiguar la posible existencia de una informaci\u00f3n, si nada se puede anticipar sobre su eventual contenido y sus posibles efectos; por ello, es menester que sea plausible, as\u00ed sea a manera de hip\u00f3tesis, el juicio en torno a la trascendencia que la prueba tendr\u00eda sobre el sentido de la decisi\u00f3n esperada. <\/p>\n
No puede perderse de vista que el decreto de pruebas de oficio es un precioso instituto a ser usado de modo forzoso por el juez, cuando en el contexto del caso particularmente analizado esa actividad permita superar una zona de penumbra, o sea, que debe existir un grado de certeza previa indicativo de que, al superar ese estado de ignorancia sobre una inferencia concreta y determinada, se esclarecer\u00e1 una verdad que permitir\u00e1 decidir con sujeci\u00f3n a los dictados de la justicia. Por lo mismo, no representa una actividad heur\u00edstica despojada de norte, tiempo y medida, sino del hallazgo de un elemento de juicio que ex ante se vislumbra como necesario, y cuyo contenido sea capaz, por s\u00ed, para cambiar el curso de la decisi\u00f3n, todo en procura de lograr el restablecimiento del derecho objetivo, reparar el agravio recibido por las partes y hacer efectivo el derecho sustancial, como manda la Constituci\u00f3n en sus art\u00edculos 2\u00ba y 228. <\/p>\n
Desde luego que en ese contexto, no siempre resulta de recibo el ataque a un tribunal por cometer error de derecho como consecuencia de la omisi\u00f3n en el decreto de pruebas de oficio, porque, en todo caso, tal yerro no puede configurarse en el vac\u00edo, esto es, no tiene cabida sobre pruebas de contenido o alcance incierto, sino que -por regla general- su alcance debe aparecer sugerido o insinuado en el expediente, cual acontece con aqu\u00e9llas que tienen la condici\u00f3n de incompletas. Como tiene dicho la Corte, \u201cadmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, iterase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. <\/p>\n
Con arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, Exp. No. 1998-0056-02)\u00bb (CSJ, SC 18 agosto de 2010. Exp.: 2002-00101-01). <\/p>\n
En \u00e9poca m\u00e1s reciente se ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u00abCuando a pesar de la actividad probatoria desplegada por las partes, el sentenciador encuentra que no ha logrado recaudar la informaci\u00f3n necesaria o jur\u00eddicamente relevante para emitir su veredicto, en lo posible ajustado a la verdad real y a la justicia material, seg\u00fan se expondr\u00e1 m\u00e1s adelante, el ordenamiento jur\u00eddico lo ha facultado \u2013y al tiempo, compelido en determinados eventos y bajo espec\u00edficas circunstancias- para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasi\u00f3n, los cuales conjuntamente evaluados con los dem\u00e1s recaudados, permitir\u00e1n determinar la verosimilitud de los hechos debatidos o la confirmaci\u00f3n de los argumentos planteados. <\/p>\n
Ello, en tanto el juez, como director del proceso, debe propender por la soluci\u00f3n del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso. <\/p>\n
Cuando incumple ese deber, puede configurarse un error de derecho, atacable en casaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC5676-2018 de 19 de dic. de 2018 Rad. 2008-00165-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abel juez como director del debate ha sido provisto de diversas atribuciones, dentro de ellas, las estatuidas en los art\u00edculos 2\u00ba, 4\u00ba y 37 del Estatuto de Procedimiento Civil, para lograr la efectividad del derecho sustancial y el debido proceso, fundado en la garant\u00eda de que el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, en la medida de lo posible, sea resuelto de fondo. <\/p>\n
Ahora, si el deber esencial del juez es proferir una sentencia lo m\u00e1s justa posible, entonces en desarrollo de su funci\u00f3n le corresponde verificar previamente la verdad de los hechos debatidos por los litigantes, y si en esa direcci\u00f3n debe actuar oficiosamente, as\u00ed ha de proceder, cuando descontada la incuria de \u00e9stos, no ha logrado el esclarecimiento de tales supuestos, en tanto que innegablemente incumbe principalmente a las partes acreditar los hechos cuyo supuesto f\u00e1ctico ha sido previsto en la norma sustancial determinante del correspondiente efecto jur\u00eddico (art\u00edculo 177 del C.P.C.)\u201d <\/p>\n
Todo esto no conlleva a exonerar a las partes de la carga demostrativa que se les impone para abrir paso a sus pretensiones o excepciones, seg\u00fan corresponda, puesto que el ejercicio de esa facultad – deber salvo los casos en que el decreto y pr\u00e1ctica resulte un imperativo para el funcionario su ejercicio queda sujeto a su discreta autonom\u00eda. <\/p>\n
Sin embargo, no puede aceptarse, v\u00e1lidamente, que el no decreto oficioso de determinada prueba obedeci\u00f3 a esa discreta autonom\u00eda, cuando dicha omisi\u00f3n conlleve al proferimiento de un fallo inhibitorio, amen que con ello se desconoce por completo la esencia de la funci\u00f3n judicial, que lleva impl\u00edcita que los juicios que se sometan a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n sean definidos con un veredicto de fondo que finalice el litigio, haciendo eficaz el derecho de acceso a la justicia material. <\/p>\n
No viene a duda que en casos como el presente en el que para la definici\u00f3n de m\u00e9rito del juicio es necesaria la demostraci\u00f3n del presupuesto procesal de capacidad para ser parte, dado que se acciona para una sucesi\u00f3n il\u00edquida, era de rigor que se allegara al juicio la prueba de la calidad de heredero de sus promotores, que de haberse omitido por estos y no reprochado su ausencia por los convocados a trav\u00e9s de la correspondiente excepci\u00f3n previa, resultaba forzoso para el juez de primera o segunda instancia favorecer su recaudo, ante la consecuencia inevitable que la ausencia de tal documental aparejaba, y que era deber del funcionario conjurar. <\/p>\n
12. Significa lo anterior que los reproches endilgados tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, pues como ya se expuso la falta de prueba de la calidad de heredero, cuando se solicita para la sucesi\u00f3n o \u00e9sta es convocada, genera la ausencia del presupuesto de capacidad para ser parte y no una mera falta de legitimaci\u00f3n en causa, como se estim\u00f3 por el tribunal, quien ante la ausencia de tal probanza no pod\u00eda emitir pronunciamiento de m\u00e9rito, de suerte que al ser imprescindible, tal probanza para evitar fallo inhibitorio estaba compelido a tramitar su incorporaci\u00f3n al proceso, lo que no hizo, limit\u00e1ndose a se\u00f1alar llanamente que \u201cel extremo activo de la acci\u00f3n incumpli\u00f3 con el deber que impone el art\u00edculo 177 del C. de P. Civil\u201d. <\/p>\n
13. Visto entonces la ocurrencia del error imputado a la decisi\u00f3n y su trascendencia en la misma es de rigor CASAR la sentencia materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
14. A consecuencia de la prosperidad de recurso de casaci\u00f3n, para efecto del prove\u00eddo sustitutivo habr\u00e1 de suplirse la omisi\u00f3n del tribunal de instancia y decretar de oficio la prueba que permita un fallo de m\u00e9rito. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso indicado en precedencia. <\/p>\n
Conforme lo indicado en precedencia se ordena a la parte recurrente allegue al juicio en un t\u00e9rmino no superior a veinte (20) d\u00edas los documentos que en los t\u00e9rminos de ley y de la jurisprudencia patria permitan establecer la calidad de herederos que afirman tener. <\/p>\n
Sin costas por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LU\u00cdS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Devis Echand\u00eda Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo III, Editorial Temis Bogot\u00e1 1963, p\u00e1g. 43. <\/p>\n
2\u0002 Valga apuntar que aun cuando no es aplicable al caso el art\u00edculo 53 de la ley 1564 de 2012, reconociendo la concurrencia de algunos supuestos que aun cuando no involucran personas naturales y jur\u00eddicas pero que pueden ser titulares de derechos y obligaciones reconoce expresamente la capacidad para ser parte del nasciturus, los patrimonios aut\u00f3nomos e incluso de \u00ablos dem\u00e1s que determina la ley\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 G. J. Tomo CCXVI, n\u00famero 2455, p\u00e1g. 236. <\/p>\n
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SC2215-2021 (2012-00276-02) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente SC2215-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-022-2012-00276-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de septiembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021). Procede la Corte a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Jorge Roberto Hern\u00e1ndez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54637","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54637","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54637"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54637\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54637"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54637"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54637"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}