STC6290-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6290-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2021-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por C\u00e9sar Augusto Pardo Chamarro frente al fallo proferido el 3 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela propuesta por \u00e9l contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito V\u00e9lez y Promiscuo Municipal de G\u00fcepsa, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abinformaci\u00f3n\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las sedes judiciales convocadas al omitir vincular a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en un tr\u00e1mite previo de este mismo linaje. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque o anule el fallo de segunda instancia\u00bb y ordenar \u00abal Concejo Municipal de G\u00fcepsa\u2026 que se cumpla el procedimiento establecido en la ley\u2026 1757 de 2015 para que se realice el cabildo abierto sobre el \u201ccobro justo alumbrado p\u00fablico\u201d, debido a que este surgi\u00f3 de la iniciativa de la comunidad, cumpliendo los requisitos de ley exigidos para los concejos municipales en relaci\u00f3n al art\u00edculo 22 de la ley estatutaria 1757 de 2015\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n de tutela previa que William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez (como vocero de la iniciativa ciudadana cabildo abierto \u00abcobro justo de alumbrado p\u00fablico\u00bb) inco\u00f3 contra el Concejo y la Registradur\u00eda Municipales de G\u00fcepsa (cuestionando que esta \u00faltima entidad mediante acto administrativo del 25 de julio de 2018 declar\u00f3 el incumplimiento de los requisitos constitucionales para adelantar la referida propuesta, por lo que dicho mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana no pudo ser tramitado), el 1\u00ba de marzo de 2021 el Juzgado Municipal convocado neg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, decisi\u00f3n que el 9 de abril siguiente confirm\u00f3 el Juzgado del Circuito enjuiciado. <\/p>\n
2.2. En esta oportunidad el accionante critic\u00f3 el referido tr\u00e1mite constitucional aduciendo que est\u00e1 viciado de nulidad por la indebida integraci\u00f3n del contradictorio, toda vez que no se vincul\u00f3 por \u00ablos medios masivos de comunicaci\u00f3n validados por el Ministerio de la[s] TIC\u00bb, debiendo serlo de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional sobre la materia por tratarse el cabildo abierto de un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana (CC SU-116\/18), a \u00abtodo suscritor, usuario y potencial suscriptor del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb en dicho municipio, entre ellos \u00e9l, en consonancia con lo reglado en las leyes 142 de 1994, 1437 de 2011 y 1757 de 2015. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. pidi\u00f3 \u00abno acceder a las pretensiones del accionante toda vez que no acredit\u00f3 los requisitos de procedencia de [la] tutela contra providencia judicial\u00bb, aunado a que esa entidad \u00abno es competente, ni est\u00e1 obligada contractual ni legalmente a determinar el monto a pagar de cada usuario por concepto del impuesto de alumbrado p\u00fablico del municipio\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de V\u00e9lez rog\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00abactu\u00f3 acorde con los preceptos constitucionales y legales, se respetaron los rituales propios del procedimiento y se brindaron las garant\u00edas del debido proceso a las partes involucradas en la acci\u00f3n de tutela [fustigada]\u00bb. <\/p>\n
4. William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez solicit\u00f3 su vinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite \u00abcomo posible v\u00edctima de las v\u00edas de hecho por parte los accionados y vinculados\u00bb, e insisti\u00f3 en los planteamientos que efectu\u00f3 en la acci\u00f3n de tutela que le fuese denegada y que aqu\u00ed se cuestiona. <\/p>\n
5. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de este rito supralegal porque \u00aben ning\u00fan momento ha realizado ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere o ponga en peligro derechos fundamentales constitucionalmente protegidos del accionante\u00bb. <\/p>\n
EL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que \u00abPardo Chamorro carece por completo de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u2026 por cuanto\u2026[,] al no haber fungido… como parte dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez contra el Concejo y la Registradur\u00eda Municipal de G\u00fcepsa\u2026, no es cierto que las decisiones judiciales proferidas al interior de dicho tr\u00e1mite le est\u00e9n vulnerado sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso cuestionando que el fallo de tutela de primer grado se produjo por fuera del t\u00e9rmino establecido en el Decreto 2591 de 1991 e insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por l\u00ednea jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas, destacando que no se otea tardanza injustificada alguna en la emisi\u00f3n del fallo de tutela de primer grado, advierte la Sala que efectivamente la solicitud de resguardo estaba llamada al fracaso, atendiendo a que el actor, aduciendo que no fueron debidamente vinculados los terceros interesados, dirigi\u00f3 su queja frente al tr\u00e1mite constitucional que no accedi\u00f3 al ruego propuesto por William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez contra el Concejo y la Registradur\u00eda Municipales de G\u00fcepsa criticando, como vocero de la iniciativa ciudadana cabildo abierto \u00abcobro justo de alumbrado p\u00fablico\u00bb, que mediante acto administrativo emitido el 25 de julio de 2018 la \u00faltima entidad declarara el incumplimiento de los requisitos constitucionales para adelantar la referida propuesta. <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que los inconformes tienen dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la petici\u00f3n elevada por el actor no pod\u00eda ser atendida, como aqu\u00ed ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio…[,] para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (se destac\u00f3 – STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC, 7 abr. 2016, rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, aunque el aqu\u00ed inconforme pretendi\u00f3 concentrar su queja en ese \u00faltimo supuesto, lo cierto es que el mismo no se configur\u00f3 en el tr\u00e1mite constitucional fustigado, comoquiera que era innecesaria e inexigible su vinculaci\u00f3n al mismo, as\u00ed como la de \u00abtodo suscritor, usuario y potencial suscriptor del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb en el municipio de G\u00fcepsa, pues en tal asunto la discusi\u00f3n gir\u00f3 en torno a la declaraci\u00f3n de la Registradur\u00eda de ese lugar respecto al incumplimiento de \u00abrequisitos para el tr\u00e1mite de Cabildo abierto \u201ccobro justo de alumbrado p\u00fablico\u201d\u00bb promovido por William Hernando Su\u00e1rez S\u00e1nchez, de donde los directamente interesados en tal actuaci\u00f3n, a lo sumo, eran esa instituci\u00f3n y este ciudadano, que no las personas que, independientemente consideradas, eventualmente pudiesen llegar a participar, en este caso, en el frustrado futuro cabildo abierto, por servirse directa o indirectamente del mentado servicio p\u00fablico en esa municipalidad, como erradamente parece entenderlo el accionante. <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas que no por las del a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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