STC6294-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6294-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01406-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Elkin Alonso Giraldo Zuluaga, C\u00e9sar Augusto, Liliana Mar\u00eda y M\u00f3nica Johana Ospina L\u00f3pez, Mateo y Mar\u00eda Camila Giraldo Ospina, Diego Alejandro Bustamante y Francelina L\u00f3pez Toro frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, espec\u00edficamente, respecto de la magistrada Piedad Cecilia V\u00e9lez Gaviria, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual iniciado por los aqu\u00ed accionantes contra Adolfi Viana Preciado, Transportes Integrales de Carga y Seguros Generales Suramericana S.A., con radicado n\u00b0. 2016-0569. <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los tutelantes exigen la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiestan, en s\u00edntesis, que en el juicio materia de resguardo, mediante fallo de primera instancia de 7 de mayo de 2019, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de responsabilidad de los all\u00ed demandados; determinaci\u00f3n frente a la cual interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, admitido por el tribunal convocado, en prove\u00eddo de 20 de mayo siguiente. <\/p>\n
Afirman que, en la audiencia de alegaciones y fallo, llevada a cabo el 6 de agosto de 2020: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) No se anunci\u00f3 ni se realiz\u00f3 la presentaci\u00f3n del Honorable Magistrado Juli\u00e1n Valencia Casta\u00f1o, (ii) Tampoco se advierte la concurrencia del precitado Magistrado tanto en la audiencia de alegaciones como en la instancia en la cual Magistrada Sustanciadora declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, (iii) Ahora bien, si bien se registra un invitado que corresponde al nombre de Juli\u00e1n, no existe certeza ni se acredita que el Honorable Magistrado hubiese participado en cada una de las etapas procesales que se agotaron en la referida audiencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien, en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n particular del Honorable Magistrado Juan Carlos Sosa Londo\u00f1o, se evidencia lo siguiente: (i) No existe pronunciamiento por parte de la Magistrada Sustanciadora durante la audiencia, que d\u00e9 cuenta de la ausencia del referido Magistrado ni del presunto evento de fuerza mayor que le sobrevino minutos antes de la audiencia y que le impidi\u00f3 atenderla. (ii) A la fecha, no se acredita ni se conoce prueba que d\u00e9 cuenta del presunto evento de fuerza mayor que justific\u00f3 su ausencia en la audiencia del 06 de agosto de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Pese a la irregularidad enunciada que, a juicio de los gestores constituye un defecto procedimental absoluto, la magistrada V\u00e9lez Gaviria declar\u00f3 la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a ese pronunciamiento, incoaron reposici\u00f3n y, en subsidio, s\u00faplica. Este \u00faltimo remedio, declarado improcedente, el 9 de febrero de 2021, por el magistrado Sosa Londo\u00f1o, quien remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la magistrada sustanciadora para tramitar el remedio horizontal, siendo rechazado de plano por extempor\u00e1neo, el 18 de febrero de 2021. <\/p>\n
Aunque, los actores deprecaron la nulidad de la gesti\u00f3n surtida el 6 de agosto de 2020, ese pedimento se rechaz\u00f3 el d\u00eda 13 de los mismos, determinaci\u00f3n que recurrieron, pero no fue modificada. <\/p>\n
Se\u00f1alan que el tribunal incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto al exigir solemnidades no estipuladas por el legislador, desconociendo el precedente jurisprudencial de la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan el cual, si el recurrente expuso las razones de su inconformidad con la providencia apelada ante el a quo, \u201c(\u2026) no habr\u00eda lugar a exigirle a la parte una doble sustentaci\u00f3n (\u2026) ante el superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al colegiado accionado \u201c(\u2026) la revisi\u00f3n de los autos que se profirieron en segunda instancia, en especial, el auto del 06 de agosto de 2020, por medio del cual se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
<\/p>\n
1. El colegiado confutado relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El juzgado querellado se limit\u00f3 a remitir copia del expediente digitalizado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Seguros Generales Suramericana S.A. se opuso a la prosperidad del ruego se\u00f1alando que el pronunciamiento criticado se encuentra ajustada a derecho. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes cuestionan la audiencia de 6 de agosto de 2021 en la cual el colegiado accionado declar\u00f3 desierta la alzada por ellos formulada frente al fallo de primer grado y, a su vez, reprochan que, en dicha diligencia, supuestamente, no estuvieron presentes todos los magistrados integrantes de la sala decisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto se constata que, durante la diligencia censurada, una vez notificada la decisi\u00f3n que declar\u00f3 desierta la alzada por falta de sustentaci\u00f3n, el apoderado de los aqu\u00ed tutelantes no propuso recurso de reposici\u00f3n respecto a la misma, limit\u00e1ndose a afirmar: \u201cno, frente al pronunciamiento de la honorable sala, simplemente estar\u00e9 pendiente de conocer mejor el asunto para interponer las acciones que correspondan\u201d (minuto 01:51:05). <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Se resalta, si bien, como lo adujeron los tutelantes, s\u00ed incoaron los recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, s\u00faplica contra lo decidido en la diligencia de 6 de agosto de 2020, ambos mecanismos fueron desestimados. El primero, por incoarse de forma extempor\u00e1nea y, en segundo, en decisi\u00f3n de 9 de febrero de 2021 al ser improcedente, pues la declaratoria de deserci\u00f3n adoptada en la primera fecha mencionada, no es susceptible de alzada. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, en concordancia con el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Ahora, en el prove\u00eddo de 12 de agosto de 2020, por el cual se rechaz\u00f3 la nulidad deprecada por los peticionarios, ante la supuesta irregularidad frente a la integraci\u00f3n de la sala de decisi\u00f3n, el tribunal advirti\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [B]ajo la regla del art\u00edculo 35 del C.G.P \u201c(C)orresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella\u201d, mientras que los dem\u00e1s autos ser\u00e1n dictados por el Magistrado sustanciador, con base en lo cual en este caso simplemente se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n mediante auto de ponente, con ocasi\u00f3n de que no fue posible siquiera agotar las dem\u00e1s etapas de la audiencia, entre ellas la sentencia de segunda instancia, precisamente por falta de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cComo si lo anterior fuera poco, aclarado el descrito panorama, resulta forzoso concluir que la supuesta nulidad, aceptando en gracia de discusi\u00f3n que se hubiese configurado (lo que no pudo ser gracias a que en la audiencia estuvieron presentes la mayor\u00eda de Magistrados que conforman la Sala), se habr\u00eda saneado bajo los postulados del art\u00edculo 136.1 del Estatuto Procesal, seg\u00fan el cual \u201c(L)a nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla (\u2026)\u201d <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n, ratificada ante el fracaso de los recursos propuestos, como lo arguyeron los querellantes, no se observa arbitraria, pues, de haber existido la anomal\u00eda aducida, la misma qued\u00f3 saneada con el comportamiento de los aqu\u00ed quejosos al haber participado en la audiencia sin emitir ning\u00fan cuestionamiento al respecto. <\/p>\n
Sobre el principio de convalidaci\u00f3n de los actos procesales, la Sala adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u2018si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u2018agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u2019); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u2019; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u2018no podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u2019; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u2018la nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como insanables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u2018proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela promovida por Elkin Alonso Giraldo Zuluaga, C\u00e9sar Augusto, Liliana Mar\u00eda y M\u00f3nica Johana Ospina L\u00f3pez, Mateo y Mar\u00eda Camila Giraldo Ospina, Diego Alejandro Bustamante y Francelina L\u00f3pez Toro frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, espec\u00edficamente, respecto de la magistrada Piedad Cecilia V\u00e9lez Gaviria, con ocasi\u00f3n del juicio de responsabilidad civil extracontractual iniciado por los aqu\u00ed accionantes contra Adolfi Viana Preciado, Transportes Integrales de Carga y Seguros Generales Suramericana S.A., con radicado n\u00b0. 2016-0569. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC2623-2020, de 11 de marzo de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-00688-00. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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