STC6299-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6299-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 20 de abril de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la tutela promovida por Mar\u00eda Elena Rojas Manchola frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio divisorio por ella iniciado contra H\u00e9ctor y Daniel Rojas Manchola, radicado bajo el n\u00famero 2018-00029-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la actora suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que el asunto materia del resguardo se adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva. <\/p>\n
Refiere que, en audiencia de 2 de octubre de 2020, se dispuso la venta en p\u00fablica subasta de los inmuebles objeto de litigio y se reconocieron a su favor los frutos civiles derivados de la renta del predio ubicado en la calle 38 # 8\u201346 del barrio las Granjas de la mencionada ciudad. <\/p>\n
Afirma que esa determinaci\u00f3n fue recurrida por los all\u00ed demandados, quienes fundaron su censura en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial, cuestionando la observancia de los requisitos exigidos en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, a pesar de no haberlo controvertido en los t\u00e9rminos del precepto 228 ib\u00eddem. <\/p>\n
Reprocha que, aun advirtiendo la ausencia de r\u00e9plica frente a dicha probanza, el 2 de febrero de 2021, el estrado accionado, en sede de apelaci\u00f3n, haya revocado el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la c\u00e9lula judicial confutada rehacer la actuaci\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. H\u00e9ctor y Daniel Rojas Manchola se opusieron a la prosperidad del ruego, se\u00f1alando que no se re\u00fanen los presupuestos para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3. El estrado querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo, tras advertir <\/p>\n
\u201c(\u2026) la trasgresi\u00f3n fundamental alegada, esto por cuanto el Juzgado recriminado, abdic\u00f3 sin menor importancia el \u201cjuramento estimatorio\u201d realizado en la demanda por la ciudadana Mar\u00eda Elena Rojas Manchola, el cual tiene el car\u00e1cter de verdadero medio persuasivo, seg\u00fan la ley, jurisprudencia y doctrina arriba estudiada. <\/p>\n
\u201cDel mismo modo, escuchada la diligencia del 02-oct-2020, efectuada por el Juzgado de primer grado, para esta Corporaci\u00f3n emerge sin dificultad que esa operadora jur\u00eddica, analiz\u00f3 diferentes medios probatorios para proferir condena en el punto de los frutos civiles del mencionado apartamento. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cConviene precisar que los demandados guardaron actitud de total pasividad contra el \u201cjuramento estimatorio\u201d, ya que no lo objetaron. Con todo, si se consideraba descabellado su pedimento, el Juzgador del Circuito ha debido decretar pruebas de oficio tendientes a determinar su veracidad, siguiendo el faro interpretativo del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. Pero lejos de lo debido, el Juzgador desconoci\u00f3 la verdad que dimana del dossier. <\/p>\n
\u201cPor tanto, la verdad demostrativa del \u201cjuramento estimatorio\u201d, no pod\u00eda ser inobservada por el Juzgado criticado, por cuanto la condena con apoyatura en la referida instituci\u00f3n tiene plena vigencia en el ordenamiento de enjuiciamiento civil. Entonces, si el accionado no tuvo en cuenta las reglas que emanan del \u201cjuramento estimatorio\u201d, y adem\u00e1s omiti\u00f3 valorar los diferentes medios del dossier, se constata la trasgresi\u00f3n fundamental al debido proceso desarrollado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) SEGUNDO: ORDENAR al titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto la decisi\u00f3n del 02 de febrero de 2021, y proceda nuevamente a resolver la apelaci\u00f3n incoada frente al auto de primera instancia en el proceso divisorio identificado con radicaci\u00f3n N\u00b0 41001400300220180002900, sin perjuicio de las eventuales pruebas oficiosas que estime decretar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetraron H\u00e9ctor y Daniel Rojas Manchola, manifestando que el juramento estimatorio \u201c(\u2026) s\u00ed fue objetado, (\u2026) pues desde la contestaci\u00f3n de la demanda se expuso el desacuerdo con la suma determinada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En su criterio, la cuant\u00eda de los frutos no fue debidamente determinada por cuanto se demostr\u00f3 que el inmueble no gener\u00f3 rendimiento alguno. Asimismo, insistieron en que el dictamen pericial no reun\u00eda los requisitos procesales para ser reconocido como prueba. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante cuestiona el auto de 2 de febrero de 2021, por el cual el juzgado accionado, en sede de apelaci\u00f3n, modific\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado de 2 de octubre de 2020 y, en su lugar declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de oposici\u00f3n a los frutos civiles respecto del inmueble ubicado en la Calle 38 n\u00b0. 8-46 del barrio Las Granjas de la ciudad de Neiva. <\/p>\n
2. Revisada la providencia censurada, se observa la vulneraci\u00f3n alegada por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
El juzgador accionado, revoc\u00f3 el reconocimiento de los frutos civiles a la aqu\u00ed gestora, tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden de ideas, las premisas jur\u00eddicas que anteceden, dejan claramente zanjada la discusi\u00f3n y contrar\u00edan de la decisi\u00f3n de a quo, pues una vista al escrito aportado como dictamen de frutos civiles (Folios 96 a 98 cuaderno 1), hace evidente que contiene un justiprecio de los c\u00e1nones de arrendamiento pretendidos a manera de frutos civiles por el demandante en la proporci\u00f3n correspondiente, que dictamina sin hacer el an\u00e1lisis correspondiente, emitiendo una serie de conclusiones con las que busca determinar cu\u00e1l fue la din\u00e1mica del suceso, esto es el monto que como arrendador del bien recibi\u00f3 el demandado DANIEL R\u00d3MULO MANCHOLA, sin contar estos con la demostraci\u00f3n de los requisitos que para el efecto se se\u00f1alan en los art\u00edculos 226 y 232 del CGP, relativos a la idoneidad del perito para el justiprecio de esa clase de derechos <\/p>\n
materiales, no se encuentra en dicho dictamen una descripci\u00f3n de los mecanismos para llegar a la conclusi\u00f3n de frutos civiles devengados y no expone con coherencia las conclusiones\u201d. <\/p>\n
\u201cPor el contrario, se observa solo una liquidaci\u00f3n por aquel concepto, donde no se ilustra por el interesado, a trav\u00e9s de su experto, la relaci\u00f3n o conexi\u00f3n que debe existir entre el valor de los frutos y los \u00edtems a considerar como son la ubicaci\u00f3n del bien, la comparaci\u00f3n del mercado inmobiliario en el sector, la descripci\u00f3n del predio arrendado, y en general las circunstancias propias para la cuantificaci\u00f3n del canon de arrendamiento y la consecuente liquidaci\u00f3n de los mismos como frutos civiles. N\u00f3tese, adem\u00e1s, que ese examen no parte de rese\u00f1as espec\u00edficas como fotograf\u00edas del lugar, ubicaci\u00f3n, linderos cabida etc., por lo tanto concluye el despacho que no hay un concepto cient\u00edfico argumentado, ni se comprueba la idoneidad del perito para la realizaci\u00f3n de esta clase de dict\u00e1menes\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, no es posible admitirlo como prueba pericial, ya que de acuerdo con lo expuesto en precedencia, carece de solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n, calidad de los fundamentos, e idoneidad del perito que no se soporta para el justiprecio de este tipo de emolumentos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed el razonamiento planteado por la jueza de conocimiento, no se ajusta, al ordenamiento procesal y a las reglas que debe cumplir este tipo de prueba (Art\u00edculo 226, CGP) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se advierte la vulneraci\u00f3n alegada, pues el estrado accionado se limit\u00f3 a cuestionar la falta de solidez y exhaustividad del dictamen pericial practicado, sin atender a los dem\u00e1s elementos probatorios obrantes en el plenario, con fundamento en los cuales el juzgado de primer grado obtuvo el convencimiento de reconocer los aludidos frutos civiles a favor de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, tal como lo advirti\u00f3 el tribunal, el juez convocado no tuvo en cuenta el valor probatorio del juramento estimatorio ni constat\u00f3 si, en realidad, los all\u00ed demandados objetaron la cuant\u00eda estimada por la accionante, conforme lo establece el canon 206 del \u00eddem y si el a quo imparti\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente a tal objeci\u00f3n. <\/p>\n
Incluso, en el tema del \u201cjuramento estimatorio\u201d el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, establece: \u201c(\u2026) Aun cuando no se presente objeci\u00f3n de parte, si el juez advierte que la estimaci\u00f3n es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusi\u00f3n o cualquier otra situaci\u00f3n similar, deber\u00e1 decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido (\u2026)\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
Esta Colegiatura refiri\u00e9ndose al poder-deber oficioso para el decreto de medios demostrativos, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]quella es una valios\u00edsima he rramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial (\u2026)\u201d (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun exofficio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u201d1 (se destaca). <\/p>\n
3. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19692, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d3, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 18 de noviembre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02725-00 <\/p>\n
2 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
3 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
4 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
5 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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