STC6292-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC6292-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00248-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de abril de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Vila Echeverry contra los Juzgados Cincuenta y Cuatro Civil del Circuito y Cincuenta y Tres Civil Municipal, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y dignidad humana, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abdejar sin efectos el fallo\u2026 de fecha treinta (30) de septiembre de\u2026 2019, a saber, orden de arresto y multa\u2026\u00bb, as\u00ed como \u00abtodas las providencias proferidas por el Juzgado 53\u2026 y el\u2026 44\u2026 desde el momento que fue cumplida la retractaci\u00f3n por [su] parte\u2026\u00bb; que se declare \u00abque la retrataci\u00f3n se realizo tal y como se evidencia en las pruebas\u00bb; y se revoque \u00abla sanci\u00f3n de multa econ\u00f3mica (5) SMMLV impuesta y los (5) d\u00edas de arresto\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Ana Georgina Murillo Murillo promovi\u00f3 incidente de desacato al considerar desatendida la orden impartida en un fallo de tutela que interpuso contra Juli\u00e1n Vila Echeverry y Johana \u00c1lvarez Botero. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, que en prove\u00eddo de 30 de septiembre de 2020 sancion\u00f3 a los incidentados con 5 d\u00edas de arresto y multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n que consultada, fue confirmada el 18 de enero de los corrientes. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que dio cumplimiento a la orden de tutela de retractaci\u00f3n, pero se inici\u00f3 un desacato por considerar que no lo hab\u00eda hecho, lo cual es falso; que inicialmente se indic\u00f3 que no era legible y posteriormente que era inadecuado; que era evidente su intenci\u00f3n, pero los estrados acusados no la aceptaron; y que remiti\u00f3 las retractaciones efectuadas, pero se confirm\u00f3 la sanci\u00f3n al ser consultada. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que se desconoc\u00eda su retrataci\u00f3n, la que hab\u00eda puesto en conocimiento en distintas oportunidades en los medios de comunicaci\u00f3n; que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, pues no eran valoradas las diversas pruebas que aportaba; que cesaron las conductas que dieron lugar a la insatisfacci\u00f3n; y que acat\u00f3 la orden, sin que ello se haya tomado en consideraci\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Johana \u00c1lvarez Botero se\u00f1al\u00f3 que han sido sancionados en dos ocasiones por hechos que denunciaron en medios de comunicaci\u00f3n contra Ana Georgina Murillo Murillo, \u00abquien con falsas acusaciones ha separado a muchos padres y madres de sus hijos y a otros los tiene en la c\u00e1rcel\u00bb; que se reunieron varias v\u00edctimas de dicha abogada para buscar que no se siguieran presentado esas injusticias y falsas acusaciones; que el 24 de mayo de 2017 se acus\u00f3 a dicha se\u00f1ora como articuladora de una red de corrupci\u00f3n en el ICBF, lo que se encuentra en investigaci\u00f3n; que en 2019 emisoras y peri\u00f3dicos tambi\u00e9n lo sacaron a la luz; que dicha profesional y su exesposo presentaron una tutela en su contra, con la que se pretend\u00edan que indemnizara el da\u00f1o que supuestamente le caus\u00f3 a Murillo Murillo, adem\u00e1s de su detenci\u00f3n para quitarle de nuevo a sus hijos; que se le orden\u00f3 rectificar algo que no dijo; que la notificaron en otro correo; que deprec\u00f3 la nulidad, pero no se le dio tr\u00e1mite a la misma; que les impusieron multa y arresto en el desacato criticado; que se han conculcado sus garant\u00edas esenciales en los tr\u00e1mites adelantados; y que los jueces \u00abno quieren entender que [la] est\u00e1n obligando a rectificar palabras que\u2026 no dij[o]\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Ana Georgina Murillo Murillo indic\u00f3 que era la tercera vez que el accionante acud\u00eda a la tutela para evadir el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas; que el gestor usaba esta acci\u00f3n excepcional como una tercera instancia; que no exist\u00eda irregularidad alguna; que no se cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo; y que se pretend\u00eda desconocer el procedimiento y las etapas surtidas ante los falladores acusados. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 23 de agosto de 2019 profiri\u00f3 fallo de segunda instancia concediendo la tutela interpuesta; que posteriormente se inici\u00f3 tr\u00e1mite incidental, en el que se sancion\u00f3 al ahora accionante al considerar que no hab\u00eda satisfecho en un todo la orden proferida, pues la retractaci\u00f3n deb\u00eda contener un inequ\u00edvoco sentido de demostrar el error incurrido y no ser la oportunidad de emitir nuevas acusaciones o afirmaciones de las cuales se puedan inferir que la correcci\u00f3n no era absoluta; y que si el petente realiz\u00f3 una nueva publicaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual se diera una efectiva soluci\u00f3n a lo ordenado, bien pod\u00eda haber hecho uso de la solicitud de ineficacia de la sanci\u00f3n que la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha develado. <\/p>\n
4. El Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de esta ciudad adujo que el 7 de junio de 2019 deneg\u00f3 la tutela interpuesta, decisi\u00f3n que fue revocada; que posteriormente se present\u00f3 un desacato, por lo que se hicieron los respectivos requerimientos; que Johana \u00c1lvarez Botero, manifest\u00f3 que hasta ese d\u00eda conoci\u00f3 de la solicitud de retractaci\u00f3n y que todo lo manifestado en las denuncias ante los medios de comunicaci\u00f3n era cierto, mientras que Juli\u00e1n Vila Echeverry adjunt\u00f3 la retractaci\u00f3n, pero la imagen no era legible, adem\u00e1s que no cumpl\u00eda con lo ordenado; que se consider\u00f3 que los incidentados no dieron observancia al mandato, por lo que se les impuso multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, as\u00ed como orden de arresto de 5 d\u00edas, decisi\u00f3n que fue confirmada el 18 de enero de 2021; que dentro del incidente fueron agotadas las etapas procesales; que todos los escritos presentados fueron resueltos y debidamente notificados a los interesados; y que las actuaciones surtidas se encuentran ajustadas a derecho, por lo que no se advert\u00eda vulneraci\u00f3n o amenaza a derecho fundamental alguno. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 03 Judicial Civil II adscrita a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales de esta ciudad asever\u00f3 que se deb\u00eda revisar la validez de la forma en la que se efect\u00fao la rectificaci\u00f3n a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n elegidos, especialmente la publicaci\u00f3n radial, para definir si se logr\u00f3 aclarar la falta de veracidad de lo afirmado sobre el ejercicio profesional de la all\u00ed accionante. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que las autoridades acusadas no ignoraron memorial alguno; que lo que exist\u00eda era una discrepancia en la valoraci\u00f3n de las pruebas, sin que esta acci\u00f3n sea una tercera instancia; que no exist\u00eda temeridad, pues las quejas eran diferentes a las de la tutela primigenia; que los falladores consideraron que no se logr\u00f3 una rectificaci\u00f3n concienzuda y ajustada a lo pretendido, decisiones que no se observan arbitrarias; que no se advert\u00eda la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales; y que le correspond\u00eda al interesado presentar pruebas como las ahora aportadas ante el juez natural, pues al de tutela le estaba vedado realizar este tipo de apreciaciones, m\u00e1xime si aquel no ha tenido conocimiento de las mismas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que sus acciones no se pod\u00edan confundir con las de Johana \u00c1lvarez Botero y se deb\u00edan analizar por separado sus retractaciones; que el 2 de marzo de 2021 volvi\u00f3 a publicar su retractaci\u00f3n en el diario La Rep\u00fablica; y que cumpli\u00f3 con lo ordenado, por lo que se deb\u00eda revocar la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
2. Johana \u00c1lvarez Botero coadyuv\u00f3 la impugnaci\u00f3n indicando que parec\u00eda que era v\u00edctima de una persecuci\u00f3n judicial por parte de su ex esposo y de la abogada Ana Georgina Murillo Murillo; que los juzgadores se han convertido en un \u00abparapeto judicial y en unos operadores judiciales que han ejercido en [su] contra violencia institucional al negarse a perfilar de g\u00e9nero este proceso que es una clara retaliaci\u00f3n y venganza de un agresor, el se\u00f1or Mantilla, que prefiere meter a la c\u00e1rcel a la madre de sus dos peque\u00f1os hijos antes de enfrentar el juicio penal que ya empez\u00f3 en su contra\u00bb; que al declararse la nulidad del presente tr\u00e1mite se deb\u00eda renovar la actuaci\u00f3n desde la admisi\u00f3n, pero no se notific\u00f3 a los medios de comunicaci\u00f3n; que no se hizo un estudio ponderado de las pruebas que alleg\u00f3; que se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho y una acci\u00f3n temeraria en su contra; que no se apreci\u00f3 que fueron los periodistas los que denunciaron la existencia del posible cartel y de las manipulaciones procesales; que le quitaron a sus hijos durante 41 meses; que le acus\u00f3 de agresora de sus hijos y del progenitor, cuando es este quien cuenta con un juicio penal por violencia intrafamiliar; que fue absuelta de todas las falsas acusaciones presentadas; que insistir que se encuentra en desacato por no rectificarse, es la continuaci\u00f3n de la violencia institucional en su contra; y que se viola todo el marco de la violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tramites incidentales, \u00abparticularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes y atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, de entrada se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo de primer grado, toda vez que no luce arbitraria la decisi\u00f3n definitoria del desacato impetrado, pues all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el auto proferido por el Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1 debe ser confirmado, en tanto que no existe prueba del cumplimiento del fallo dictado en este asunto, toda vez que los accionados no procedieron a rectificar de manera escrita la informaci\u00f3n en la que ellos pregonaron de manera directa \u201cque la accionante pertenece a un cartel infantil y manipula los procesos judiciales para obtener decisiones favorables a sus representados\u201d, seg\u00fan se estableci\u00f3 en el numeral tercero de la sentencia de tutela proferida por este juzgado. <\/p>\n
En efecto, del examen al expediente se advierte que la anterior decisi\u00f3n, se notific\u00f3 a Johana \u00c1lvarez Botero y Juli\u00e1n Vila Echeverry, quienes, hasta la fecha, pese a ser requeridos y notificados en debida forma, no acreditaron el cumplimiento de la orden impuesta por el ad quem\u2026 <\/p>\n
Ahora en lo que ata\u00f1e al actuar del se\u00f1or Vila Echeverry pese a que este se\u00f1al\u00f3 haber dado cumplimiento, no puede tenerse por cierto su dicho, en tanto que su rectificaci\u00f3n en los medios se plante\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201cJuli\u00e1n Vila por no tener la suficiente experiencia en los t\u00e9rminos que permite la ley, me equivoque en la forma de transmitir una afirmaci\u00f3n en la que mi libertad de expresi\u00f3n indica mi verdad y debo decir que ese cartel de la infancia al que hice referencia y, al que se refiere diferentes presuntas v\u00edctimas o periodistas, por medio como La W, Caracol radio, El Espectador, Los Irreverentes entre otros, no puedo probar que existe, como tampoco me consta que manipule procesos la abogada Ana Georgina Murillo como tampoco puedo traer a Jesucristo para probar que existe pero todos sabemos que s\u00ed\u201d. <\/p>\n
Y en su entrevista en la W radio se\u00f1al\u00f3: Buenos d\u00edas muchas gracias por atenderme, pues yo estoy viviendo un infierno, yo oigo ac\u00e1, en la W de un presunto cartel salgo diciendo que yo soy v\u00edctima de ese cartel despu\u00e9s me ponen una tutela de la cual me retracto diciendo que por desconocimiento pues de la norma, no soy abogado, hablo del cartel y posteriormente no solo tienen en cuenta mi retractaci\u00f3n y me imponen 5 d\u00edas de c\u00e1rcel , 5 salarios m\u00ednimos legales y esta decisi\u00f3n no tiene recurso alguno, esto ha sido muy muy dif\u00edcil, a m\u00ed me reconocen como un gran padre, Ana Georgina no ha podido ponerme nada, pero ahora me atacan directamente con esta tutela y tambi\u00e9n dice que amenace y agred\u00ed a la abogada y tengo el 30 de diciembre a las 8:30 p.m., tengo audiencia, mejor dicho esto es incre\u00edble, es dif\u00edcil defenderse, pero acudo ahorita a los medios, gracias por o\u00edrme porque ya no s\u00e9 qu\u00e9 hacer\u201d. <\/p>\n
De las anteriores declaraciones no se desprende un acatamiento a la orden impartida por esta sede judicial, ya que como se evidencia, no rectific\u00f3 las afirmaciones que se\u00f1al\u00f3 con anterioridad por no gozar de sustento probatorio. <\/p>\n
Finalmente, cabe agregar que dentro del plenario no se demostr\u00f3 por parte de los accionados, que estuviesen frente a una situaci\u00f3n que les impidiese honrar las obligaciones a su cargo. <\/p>\n
En este orden de ideas, al comprobarse la renuencia de las personas sancionadas en el cumplimiento al fallo de tutela proferido en la actuaci\u00f3n de la referencia, se torna procedente la imposici\u00f3n de las sanciones que por desacato contempla el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que se plantea el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia con la que se confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta en el incidente de desacato atacado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Ahora bien, se advierte que frente a las nuevas retractaciones que se ponen de presente, no es viable que este juez de tutela las examine por tratarse de hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n, destacando, en todo caso, que las mismas deber\u00e1n ser puestas en conocimiento del fallador natural, enti\u00e9ndase el del desacato, para su respectivo pronunciamiento, lo que torna inviable cualquier manifestaci\u00f3n previa por parte de esta instancia constitucional. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
6. Respecto a las alegaciones efectuadas por Johana \u00c1lvarez Botero, con las que adujo coadyuvar la petici\u00f3n de amparo, se advierte que el ordenamiento jur\u00eddico no la faculta para modificar las pretensiones de la tutela y, en esa medida, la Corte no est\u00e1 compelida para pronunciarse sobre las reclamaciones que efectu\u00f3, las cuales se fundamentan en cuestiones que no fueron planteadas en la demanda de tutela g\u00e9nesis de este asunto. <\/p>\n
Al respecto, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026frente a los reproches de la coadyuvante\u2026 los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
7. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6292-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC6292-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00248-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54657","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54657\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}