STC6298-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6298-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 de febrero de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Orfilia Mart\u00ednez Ospina contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira y el Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la secretar\u00eda de la mencionada colegiatura. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige el resguardo de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente transgredidas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito genitor y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 012 del 8 de enero de 2015, el Ministerio de Defensa Nacional reconoci\u00f3 a Mar\u00eda Orfilia Mart\u00ednez Ospina, el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes en un 50%, ante el fallecimiento de su hijo H\u00e9ctor Fabio Mart\u00ednez, quien se desempe\u00f1aba como soldado profesional y, el otro 50% a favor de Leidy Viviana Corrales C\u00f3rdoba. <\/p>\n
Frente a ese acto administrativo la censora interpuso recurso de reposici\u00f3n, argumentando ser la \u00fanica beneficiaria de la prestaci\u00f3n otorgada; no obstante, la entidad omiti\u00f3 desatar el remedio horizontal, circunstancia que condujo a la querellante a interponer una acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El referido amparo fue conocido en primera instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira, quien, el 9 de octubre de 2019, declar\u00f3 su improcedencia. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue revocada el 11 de febrero de 2020, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, quien le orden\u00f3 a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, emitir un pronunciamiento sobre el medio defensivo impetrado por la actora. <\/p>\n
En cumplimiento a la orden judicial, dicha cartera profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00ba1530 del 19 de marzo de 2020, concediendo la pensi\u00f3n de sobrevivientes a Mar\u00eda Orfilia Mart\u00ednez Ospina en un 100%, a partir de la fecha del fallo, al establecer que Leidy Viviana Corrales C\u00f3rdoba, supuesta compa\u00f1era permanente del causante, no acredit\u00f3 tal calidad. <\/p>\n
Tras considerar que el aludido acto administrativo no resolvi\u00f3 de fondo el recurso de reposici\u00f3n incoado, por cuanto no dispuso el pago del retroactivo del derecho pensional adquirido, m\u00e1xime cuando Corrales C\u00f3rdoba nunca realiz\u00f3 cobro alguno sobre el 50% inicialmente reconocido, la impulsora, promovi\u00f3 incidente de desacato; empero, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira mediante auto de 12 de mayo de 2020, determin\u00f3 que la disposici\u00f3n del superior hab\u00eda sido cumplida. <\/p>\n
Teniendo en cuenta esa decisi\u00f3n, el 14 de mayo y 16 de junio de 2020, la accionante solicit\u00f3, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u201caclaraci\u00f3n [y alcance] del fallo\u201d de tutela de segunda instancia; no obstante, asevera, un empleado de la secretar\u00eda de ese colegiado le manifest\u00f3 que deb\u00eda acudir a la judicatura de primer grado, encargada procesalmente de hacer cumplir el mandato constitucional. <\/p>\n
Aduce la precursora que, si bien mediante la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1530 del 19 de marzo de 2020, se nivel\u00f3 en un 100% la pensi\u00f3n otorgada, no se dispuso el pago del 50% dejado de cancelar entre el 3 de marzo de 2009 y febrero de 2020, correspondiente al porcentaje del derecho inicialmente reconocido a Leidy Viviana Corrales C\u00f3rdoba, quien, \u201cnunca reclam\u00f3 ninguna mesada pensional por lo cual el dinero reposa en la Tesorer\u00eda del Ministerio de Defensa Nacional\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar, (i) a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga \u201caclarar el alcance y sentido del fallo de tutela de segunda instancia emitido el 11 de febrero de 2020, (ii) al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira, \u201cabrir el debido incidente de desacato\u201d contra la oficina de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, para que se modifique la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1530 del 19 de marzo de 2020 y, (iii) al ministerio convocado, garantizar la prerrogativa a la seguridad social y disponer la entrega de las mesadas adeudadas desde marzo de 2009. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y las vinculadas <\/p>\n
1. El estrado del circuito enjuiciado, tras relatar los antecedentes del caso, pidi\u00f3 denegar el amparo argumentando no haber quebrantado las garant\u00edas fundamentales de la tutelante, adem\u00e1s porque el mismo, adujo, desconoc\u00eda los requisitos generales y causales espec\u00edficos de procedibilidad. <\/p>\n
En soporte a su postura, manifest\u00f3 que la censora promovi\u00f3 incidente de desacato al fallo de tutela emitido a su favor, no obstante, teniendo en cuenta que el 19 de marzo de 2020, la entidad acusada cumpli\u00f3 con la orden judicial, el 12 de mayo de 2020, ese despacho declar\u00f3 un \u201checho superado\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, reliev\u00f3 que la quejosa cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y exponer la inconformidad frente a lo decidido por el ente demandado. <\/p>\n
2. La Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales de la Direcci\u00f3n Administrativa del Ministerio de Defensa, indic\u00f3 que, ese \u00f3rgano, para acatar la decisi\u00f3n emitida el 11 de febrero de 2020, resolvi\u00f3, mediante acto administrativo n\u00ba 1530 de 2019, el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por la querellante, por lo cual, \u201cresulta imposible, expedir un acto administrativo, sobre los mismos supuestos de hecho y de derecho accediendo a lo solicitado\u201d, pues, estar\u00edan transgrediendo lo dispuesto en el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 20111. <\/p>\n
Resalt\u00f3 el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad y advirti\u00f3 que \u201cla principal pretensi\u00f3n de la accionante, est\u00e1 relacionada con que se ordene el pago de unas sumas de dinero, situaci\u00f3n que por s\u00ed sola es \u00f3bice para negar el amparo solicitado\u201d, pues, de conformidad con la jurisprudencia, no es posible tal reclamo por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda incoada respecto al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira, tras argumentar que la actora cuenta con la posibilidad de promover un nuevo incidente de desacato \u201cplanteando las razones por las que considera que en la resoluci\u00f3n 1530 de 19 de marzo de 2020 no se acat\u00f3 integralmente el fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, consider\u00f3 que el reclamo planteado contra el Ministerio de Defensa Nacional carec\u00eda de \u00e9xito. As\u00ed lo sustent\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n este espec\u00edfico caso es inviable decretar por esta v\u00eda el reconocimiento y pago del retroactivo que pretende MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA, y as\u00ed se declarar\u00e1, porque para ello i) puede acudir directamente ante el Ministerio de Defensa (no prob\u00f3 que ya lo hubiera hecho), o ii) la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, o iii) la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en la cual, incluso, (\u2026) puede debatir el acierto de la resoluci\u00f3n 1530 de 19 de marzo de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
No obstante, determin\u00f3 que la secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga s\u00ed transgredi\u00f3 los derechos invocados por la actora. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e evidenci\u00f3 que MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA present\u00f3 un memorial a la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, en el cual, manifest\u00f3 el incumplimiento del fallo proferido a su favor, pues aport\u00f3 una respuesta de una dependencia de esa entidad al respecto\u201d. <\/p>\n
\u201cSe ignora qu\u00e9 pretend\u00eda en ese documento, por cuanto no se aport\u00f3 a este tr\u00e1mite, pero es f\u00e1cil inferir que no lleg\u00f3 a los magistrados de esa Sala, porque inexplicablemente fue contestada por un empleado de su secretar\u00eda, de ah\u00ed que sea imposible atribuirle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental de la demandante, concretamente del debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Por consiguiente, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela contra esa autoridad\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior revela que quien viol\u00f3 los derechos de la se\u00f1ora MART\u00cdNEZ OSPINA, fue la secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal de Buga, al omitir pasar su memorial a los magistrados que deb\u00edan pronunciarse, y contestarlo sin tener competencia para ello. Por tanto, en lo que tiene que ver con esta autoridad se amparar\u00e1n\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. Ordenar a la secretar\u00eda de la Sala Penal del \u00abTribunal Superior de Buga, que, dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, remita al Despacho del magistrado competente, el memorial que envi\u00f3 MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA, el d\u00eda 14 de mayo de 2020, reiterado el 16 de junio posterior, relacionado con el incumplimiento del fallo de tutela proferido a su favor por esa Corporaci\u00f3n, el 11 de febrero de 2020 (\u2026)\u201d (negrilla del texto original). <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la inicialista, insistiendo en los argumentos de disenso expuesto en el escrito genitor. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s importante se\u00f1alar que mediante Resoluci\u00f3n No. 1530 del 19 de marzo de 2020, se indic\u00f3 claramente que el pago del porcentaje de la pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitado, se realizar\u00eda desde el 11 de febrero de 2020, que corresponde a la fecha del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga \u2013 Valle del Cauca, que fue el que permiti\u00f3 un pronunciamiento de fondo frente al recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la Resoluci\u00f3n No. 126 del 08 de enero de 2015\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, el referido acto administrativo se encuentra debidamente ejecutoriado y por consiguiente, goza de presunci\u00f3n de legalidad, siendo preciso aclarar que contra esa decisi\u00f3n no procede recurso alguno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, se ordene (i) a la colegiatura accionada \u201caclarar el alcance y sentido del fallo de tutela de segunda instancia emitido el 11 de febrero de 2020\u201d, (ii) al estrado del Circuito \u201cabrir el debido incidente de desacato\u201d contra la oficina de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional y, (iii) a esa cartera, disponer el pago de las mesadas adeudada desde marzo de 2009. <\/p>\n
2. De entrada se precisa, si bien el primer reparo de la impulsora se dirige frente a la anterior acci\u00f3n de tutela por ella propuesta, lo cierto es, cuestiona actuaciones posteriores a la decisi\u00f3n all\u00ed emitida, raz\u00f3n por la cual, en garant\u00eda al debido proceso, se proceder\u00e1 a efectuar la revisi\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
3. En lo ata\u00f1edero a la queja impetrada contra la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, se advierte la improsperidad del amparo, pues una vez auscultadas las pruebas allegadas al expediente se evidencia que, los memoriales remitidos por la gestora el 14 de mayo y 16 de junio de 2020, solicitando la \u201caclaraci\u00f3n [y alcance] del fallo\u201d de tutela de segunda instancia, fueron respondidos, directamente, por la Secretar\u00eda de ese colegiado omitiendo \u00e9sta la remisi\u00f3n de los mismos al despacho del Magistrado encargado. <\/p>\n
En consecuencia, tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, fue la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal fustigado, quien incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, al resolver, sin tener competencia para ello, las solicitudes presentadas por la actora frente a la decisi\u00f3n de segunda instancia dictada en el auxilio otrora impetrado por ella. <\/p>\n
Por tanto, se ratificar\u00e1 la sentencia impugnada en los t\u00e9rminos estimados por el juez de tutela de primer grado y se le exhortar\u00e1, para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en tales comportamientos. <\/p>\n
4. Por otro lado, debe memorarse la inviabilidad de este especial mecanismo frente a los incidentes de desacato seguidos con posterioridad a los amparos. <\/p>\n
En efecto, la Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Con todo, excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4.1. A la luz de lo discurrido, refulge palmario el fracaso del auxilio para ordenarle al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Palmira \u201cabrir el debido incidente de desacato\u201d contra el ente ministerial censurado, con el fin de que \u00e9ste modifique la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1530 del 19 de marzo de 2019, pues tal y como lo manifest\u00f3 ese despacho, en auto de 12 de mayo de 2020, el cumplimiento de la orden emitida en sede de impugnaci\u00f3n, qued\u00f3 demostrado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese lo expuesto en la aludida providencia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el asunto sub iudice, s\u00ed bien el Juez colegiado de segunda instancia dispuso REVOCAR la sentencia de Tutela N\u00b0. 077 proferida por este Despacho Judicial el 8 de octubre de 2019, que neg\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales de Petici\u00f3n y Debido Proceso, para en su lugar AMPARALOS, orden\u00e1ndole a la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, se pronunciara de fondo sobre el Recurso de Reposici\u00f3n interpuesto por MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA el 15 de enero de 2015, contra la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 012 del 8 de enero del a\u00f1o 2015\u201d. <\/p>\n
\u201cDurante el curso de este tr\u00e1mite incidental se demostr\u00f3 el cumplimiento de la sentencia de tutela desde antes de haberse aperturado, tal como lo demostr\u00f3 la Directora DIANA MARCELA RUIZ MOLANO, en su condici\u00f3n de COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCI\u00d3N ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, y como reposa en el cuaderno principal\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la orden de tutela impartida por el Juez colegiado de segunda instancia que dispuso REVOCAR la sentencia de Tutela N\u00b0. 077 proferida por el 8 de octubre de 2019 por este Despacho Judicial, mediante el cual se tutel\u00f3 el derecho fundamental de Petici\u00f3n y Debido Proceso a favor de MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA, en la cual se orden\u00f3 se pronunciara de fondo sobre el Recurso de Reposici\u00f3n interpuesto por MAR\u00cdA ORFILIA MART\u00cdNEZ OSPINA el 15 de enero de 2015, contra la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 012 del 08 de enero de 2015, fue acatada en su integridad, para lo cual se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 1530 del 19 de marzo de 2020, misma que se notific\u00f3 a las partes involucradas, por ello, su cumplimiento en la actualidad se encuentra demostrado (\u2026)\u201d. (negrillas originales del texto). <\/p>\n
Por otra parte, en lo atinente al reproche elevado por la actora, respecto a la no resoluci\u00f3n de fondo del recurso de reposici\u00f3n impetrado, al omitirse decretar en el acto administrativo n\u00ba 1530 de 19 de marzo de 2020, la orden de pago de las mesadas adeudadas desde marzo de 2009, el estrado indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Frente a este t\u00f3pico, es preciso advertir que la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, (\u2026) en la parte resolutiva del fallo (\u2026) orden\u00f3 \u00fanica y exclusivamente resolver de fondo el recurso de Reposici\u00f3n formulado contra la Resoluci\u00f3n N\u00b0. 012 del 8 de enero del a\u00f1o 215, sin que el mismo fuera extensivo o se circunscribiera al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales reclamadas y dejadas de pagar por parte de la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA DIRECCI\u00d3N ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, se denota que el apoderado judicial de la incidentante, con la postulaci\u00f3n del tr\u00e1mite incidental es pretender el pago de unos emolumentos desde el a\u00f1o 2009 hasta la fecha, acci\u00f3n ejecutiva que es ajena a lo ordenado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, corporaci\u00f3n judicial que orden\u00f3 resolver de fondo un recurso de reposici\u00f3n pero no el pago de sumas de dinero, aspecto que deber\u00e1 dilucidar ante el Juez natural por medio de los mecanismos judiciales ordinarios ante el Juez Contencioso Administrativo y no por intermedio de este Juez Constitucional, siendo improcedente su petici\u00f3n de pagos de dinero(\u2026)\u201d (negrillas originales del texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no hallarse ninguna arbitrariedad en la gesti\u00f3n del juzgado convocado, por cuanto resultaba inviable sancionar al ministerio incidentado, dado que atendi\u00f3 el mandato constitucional primigenio, la actual queja no puede salir avante. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a la s\u00faplica invocada por la gestora frente al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, para que disponga el pago del retroactivo de la pensi\u00f3n de sobrevivientes otorgada tras el fallecimiento de su hijo, quien se desempe\u00f1aba como soldado profesional, se advierte que la exigencia de la libelista apunta a la defensa de intereses meramente econ\u00f3micos, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el mismo fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha indicado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d5. <\/p>\n
5.1 Se resalta, adem\u00e1s, la queja frente al posible quebranto a la seguridad social de la suplicante con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Defensa no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ello, ante el desconocimiento del requisito de subsidiariedad, pues la inicialista puede, si cumple los presupuestos, exponer sus reparos contra los actos administrativos que estime lesivos de sus garant\u00edas, ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n
Por otra parte, esta Sala no observa la existencia de un da\u00f1o inminente, si en cuenta se tiene, que el m\u00ednimo vital de la promotora est\u00e1 garantizado; no obstante, si aqu\u00e9lla, lo estima necesario, en el eventual proceso, puede pedir el decreto de las medidas cautelares que considere pertinentes, a fin de conjurar un posible perjuicio irremediable, con sustento en el precepto 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha expresado esta Corte en asuntos an\u00e1logos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]or tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio de la persona interesada, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
En estas condiciones, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la interesada anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por los funcionarios competentes; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
6. Por tanto, se ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n del amparo en los t\u00e9rminos indicados por a quo constitucional, esto es, s\u00f3lo respecto de la Secretar\u00eda del tribunal enjuiciado, a quien adem\u00e1s se exhortar\u00e1 conforme a lo advertido. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
8. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n a realizarse. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Se EXHORTA a la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en comportamientos como los que dieron lugar a esta salvaguarda. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cART\u00cdCULO 88. PRESUNCI\u00d3N DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podr\u00e1n ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
3 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
4 \u00cddem. <\/p>\n
5 CSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 de agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. 00068-02. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 24 de septiembre de 2013, rad. 00676-01. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6298-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6298-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54662"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54662\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}