STC6296-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6296-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00734-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 9 de marzo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la tutela promovida Omar Hel\u00ed Bernal S\u00e1nchez frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cordinario laboral\u201d impulsado por el aqu\u00ed actor contra la Administraci\u00f3n Postal Nacional \u2013Adpostal- con radicado n\u00b0 2012-569. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el tutelante exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la igualdad, m\u00ednimo vital, y de los principios de favorabilidad en materia laboral y primac\u00eda del derecho sustancial sobre el formal, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El accionante manifiesta que estuvo vinculado mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con la Administraci\u00f3n Postal Nacional \u201cAdpostal\u201d, desde el 9 de abril de 1985 y hasta el 30 de diciembre de 2008; tiempo en el cual fue beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 2002-2005, suscrita entre la empresa y la organizaci\u00f3n sindical Sintrapostal. <\/p>\n
Afirma que en total labor\u00f3 23 a\u00f1os, 8 meses y 22 d\u00edas; es decir, solo le faltaba cumplir la edad para adquirir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 38 del aludido instrumento extralegal, el cual establece dos modalidades de pensi\u00f3n: \u201c20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos y 50 de edad o, 25 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos sin importar la edad\u201d. <\/p>\n
Por lo antelado, promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la mencionada empresa, solicitando el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, a partir del 31 de octubre de 2010, las mesadas adicionales de junio y diciembre, la indexaci\u00f3n, los intereses moratorios y lo probado extra y ultra petita. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, en sentencia de primera instancia, conden\u00f3 a la empresa demandada a pagar al aqu\u00ed actor la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, a partir del 31 de octubre de 2010, con sus respectivos reajustes de ley; determinaci\u00f3n revocada, en sede de apelaci\u00f3n, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
Aunque el tutelante interpuso casaci\u00f3n, la hom\u00f3loga Laboral no cas\u00f3 la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Para el accionante, la precitada decisi\u00f3n desconoce el precedente jurisprudencial, seg\u00fan el cual, para efectos del reconocimiento de la aludida prestaci\u00f3n, no es necesario que el trabajador cumpla la edad acordada en vigencia del contrato de trabajo. Adem\u00e1s, desconoci\u00f3 su calidad de prepensionado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la Corporaci\u00f3n acusada se equivoc\u00f3 al afirmar que la aludida convenci\u00f3n colectiva <\/p>\n
\u201c(\u2026) data del 12 de septiembre de 2005, esto es, posterior al acto legislativo 001 de ese a\u00f1o, desconociendo que el derecho del actor se caus\u00f3 en precedencia, esto es en abril de 2005, puesto que all\u00ed cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicio, de tal suerte que la edad que la vino a cumplir el 30 de octubre de 2010, era un hecho necesario y a tener en cuenta solo para comenzar a disfrutar de derecho pensional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la providencia de 4 de diciembre de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en su lugar, ordenar a dicha Corporaci\u00f3n la emisi\u00f3n de un nuevo pronunciamiento en el caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre acusado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y manifest\u00f3 no haber vulnerado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
2. El apoderado del P.A.R. Caprecom liquidado asever\u00f3 que la funci\u00f3n pensional de Adpostal fue asignada a la UGPP, a partir del 31 de octubre de 2012, por lo cual, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
3. La Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales \u2013UGPP- se opuso a la prosperidad del ruego se\u00f1alando que no re\u00fane los requisitos generales y espec\u00edficos para su procedencia. <\/p>\n
1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que el fallo atacado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) es una decisi\u00f3n que se encuentra ajustada a derecho, y donde se demostr\u00f3 que, la pensi\u00f3n pactada en la Convenci\u00f3n de 12 de septiembre de 2005 no tiene eficacia, puesto que fue pactada despu\u00e9s de entrar en vigencia el (\u2026) Acto Legislativo [01 de 2005] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el actor se\u00f1alando que se vulnera su derecho a la igualdad por cuanto en la sentencia SL3123-2018, se estudi\u00f3 un caso de id\u00e9nticos perfiles al suyo, en donde s\u00ed se accedi\u00f3 al reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el a quo constitucional no tuvo en cuenta lo referido por la propia Corporaci\u00f3n accionada, en providencia SL3635 del 16 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El gestor pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia SL5451-2019 de 4 diciembre de 2020, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia proferida en el litigio subex\u00e1mine, donde se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado que hab\u00eda reconocido al aqu\u00ed petente la pensi\u00f3n extralegal establecida en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 2002-2005, suscrita entre Adpostal y la organizaci\u00f3n sindical Sintrapostal. <\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n criticada, se observa que la colegiatura accionada, luego de narrar los antecedentes del caso, precis\u00f3 como supuestos f\u00e1cticos debidamente acreditados en el sublite, los siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que el cumplimiento de [la edad] fue el 30 de octubre de 2010 (f.\u00ba 35), posterior al l\u00edmite en el tiempo fijado por el Acto Legislativo, mientras que los 20 a\u00f1os de servicio mencionado en el texto convencional fue satisfecho el 10 de abril de 2005 (f.\u00ba 201 a 205) <\/p>\n
\u201cTampoco se controvierte que la fuente normativa de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada es la convenci\u00f3n colectiva de trabajo celebrada entre Sintrapostal y Adpostal con vigencia de julio de 2005 a junio del 2008, que fue suscrita el \u2039\u203912 de septiembre del 2005\u203a\u203a; ni la legitimaci\u00f3n por pasiva de Caprecom para efectuar el reconocimiento de las prestaciones a cargo de Adpostal, en virtud de lo preceptuado en el Decreto 2853 de 2006 (\u2026) (\u00e9nfasis de la Sala)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, acorde con los reparos elevados por la censura, explic\u00f3 el alcance e interpretaci\u00f3n que esa Corporaci\u00f3n le ha dado al Acto Legislativo 01 de 2005, en virtud del cual invalid\u00f3 la posibilidad de pactar, a trav\u00e9s de acuerdos colectivos, condiciones m\u00e1s favorables en materia pensional que aquellas generales dispuestas por el legislador; disponiendo un per\u00edodo transitorio con miras a preservar derechos adquiridos, extendido hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Teniendo en cuenta los supuestos fuera de discusi\u00f3n, acert\u00f3 el fallador cuando consider\u00f3 que la pensi\u00f3n pactada en la convenci\u00f3n de 12 de septiembre de 2005, no tiene eficacia, por cuanto el par\u00e1grafo 2, del art\u00edculo 1 del Acto legislativo 01 de 2005, estableci\u00f3 una regla general seg\u00fan la cual, \u00abA partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podr\u00e1n establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jur\u00eddico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo expuesto, se colige que en el caso de marras, el beneficio pensional, con fundamento en el cual se causa la pensi\u00f3n a \u00ablos cincuenta (50) a\u00f1os de edad con veinte (20) de servicios, o veinticinco a\u00f1os de servicios a cualquier edad\u00bb, se encuentra por fuera del sistema de seguridad social, y fue pactado despu\u00e9s de entrar en vigencia el Acto Legislativo, por ende desconocer el principio general, seg\u00fan el cual \u00abno es dable en ning\u00fan caso pactar beneficios o prerrogativas que desarticulen el sistema general de pensiones, o alteren la uniformidad de prestaciones respecto de un grupo particular de ciudadanos\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese entendido, la extensi\u00f3n prevista por el constituyente derivado, tuvo como prop\u00f3sito la salvaguarda de los derechos adquiridos, entendi\u00e9ndose estos, como aquellos consolidados en dicho per\u00edodo, sin que fuera predicable dicha categor\u00eda en eventos como el subex\u00e1mine, en el que los requisitos no se re\u00fanen con anterioridad al extremo temporal fijado por la preceptiva supra legal. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, se hac\u00eda necesario que cualquiera de los derechos que surgen de la interpretaci\u00f3n de la norma convencional de marras, se erigiera antes del 31 de julio de 2010, ora por reunir los 20 a\u00f1os de servicio y 50 de edad o, bien por completar 25 a\u00f1os de servicio, circunstancias que no corresponden a los hechos analizados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. A la luz de lo expuesto, se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, pues tal como lo se\u00f1al\u00f3 el aqu\u00ed gestor, en la sentencia SL3123 de 2018, se reconoci\u00f3 el derecho de pensi\u00f3n respecto de la misma convenci\u00f3n colectiva, en el entendido de que, aun cuando \u00e9sta se suscribi\u00f3 en septiembre de 2005, sus efectos empezaron a regir desde el 1 de julio de 2005, es decir, antes de que entrara en vigor el Acto Legislativo 001. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en esa oportunidad, se puso de presente que, conforme al clausulado de dicho pacto, no era indispensable la vinculaci\u00f3n activa del trabajador para la fecha en la cual cumpli\u00f3 la edad exigida. Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No existe controversia alguna que la demandante labor\u00f3 para Adpostal desde el 16 de diciembre de 1985 hasta el 30 de diciembre de 2008, para un total de 23 a\u00f1os y 15 d\u00edas; que al finalizar el proceso de liquidaci\u00f3n de esta entidad, -30 de diciembre de 2008-, ten\u00eda 48 a\u00f1os de edad; que le faltaban para adquirir el derecho, 3 a\u00f1os, 3 meses y 20 d\u00edas; y que era beneficiaria de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2005-2008, suscrita entre Adpostal y Sintrapostal. <\/p>\n
\u201cPues bien, en la cl\u00e1usula 38 de la convenci\u00f3n colectiva en menci\u00f3n (fs.\u00b0143 a 159), se estipul\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cCL\u00c1USULA TREINTA Y OCHO: R\u00c9GIMEN PENSIONAL <\/p>\n
\u201cADPOSTAL continuar\u00e1 aplicando el r\u00e9gimen pensional contenido en la Ley 28 de 1943, que se expidi\u00f3 para reglar las prestaciones sociales de los empleados de Correos y Tel\u00e9grafos y su Decreto Reglamentario 1237 de 1946, respetando el derecho a la pensi\u00f3n a los cincuenta (50) a\u00f1os de edad con veinte (20) de servicios, o veinticinco (25) a\u00f1os de servicios a cualquier de edad\u201d. <\/p>\n
\u201cPAR\u00c1GRAFO. A partir del primero (1o.) de abril de 1994, se aplicar\u00e1 para todas las nuevas vinculaciones laborales el r\u00e9gimen contemplado en la Ley 100 de 1993, o nueva Ley de Seguridad Social y Pensiones\u201d. <\/p>\n
\u201cDel texto trascrito no se evidencia la restricci\u00f3n que la entidad recurrente pretende incorporar al convenio extralegal, puesto que de su contenido es plausible arribar a la conclusi\u00f3n del ad quem cuando estableci\u00f3 que no es indispensable que el trabajador se encuentre activo para la fecha en que cumpli\u00f3 la edad exigida. Resulta conveniente resaltar que las partes que suscribieron el acuerdo, no hicieron distinci\u00f3n acerca de si el beneficiario de la pensi\u00f3n deb\u00eda encontrarse activo al cumplimiento de los 50 a\u00f1os de edad, toda vez que su texto no lo dice expresamente, ni tampoco sugiere que as\u00ed deba ser. <\/p>\n
\u201cPor otro lado, estima esta Sala que el efecto de la remisi\u00f3n que hace el precepto extralegal a una norma jur\u00eddica \u2013Ley 28 de 1943, Decreto Reglamentario 1237 de 1946-, no puede ser diferente a que la satisfacci\u00f3n del requisito de la edad, puede darse en fecha posterior a la extinci\u00f3n del v\u00ednculo laboral, dado el car\u00e1cter general impersonal y abstracto de los preceptos legales. <\/p>\n
\u201cConforme lo expuesto, resulta evidente que la intenci\u00f3n de las partes firmantes del convenio no fue circunscribir el beneficio pensional a quienes alcanzaran los 50 a\u00f1os de edad, en vigencia del contrato de trabajo, pues como ya se dijo, del tenor literal de la cl\u00e1usula convencional se desprende que la prestaci\u00f3n extralegal fue concebida en funci\u00f3n de un tiempo m\u00ednimo de servicios, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que la satisfacci\u00f3n del requisito de la edad no pende de la voluntad del trabajador. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, la intelecci\u00f3n que realiz\u00f3 el ad quem sobre la cl\u00e1usula que se analiza, corresponde a su tenor literal y a la intenci\u00f3n de las partes, de lo que puede colegirse que la parte recurrente no cumpli\u00f3 con demostrar la comisi\u00f3n de los errores f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que le atribuy\u00f3 a la sentencia impugnada, y por ello, esta se mantiene inc\u00f3lume debido a la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la que se encuentra revestida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esa tesis se acompasa con el reciente criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, establecido en la sentencia SL3635-2020, en la cual precis\u00f3 que, es posible extender los efectos de las cl\u00e1usulas convencionales de car\u00e1cter pensional m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, en los casos en los cuales el propio pacto prevea una disposici\u00f3n colectiva que disponga una vigencia superior a dicha data. <\/p>\n
Sobre el particular anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo ese contexto, tal como se determin\u00f3 en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cl\u00e1usulas convencionales de car\u00e1cter pensional m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposici\u00f3n colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previ\u00f3 de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garant\u00eda a la leg\u00edtima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convenci\u00f3n colectiva de trabajo que firmaron, mientras contin\u00fae vigente, as\u00ed esa vigencia supere el l\u00edmite del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no est\u00e9n consolidadas, s\u00ed han determinado una expectativa v\u00e1lida respecto de la permanencia de sus cl\u00e1usulas, basadas en el principio de la buena fe que atenci\u00f3n al principio de la confianza leg\u00edtima, significa, en el horizonte, que se alcanzar\u00e1n los requisitos para su afianzamiento durante el t\u00e9rmino de su vigencia. <\/p>\n
\u201cEllo, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante el tiempo en que la misma o algunas de sus cl\u00e1usulas conserven su vigencia, de modo que su \u00e1mbito de protecci\u00f3n cobija los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el t\u00e9rmino pactado. <\/p>\n
\u201cEsa y no otra, fue la intenci\u00f3n del constituyente secundario al consagrar en los par\u00e1grafos transitorios 2.\u00b0 y 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto por los derechos adquiridos, sujet\u00e1ndolos al t\u00e9rmino inicialmente pactado por las partes hasta su extinci\u00f3n, incluso m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, el cual incluye las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas, estas s\u00ed con l\u00edmite hasta esa data, tal como lo dej\u00f3 sentado la Corte en las sentencias CSJ SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con base en lo antelado, fij\u00f3 las siguientes pautas: <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
\u201cb) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
\u201cc) Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, si la aludida convenci\u00f3n fue denunciada en junio de 2005, es decir, antes de entrar a regir el acto legislativo 01 de 2005, era dable concluir que sus beneficios se extender\u00e1n m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
5. Por lo antelado, se revocar\u00e1 la providencia accionada y, en su lugar se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la corporaci\u00f3n accionada volver a definir la sentencia de casaci\u00f3n atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes citados. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho reclamado, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas; ello, teniendo en cuenta la ejecutoria de esta providencia, por cuanto es desde la misma que la prestaci\u00f3n exigida puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19691, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d2, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio3. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia4, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales5; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas6. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia recurrida para, en su lugar, CONCEDER la tutela promovida Omar Hel\u00ed Bernal S\u00e1nchez. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n deje sin efectos la sentencia de 4 de diciembre de 2020 y todas las decisiones que de ella se desprendan y, en su lugar, emita un nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones aqu\u00ed expuestas. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho reclamado, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas; ello, teniendo en cuenta la ejecutoria de esta providencia, por cuanto es desde la misma que la prestaci\u00f3n exigida puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
2 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
3 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
4 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
5 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6296-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6296-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00734-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}