SC2502-2021 (2014-01811-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC2502-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 05001-31-10-012-2014-01811-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de once de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, respecto de la sentencia de 23 de febrero de 2018, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso incoado por Mar\u00eda Lucila Navas Inmediato contra los herederos ciertos e indeterminados de Gustavo Herrera Daniels. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Declarar que entre la demandante y el ahora fallecido existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho. Como consecuencia, disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El de cuius y la precursora convivieron bajo el mismo techo en forma continua e ininterrumpida desde junio de 2002, hasta el 10 de marzo de 2014, fecha de la muerte de aquel. El hecho era notorio para propios y extra\u00f1os. Con posterioridad al suceso y ahora la accionante se halla domiciliada en Colombia. <\/p>\n
1.3. Las r\u00e9plicas. Los hermanos y sobrinos del interfecto resistieron las pretensiones. Adujeron que despu\u00e9s de enviudar su pariente, la demandante, a su vez, hermana de la esposa fallecida, simplemente, lleg\u00f3 y se instal\u00f3 en el inmueble a realizar labores del hogar. <\/p>\n
El curador ad litem de los herederos indeterminados no formul\u00f3 oposici\u00f3n ni excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El 14 de julio de 2017, el Juzgado Doce de Familia de Medell\u00edn, accedi\u00f3 a las s\u00faplicas. Encontr\u00f3 probados los hechos en los testimonios y documentos recopilados. Se\u00f1al\u00f3 que ello no se desvirtuaba con las declaraciones de la administradora de los bienes de la herencia y de los convocados. El de aquella, al estar afectada su credibilidad y, el de \u00e9stos, por ignorar, desde hace cincuenta a\u00f1os, la vida de su familiar en Venezuela. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segunda instancia. Confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, ante la alzada del extremo demandado. <\/p>\n
2. LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. El problema jur\u00eddico por resolver gravitaba sobre la facultad del a-quo para declarar la uni\u00f3n marital. As\u00ed en Colombia no se haya desarrollado, pues la pareja tuvo su \u00fanico domicilio en Caracas, Venezuela. <\/p>\n
El art\u00edculo 19 del C\u00f3digo Civil establece el principio de extraterritorialidad de la ley. Prev\u00e9 que los colombianos residentes o domiciliados en el exterior permanecen sujetos a las disposiciones y leyes nacionales. Ello, en lo relativo al estado civil, a su capacidad para efectuar actos que deban tener efecto en el territorio patrio y en las obligaciones y derechos de familia entre c\u00f3nyuges y parientes. <\/p>\n
Las normas concernientes al estado civil son de orden p\u00fablico. Siguen a los nacionales en el pa\u00eds donde se encuentren. Por esto, en esa delicada materia no pueden concurrir las legislaciones dom\u00e9stica y for\u00e1nea. <\/p>\n
Lo anterior determina que las uniones maritales de hecho de los colombianos en el extranjero y su r\u00e9gimen patrimonial, se gobiernan por la ley del lugar de origen. <\/p>\n
2.2. Se encuentra acreditada la nacionalidad colombiana de Mar\u00eda Lucila Navas Inmediato y Gustavo Herrera Daniels. Asimismo, su comuni\u00f3n de vida permanente y singular en Venezuela, Estado de Miranda, entre junio de 2002 y el 10 de marzo de 2014. <\/p>\n
Conforme a lo dicho, la normatividad aplicable al caso era la de Colombia. Los jueces de la Rep\u00fablica, por tanto, ten\u00edan competencia para conocer del proceso de uni\u00f3n marital de hecho y de sus efectos patrimoniales. <\/p>\n
2.3. Finalmente, la anotaci\u00f3n en la partida eclesial de bautismo de Gustavo Herrera sobre las nupcias contra\u00eddas con Blanca Cecilia Abad Uribe, no desvirtuaba la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. El hecho ocurri\u00f3 con el deceso del c\u00f3nyuge, el 5 de noviembre de 1998. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene formulados dos cargos, los cuales fueron replicados por la demandante en el litigio. Sustanciados bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte los abordar\u00e1 en el mismo orden propuesto. <\/p>\n
3.1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
3.1.1. Acusa la violaci\u00f3n directa de la Ley 54 de 1990 y los art\u00edculos 18 y 19 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En sentir de la censura, al Tribunal le estaba vedado desconocer la soberan\u00eda del Estado de Venezuela, ciertamente, el lugar donde se desarroll\u00f3 la uni\u00f3n marital de hecho. El r\u00e9gimen legal all\u00ed previsto era el propio del concubinato. En esa materia se identificaba con el patrio. <\/p>\n
Carec\u00eda de respaldo probatorio, agreg\u00f3, la afirmaci\u00f3n de la compa\u00f1era permanente sobre el domicilio com\u00fan de la pareja en Bogot\u00e1. El hecho no le constaba a ninguno de los testigos. <\/p>\n
En suma, sostiene, la demanda incoativa del proceso era ajena a la modificaci\u00f3n de un estado civil. De ah\u00ed, el principio de extraterritorialidad de la ley no aplicaba. <\/p>\n
3.1.2. Solicita, en consecuencia, casar la sentencia del Tribunal y revocar la del juzgado. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. La simultaneidad de regulaciones normativas en vigor en dos Estados, cada una llamada a gobernar una determinada controversia, se conoce, com\u00fanmente, como \u201cconflicto de leyes\u201d. <\/p>\n
Goldschmidt destac\u00f3 la impropiedad de esa expresi\u00f3n. En \u201crigor no se da ninguna colisi\u00f3n entre los diferentes ordenamientos jur\u00eddicos, ya que objetivamente o se aplica solo uno de ellos a una determinada cuesti\u00f3n, o al aplicarse varios su coaplicaci\u00f3n es posible\u201d. Propuso, en su lugar, nominar el punto como \u201cconjunto de las reglas de elecci\u00f3n\u201d1. <\/p>\n
4.2. El interrogante por resolver consiste en establecer cu\u00e1l de las legislaciones convergentes es la aplicable en un momento dado. Diversas escuelas y doctrinas han surgido a lo largo de la historia para responder la pregunta. <\/p>\n
Seg\u00fan el primero, la legislaci\u00f3n se promulgaba para cumplirse en el territorio. En general, a \u00e9l se limitaban y no se pod\u00eda aspirar su extensi\u00f3n a suelo extranjero. El segundo, por su lado, reclamaba que las leyes deb\u00edan acompa\u00f1ar al individuo fuera de su naci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed surgieron postulados al ejercicio de la soberan\u00eda del Estado sobre los connacionales, los inmuebles ubicados en su superficie y los actos realizados dentro de su rango de cobertura. Los sujetos, entonces, se gobernaban por la ley de su pa\u00eds de origen, a\u00fan si se encontraban en otro lugar. Las cosas se regir\u00edan por la normatividad del lugar donde estaban ubicadas. Y en los actos jur\u00eddicos imperaban las disposiciones legales del sitio en que se realizaban. <\/p>\n
4.2.2. A Bartolo de Sassoferrato2 se le debe la sistematizaci\u00f3n de esa doctrina. Se sit\u00faa como el origen del derecho internacional privado. Sus antecedentes se remontan a la escuela de los glosadores fundada por Irnerio (1158). Ten\u00edan por objeto elaborar glosas marginales a las obras Digesto y Pandectas de Justiniano. <\/p>\n
El glosador Accursius, en una acotaci\u00f3n de 1228, indic\u00f3 que los ciudadanos de Bolonia, migrantes a otras ciudades, deb\u00edan ser juzgados bajo la ley de su locaci\u00f3n natal con base en el ordenamiento \u201cCunctos populos\u201d3. <\/p>\n
4.2.3. En 1235, Jacobo de Balduino, profesor de la Universidad de Orle\u00e1ns, distingui\u00f3 las normas de procedimiento (ad ordinandam litem) de las empleadas para decidir el fondo del asunto (ad decidendam). Seg\u00fan explic\u00f3, las primeras deb\u00edan ser las del pa\u00eds del juzgador (Lex Fori). Las segundas, aceptaban las ex\u00f3genas. <\/p>\n
El jurisconsulto Jacobo de Ravinis, llamado \u201cJacobo de las Leyes\u201d (1220-1294), en la Corte de Castilla del Rey Alfonso X, separ\u00f3 los estatutos en \u201cpersonal\u201d y \u201creal\u201d. Si las normas regulaban a las personas se acud\u00eda al criterio de extraterritorialidad. Pero si el litigio versaba sobre bienes o cosas, aplicaba la ley del territorio donde se encontraban. <\/p>\n
4.2.4. Los post-glosadores Bartolo de Sassoferrato y Baldo Degli Ubaldi4, acogieron esa l\u00ednea. En lo relativo a los contratos, el primero formul\u00f3 el principio de \u201clocus regit actum\u201d. Los actos los reg\u00eda la ley de su celebraci\u00f3n. Los de efectos directos, las normas del sitio de su otorgamiento. Los dem\u00e1s, indirectos o incidentales, la ley de su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En sentir de Baldo Degli Ubaldi, el estatuto personal no aplicaba al lugar de nacimiento del individuo, sino a su domicilio (lex domicili). Cobijaba a los s\u00fabditos, aun trat\u00e1ndose de actos realizados en el extranjero o a bienes ubicados fuera del territorio. Y exclu\u00eda a los for\u00e1neos. <\/p>\n
4.2.5. Bertrand D\u2019Argentr\u00e9 (1519-1590) y Charles Doumolin (1500-1566), juristas de la escuela estatutaria francesa, hablaron de duplicidad de estatutos en un enfoque nacionalista. El segundo consider\u00f3 la autonom\u00eda de la voluntad en la selecci\u00f3n del derecho de los contratos. En ausencia de estipulaci\u00f3n, se deb\u00eda optar por el estatuto que presumiblemente hubiesen elegido las partes. <\/p>\n
4.2.6. El sistema holand\u00e9s del siglo XVII acu\u00f1\u00f3 la expresi\u00f3n \u201cconflicto de leyes\u201d. Se entendi\u00f3 que la posibilidad de elecci\u00f3n de normas simplemente originaba un \u201cchoque\u201d en los \u00f3rdenes de dos soberan\u00edas. El territorialismo era el principio y fin de la perspectiva flamenca – holandesa. <\/p>\n
Pablo Voet (1619-1677), propugn\u00f3 el estatuto personal para el individuo y su capacidad. En materia de bienes se inclin\u00f3 al lado de la territorialidad y en los contratos acept\u00f3 la regla \u201clocus regit actum\u201d (estatuto mixto). Supedit\u00f3 la aplicaci\u00f3n en el territorio la ley de otro Estado al principio de \u201ccortes\u00eda internacional\u201d o de \u201cutilidad rec\u00edproca\u201d (ex comitas Gentium ob reciprocam utilitatem). <\/p>\n
Juan Voet (1647-1714), su hijo, retom\u00f3 los principales postulados de la teor\u00eda estatutaria, pero le rest\u00f3 eficacia extraterritorial al r\u00e9gimen personal. Modific\u00f3 el apotegma \u201clocus regit actum\u201d; sostuvo que las partes de un contrato ten\u00edan libertad para aplicar la ley del lugar donde se encontraban los bienes objeto del convenio. <\/p>\n
Ulrico Huber (1636-1694), condens\u00f3 los axiomas de la escuela: (i) La ley de los Estados tiene eficacia territorial. (ii) Los destinatarios de la ley nacional son quienes se asientan transitoria o definitivamente en el pa\u00eds. (iii) Los gobiernos pueden aceptar la aplicaci\u00f3n de leyes extranjeras en su territorio como deferencia a otros Estados, siempre que no obren en detrimento de los derechos de sus nacionales. <\/p>\n
4.2.7. En Alemania naci\u00f3 la escuela hist\u00f3rica. Federico Carlos Savigny (1779-1891), m\u00e1ximo exponente, parti\u00f3 de una base conflictual y de la existencia de una comunidad de pa\u00edses herederos de la tradici\u00f3n del derecho romano. <\/p>\n
Las relaciones jur\u00eddicas de la persona y su capacidad se gobernaban por el derecho de su domicilio. Las surgidas de las cosas, propiedad, posesi\u00f3n y otros derechos reales, se reg\u00edan por la ley del lugar de su ubicaci\u00f3n. Las obligaciones recib\u00edan las normas de donde se localizaba el deudor. Las relaciones familiares y sucesiones, en su orden, por el domicilio del marido y del causante. Y los actos jur\u00eddicos se sujetaban al territorio donde se celebraban. <\/p>\n
4.2.8. Otros autores en direcciones diferentes. Hauss, la voluntad de las partes y en defecto la lex fori. Schaeffner, 1841, el lugar de la relaci\u00f3n jur\u00eddica. Waechter, 1841, la norma de derecho internacional privado de la ordenaci\u00f3n positiva. Pascuale Stanislao Mancini, 1874, el nacionalismo como base de elecci\u00f3n y distinci\u00f3n entre derecho necesario territorial y voluntario extraterritorial. Pillet, 1894, el objeto social de las leyes. Dicey, Beale, 1923, el respeto de derechos adquiridos. Y Batiffol, 1938, la coordinaci\u00f3n entre estatutos. <\/p>\n
4.3. El C\u00f3digo Civil colombiano, influido por la escuela francesa, acogi\u00f3 la teor\u00eda de los \u201cestatutos\u201d (art\u00edculos 19 a 22). En 1928, el Estado suscribi\u00f3 el C\u00f3digo de Derecho Internacional Privado (C\u00f3digo de Bustamante), contentivo de normas de elecci\u00f3n en asuntos civiles5, pero hizo reservas y no deposit\u00f3 el instrumento de ratificaci\u00f3n. Lo suscribi\u00f3 en la Habana el 20 de febrero de 1928, pero hizo declaraci\u00f3n global con la reserva expresa de todo cuanto contrariara la legislaci\u00f3n interna. El compendio fue llevado al Congreso en 19306, pero no fue aprobado7. Tiene un gran trabajo, no est\u00e1 actualizado y algunos de sus disposiciones son opuestas con el Tratado de Montevideo de 1889. <\/p>\n
4.3.1. El art\u00edculo 19 de este \u00faltimo compendio, regula la extraterritorialidad de la ley en el marco del estatuto personal. Establece que las normas nacionales rectoras de los derechos y obligaciones civiles acompa\u00f1an a los colombianos, a\u00fan si residen o est\u00e1n domiciliados en el extranjero, en las siguientes materias: <\/p>\n
\u201c1) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de la Uni\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c2) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero s\u00f3lo respecto de sus c\u00f3nyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior\u201d. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de la ley personal a los nacionales de un pa\u00eds es principio dominante en el derecho internacional privado. Se erige como garant\u00eda de respeto a la potestad de los Estados de gobernar a sus administrados y procura relaciones arm\u00f3nicas en la comunidad de naciones. En sentido positivo, aplica al estado civil y a la capacidad de una persona natural. En dimensi\u00f3n negativa, excluye a los extranjeros en la naci\u00f3n donde act\u00faan9. <\/p>\n
Acorde con la doctrina patria, \u201ca cada persona se reconocen y respetan sus estatutos personales, en su propio pa\u00eds o fuera de \u00e9l; en cambio, los estatutos reales se aplican territorialmente por referirse a las cosas, especialmente las inmuebles, pues estas no pueden trasladarse de un lugar a otro\u201d10. <\/p>\n
4.3.2. La regla emana de la soberan\u00eda del Estado sobre el elemento poblacional. Las disposiciones relativas a las materias indicadas, por tanto, ejercen su imperio sobre los nacionales donde quiera que ellos se encuentren. <\/p>\n
La raz\u00f3n estriba en que instituciones como el estado civil, la capacidad personal y familiar son nucleares en la organizaci\u00f3n de una sociedad. El legislador, por tanto, se cuid\u00f3 de dejar su reglamentaci\u00f3n a las normas for\u00e1neas o a la libre determinaci\u00f3n de los particulares. <\/p>\n
En palabras de esta Corte, las reglas del estado civil y la capacidad de las personas \u00abtienden a asegurar la organizaci\u00f3n que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como caracter\u00edstica predominante que interesan m\u00e1s a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspiran m\u00e1s en el inter\u00e9s general que en el de los individuos\u00bb11. <\/p>\n
4.3.3. La familia, por otra parte, es el centro del tejido social y todas las formas de fundarla son objeto de amparo en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Conforme a su tenor, \u201c[s]e constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 16 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos se\u00f1ala a la familia como el \u201celemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado\u201d. El canon 6\u00ba de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la evoca al decir que \u201ctoda persona tiene derecho a construir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protecci\u00f3n para ella\u201d. Y el precepto 10\u00b0 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos impone a los Estados otorgarle la \u201cm\u00e1s amplia protecci\u00f3n y asistencia posibles\u201d. <\/p>\n
4.3.4. La ley colombiana, de orden p\u00fablico en la materia, impera sobre la situaci\u00f3n de los ciudadanos en la familia en todo sentido: casado, compa\u00f1ero permanente, padre, hijo, en fin. Igualmente, en los derechos y obligaciones familiares y en su respectiva capacidad12. As\u00ed sus destinatarios residan o se encuentren domiciliados en el exterior. <\/p>\n
Para esta Corporaci\u00f3n, \u00ab[e]l estado civil puede ser resultado de un acto voluntario de la persona humana o provenir de un hecho por completo ajeno a su voluntad, pero aun en el primer caso es la ley, no el individuo, la que reglamenta todos los efectos jur\u00eddicos de la instituci\u00f3n que el estado civil supone, sin dejarle a la persona ninguna libertad de acci\u00f3n para modificar en nada los derechos y obligaciones inherentes a la situaci\u00f3n que ha surgido, seg\u00fan los haya la misma ley establecido obligatoriamente\u00bb13. <\/p>\n
Cualquier alteraci\u00f3n o mutaci\u00f3n en la situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia de los nacionales en el exterior \u00abdebe estar acorde con las regulaciones internas, porque de lo contrario, no podr\u00eda tener efectos en Colombia\u00bb14. El evidente inter\u00e9s del Estado se antepone; de ah\u00ed, cuando se han constituido y decidido judicialmente fuera de las fronteras, \u00fanicamente se homologan los consonantes con el ordenamiento interno. <\/p>\n
4.4. La uni\u00f3n marital de hecho es una fuente generadora de relaciones de familia y modificadora del estado civil que emana del status legal de compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
4.4.1. El estado civil, se recuerda, \u201cda al individuo una situaci\u00f3n permanente emanada del hecho que lo determina y le confiere por el solo ministerio de la ley un conjunto de derechos y obligaciones inherentes a su persona\u201d15. <\/p>\n
Es atributo de la personalidad. Como tal, el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1960 de 1970, le adscribe el car\u00e1cter de \u201cindivisible, indisponible e imprescriptible\u201d. Adem\u00e1s, fija la capacidad para \u201cejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u201d. Si bien su asignaci\u00f3n se reserva al legislador, deriva de \u201clos hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificaci\u00f3n legal de ellos\u201d. <\/p>\n
Se inicia con el nacimiento y se extingue con la muerte. Entre los dos momentos es pasible de modificarse. Por ejemplo, se altera con el matrimonio o la uni\u00f3n marital de hecho, el divorcio, la emancipaci\u00f3n, el reconocimiento de hijos extramatrimoniales, etc. <\/p>\n
4.4.2. La uni\u00f3n marital, seg\u00fan doctrina probable de la Corte16, recibe el tratamiento jur\u00eddico asimilable al matrimonio. Origina un \u201caut\u00e9ntico estado civil\u201d17. Y se sit\u00faa al lado del concubinato o de las familias at\u00edpicas, uni\u00f3n irregular de hecho o at\u00edpica, como otra de las formas de constituir una familia extramatrimonial18. <\/p>\n
La comunidad de vida permanente y singular, en consecuencia, genera responsabilidades frente al n\u00facleo familiar. Trasciende el plano individual y se ubica en una dimensi\u00f3n colectiva, en donde es objeto de protecci\u00f3n de la sociedad y el Estado. <\/p>\n
4.5. Corolario, los colombianos en el exterior, residentes o domiciliados, en materia de estados civiles, no se rigen por una legislaci\u00f3n extra\u00f1a. La ley colombiana los persigue en el lugar donde se encuentren. Y los eventuales efectos sucedidos en virtud de las competencias procesales de los Tribunales for\u00e1neos solo tienen el beneficio del exequ\u00e1tur en el caso de ajustarse al ordenamiento interno. <\/p>\n
En esa hip\u00f3tesis no se estar\u00eda frente a simult\u00e1neidad de ordenamientos. La legislaci\u00f3n ser\u00eda \u00fanica, solo que la for\u00e1nea se identificar\u00eda con la patria. Es m\u00e1s, as\u00ed la situaci\u00f3n del estado civil haya sido definida en el extranjero y sea compatible con el derecho dom\u00e9stico, la ausencia de homologaci\u00f3n no obsta la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
Ese ha sido el pensamiento de la Corte, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 694, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el mismo del canon 606, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado a prop\u00f3sito de un fallo extranjero de divorcio entre colombianos. Se\u00f1al\u00f3 que el exequ\u00e1tur no proced\u00eda cuando en Colombia exist\u00eda \u201cproceso en curso (\u2026) o sentencia ejecutoriada de jueces colombianos sobre el mismo asunto\u201d19. <\/p>\n
Como all\u00ed indic\u00f3, \u201cacorde con dicho precepto, mientras no se haya cumplido con el exequ\u00e1tur de la sentencia de divorcio expedida en Miami, la misma no puede hacerse valer en Colombia, de ah\u00ed que la sola determinaci\u00f3n tomada por una autoridad for\u00e1nea, sin satisfacer dicha formalidad, no constituye \u00f3bice para formular discusiones que por ese mismo asunto se presenten ante los funcionarios locales\u201d. <\/p>\n
Frente a lo discurrido, no es cierto que la Ley 54 de 1990, con las modificaciones introducidas por la Ley 979 de 2005, no se aplica a las uniones maritales de hecho de colombianos desarrolladas en el extranjero. Su operatividad no admite discusi\u00f3n. Y el fundamento legal se encuentra en el art\u00edculo 19 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed hayan sido decididas allende fronteras, pero sin el beneficio del exequ\u00e1tur. <\/p>\n
4.6. La acusaci\u00f3n de la parte recurrente, precisamente, involucra ese punto. Su fracaso, por tanto, resulta rotundo. Inclusive lo relativo a la discusi\u00f3n de la nominaci\u00f3n jur\u00eddica de la instituci\u00f3n en Venezuela. Seg\u00fan la censura, all\u00ed Gustavo Herrera Daniels y Mar\u00eda Lucila Navas no ten\u00edan el rol de compa\u00f1eros permanentes. Su estatus era el de concubinos, ciertamente, como lo acepta, el atribuido en esa legislaci\u00f3n a la uni\u00f3n marial de hecho. <\/p>\n
4.6.1. Si lo expuesto fuera poco, el Tribunal concluy\u00f3 que, entre junio de 2002 y el 10 de marzo de 201420, tales colombianos \u201chicieron una comunidad de vida permanente y singular en el Estado de Miranda, Venezuela\u201d. La consideraci\u00f3n no se pod\u00eda increpar. Dada la v\u00eda escogida para denunciar la violaci\u00f3n de la ley sustancial, la directa, ello supone plena conformidad con ese cuadro f\u00e1ctico. En general, con la materialidad y objetividad de las pruebas que lo reflejan, punto imbatible en esta oportunidad. <\/p>\n
La relaci\u00f3n de los convivientes se amold\u00f3 al arquetipo de la uni\u00f3n marital de hecho reglada por la Ley 54 de 1990. No a otro tipo de cohabitaci\u00f3n informal como la de concubinos o familia at\u00edpica no formal. A su vez, por tratarse de la formaci\u00f3n natural de una familia, referida en el art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
4.6.2. El concubinato, tambi\u00e9n uni\u00f3n irregular familiar de hecho o at\u00edpica, corresponde en Colombia a una instituci\u00f3n diferenciada de la uni\u00f3n marital21. Puede definirse \u00abcomo uni\u00f3n de hecho no matrimonial de convivencia afectiva y com\u00fan, libremente consentida y con contenido sexual, sin que, revista las caracter\u00edsticas del matrimonio o de la uni\u00f3n marital, pero que supone continuidad, estabilidad, permanencia en la vida com\u00fan y en las relaciones sexuales\u00bb22. En otras latitudes, es la misma uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Los hermanos Mazeaud niegan al concubinato el car\u00e1cter de situaci\u00f3n jur\u00eddica. Se trata, en cambio, de una relaci\u00f3n permanente sin v\u00ednculo de derecho, que existe de facto. Si, adem\u00e1s, concurren los elementos estructurales de las sociedades, se gobierna por las \u201csociedades de hecho\u201d23. <\/p>\n
La relaci\u00f3n concubinaria es un hecho y no un contrato formal, y genera obligaciones. Seg\u00fan Planiol y Ripert, \u201c(\u2026) carece de formas determinadas y no produce efectos jur\u00eddicos (\u2026). La diferencia estriba en que los esposos reconocen estas obligaciones y se comprometen a cumplirlas, mientras que los concubinos no se comprometen a ello, reserv\u00e1ndose la posibilidad de sustraerse a los mismos (\u2026) conservan su libertad, privando al poder social de todo medio de obligarlos\u201d24. <\/p>\n
Para dichos autores, la \u201cjurisprudencia ha recurrido a la teor\u00eda de las \u2018sociedades de hecho\u2019. Cuando quienes viven en concubinato han efectuado aportaciones (en dinero, en especie han tenido la intenci\u00f3n de colaborar en una empresa com\u00fan, o en trabajo) y cuando han revelado la voluntad de participar en los beneficios y en las p\u00e9rdidas, ha existido entre ellos una \u2018sociedad de hecho\u2019, por ser los bienes de la sociedad, su liquidaci\u00f3n se efectuar\u00e1 entonces seg\u00fan las reglas aplicables a las sociedades. Pero, cuando no se hayan reunido esos tres elementos del contrato de sociedad, aquel de los que viven en concubinato que reclame la partici\u00f3n de un bien, debe probar que tal bien se encontraba en la indivisi\u00f3n; si no, la atribuci\u00f3n se har\u00e1 a favor de aquel de ellos que fuera propietario antes de empezar el concubinato; o que, en el curso de la misma relaci\u00f3n, se haya mostrado personalmente como adquirente\u201d25. <\/p>\n
4.6.3. El trato de las uniones maritales de hecho t\u00edpicas, previstas en la Ley 54 de 1990, y de las uniones irregulares de hecho, concubinarias o at\u00edpicas se ancla en la regla 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Reconoce y ofrece protecci\u00f3n integral a todas las formas de familia. No obstante, esa uni\u00f3n irregular o at\u00edpica, per se, no engendra sociedad patrimonial ni de gananciales, tampoco de naturaleza universal por previsi\u00f3n legal. Puede, s\u00ed, brotar una aut\u00e9ntica sociedad de hecho, siempre que tengan presencia los siguientes elementos: i) Aportes rec\u00edprocos de sus integrantes. ii) \u00c1nimus lucrandi o participaci\u00f3n de utilidades y p\u00e9rdidas. Y iii) Affectio societatis o intenci\u00f3n de colaborar en un proyecto o empresa com\u00fan. Todo al margen de la convivencia permanente afectiva26. <\/p>\n
La Sala ha sostenido que \u00abm\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter sentimental o de la simple comunidad marital en la relaci\u00f3n de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya t\u00e1cito27 o \u201cimpl\u00edcito\u201d28, derivado de hechos o actos inequ\u00edvocos, con el prop\u00f3sito de obtener utilidades y enjugar las p\u00e9rdidas que llegaren a sufrir y, adem\u00e1s, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho. De consiguiente, en muchas hip\u00f3tesis, puede existir al margen del matrimonio o de la vigente uni\u00f3n marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, una sociedad de hecho comercial o civil29, pudiendo coexistir esta \u00faltima con la sociedad conyugal, o con la sociedad patrimonial, pero cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonom\u00eda jur\u00eddica. Todo ello, de la misma manera c\u00f3mo puede existir la sociedad conyugal, y adl\u00e1tere, en forma simult\u00e1nea, una sociedad mercantil regular integrada por los c\u00f3nyuges o por uno de estos con terceros\u00bb30. <\/p>\n
4.7. S\u00edguese, entonces, desde la \u00f3ptica del concubinato regulado en el exterior, los yerros de selecci\u00f3n de la ley sustancial se descartan por completo. Si quienes conformaron una familia allende fronteras por medio de uni\u00f3n no matrimonial ten\u00edan la calidad de nacionales colombianos, es paladino el gobierno de la controversia por el art\u00edculo 19 del C\u00f3digo Civil, regulador de la \u201cextraterritorialidad de la ley nacional\u201d, y no por el precepto 18 de la misma obra. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque el acto voluntario de unirse en un proyecto de vida com\u00fan, con vocaci\u00f3n de permanencia y car\u00e1cter singular, comportaba una modificaci\u00f3n al estado civil de las personas de igual connotaci\u00f3n que el matrimonio. Es una alteraci\u00f3n significativa en la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los miembros de la pareja. De cara a la ley, les impon\u00eda una serie de deberes, derechos y obligaciones entre s\u00ed, y con su descendencia, dando origen a lazos especiales, no derivados de un v\u00ednculo solemne, sino fruto de la decisi\u00f3n responsable y voluntaria de conformar un hogar. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de un asunto relativo al \u201cestado de las personas\u201d, a su posici\u00f3n en la sociedad y en el Estado, y fuente de \u201crelaciones de familia\u201d, sus designios los rige la legislaci\u00f3n patria. Con mayor raz\u00f3n cuando en el cargo se acepta, se reitera, que el concubinato en Venezuela se equipara a la uni\u00f3n marital de hecho colombiana. Por esto, al margen de la nominaci\u00f3n jur\u00eddica, las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, son las llamadas a regular el caso. <\/p>\n
Los efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n marital de hecho tampoco se entienden excluidos. Las disposiciones que los regulan, as\u00ed no sean de orden p\u00fablico, encuadran en el concepto de \u201cobligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia\u201d. Se encuentran comprendidas en la previsi\u00f3n del canon 19 de la codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
4.8. Los estados civiles surgidos en el extranjero tienen validez en otro. As\u00ed la forma de constituci\u00f3n u origen no sea totalmente coincidente con la prevista en la legislaci\u00f3n del sitio donde se pretende derivar consecuencias jur\u00eddicas. No interesa que, en el pa\u00eds vecino, la uni\u00f3n sea tipificada bajo la forma de una relaci\u00f3n concubinaria. <\/p>\n
La ley nacional persigue a los colombianos donde quiera que se encuentren. Significa que modificada su situaci\u00f3n frente a la familia y la sociedad, el estado civil emergente y sus repercusiones son las establecidas en la normatividad nacional. Las regentes en el lugar donde se origin\u00f3, nada tienen que ver en la discusi\u00f3n. <\/p>\n
4.8.1. En Venezuela, las uniones de hecho estables, tambi\u00e9n constituyen una uni\u00f3n informal, monog\u00e1mica, con car\u00e1cter de permanencia y deberes de cohabitaci\u00f3n, socorro y respeto mutuo. Su finalidad es fundar una familia. El art\u00edculo 77 de su Carta Magna establece: \u201cSe protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los c\u00f3nyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producir\u00e1n los mismos efectos que el matrimonio\u201d31. <\/p>\n
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela32, en sentencia 1682 de 15 de julio de 2005, hito de la jurisprudencia relativa al tema33, destac\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl concubinato es un concepto jur\u00eddico, contemplado en el art\u00edculo 767 del C\u00f3digo Civil, y tiene como caracter\u00edstica -que emana del propio C\u00f3digo Civil- el que se trata de una uni\u00f3n no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual est\u00e1 signada por la permanencia de la vida en com\u00fan (la solter\u00eda viene a resultar un elemento decisivo en la calificaci\u00f3n del concubinato, tal como se desprende del art\u00edculo 767 de C\u00f3digo Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social). <\/p>\n
\u201cSe trata de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica que requiere de declaraci\u00f3n judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en com\u00fan34. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa uni\u00f3n (art\u00edculo 767 eiusdem), el art\u00edculo 211 del C\u00f3digo Civil, entre otros, reconoce otros efectos jur\u00eddicos al concubinato, como ser\u00eda la existencia de la presunci\u00f3n pater ist est para los hijos nacidos durante su vigencia. <\/p>\n
\u201cDado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 767 del C\u00f3digo Civil, y \u00e9l viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el art\u00edculo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (C\u00f3digo Civil), para ser reconocido como tal uni\u00f3n. Por ahora \u2013a los fines del citado art\u00edculo 77 -el concubinato es por excelencia la uni\u00f3n estable all\u00ed se\u00f1alada, y as\u00ed se declara (\u2026). <\/p>\n
\u201cUni\u00f3n estable de hecho entre un hombre y una mujer\u201d, representa un concepto amplio que va a producir efectos jur\u00eddicos, independientemente de la contribuci\u00f3n econ\u00f3mica de cada uno de los unidos en el incremento o formaci\u00f3n del patrimonio com\u00fan o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinaci\u00f3n de la uni\u00f3n estable, la cohabitaci\u00f3n o vida en com\u00fan, con car\u00e1cter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre s\u00ed o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio. <\/p>\n
\u201cPero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cu\u00e1ndo comienza la uni\u00f3n estable, ella debe ser alegada por quien tenga inter\u00e9s en que se declare (parte o tercero) y probada sus caracter\u00edsticas, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la uni\u00f3n (lo que resulta similar a la prueba de la posesi\u00f3n de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condici\u00f3n de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), as\u00ed como la necesidad de que la relaci\u00f3n sea excluyente de otra de iguales caracter\u00edsticas, debido a la propia condici\u00f3n de la estabilidad. Si la uni\u00f3n estable se equipara al matrimonio, y la bigamia se encuentra prohibida, a juicio de esta Sala es imposible, para que ella produzca efectos jur\u00eddicos, la coexistencia de varias relaciones a la vez en igual plano, a menos que la Ley expresamente se\u00f1ale excepciones. Ahora bien, corresponde conforme al art\u00edculo 77 constitucional, a la reserva legal la regulaci\u00f3n de las otras uniones estables diversas al concubinato y, por ello, le est\u00e1 a la Sala vedado, aun por la v\u00eda de la jurisdicci\u00f3n normativa, realizar la tipificaci\u00f3n de estas otras uniones, y as\u00ed se declara\u201d. <\/p>\n
La extinta Corte Suprema de Justicia venezolana, en sentencia proferida el 28 de marzo de 1960, sobre lo relatado, hab\u00eda expuesto: <\/p>\n
\u201cLa Causa, el porqu\u00e9 se pide, consiste en la Uni\u00f3n Concubinaria permanente y en haber trabajado juntos con el amante durante el tiempo en que se form\u00f3 o aument\u00f3 el patrimonio, pues, como se ha dicho, todo trabajo intelectual o f\u00edsico en el hogar fuera de \u00e9l es productivo. La disposici\u00f3n comentada, se repite, impone a la mujer, la prueba de concubinato permanente, que ha trabajado y que durante \u00e9ste se form\u00f3 o aument\u00f3 un patrimonio; con ello se presume comunidad en los bienes adquiridos. Comprobada la uni\u00f3n no Matrimonial permanente, trabajo y formaci\u00f3n o aumento de patrimonio, hay presunci\u00f3n de comunidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y en providencia de 15 de noviembre de 2000, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, al interpretar la comentada disposici\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEn efecto, para que obre la presunci\u00f3n de comunidad, conforme al art\u00edculo 767 del C\u00f3digo Civil, la mujer debe probar: que se adquiri\u00f3 o aument\u00f3 un patrimonio durante la uni\u00f3n de hecho; y que durante el tiempo en que se form\u00f3 o aument\u00f3 el patrimonio vivi\u00f3 en permanente concubinato con el hombre contra quien hace valer la presunci\u00f3n a su favor establecida por el art\u00edculo 767 eiusdem. La formaci\u00f3n o aumento del patrimonio es cosa real, los bienes en comunidad, no importa que existan documentados a nombre de uno s\u00f3lo de los concubinos, es parte de lo que se pide; basta por tanto, evidenciar su existencia (\u2026)\u201d35. <\/p>\n
A su turno, la Sala Plena en sentencia 34 de 7 de junio de 2012, determin\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl reconocimiento judicial de una uni\u00f3n estable de hecho, indiscutible y evidentemente surte un conjunto de efectos jur\u00eddicos en el mundo del derecho, particularmente, en el campo de las relaciones entre las personas involucradas directa e indirectamente en la misma y, en lo relativo a la cuesti\u00f3n patrimonial. Otras relaciones y consecuencias jur\u00eddicas, no tan n\u00edtidas y notorias como las mencionadas, pero al mismo tiempo, no menos importantes, por consiguiente, trascendentes para la protecci\u00f3n integral de la persona humana, primordialmente en su especial etapa de ni\u00f1ez y adolescencia, est\u00e1n presentes en la familia, en tanto, concreci\u00f3n y expresi\u00f3n de una asociaci\u00f3n creada por un hombre y una mujer, y fundada en el afecto. El desarrollo de la familia, vale decir, la procreaci\u00f3n de descendencia, no s\u00f3lo es el medio natural que conduce a la consolidaci\u00f3n de la asociaci\u00f3n familiar, sino que ello se traduce en una fuente de deberes y derechos para el padre y la madre, que su observancia o desconocimiento inevitablemente incidir\u00e1n en la formaci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d36. <\/p>\n
La relaci\u00f3n concubinaria en Venezuela, no da origen a un estado civil. As\u00ed lo precis\u00f3 el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en el fallo de 15 de julio 2005, citado, al indicar: <\/p>\n
\u201cEl estado civil surge de unas manifestaciones de voluntad formales contenidas en las actas del estado civil, as\u00ed como de las transformaciones que \u00e9ste recibe y que constan en las notas marginales de las partidas. <\/p>\n
\u201cSe trata de una cuesti\u00f3n formal que permite no s\u00f3lo conocer la condici\u00f3n de la persona, sino que resulta la piedra angular del sistema de identificaci\u00f3n. <\/p>\n
4.8.3. Las anteriores reflexiones dejan ver ausencia de desacierto en las premisas jur\u00eddicas elegidas por el Tribunal para dispensar la soluci\u00f3n al caso. Pese a las diferencias del concubinato en Venezuela y la uni\u00f3n marital de hecho en Colombia, era la ley dom\u00e9stica, no la for\u00e1nea, la rectora del v\u00ednculo, con todos sus efectos: personales y econ\u00f3micos. Estos \u00faltimos, con mayor raz\u00f3n, trat\u00e1ndose de colombianos, seg\u00fan lo asent\u00f3 la Corte Contitucional en sentencia C-395 de 2002. <\/p>\n
4.8.4. La cr\u00edtica vinculada a la ausencia de pruebas testimoniales que ratifiquen el domicilio de Herrera Daniels y Navas Inmediato en el territorio nacional, resulta extra\u00f1a a la causal invocada. Un ataque de esa \u00edndole es propio de la v\u00eda indirecta. \u201cTrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d38. <\/p>\n
Interpretando el ataque por el camino correcto, los errores probatorios son inexistentes. Suponiendo que los declarantes no indicaron el hecho, esto no excluye la uni\u00f3n marital, para los recurrentes, similar al concubinato en Venezuela; menos, cuando la discusi\u00f3n no vers\u00f3 sobre el domicilio com\u00fan de la pareja que, para el Tribunal, durante la convivencia marital, solo tuvo uno: en Venezuela. El problema del domicilio, as\u00ed sea para fijar competencia territorial, inclusive despu\u00e9s del deceso del compa\u00f1ero permanente, ni quita ni pone rey. <\/p>\n
4.9. La acusaci\u00f3n, en consecuencia, est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
5. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
5.1. Denuncia la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2\u00b0 literal b) de la Ley 54 de 1990 y 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
5.2. El Tribunal, al decir de los recurrentes, omiti\u00f3 determinar, para los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital de hecho declarada, si la sociedad conyugal anterior de Gustavo Herrera Daniels se hallaba disuelta y liquidada. Recalc\u00f3 que en el proceso no exist\u00eda prueba al respecto. <\/p>\n
5.3. Impetra, por tanto, casar el fallo impugnado y, en sede de instancia, denegar las pretensiones. <\/p>\n
6. CONSIDERACIONES <\/p>\n
6.1. El cargo se orienta a controvertir los efectos patrimoniales de la declarada uni\u00f3n marital de hecho. No obstante, enderezado por la v\u00eda directa, esto supone, cual se pincel\u00f3 al resolverse el embate anterior, que entre la parte recurrente y el Tribunal no existe discrepancia en torno a la manera como quedaron fijados los hechos. La pol\u00e9mica, simplemente, se reduce a un ejercicio de subsunci\u00f3n de tales circunstancias en las normas jur\u00eddicas respectivas. <\/p>\n
Significa lo dicho que, el Tribunal al abrir paso a la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, los supuestos f\u00e1cticos para presumir su existencia se encontraban cumplidos. Conforme a la norma que se dice transgredida, la ausencia en la pareja de \u201cimpedimento legal para contraer matrimonio\u201d, o concurriendo en uno o en ambos, las sociedades conyugales anteriores estaban disueltas, as\u00ed no se encuentren liquidadas. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n deja a un lado esas cuestiones. Controvierte lo relativo a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal anterior de Gustavo Herrera Daniels. Se dice que el juzgador no repar\u00f3 en tales circunstancias. La pol\u00e9mica, como se observa, desciende a los hechos y pruebas del proceso, y esto, por s\u00ed, le resta m\u00e9rito al cargo. <\/p>\n
Para rematar, el ad-quem s\u00ed abord\u00f3 el tema. Encontr\u00f3 que la sociedad conyugal anterior del compa\u00f1ero permanente, ahora fallecido, se hab\u00eda disuelto con la muerte de quien, para entonces era su esposa. Como el hecho ocurri\u00f3 antes de la nueva relaci\u00f3n patrimonial, el impedimento para que surgiera hab\u00eda quedado removido. <\/p>\n
En la impugnaci\u00f3n no se discurre sobre el particular. De ah\u00ed que, desde esta otra perspectiva, tampoco el Tribunal pudo incurrir en ning\u00fan error de juzgamiento. El argumento, ante la falta de confutaci\u00f3n, al margen del juicio del juzgador, debe tenerse como legal y cierto, cual arrib\u00f3 a la casaci\u00f3n. A la vez, suficiente, sin m\u00e1s, para seguir sosteniendo la sentencia combatida. <\/p>\n
6.2. La eventual falta de liquidaci\u00f3n de la comentada anterior sociedad conyugal tampoco obstaba el nacimiento de otra relaci\u00f3n patrimonial. En el punto se encuentra consolidada toda una doctrina probable; inclusive, condujo a la Corte Constitucional a predicarlo. <\/p>\n
Numerosos son los pronunciamientos en los cuales se determin\u00f3 que, si la intenci\u00f3n era eliminar la concurrencia de sociedades universales39, bastaba reclamar la finalizaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Cometido que se cumpl\u00eda con la sola disoluci\u00f3n. Por su trascendencia, viene \u00fatil su cita: <\/p>\n
6.2.1. En el fallo CSJ SC097 de 10 de septiembre de 2003, expediente 7603, esta Corte declar\u00f3 insubsistente la exigencia de \u201cliquidaci\u00f3n\u201d de la sociedad conyugal preexistente. Como justificaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cSeg\u00fan el esp\u00edritu que desde todo \u00e1ngulo de la ley se aprecia, as\u00ed de su texto como de su fidedigna historia, en lo que, por lo dem\u00e1s, todos a una consienten, el legislador, fiel a su convicci\u00f3n de la inconveniencia que genera la coexistencia de sociedades -ya lo hab\u00eda dejado patente al preceptuar que en el caso del numeral 12 del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo civil, el segundo matrimonio no genera sociedad conyugal, seg\u00fan se previ\u00f3 en el art\u00edculo 25 de la ley 1\u00aa de 1976, que reform\u00f3 el 1820 del c\u00f3digo civil- aqu\u00ed se puso en guardia nuevamente para evitar la concurrencia de una llamada conyugal y otra patrimonial; que si en adelante admit\u00eda, junto a la conyugal, otra excepci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de sociedades de ganancias a t\u00edtulo universal (art\u00edculo 2083 del c\u00f3digo civil), era bajo la condici\u00f3n de proscribir que una y otra lo fuesen al tiempo. La teleolog\u00eda de exigir, am\u00e9n de la disoluci\u00f3n, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, fue entonces rigurosamente econ\u00f3mica o patrimonial: que quien a formar la uni\u00f3n marital llegue, no traiga consigo sociedad conyugal alguna; s\u00f3lo puede llegar all\u00ed quien la tuvo, pero ya no, para que, de ese modo, el nuevo r\u00e9gimen econ\u00f3mico de los compa\u00f1eros permanentes nazca a solas. No de otra manera pudiera entenderse c\u00f3mo es que la ley tolera que aun los casados constituyan uniones maritales, por supuesto que nada m\u00e1s les exige, sino que sus aspectos patrimoniales vinculados a la sociedad conyugal est\u00e9n resueltos (\u2026)\u201d (se subraya). <\/p>\n
En la misma decisi\u00f3n se a\u00f1adi\u00f3 que es la disoluci\u00f3n, no la liquidaci\u00f3n, \u00abla que le infiere la muerte a la sociedad conyugal\u00bb. Cuando ocurre alguna causa por la cual se entiende disuelta la comunidad de bienes, \u00e9sta \u00abtermina sin atenuantes. No requiere de nada m\u00e1s para predicar que su vigencia expir\u00f3. En adelante ning\u00fan signo de vida queda\u201d. <\/p>\n
6.2.2. En prove\u00eddo de 4 de septiembre de 2006, radicaci\u00f3n 00696, lo reiter\u00f3: <\/p>\n
\u201c[A]unque la ausencia de impedimento para contraer matrimonio puede venir del estado de solter\u00eda, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, en verdad en todos esos casos no se est\u00e1 indagando genuinamente por la suerte del v\u00ednculo matrimonial, sino que ellos se incluyen porque hay subyacente un com\u00fan denominador: la sociedad conyugal ha quedado disuelta. No obstante, en los casos que acaban de citarse, es posible que, a pesar de la ausencia de v\u00ednculo, los antiguos socios a\u00fan arrastren una sociedad sin liquidar, lo cual no empece, seg\u00fan se dijo en el precedente, para que se constituya la sociedad patrimonial a que alude la Ley 54 de 1990. S\u00edguese de lo anterior, que, desaparecida la exigencia de liquidaci\u00f3n, porque esta norma de car\u00e1cter legal \u2018deviene insubsistente\u2019 por la entrada en vigor de la nueva Constituci\u00f3n, no hay raz\u00f3n alguna para la diferencia entre quienes carecen de v\u00ednculos matrimoniales y quienes a\u00fan los tienen, pues en cualquier caso la \u00fanica exigencia por hacer es la de que los convivientes que tuvieron sociedad conyugal la hayan disuelto, por cualquiera de las causas del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u201c(\u2026) S\u00edguese de lo dicho, que la indagaci\u00f3n es una y muy sencilla: saber cu\u00e1l era la situaci\u00f3n de aquel que se apresta a iniciar la vida de pareja, y de \u00e9l, de modo general y salvo contadas excepciones, s\u00f3lo interesa saber si tiene una sociedad conyugal vigente o si esta se ha disuelto. De quienes h\u00e1llanse sin impedimento legal para contraer matrimonio, la respuesta es obvia, o bien jam\u00e1s la han tenido: los solteros, o bien la tuvieron, pero ya la disolvieron como los viudos, los divorciados y quienes lograron el decreto de nulidad de su matrimonio. Y al lado de ellos est\u00e1n todos quienes, a\u00fan con impedimento legal para contraer matrimonio por v\u00ednculo preexistente, ya no llevan consigo sociedad conyugal, como quienes la han disuelto voluntariamente\u201d (se subraya). <\/p>\n
6.2.3. En la sentencia de 7 de marzo de 2011, expediente 0412, igualmente asent\u00f3: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, s\u00f3lo a manera de ejemplo, los casados con sociedad conyugal vigente, pueden formar parte de todo tipo de compa\u00f1\u00edas, pues la autonom\u00eda de la voluntad, la igualdad de derechos, la libre iniciativa privada y la libre administraci\u00f3n de los bienes de cada c\u00f3nyuge, les habilita para conjugar sus intereses del modo que m\u00e1s les convenga, eso s\u00ed, tomando en cuenta que no puede concurrir m\u00e1s de una comunidad de bienes a t\u00edtulo universal, m\u00e1s por tratarse de un impedimento l\u00f3gico que por disposici\u00f3n legal. <\/p>\n
\u201cDe ese modo, mientras subsista la sociedad conyugal, el c\u00f3nyuge no puede constituir ninguna otra comunidad de bienes a t\u00edtulo universal, pues dos universalidades jur\u00eddicas de este tipo son l\u00f3gicamente excluyentes de modo simult\u00e1neo, aunque nada impide que a una siga otra, as\u00ed la primera se halle en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cPor esa circunstancia, el matrimonio en s\u00ed no es obst\u00e1culo para que se forme una sociedad, incluso la patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, pues la ley s\u00f3lo exige que est\u00e9 disuelta la sociedad conyugal precedente, justamente para evitar la confusi\u00f3n de dos comunidades de bienes a t\u00edtulo universal, dado que causa verdadera molestia a la raz\u00f3n, presumir que todo lo que adquiere una persona casada ingrese al haber de la sociedad conyugal existente con su c\u00f3nyuge y, al mismo tiempo, pueda incorporarse al acervo de la sociedad universal que tiene con otro sujeto\u201d. <\/p>\n
6.2.4. En fallo de 22 marzo 2011, radicado 00091, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa uni\u00f3n marital de hecho, bien se sabe, supuestos los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la sociedad patrimonial, siempre que aqu\u00e9lla haya perdurado un lapso no inferior a dos a\u00f1os, con independencia de que exista impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, pues si concurre, por ejemplo, un v\u00ednculo vigente de la misma naturaleza, lo \u00fanico que se exige para que opere dicha presunci\u00f3n, es la disoluci\u00f3n de las respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cCon ello, desde luego, lo que se propuso el legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) Recapitulando, entonces, se tiene que es factible la existencia de uniones maritales sin la presunci\u00f3n de sociedad patrimonial, cual acontece en todos los casos en que la vida marital es inferior a dos a\u00f1os, o en los eventos en que pese a ser por un tiempo mayor, subsiste la limitante derivada del impedimento legal para contraer matrimonio, como es la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo mismo, hay lugar a dicha presunci\u00f3n, supuesto el citado requisito temporal, cuando entre los compa\u00f1eros permanentes no concurre tal impedimento, o existiendo, la respectiva sociedad conyugal lleg\u00f3 a su fin por el fen\u00f3meno de la disoluci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDesde luego, si en este \u00faltimo evento, lo relativo a la liquidaci\u00f3n se entiende insubsistente, incluido el a\u00f1o de gracia, la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes debe presumirse existente a partir de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior\u201d (se subraya). <\/p>\n
6.2.5. La tesis fue reiterada y compendiada el 28 noviembre de 2012, expediente 00173. Adem\u00e1s, recab\u00f3 la insubsistencia del requisito de la liquidaci\u00f3n, al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta equivocada la hermen\u00e9utica del Tribunal frente a la citada disposici\u00f3n, en virtud de que la jurisprudencia ha precisado que para la conformaci\u00f3n de la \u2018uni\u00f3n marital de hecho\u2019, no constituye obst\u00e1culo el que ambos compa\u00f1eros o alguno de ellos tenga \u2018sociedad conyugal\u2019\u201d, pues esta circunstancia seg\u00fan qued\u00f3 visto, en principio obstaculiza es el surgimiento de la \u2018sociedad patrimonial\u2019, cuando no se encuentra disuelta, en esencia para evitar la confusi\u00f3n de universalidades patrimoniales, por lo que acorde con esa orientaci\u00f3n, se reclama \u00fanicamente la ocurrencia de \u00e9sta, mas no su \u2018liquidaci\u00f3n\u2019\u201d. <\/p>\n
6.2.3. La robusta doctrina probable de la Corporaci\u00f3n expuesta no deja duda que la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes no se neutraliza por la pervivencia de sociedades conyugales anteriores sin liquidar de uno de los compa\u00f1eros permanentes o de ambos. Lo trascendente es la disoluci\u00f3n, inclusive por los mismos hechos, como la separaci\u00f3n definitiva de cuerpos de los sujetos involucrados. <\/p>\n
6.2.4. La doctrina probable la acogi\u00f3 y ratific\u00f3 con efectos \u201cerga omnes\u201d, la Corte Constitucional en la sentencia C-700 de 16 de octubre de 2013. All\u00ed fulmin\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cy liquidadas\u201d contenida en el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 de 199040. La consider\u00f3 contraria a la Ley Fundamental al desproteger el patrimonio de la familia fundada por lazos naturales. En su tenor: <\/p>\n
\u201cTodas las prerrogativas, ventajas o prestaciones -sostuvo- y tambi\u00e9n las cargas y responsabilidades que el sistema jur\u00eddico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho v\u00ednculo formal. Generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, implica desconocer la norma que equipara las dos formas de uni\u00f3n (art\u00edculo 42 C.P.) y se quebranta el principio de igualdad ante la ley (art\u00edculo 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a situaciones id\u00e9nticas. <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s, el desconocimiento de dicha equiparaci\u00f3n constitucional entre las dos formas de familia referidas, se dar\u00eda en beneficio de la familia matrimonial, pues el patrimonio construido por los compa\u00f1eros pasa a formar parte de la sociedad conyugal anterior de aquel compa\u00f1ero que no la liquid\u00f3; a sabiendas de que -como se explic\u00f3- pese a no estar liquidada la mencionada sociedad conyugal anterior, ya est\u00e1 disuelta luego ha finiquitado41. <\/p>\n
6.3. Las premisas anotadas descartan, una vez m\u00e1s, frente a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal del compa\u00f1ero permanente con la muerte de su esposa, la violaci\u00f3n de la ley sustancial. En el eventual caso de faltar la liquidaci\u00f3n, esto de manera alguna se convertir\u00eda en obst\u00e1culo para impedir el surgimiento de una sociedad patrimonial. <\/p>\n
6.3.1. La transcripci\u00f3n parcial de un pronunciamiento de la Sala42, efectuada por el impugnante, no demerita la conclusi\u00f3n. El censor lo descontextualiza. Desconoce que, a la menci\u00f3n all\u00ed realizada sobre la exigencia de liquidaci\u00f3n del haber conyugal en el caso de los viudos, se adicion\u00f3 la precisi\u00f3n de ser inexigible ese requisito para el nacimiento de la sociedad patrimonial. Indic\u00f3 la Corte lo siguiente: <\/p>\n
\u201cPero el caso es que, con todo, la recurrente ha planteado a la Corte el tema, netamente jur\u00eddico, por cierto, y de ah\u00ed que lo haya hecho por la v\u00eda directa, de saber si la falta de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal empece la sociedad patrimonial; ya se vio que el hecho de la viudez no exonera de la liquidaci\u00f3n consagrada en la ley. Pero como para la Corte la tal liquidaci\u00f3n no ha de exigirse a nadie, ni viudos ni no viudos, es por lo que el cargo demanda el an\u00e1lisis pertinente, para lo cual se vale la Corte de las siguientes apuntaciones: <\/p>\n
\u201cPuestas as\u00ed las cosas, al pronto surge que la norma, al llegar hasta exigir en tales eventos la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda fue a dar m\u00e1s all\u00e1 de lo que era preciso para lograr la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades, suficiente habr\u00eda sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su t\u00e9rmino, para lo cual basta simplemente la disoluci\u00f3n. Es esta, que no la liquidaci\u00f3n, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. (\u2026). <\/p>\n
\u201cQue la mera disoluci\u00f3n es lo que a la conyugal pone fin, lo dice el hecho de que justo es en ese momento cuando queda fijado definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados en adelante en igualdad de condiciones por ambos c\u00f3nyuges (o, en su caso, por el sobreviviente y los herederos del difunto). En dicha comunidad apenas s\u00ed tienen los c\u00f3nyuges derechos de cuotas indivisas, y se encuentran en estado de transici\u00f3n hacia los derechos concretos y determinados; como en toda indivisi\u00f3n, all\u00ed est\u00e1 latente la liquidaci\u00f3n. Pero jam\u00e1s traduce esto que, en el interregno, la sociedad subsiste, porque, como su nombre lo pone de relieve, la liquidaci\u00f3n consiste en simples operaciones num\u00e9ricas sobre lo que constituye gananciales, con el fin de establecer qu\u00e9 es lo que se va a distribuir, al cabo de lo cual se concreta en especies ciertas los derechos abstractos de los c\u00f3nyuges. Es, en suma, traducir en n\u00fameros lo que hubo la sociedad conyugal, desde el momento mismo en que inici\u00f3 (el hecho del matrimonio) y hasta cuando feneci\u00f3 (disoluci\u00f3n); ni m\u00e1s ni menos. En t\u00e9rminos m\u00e1s el\u00edpticos, liquidar lo que acabado est\u00e1\u201d. <\/p>\n
6.3.2. La parte recurrente, en ese contexto, subvierte la prohibici\u00f3n de la regla 79 del C\u00f3digo General del Proceso. Se trata de una citaci\u00f3n desviada y opuesta a la integridad y ratio decidendi del texto jurisprudencial; colindante con \u201ctranscripciones o citas deliberadamente inexactas\u201d. Sirva la advertencia de requerimiento en el marco de la deontolog\u00eda jur\u00eddica y de la funci\u00f3n social que cumple el abogado. <\/p>\n
6.4. El cargo, en consecuencia, igualmente est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
7. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 23 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala de Familia, en el proceso incoado por Mar\u00eda Lucila Navas Inmediato contra los herederos determinados e indeterminados de Gustavo Herrera Daniels. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por hallarse representado el extremo recurrente por curador ad litem. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 GOLDSCHMIDT, Werner. Sistemas y filosof\u00eda del derecho internacional privado. T. I, Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa \u2013 Am\u00e9rica, 1952, p. 67. <\/p>\n
2\u0002 Jurista doctorado en Bolonia, originario de la regi\u00f3n de Marcas en Italia (1314-1357). <\/p>\n
3\u0002 Tambi\u00e9n conocido como el Edicto de Tesal\u00f3nica de los emperadores Graciano, Valentiniano (II) y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla (380), que impuso el cristianismo niceno como la religi\u00f3n oficial del imperio romano. <\/p>\n
4\u0002 Baldo degli Ubaldi (1327-1400), tambi\u00e9n conocido como Baldus de Ubaldis o Balde de Ubaldis, fue un fraile y jurista italiano (Perugia), alumno y seguidor de Bartolo de Sassoferrato, comentador del Corpus Iuris Civilis del gran Justiniano. <\/p>\n
5\u0002 Tambi\u00e9n conocido como C\u00f3digo de Bustamante, fue promovido por el jurista cubano Antonio S\u00e1nchez de Bustamante y Sirv\u00e9n en el Sexto Congreso Panamericano celebrado en la Habana. <\/p>\n
6\u0002 CAICEDO CASTILLO, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn. Derecho Internacional Privado. 5 edici\u00f3n. Bogot\u00e1: Temis, 1960, pp. 36 – 38. <\/p>\n
7\u0002 En el mismo sentido la Corte Constitucional lo asienta en la sentencia C-947 de 2014 al cumplir la revisi\u00f3n constitucional prevista en el n\u00fam. 10 del art. 241 de la C.N. respecto del \u201cAcuerdo de Servicios A\u00e9reos entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica de Turqu\u00eda\u201d, suscrito en Ankara el 18 de noviembre de 2011 y de su Ley aprobatoria 1689 de 17 de diciembre de 2013, al hacer enumeraci\u00f3n de los \u201c(\u2026) instrumentos internacionales sobre la materia, que no rigen para Colombia (\u2026) [incluye la] Convenci\u00f3n de Derecho Internacional Privado, conocido como c\u00f3digo de Bustamante de 1928\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-395 de 22 de mayo de 2002. <\/p>\n
10\u0002 VALENCIA ZEA, Arturo et ORTIZ MONSALVE, \u00c1LVARO. Derecho Civil. Tomo I. Parte General y Personas. Bogot\u00e1: Edit. Temis S.A. 1996, p. 204. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 27n de junio de 1940 (XLIX-569). <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculo 1 Decreto Ley 1260 de 1970. <\/p>\n
13\u0002 CJS. Civil.Sentendia de 7 de marzo de1952 (LXXI-361). <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 3 de agosto de 1995, expediente 4725. <\/p>\n
15\u0002 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Tomo IV. De las pruebas del estado civil. Santiago: Editorial Jur\u00eddica de Chile. 1992, p. 10. <\/p>\n
16\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba de la Ley 169 de 1886 y 7\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, y sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
17\u0002 CSJ. Civil. Autos de 18 junio de 2008, expediente 00205; de 11 de noviembre de 2008, radicado 01484; y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200. Sentncias de 11 marzo de 2009, expediente 00197; de 5 de junio de 2009, radicado 00025; de 19 diciembre de 2012, expediente 00003; de 5 de febrero de 2016, radicado 00443; de 24 de octubre de 2016, expediente 00069; y de 18 mayo de 2018, radicado 00274. <\/p>\n
18\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 21 e junio de 2016, expediente 00129. <\/p>\n
19\u0002 CSJ. Constitucional. Sentencia de tutela de 14 de marzo de 2016, expediente 0431. <\/p>\n
20\u0002 Fecha de deceso de Gustavo Herrera Daniels. <\/p>\n
21\u0002 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-239 de 1994. <\/p>\n
22\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC8225 de 22 junio de 2016, radicado 00129. <\/p>\n
23\u0002 MAZEAUD, Henri, Le\u00f3n y Jean. Lecciones de Derecho Civil. La organizaci\u00f3n del patrimonio familiar. Parte cuarta, Vol. I, Traducci\u00f3n de Luis Alcal\u00e1-Zamora y Castillo, Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa-Am\u00e9rica, 2009, p. 19 a 21. <\/p>\n
24\u0002 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Vol. 8. Traducci\u00f3n de Leonel Pereznieto Castro. Derecho Civil. M\u00e9xico, D.F.: Oxford University Press, 1999, p. 116. <\/p>\n
25\u0002 Ib\u00eddem <\/p>\n
26\u0002 En este t\u00f3pico es coincidente la doctrina de los hermanos MAZEAUD. Ob. cit. y la sentencia de esta Corporaci\u00f3n de 30 de noviembre de 1935. G.J. T. XLII, p. 483. <\/p>\n
27\u0002 CSJ. Civil. Cas. de 18 de octubre de 1973, G.J., T. CXLVIII, p. 92. <\/p>\n
28\u0002 CSJ. Civil. Cas. de 22 de mayo de 2003, Gaceta J. T.CCXVI, primer semestre, p. 367; significa al decir de esta Corte, en el punto debatido: \u201csociedades formadas por los hechos\u201d, esto es, asentimiento deducido del comportamiento externo y de las acciones que ejecuta la persona, por ejemplo, actos de colaboraci\u00f3n o explotaci\u00f3n conjunta, operaciones comunes, etc. <\/p>\n
29\u0002 La naturaleza civil o comercial de la sociedad de hecho concubinaria es intrascendente a la hora de decidir un litigio, como el ahora planteado, por tratarse de una sociedad de hecho donde no importa el car\u00e1cter de las actividades que originan el aporte, ni la determinaci\u00f3n de la etiolog\u00eda de los actos que generan el provecho econ\u00f3mico para establecer si son de \u00edndole comercial o civil por la identidad de los elementos axiol\u00f3gicos que integran una y otra, tal como paladinamente lo explican las sentencias de casaci\u00f3n de esta Sala del 14 de mayo de 1992 y, del 22 de mayo del 2003 en el expediente 7826 <\/p>\n
30\u0002 CSJ. Civil. Sentencia SC8225 de 22 junio de 2016, radicado 00129. <\/p>\n
31\u0002 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 36.860 de 30 de diciembre de 1999. <\/p>\n
32\u0002 \u00d3rgano colegiado que, en 1999, reemplaz\u00f3 a la antigua Corte Suprema de Justicia como cabeza del poder judicial. <\/p>\n
33\u0002 El pronunciamiento es resultado de la solicitud de interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 77 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y fue acogido en providencias posteriores de la Sala de Casaci\u00f3n Civil: Fallos de 8 de junio de 2015, exp. 2014-000669; 1\u00b0 de diciembre de 2015, exp. 2015-00214; 4 de julio de 2019, exp. 2018-00531. <\/p>\n
34\u0002 A partir de la Ley Org\u00e1nica de Registro Civil, en vigor desde el 15 de marzo de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 39.264 del 15 de septiembre de 2009, \u201clas uniones estables de hecho se registrar\u00e1n en virtud de: 1. Manifestaci\u00f3n de voluntad. 2. Documento autentico o p\u00fablico. 3. Decisi\u00f3n judicial\u201d (art. 117). <\/p>\n
35\u0002 En an\u00e1logo sentido, fallo del T.S.J de 13 de noviembre de 2001. en: http:\/\/historico.tsj.gob.ve\/decisiones\/scs\/noviembre\/C311-131101-01501.HTM. <\/A><\/p>\n