STC058.-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC058-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00088-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ernesto de Jes\u00fas C\u00e1liz Mart\u00ednez contra el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente quebrantados por la autoridad jurisdiccional convocada, al negarle la custodia de su menor hija XXXX, mediante fallo emitido en el curso del proceso verbal sumario que promovi\u00f3 contra Omaira Luz Henr\u00edquez Morales, radicado bajo el n\u00ba. 2018-00404-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo cardinal, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se deje (i) \u00absin efecto la Sentencia proferida el 5 de enero de 2021, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Ceret\u00e9, C\u00f3rdoba, que resolvi\u00f3 en \u00fanica instancia el proceso de custodia y cuidado personal (\u2026). En su lugar, ORDENAR a dicho Juzgado que (\u2026) proceda a dictar una nueva sentencia\u00bb, en la que se realice una valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja relata, en lo que importa para el asunto, que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Ceret\u00e9 mediante sentencia del 5 de enero de los corrientes, rechaz\u00f3 \u00ablas pretensiones de la demanda\u00bb y otorg\u00f3 \u00abla custodia monoparental a la madre de la menor\u00bb, incurriendo, dice, en una \u00aberrada tesis en torno a la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba\u00bb, pues concluy\u00f3 \u00absobre la idoneidad de la madre para continuar ejerciendo la custodia de la menor, y, luego, sobre la incapacidad del padre para lo propio\u00bb. <\/p>\n
Dijo que para resolver en la forma rese\u00f1ada, el fallador accionado descalific\u00f3 y trat\u00f3 de irrelevantes \u00abuna serie de situaciones planteadas por el actor y acreditadas en el proceso que denotan la irresponsabilidad de la demandada en el ejercicio de la custodia de la menor\u00bb, como que la all\u00ed demandada ten\u00eda una \u00abafecci\u00f3n de salud, cardiaca, que hizo viajes al exterior, que viajaba con frecuencia, que por su trabajo no estaba permanentemente con la ni\u00f1a, que la ni\u00f1a estuvo desprotegida uno o dos meses de servicios de salud, de seguros de salud, que no pagaba oportunamente los servicios p\u00fablicos, entre otros\u00bb, interpretaci\u00f3n que, dice, fue \u00abdescontextualizada\u00bb, pues las referidas situaciones eran indicativas claras de la \u00abirresponsabilidad de la madre en el ejercicio de la custodia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente agreg\u00f3, que la falta de idoneidad del progenitor la bas\u00f3 en \u00abi) el dictamen pericial elaborado por medicina legal sobre la condici\u00f3n mental del Demandante; y, ii) las declaraciones de (\u2026) testigos (\u2026) las que corrobor\u00f3 con unas denuncias ilegalmente allegadas al proceso y unos informes de prensa\u00bb, quebrantando de manera \u00abflagrante\u00bb su derecho al debido proceso, \u00abpues el experticia con base en el cual el Juez tom\u00f3 su decisi\u00f3n, presenta sendos vicios en cuanto a su decreto, pr\u00e1ctica, contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n\u00bb; m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abel Juez desconoci\u00f3 un abanico de pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y valor\u00f3 defectuosamente muchas de ellas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO <\/p>\n
a. El Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Ceret\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, y en tal sentido dijo, que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abfue el resultado l\u00f3gico de un an\u00e1lisis cr\u00edtico de las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso, y de las circunstancias particulares del caso concreto, y fundada en las normas legales aplicables y en jurisprudencia sobre el tema, en ejercicio de los principios de autonom\u00eda e independencia de que gozan los jueces en el desarrollo de la dif\u00edcil funci\u00f3n de administrar justicia; mas no de un actuar arbitrario, carente de sentido y\/o ajeno a la realidad procesal\u00bb. <\/p>\n
b. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional C\u00f3rdoba, dijo que all\u00ed se tramit\u00f3 una solicitud de fijaci\u00f3n de cuota y regulaci\u00f3n de visitas, aclarando que es ajeno al \u00abProceso de Custodia y Cuidado Personal correspondiente al proceso con radicaci\u00f3n No. 23-162-31-84-001-2018-00404-00\u00bb, y en tal sentido, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
c. Omaira Henr\u00edquez Morales, demandada en el proceso de custodia y cuidado personal, se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe \u00abNO CUMPLE CON NINGUNA DE LAS EXIGENCIAS DE LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA ESPECIALES NI MATERIALES EXIGIDAS POR LA JURISPRUDENCIA\u00bb, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar las pretensiones de esta. <\/p>\n
d. La Procuradora 18 Judicial Para la Defensa De Los Derechos De La Infancia, La Adolescencia, La Familia y Las Mujeres anot\u00f3, que los \u00abreparos planteados por el propulsor de este amparo contra la sentencia como tal, relativos a la valoraci\u00f3n indebida de las pruebas y a los razonamientos realizados por el juez tutelado que conllevaron a denegar las s\u00faplicas de la demanda, esta Procuradur\u00eda debe acotar que en cuanto a los requisitos generales de procedencia (inmediatez, no contar con otros medios de defensa, etc.) se advierten indisputablemente estructurados. No obstante, es necesario apuntar que no acontece lo propio en cuanto al defecto f\u00e1ctico que le enrostra a la sentencia (el cual se configura cuando la decisi\u00f3n carece de apoyo probatorio, o bien, de manera ostensible hay una indebida o defectuosa valoraci\u00f3n de la prueba)\u00bb. <\/p>\n
e. El apoderado del promotor del amparo, pidi\u00f3 resolver de plano la presente demanda, y tener por ciertos los hechos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda neg\u00f3 el resguardo reclamado, tras advertir, en suma, que \u00abel juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto\u00bb, sin que, de modo alguno, \u00ablas diferencias de valoraci\u00f3n que puedan surgir en la apreciaci\u00f3n de una prueba\u00bb, puedan \u00abconsiderarse ni calificarse como errores f\u00e1cticos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor del amparo, se\u00f1alando que la decisi\u00f3n de primer grado, \u00abantes que hacer un an\u00e1lisis de fondo del tema planteado, que era lo esperado, perpet\u00faa e intensifica las sucesivas violaciones de los derechos humanos y fundamentales\u00bb, de su menor hija; que \u00abEL TRIBUNAL HA DEBIDO RESOLVER DE PLANO EN CUMPLIMIENTO DE LOS ART\u00cdCULOS 19 Y 20 DE DECRETO 2591 DE 1991\u00bb, en la medida en que el fallador convocado no se pronunci\u00f3 de forma concreta sobre los hechos de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, aunque el ciudadano C\u00e1liz Mart\u00ednez cuestion\u00f3 gran parte de la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Ceret\u00e9, al interior del proceso custodia y cuidado personal que promovi\u00f3 en contra de la progenitora de su hija menor de edad, hechos que calific\u00f3 de \u00abirregulares\u00bb, su petici\u00f3n fue circunscrita a solicitar la revocatoria de la sentencia proferida el 5 de enero de 2021, la que fue adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, advierte la Sala que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n antes individualizada, no se identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Despacho convocado para conceder la custodia y cuidado personal de la infante MCE en favor de la progenitora, precis\u00f3 en el desarrollo de la audiencia concentrada, que de la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 23 de la Ley 1098 de 2006 se infiere, entre otras cosas, \u00abque quien tiene la custodia y cuidado personal de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente (\u2026). Debe ejercerla adelantando las acciones necesarias para que aqu\u00e9l alcance su desarrollo integral, es decir, procurarle al m\u00e1ximo el goce de los derechos consagrados tanto en tratados internacionales como en la Constituci\u00f3n Nacional, entre los que se cuenta la vida, la integridad f\u00edsica, la salud, la alimentaci\u00f3n equilibrada (\u2026). Para garantizar el cumplimiento de tales acciones, es necesario obviamente que quien ejerza la custodia tenga suficiente idoneidad, f\u00edsica, moral y mental\u00bb (minuto 2:13 del audio de la diligencia, quinta parte). <\/p>\n
Aclarado ello, consider\u00f3 entonces, que quien no detenta la custodia y aspira a tenerla debe demostrar, \u00abque quien la ejerce no cumple las precitadas exigencias\u00bb, as\u00ed como que el interesado en \u00e9sta \u00abs\u00ed est\u00e1 en condiciones aptas para cumplirlas\u00bb. Adicionalmente, en punto a la custodia compartida, la cual asever\u00f3 que constitu\u00eda la pretensi\u00f3n central de la demanda, expuso que la jurisprudencia hab\u00eda considerado viable otorgarla \u00absiempre que se cumplan condiciones orientadas a hacer prevalecer el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb; que de las pruebas arrimadas al proceso se pod\u00eda inferir, de este modo, que \u00abla se\u00f1ora Omaira Luz Henr\u00edquez Morales, quien tiene la custodia de su hija (\u2026) goza de idoneidad para ejercer la custodia de su hija\u00bb (minuto 11:02 y ss ib\u00eddem). <\/p>\n
Seguidamente refiri\u00f3, que \u00ablas condiciones de ubicaci\u00f3n, higiene y comodidad en general donde habita dicha ni\u00f1a son buenos y, por ende, adecuados para su desarrollo integral\u00bb, y que \u00abel n\u00facleo familiar donde se desarrolla la ni\u00f1a existe armon\u00eda y se le brinda amor, cuidado, atenci\u00f3n y en general se le garantiza el goce de los derechos necesarios para su desarrollo integral\u00bb, ello teniendo en cuenta \u00abel informe rendido por la asistente social del Juzgado sobre la visita realizada al hogar de la demandada (\u2026), el informe rendido por la psic\u00f3loga del Centro Zonal del I.C.B.F. de Ceret\u00e9\u00bb; y frente a la prueba testimonial all\u00ed recaudada, afirm\u00f3 que si bien las declaraciones de Rosa Mar\u00eda Morales Guerra, Yorelbis de Jes\u00fas Hern\u00e1ndez, Ketty Sofia Henr\u00edquez y Carlos Arturo Petro fueron tachadas de sospecha, lo cierto es que, \u00abofrecen serios motivos de credibilidad (\u2026) dada su coherencia, y especialmente las razones de la ciencia de sus dichos, pues son personas cercanas a la demandada y tuvieron la oportunidad de presenciar directamente los hechos\u00bb, siendo poco \u00abinteresantes\u00bb e \u00abirrelevantes\u00bb las condiciones de salud de la madre de la ni\u00f1a, los viajes al exterior de aqu\u00e9lla, la falta de oportuna de pago de servicio p\u00fablicos, entre otros aspectos, considerando que dichas circunstancias no le imped\u00eda ejercer su rol de madre. <\/p>\n
3.2. Por su parte, frente al aqu\u00ed tutelante consider\u00f3, que \u00abno re\u00fane a cabalidad las condiciones que (..) se requieren para ejercer la custodia de su hija\u00bb; con sustento en el dictamen pericial rendido por la Unidad B\u00e1sica de la Unidad de Medell\u00edn del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluy\u00f3, que \u00abel examinado devela rasgos de personalidad disfuncionales (\u2026) con impulsividad, conductas agresivas (\u2026)sumado a un probable uso de sustancias embriagantes (\u2026) que pueden desencadenar acciones irresponsables que podr\u00edan tener consecuencias en la funci\u00f3n protectora y del rol como protector primario\u00bb, y que la prueba testimonial refiri\u00f3 \u00abcoherentemente a la conducta observada por el demandante cuando visitaba a la demandada en su residencia; testimonios que se encuentran respaldados por las denuncias penales formuladas contra el actor, y por los informes de prensa obrantes en el expediente (\u2026) que deciden mucho de la conducta del demandante\u00bb (minuto 21:17 cit). <\/p>\n
3.3. De ese modo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la c\u00e9lula judicial criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo, se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.4. Por lo expuesto, se considera que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la sede judicial accionada se soport\u00f3, precisamente, en una hermen\u00e9utica respetable del art\u00edculo 23 de la Ley 1098 de 2006 y dem\u00e1s normas concordantes, en cuanto a la custodia y cuidado personal de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y, a una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas que se recopilaron en el curso del proceso. <\/p>\n
3.5. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC5908-2021). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Finalmente, en punto a la censura del gestor referente a que el amparo rogado debi\u00f3 fallarse con apego a la presunci\u00f3n de veracidad contemplada en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, por considerar que el informe rendido por el Juzgado encartado no fue oportuno ni de fondo, sino que se limit\u00f3 a aportar el expediente, suficiente con referir que dicha norma no puede ser interpretada de manera aislada pues en todo caso, es con sustento en las pruebas allegadas que el juez constitucional soporta las decisiones que se adopten en cada asunto. <\/p>\n
5. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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