SC2412-2021 (2014-00299-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC2412-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-31-10-003-2014-00299-01 <\/p>\n
(Aprobada en Sala virtual de veintinueve de abril dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada frente a la sentencia de 25 de julio de 2016, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso verbal que Rodrigo Garc\u00eda Morales, a trav\u00e9s de su curadora Cecilia Garc\u00eda Morales, promovi\u00f3 contra Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Fonseca. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 declarar la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho que tuvo con su convocada, entre el mes de febrero de 1982 y julio de 2007, as\u00ed como la consecuente sociedad patrimonial, durante igual lapso. <\/p>\n
2. Sustent\u00f3 sus aspiraciones en el relato f\u00e1ctico que se compendia as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Rodrigo Garc\u00eda Morales y Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Fonseca convivieron continuamente, como marido y mujer, compartiendo techo y lecho, desde el mes de febrero de 1982 hasta julio de 2007, cuando se separaron tras el abandono de la compa\u00f1era y su desinter\u00e9s en \u00e9l por la enfermedad y discapacidad que lo aquej\u00f3, derivada de un infarto cerebral agudo ocurrido el 13 de agosto de 2007, el cual le produjo inconsciencia. <\/p>\n
2.2. Durante la alianza procrearon a Liliana Marcela y Mar\u00eda Fernanda Garc\u00eda Rodr\u00edguez, quienes contaban con 24 y 18 a\u00f1os de edad, respectivamente, a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.3. En julio de 2008 tales descendientes dejaron abandonado al demandante en la casa de las hermanas de este, Zoila y Cecilia Garc\u00eda Morales, fecha desde la cual la enjuiciada se apoder\u00f3 de todos los bienes. <\/p>\n
2.4. Rodrigo Garc\u00eda Morales fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta a trav\u00e9s de sentencia de 1\u00ba de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, en la que, adem\u00e1s, design\u00f3 a Cecilia Garc\u00eda Morales como su curadora definitiva principal. <\/p>\n
3. Una vez notificada del auto admisorio, la accionada se opuso a las pretensiones y propuso las defensas meritorias de \u00abinexistencia de los presupuestos de permanencia, continuidad y singularidad del art. 1 de la ley 54 de 1990 que dan al traste con la declaraci\u00f3n de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho pretendida\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de existencia de sociedad patrimonial de hecho, su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb e \u00abinoponibilidad de la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n frente a terceros de buena fe antes de su registro\u00bb. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite, el Juzgado Tercero de Familia de Tunja declar\u00f3 fundada la primera excepci\u00f3n propuesta por la convocada y deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
5. Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por el promotor el superior revoc\u00f3 tal sentencia, en su lugar proclam\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho entre el accionante y la enjuiciada del 29 de enero de 1999 al mes de julio de 2007, accedi\u00f3 a la sociedad patrimonial de all\u00ed derivada y declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones planteadas en la contienda. En s\u00edntesis, esa Corporaci\u00f3n razon\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. De entrada el ad-quem resumi\u00f3 las alegaciones expuestas por las partes frente al fallo de primera instancia relativas al estado civil deprecado, y para resolverlas se\u00f1al\u00f3 que los testimonios recibidos -salvo los de las descendientes comunes de los litigantes que desech\u00f3 por no merecer credibilidad- y la prueba documental recaudada, medios de convicci\u00f3n que relacion\u00f3 con detalle, muestran que Rodrigo Garc\u00eda Morales y Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Fonseca convivieron de forma estable, permanente y singular desde el 29 de enero de 1999 hasta el mes de julio de 2007, consideraciones que, de paso, permiten desvirtuar la excepci\u00f3n acogida por el a-quo, imponi\u00e9ndose la revocatoria de tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la prescripci\u00f3n excepcionada as\u00ed como respecto de la \u00faltima de las defensas propuestas, acot\u00f3 el tribunal que el demandante enferm\u00f3 antes del mes de julio de 2007, por lo cual desde tal \u00e9poca se gener\u00f3 el padecimiento que motiv\u00f3 su interdicci\u00f3n, no desde la sentencia que lo declar\u00f3 interdicto, de donde a partir de aquella fecha se \u00abinterrumpi\u00f3\u00bb el fen\u00f3meno extintivo alegado, acogi\u00e9ndose una hermen\u00e9utica prevalente de los derechos de las personas con discapacidad -en forma similar a c\u00f3mo debe procederse en trat\u00e1ndose de asuntos en los que intervienen menores de edad- ya que proceder en contrario implicar\u00eda un \u00abexceso ritual manifiesto\u00bb pues el accionante estaba impedido para incoar la presente acci\u00f3n por su estado de salud, siendo necesaria la declaratoria de interdicci\u00f3n para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Por consecuencia, no oper\u00f3 la prescripci\u00f3n en tanto que con anterioridad a la separaci\u00f3n definitiva de las partes el promotor se encontraba en las condiciones de salud citadas, lo que impone calcular el t\u00e9rmino prescriptivo desde el 1\u00ba de octubre de 2013 cuando fue proferida la sentencia de interdicci\u00f3n, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda genitora de este litigio -24 de septiembre de 2014- haya transcurrido el lapso de un a\u00f1o previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Con base en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se aduce la vulneraci\u00f3n directa por interpretaci\u00f3n errada de los art\u00edculos 8\u00ba de la ley 54 de 1990, 545, 549 y 553 del C\u00f3digo Civil; por indebida aplicaci\u00f3n los c\u00e1nones 2530, 2539 y 2541 de esta obra; y por falta de aplicaci\u00f3n los preceptos 106 y 107 del decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
2. La recurrente hace consistir el quebranto en que fue desestimada la prescripci\u00f3n de los efectos patrimoniales derivados de la uni\u00f3n marital de hecho, prevista en la regla 8\u00aa de la ley 54 de 1990, no obstante que el lapso anual regulado debe contabilizarse a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de la pareja, de la muerte de alguno de sus integrantes o del matrimonio que contraiga cualquiera de ellos con terceras personas, de donde se extrae que la declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n que ampar\u00f3 al demandante no constituye motivo de interrupci\u00f3n del aludido fen\u00f3meno extintivo, m\u00e1s cuando el canon 2530 en concordancia con el 2541 del C\u00f3digo Civil, prev\u00e9 la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n a favor de menores de edad e incapaces, no la interrupci\u00f3n civil que opera con la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Por ende, la interpretaci\u00f3n del tribunal respecto del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990 ri\u00f1e con su contenido, al paso que no fueron observados los c\u00e1nones 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Agreg\u00f3 que la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n no deb\u00eda calcularse desde la sentencia que declar\u00f3 interdicto al demandante, sino desde el auto de 19 de abril de 2013, porque con este fue declarado provisionalmente interdicto y fue designado su progenitor como guardador, quien, por lo tanto, tuvo a su alcance incoar la presente acci\u00f3n declarativa de uni\u00f3n marital de hecho en forma oportuna, esto es, antes del 19 de abril de 2014, lo cual no hizo en raz\u00f3n a que fue radicada el 24 de septiembre de 2014, dando como resultado el vencimiento del lapso prescriptivo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando, de nuevo, la primera causal de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia del ad-quem de conculcar, por v\u00eda indirecta, los art\u00edculos 8\u00ba de la ley 54 de 1990, 2530, 2539 y 2541 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de error de hecho en la estimaci\u00f3n del material probatorio. <\/p>\n
En desarrollo del reproche la convocada adujo que el tribunal omiti\u00f3 valorar la copia del auto de 13 de abril de 2013, dictado por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, con el cual Rodrigo Garc\u00eda Morales fue declarado interdicto provisoriamente, y a rengl\u00f3n seguido reiter\u00f3 las alegaciones plasmadas en el cargo inmediatamente anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. Los dos cargos propuestos ser\u00e1n estudiados conjuntamente en la medida en que el primero, en realidad, censura error de hecho en la decisi\u00f3n del tribunal, pues aun cuando no lo diga expresamente, critica a dicha corporaci\u00f3n judicial por pretermitir la decisi\u00f3n del Juzgado Primero de Familia de Tunja, con la cual declar\u00f3 a Rodrigo Garc\u00eda Morales interdicto de manera provisional. <\/p>\n
La afirmaci\u00f3n de la recurrente traduce que su juzgador de segunda instancia vulner\u00f3 la ley sustancial porque no tuvo en cuenta que el demandante fue declarado interdicto de forma provisional, antes de la sentencia que dispuso su interdicci\u00f3n definitiva, y que desde aquella \u00e9poca debi\u00f3 contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo de los efectos patrimoniales derivados de la uni\u00f3n marital de hecho proclamada, es decir, un error de hecho por omisi\u00f3n de una prueba documental. <\/p>\n
3. De otro lado, dichas censuras relevan a la Corte de otros temas no discutidos como la uni\u00f3n marital de hecho declarada por el tribunal y las condiciones de salud que padec\u00eda Rodrigo Garc\u00eda Morales, en raz\u00f3n a que sobre dichos aspectos la parte demandada no enfil\u00f3 queja por esta v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
4. Pues bien, cuesti\u00f3n de primer orden es clarificar, aunque a t\u00edtulo de rectificaci\u00f3n doctrinaria \u00fanicamente, que err\u00f3 el tribunal de segunda instancia al afirmar que las condiciones de salud padecidas por el demandante, que le imped\u00edan iniciar la acci\u00f3n judicial tendiente a la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho que sostuvo con la demandada, generaban la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990, en raz\u00f3n a que el efecto que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 ante tal situaci\u00f3n es la suspensi\u00f3n del aludido fen\u00f3meno extintivo, al tenor de los incisos 2\u00ba y 5\u00ba del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil, como lo esboz\u00f3 la demandada. <\/p>\n
En aquel precepto se consagra que \u00ab[l]a prescripci\u00f3n se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentren bajo tutela o curadur\u00eda\u00bb (resaltado ajeno), al paso que en el restante, con m\u00e1s amplitud, se previ\u00f3 que \u00ab[n]o se contar\u00e1 el tiempo de prescripci\u00f3n en contra de quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista.\u00bb <\/p>\n
Entonces, el inciso 2\u00ba del canon mencionado regula la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n ordinaria a favor de quien est\u00e9 en incapacidad, bajo tutela o curadur\u00eda, cual sucede con la persona declarada interdicta mediante prove\u00eddo debidamente registrado. <\/p>\n
Por su parte, el inciso 5\u00ba prev\u00e9 igual efecto suspensivo para la persona absolutamente imposibilitado de hacer valer su derecho, lo que cobija a quien se encuentra impedido por su estado de salud para incoar una determinada reclamaci\u00f3n, ya sea porque padece enfermedad mental que le impide discernir de forma absoluta o, por lo menos, trunca la toma de decisiones inmediatas acerca de una situaci\u00f3n personal o patrimonial que lo afecta, como quien padece de Alzheimer en etapa final, se encuentra en estado de coma, etc. <\/p>\n
Esta es la situaci\u00f3n del accionante, quien no obstante contaba con capacidad legal para el momento de su separaci\u00f3n de la demandada en tanto no hab\u00eda sido declarado interdicto, s\u00ed estaba en imposibilidad de adoptar la decisi\u00f3n de incoar el presente juicio por presentar diagn\u00f3stico de demencia fronto temporal secundaria a Neurolues. <\/p>\n
Por ende, err\u00f3 el tribunal al afirmar que se configur\u00f3 la causal de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990, pues la relevancia temporal del estado de salud del promotor con anterioridad al juicio de interdicci\u00f3n configuraba motivo de suspensi\u00f3n, no de interrupci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre las similitudes y diferencias de dichos institutos vale recordar que la prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, por el transcurso del tiempo (art. 2512 C.C.), fen\u00f3meno que puede verse suspendido, interrumpido -de forma civil o natural- y renunciado. <\/p>\n
La suspensi\u00f3n se da por la existencia de una causal que impida el c\u00f3mputo del lapso prescriptivo, consagrada en favor de ciertas personas que merecen protecci\u00f3n especial, verbi gratia, los menores de edad, dementes, sordomudos y quienes est\u00e9n bajo la patria potestad, tutela o curadur\u00eda, siempre y cuando el motivo perdure (arts. 2530 y 2541 ib\u00eddem). <\/p>\n
La interrupci\u00f3n civil ocurre, al tenor del inciso final del art\u00edculo 2539 de la misma obra, en raz\u00f3n a la persecuci\u00f3n judicial, aunada al cumplimiento de los requisitos consagrados en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La renuncia se nutre de los mismos presupuestos de la interrupci\u00f3n natural, esto es, que el deudor \u00abmanifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del due\u00f1o o del acreedor\u00bb, como por ejemplo, cuando \u00ab…el que debe dinero paga intereses o pide plazos\u00bb. <\/p>\n
Ahora, la suspensi\u00f3n y la interrupci\u00f3n comparten una caracter\u00edstica com\u00fan que las diferencia de la renuncia, en raz\u00f3n a que aquellas operan cuando el lapso prescriptivo no se ha consolidado, al paso que esta se da con posterioridad a la configuraci\u00f3n de ese plazo (art. 2514 C.C.), \u00abpor cuanto si las normas que gobiernan la prescripci\u00f3n son de orden p\u00fablico y, por ende, no disponibles, la renuncia entonces opera s\u00f3lo luego de vencido el plazo y adquirido el derecho a oponerla, es decir, una vez se mire \u00fanicamente el inter\u00e9s particular del renunciante (art\u00edculos 15 y 16, ib\u00eddem), de donde se explica la raz\u00f3n por la cual, a pesar de estar consumada, el juez no puede reconocerla de oficio si no fuere alegada (art\u00edculos 2513, ejusdem, 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil)\u00bb. (CSJ SC de 3 may. 2002, rad. 6153). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la suspensi\u00f3n impide contabilizar el tiempo transcurrido mientras subsiste la causa de protecci\u00f3n que le dio origen, mientras que la interrupci\u00f3n lo borra en su totalidad, al igual que acontece con la renuncia. <\/p>\n
En efecto, el \u00abresultado de la renuncia, igual que la interrupci\u00f3n, es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrido hasta entonces, de modo que el c\u00f3mputo se reinicia, con posibilidad pr\u00e1cticamente indefinida de que se repitan los fen\u00f3menos, hasta que el t\u00e9rmino respectivo transcurra \u00edntegro nuevamente.\u00bb (CSJ SC de 3 may. 2002, rad. 6153). <\/p>\n
Aplicando las anteriores nociones al sub lite, se tiene que, como lo anot\u00f3 la recurrente, el t\u00e9rmino prescriptivo de la sociedad patrimonial derivada de la uni\u00f3n marital de hecho empezaba a correr desde la separaci\u00f3n definitiva de las partes, por mandato del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 54 de 1990. <\/p>\n
Pero como para esa data el promotor ya se encontraba en el estado de salud que le imped\u00eda instaurar la presente acci\u00f3n, circunstancia que ha perdurado al punto que fue declarado interdicto por discapacidad mental absoluta, se gener\u00f3 la causal de suspensi\u00f3n regulada en los c\u00e1nones 2530 y 2541 del C\u00f3digo Civil, imponi\u00e9ndose el inicio del conteo prescriptivo a partir de la sentencia que declar\u00f3 la aludida interdicci\u00f3n, tal cual lo consider\u00f3 el tribunal de segundo grado. <\/p>\n
En suma, el fallador de \u00faltima instancia contabiliz\u00f3 en forma correcta el t\u00e9rmino prescriptivo para concluir que no se configur\u00f3, aunque err\u00f3 al se\u00f1alar que se vio interrumpido porque lo cierto es que se configur\u00f3 una causal de suspensi\u00f3n, disparidad que impone la pertinente correcci\u00f3n doctrinaria \u00fanicamente, por cuanto los dem\u00e1s reproches expuestos en los cargos de casaci\u00f3n no se configuran, como pasa a verse. <\/p>\n
5. Efectivamente, el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta al cometer errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, porque la distorsi\u00f3n en que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, con alteraci\u00f3n de su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
La segunda modalidad, el yerro de iure, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, el m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. n\u00ba 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. n\u00ba 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
En el sub judice el yerro f\u00e1ctico endilgado al tribunal no ocurri\u00f3, porque aun cuando en el plenario obra copia del auto de 13 de abril de 2013 dictado por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, con el cual Rodrigo Garc\u00eda Morales fue declarado interdicto provisoriamente, tal prove\u00eddo no tuvo secuelas en el juicio de interdicci\u00f3n ni en ninguno otro, en la medida en que careci\u00f3 de inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento del demandante, seg\u00fan da cuenta la copia allegada al expediente (folio 9, cuaderno 1). <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 106 del decreto 1260 de 1970, por el cual se expidi\u00f3 el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas, \u00ab[n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario p\u00fablico, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenaci\u00f3n, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostraci\u00f3n no se requiera legalmente la formalidad del registro\u00bb; al paso que el canon 107 de la misma obra se\u00f1ala que \u00ab[p]or regla general ning\u00fan hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
Y recu\u00e9rdese que por mandato del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 659 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca, \u00ab[l]os decretos de interdicci\u00f3n provisoria y definitiva deber\u00e1n inscribirse en la Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al p\u00fablico por aviso que se insertar\u00e1 una vez por lo menos en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional, se\u00f1alado por el juez.\u00bb <\/p>\n
Ciertamente, los efectos de la inscripci\u00f3n de los estados civiles o sus modificaciones pueden ser de dos clases: de naturaleza simplemente declarativa o de \u00edndole constitutiva. <\/p>\n
Los primeros se configuran desde el acaecimiento del hecho que da lugar al estado civil, verbi gratia, el matrimonio, la defunci\u00f3n, el nacimiento, el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales y las sentencias judiciales que declaran la paternidad extramatrimonial, entre otros eventos, al margen de la \u00e9poca en la cual sean inscritos. <\/p>\n
De all\u00ed que en estas eventualidades el principal efecto de la inscripci\u00f3n en el registro civil es servir como medio de prueba, en raz\u00f3n a que el estado civil se da desde el hecho mismo, no obstante que el asentamiento se realice con posterioridad. Interpretaci\u00f3n contraria llevar\u00eda a afirmar, sin sentido, que una persona no nace o no contrae matrimonio sino hasta tanto sea inscrito el acto respectivo. <\/p>\n
As\u00ed lo doctrin\u00f3 la Sala en oportunidad anterior al se\u00f1alar: <\/p>\n
Como la sentencia atacada y el recurso interpuesto contra ella giran en torno a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 107 del decreto 1260 de 1970, debe descartarse que dicha norma no contiene un car\u00e1cter absoluto ni un mandato inmodificable, como quiera que comienza por establecer que por regla general (o sea no siempre) los hechos, actos o providencias relativos al estado civil no producen efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Tal redacci\u00f3n significa, a contrario sensu, que por v\u00eda excepcional s\u00ed pueden producirlos. <\/p>\n
La unidad del estado civil es principio indiscutible (Art. 1\u00b0 ib.), as\u00ed est\u00e9 atemperado para determinadas circunstancias por la inoponibilidad, en ciertos casos, de dicho estado, o mejor de sus efectos, especialmente los de \u00edndole patrimonial, como lo contempla el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 10 de la ley 75 de 1968. <\/p>\n
Pero para tener en cuenta esta inoponibilidad que, por v\u00eda de excepci\u00f3n, llegue a reducir el \u00e1mbito de la unidad del estado civil, es indispensable que el conflicto verse directamente o exclusiva sobre el estado civil en discusi\u00f3n o sobre sus directas consecuencias, o mejor dicho sobre sus alcances primarios y espec\u00edficos. <\/p>\n
De otro lado, no puede desconocerse el efecto retroactivo o mejor retrospectivo, del asentamiento de las actas del estado civil al contener en ellas las fechas en que se produjo el hecho registrado, bien sea nacimiento, matrimonio o defunci\u00f3n, y por tanto al referirse a tales fechas como aquellas desde las cuales tiene existencia, no solo f\u00e1ctica sino jur\u00eddica el hecho as\u00ed registrado. <\/p>\n
Todo lo anterior como obligada consecuencia de la evidente distinci\u00f3n que, obviamente existe, entre el estado civil y su prueba. (CSJ SC de 20 ago. de 1981). <\/p>\n
De otro lado, los efectos de naturaleza constitutiva se producen cuando en el registro civil se asienta modificaciones de car\u00e1cter atributivo como sucede con la declaraci\u00f3n judicial de interdicci\u00f3n, la nulidad del matrimonio, la separaci\u00f3n de cuerpos, las separaciones de bienes, las declaraciones de ausencia, etc.; en raz\u00f3n a que la inscripci\u00f3n de estas tiene un claro prop\u00f3sito publicitario con incidencia en la oponibilidad que frente a terceros podr\u00eda tener o, dicho de otro modo, es la manera en la cual se da a conocer en general un atributo del estado civil de una persona u otra caracter\u00edstica de esa connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el punto esta Corporaci\u00f3n, citando doctrina especializada, refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026respecto del mismo precepto, el extinto jurista Arturo Valencia Zea, en el Tomo I Parte General y Personas, Duod\u00e9cima Edici\u00f3n Temis, p\u00e1gina 331 de su obra de Derecho Civil expresa: <\/p>\n
\u2018Mediante p\u00e9sima redacci\u00f3n establece el art. 107 del decr. 1260 de 1970: \u2018Por regla general ning\u00fan hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas y sujeto a registro, surtir\u00e1 efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripci\u00f3n\u2019. Por la misma \u00e9poca en que se redactaba el nuevo estatuto del registro civil, o sea el decreto ley 1260 de 1970, se elaboraba el decreto 1250 de 1970 como estatuto del registro de instrumentos p\u00fablicos. Este estatuto dice en su art\u00edculo 44 \u2018Por regla general ning\u00fan t\u00edtulo o instrumento sujeto a registro o inscripci\u00f3n surtir\u00e1 efectos respecto de terceros, sino desde la fecha de aquel\u2019. <\/p>\n
F\u00e1cilmente se cae en la cuenta de que los redactores del estatuto del registro de estado civil de las personas quisieron darle a la inscripci\u00f3n el mismo y los mismos efectos que es necesario dar a la transmisi\u00f3n de la propiedad inmueble o a sus grav\u00e1menes (hipoteca, usufructo, etc.). Pero sucede que al estado civil no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da al r\u00e9gimen jur\u00eddico de un inmueble, especialmente en cuanto a los efectos de la inscripci\u00f3n. Cuando el registrador de instrumentos p\u00fablicos registra una escritura de compraventa de un inmueble, se verifica a partir de ese momento la tradici\u00f3n del inmueble; pero cuando el funcionario del registro civil inscribe un nacimiento, en manera alguna puede afirmarse que el inscrito solo nace a partir de la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
Los estados civiles o sus alteraciones que se llevan al registro civil se dividen en dos clases (en lo relativo a precisar los efectos): unos tienen naturaleza simplemente declarativa; otros tienen efecto constitutivo. <\/p>\n
Cuando la inscripci\u00f3n es de \u00edndole declarativa, los efectos del respectivo estado civil se producen desde la constituci\u00f3n del hecho que engendra ese estado, como sucede con los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, sentencias judiciales que declaran la paternidad extramatrimonial. En semejante caso la inscripci\u00f3n en el registro es preponderantemente un medio de prueba, pero los efectos se han producido desde \u00e9poca anterior, o sea desde cuando se realiz\u00f3 el hecho generador del respectivo estado civil. <\/p>\n
Cuando la inscripci\u00f3n tiene car\u00e1cter constitutivo, sus efectos se producen desde su ingreso en el registro civil, como sucede principalmente con las sentencias judiciales que tienen car\u00e1cter atributivo: adopciones, interdicciones judiciales, nulidad del matrimonio, separaci\u00f3n de cuerpos, separaciones de bienes, declaraciones de ausencia, etc. <\/p>\n
De donde se deduce que el art. 107 ha debido redactarse teniendo en cuenta estas dos clases de efectos; y mejor hubiera sido guardar silencio sobre el particular a fin de que la doctrina y la jurisprudencia con la debida l\u00f3gica, resolvieran en cada caso la cuesti\u00f3n.\u2019 (CSJ SC7019 de 2014, rad. 2002-00487-01). <\/p>\n
En este orden se tiene que, no obstante la iniciaci\u00f3n del juicio de interdicci\u00f3n de Rodrigo Garc\u00eda Morales y la declaratoria de interdicci\u00f3n provisional que el Juzgado Primero de Familia de Tunja decret\u00f3 en el auto admisorio de ese tr\u00e1mite el 13 de abril de 2013, tal decisi\u00f3n no implic\u00f3 la iniciaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo como lo alega la recurrente, como quiera que dicha decisi\u00f3n judicial no fue inscrita en el registro civil del demandante. <\/p>\n
6. Finalmente y en relaci\u00f3n con el \u00faltimo argumento de las censuras, seg\u00fan el cual la inscripci\u00f3n de la declaratoria de interdicci\u00f3n del demandante y la designaci\u00f3n de Cecilia Garc\u00eda Morales impone el c\u00e1lculo del t\u00e9rmino prescriptivo desde la expedici\u00f3n de la providencia que decret\u00f3 la curadur\u00eda provisional, al margen de lo previsto en los art\u00edculos 1067 y 107 del decreto 1260 de 1970, destaca la Sala su falta de correspondencia con la realidad, lo cual desvirt\u00faa tal alegato. <\/p>\n
En efecto, a pesar de la necesidad de sentar en el registro civil de nacimiento del demandante dicha decisi\u00f3n judicial, lo que no fue realizado y basta para derruir los argumentos de la enjuiciada, lo cierto es que en quien recay\u00f3 la designaci\u00f3n como curador provisional del accionante fue en su padre, Arturo Garc\u00eda F\u00faquene, persona que no tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, seg\u00fan da cuenta la copia que a este plenario se aleg\u00f3 de aquel juicio. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, Cecilia Garc\u00eda Morales no fue designada como curadora provisional sino Arturo Garc\u00eda F\u00faquene, padre de ella y del promotor, lo cual desvirt\u00faa la alegaci\u00f3n de la recurrente, m\u00e1xime que las consecuencias de una decisi\u00f3n judicial afectan a las partes del proceso, lo que para el caso de autos significa que el fallo del juicio de interdicci\u00f3n del demandante s\u00f3lo repercute en \u00e9l, respecto de quien -se itera a riesgo de cansancio- no fue inscrita la interdicci\u00f3n provisoria decretada en cumplimiento a los preceptos 106 y 107 del decreto 1260 de 1970. <\/p>\n
Por lo tanto, no ocurri\u00f3 el error de hecho endilgado al tribunal, habida cuenta que la preterici\u00f3n del citado medio de convicci\u00f3n documental obedeci\u00f3 a su irrelevancia en la contienda, porque ninguna influencia generaba en la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3. <\/p>\n
7. Total, emerge que el ad quem no incurri\u00f3 en la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial enrostrada en los cargos estudiados conjuntamente, circunstancia que conlleva a la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, sin que haya lugar a la imposici\u00f3n de costas a su proponente, en virtud de la rectificaci\u00f3n doctrinaria realizada por la Corte (inciso final, art. 349 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de julio de 2016, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso verbal que Rodrigo Garc\u00eda Morales, a trav\u00e9s de su curadora Cecilia Garc\u00eda Morales, promovi\u00f3 contra Rosa Mar\u00eda Rodr\u00edguez Fonseca. <\/p>\n
Sin condena en costas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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SC2412-2021 (2014-00299-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC2412-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 15001-31-10-003-2014-00299-01 (Aprobada en Sala virtual de veintinueve de abril dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54641","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54641","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54641"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54641\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}