STC6295-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6295-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01465-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Falla Ram\u00edrez y Gilma Constanza Moya Pinz\u00f3n frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente, respecto de las magistradas Adriana Saavedra Lozada, Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n y Clara In\u00e9s M\u00e1rquez Bulla, con ocasi\u00f3n del \u201cproceso ordinario\u201d iniciado por los aqu\u00ed accionantes contra Bancolombia S.A., con radicado n\u00b0. 2012-0699. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los tutelantes exigen la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiestan, en s\u00edntesis, que celebraron con la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia S.A., contrato de mutuo con intereses, regido por el sistema de UPAC, para la obtenci\u00f3n de un pr\u00e9stamo por la suma de $21.000.000.00, respaldados con el pagare n\u00b0. 8199-320001200, recibido el 16 de septiembre de 1996 para amortizar en 180 cuotas mensuales; obligaci\u00f3n garantizada mediante la constituci\u00f3n de hipoteca sobre el inmueble adquirido, a favor del banco. <\/p>\n
En el 2012, promovieron demanda verbal declarativa por incumplimiento de contrato de mutuo, solicitando que se condenara en perjuicios a la entidad demandada por la ausencia de revisi\u00f3n y adecuaci\u00f3n del referido cr\u00e9dito y la devoluci\u00f3n de los intereses pagados en exceso. <\/p>\n
En sentencia de 7 de noviembre de 2019, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, determin\u00f3 que la entidad bancaria demandada efectu\u00f3 un cobr\u00f3 excesivo al aludido cr\u00e9dito de vivienda; determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el colegiado convocado, el 29 de octubre de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1alan que en la decisi\u00f3n criticada se desconocieron las providencias C-955 de 2000 y C-1140 de 2000, en las cuales se habla de una depuraci\u00f3n de los factores inconstitucionales cobrados y de la adecuaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos en condiciones justas; y las sentencias de unificaci\u00f3n SU-813 de 2008 y SU-787 de 2012, en donde se afirma obligatoria la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos luego de realizada la reliquidaci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar al colegiado confutado \u201c(\u2026) no se revoque la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2019 en primera instancia (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
<\/p>\n
1. El juzgado querellado se limit\u00f3 a remitir copia del expediente digitalizado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Bancolombia S.A. se opuso a la prosperidad del ruego se\u00f1alando que no se re\u00fanen los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes cuestionan la sentencia de 29 de octubre de 2020, a trav\u00e9s del cual el colegiado accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia en donde se declar\u00f3 que la entidad bancaria all\u00ed demandada efectu\u00f3 un cobro excesivo al cr\u00e9dito de vivienda objeto de controversia. <\/p>\n
2. Revisada la actuaci\u00f3n censurada, se advierte que, en la providencia de 7 de noviembre de 2019, el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de cobro excesivo, apoyado en el dictamen pericial all\u00ed practicado, en el cual se indic\u00f3 que existi\u00f3 un cobro de m\u00e1s por parte de la entidad bancaria demandada, el cual ascendi\u00f3 a la suma de $1.983.8875 UVRs, sin establecer el monto en pesos. <\/p>\n
Sobre dicha probanza el colegiado, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el trabajo pericial se debi\u00f3 centrar en realizar la liquidaci\u00f3n de las cuotas mes por mes, de lo que se deber\u00eda pagar realmente, esto es, separando los intereses sobre intereses, la correcci\u00f3n monetaria y cotejarlos frente a la liquidaci\u00f3n efectuada por el banco, para as\u00ed obtener la diferencia cobrada y pagada en exceso. <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese que en la pericia, el auxiliar de la justicia en el numeral iv) del trabajo, se refiere al \u201cproceso de reliquidaci\u00f3n seg\u00fan circular 007 de 2000 y determinaci\u00f3n de alivio\u201d (\u2026) pero a regl\u00f3n seguido, en el numeral v), le procedimiento que acoge para realizar la reliquidaci\u00f3n es la Resoluci\u00f3n 2896 de 1996 expedida por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, que pese a gozar de legalidad (\u2026) no aplic\u00f3 la Circular y la proforma establecida, cuando lo evidente es que la \u00fanica forma de realizar la reliquidaci\u00f3n es la Circular 007 de 27 de enero de 2000y sus circulares modificatorias, adoptando en aqu\u00e9lla la proforma F-0000-50 donde se encuentra toda la informaci\u00f3n relativa a la reliquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tras concluir que el aludido dictamen pericial carec\u00eda de valor probatorio para acreditar los valores supuestamente cobrados en exceso a los deudores, el tribunal concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente y ante la orfandad probatoria, habida consideraci\u00f3n que, a m\u00e1s de la insuficiencia ya referida, como en el proceso no se puede establecer cu\u00e1les valores cobrados en exceso al deudor fueron superiores a $3.549.106,55, suma esta que le fue abonada al cr\u00e9dito por parte del Estado, debe concluirse que los demandantes Falla Ram\u00edrez y Moya Pinz\u00f3n ya fueron compensados; de ah\u00ed que como constituye un hecho aceptado y no rebatido que el cr\u00e9dito n\u00b0. 8199-320001200 concedido a los demandantes se les concedi\u00f3 el alivio citado, la petici\u00f3n atinente al reconocimiento de un valor adicional por concepto de los rubros cobrados en exceso por el banco demandado s\u00f3lo deven\u00eda pr\u00f3spera si aquellos demostraban, en legal forma, que la reliquidaci\u00f3n practicada no se ajust\u00f3 a las reglas contenidas en la Ley 546 de 1999 y dem\u00e1s normas que la reglamentan y\/o desarrollan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con base en lo antelado, refiri\u00f3 que los demandantes no demostraron la existencia del pago en exceso que alegaban ni tampoco que ten\u00edan derecho a un mayor abono, o que la distorsi\u00f3n econ\u00f3mica del sistema UPAC les gener\u00f3 un perjuicio superior a $3.549.106,55, de donde estim\u00f3 acertado revocar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Sobre la pr\u00e1ctica de la prueba pericial en este tipo de decursos, ha dicho la Sala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dicho en otras palabras, deben hacerse operaciones comparativas mes por mes que reflejen, desde el inicio de la ejecuci\u00f3n del contrato cuya revisi\u00f3n se pretende y hasta el d\u00eda del pronunciamiento de la providencia que desat\u00f3 la alzada, el monto expl\u00edcito de lo pagado, lo que ciertamente se cancel\u00f3 y, por \u00faltimo, lo que excesivamente, como secuela del eventual buen suceso de la deprecado, fue pagado\u201d. <\/p>\n
\u201cNaturalmente que se trata de un trabajo pericial prolijo y minucioso que necesariamente debe involucrar para cada una de las cuotas los conceptos o rubros cancelados efectivamente, los que se debieron solucionar y los que hacen parte del pago superior, si es que lo hubo. Igualmente, se reitera, debe comprender los escenarios y espacios temporales que se describen para los pedimentos como principales y subsidiarios, respectivamente. Lo anterior, porque puede presentarse el caso de que en las operaciones que se hagan para unos no sea suficiente el inter\u00e9s pero para los otros s\u00ed. En adici\u00f3n tambi\u00e9n tiene que incluirse en las cifras lo relativo a otros abonos imputados a la deuda, como por ejemplo el alivio a que hace referencia la Ley 546 de 1999, as\u00ed como tambi\u00e9n el monto de las sumas que se pide devolver y el valor de los seguros\u201d. <\/p>\n
\u201cEl cuadro de referencia que debe tener en cuenta el auxiliar y que le sirve al Tribunal para establecer, previo el an\u00e1lisis y estudio correspondiente, es el libelo demandador, toda vez que en \u00e9l se halla especificado con precisi\u00f3n el agravio sufrido con la sentencia cuestionada y que es igual a las aspiraciones frustradas del reclamante. El examen es objetivo en el sentido de que se parte de unos supuestos f\u00e1cticos plenamente detallados, circunstancia que inhibe la realizaci\u00f3n de cualquier tipo de especulaciones por devenir innecesarias y alejarse del marco preciso de los par\u00e1metros que se deben estimar en el cumplimiento de tal cometido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El tribunal accionado refiri\u00f3 que como no obraban en el plenario otros medios de convicci\u00f3n para acreditar el quebrantamiento del equilibrio contractual y la excesiva onerosidad, deven\u00eda razonable revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar negar los pedimentos de los censores. <\/p>\n
Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela promovida por Hernando Falla Ram\u00edrez y Gilma Constanza Moya Pinz\u00f3n frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente, respecto de las magistradas Adriana Saavedra Lozada, Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n, Clara In\u00e9s Marqu\u00e9z Bulla, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario iniciado por los aqu\u00ed accionantes contra Bancolombia S.A., con radicado n\u00b0. 2012-0699. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ, Sentencia de 28 de julio de 2009, Ref. Exp. 1100131030362002-00260-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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