STC6383-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6383-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01603-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que El\u00edas Jorge Jamza V\u00e1squez promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, extensiva a los intervinientes en el proceso penal No.68081310400320130000501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante pretende que se deje sin valor y efecto lo actuado en el proceso en comento y que se ordene \u00abreiniciar las actuaciones procesales del caso de conformidad con la parte motiva de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones narr\u00f3 que en su contra se promovi\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de los requisitos legales\u00bb, bajo el radicado 680813104003201300005, en el cual se profiri\u00f3 sentencia el d\u00eda 17 de julio de 2014, imponi\u00e9ndosele una condena a la pena principal de 78 de meses de prisi\u00f3n y multa de 60 S.M.L.V., con pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 6 a\u00f1os, neg\u00e1ndose la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Indic\u00f3 que aunque cont\u00f3 con la asesor\u00eda de abogados, ellos no ejercieron su derecho a contradecir, toda vez que \u00abnunca presentaron o solicitaron pruebas que permitieran argumentar una defensa de mis intereses\u00bb, es decir que su actuar fue \u00fanicamente formal. <\/p>\n
Seg\u00fan el actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales toda vez que no se garantiz\u00f3 su defensa t\u00e9cnica, no se aplic\u00f3 el principio de celeridad procesal, no se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas necesarias para decidir la causa y se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad al negarse la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria e inadmitirse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero (3\u00ba) Penal del Circuito de Barrancabermeja hizo un recuento de las decisiones de instancia proferidas en el curso proceso penal No. 680813104003201300005. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en la segunda instancia del proceso penal en comento, las cuales, adujo, se ci\u00f1eron al tr\u00e1mite legal pertinente. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el amparo reclamado no cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que fue impetrado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que el actor promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y que dicha demanda fue inadmitida en auto del 10 de marzo de 2021 (AP831-2021, Rad. No. 55991), al considerar sus cargos carentes de idoneidad, suficiencia, claridad y trascendencia, as\u00ed como de las condiciones t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas que permitieran abordar su examen a trav\u00e9s de un fallo. No obstante lo anterior, bajo similares argumentos que se expusieron en el libelo de casaci\u00f3n, pretende ahora, por v\u00eda de la acci\u00f3n constitucional, que se proteja su garant\u00eda a un debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar por falta de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela y porque la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y probanzas obrantes en el proceso penal en comento. Adem\u00e1s, las quejas presentadas por el actor en cuanto a su defensa t\u00e9cnica, corresponden a discrepancias con la estrategia de defensa, circunstancia que en s\u00ed misma no da lugar a la prosperidad del amparo reclamado. <\/p>\n
Como se rese\u00f1\u00f3, el gestor estima que su derecho fundamental al debido proceso fue vulnerado por las autoridades judiciales accionadas, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan \u00e9l: i) no se garantiz\u00f3 su defensa t\u00e9cnica, ii) no se aplic\u00f3 el principio de celeridad procesal, iii) no se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas necesarias para decidir la causa y iv) se vulner\u00f3 su derecho a la igualdad al negarse la solicitud de prisi\u00f3n domiciliaria e inadmitirse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la falta de defensa t\u00e9cnica es preciso se\u00f1alar que del escrito de tutela y de las actuaciones surtidas en el proceso penal referido, se colige que el solicitante s\u00ed fue representado por abogado, tanto as\u00ed que tuvo la oportunidad de promover recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera de instancia y de instaurar recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, aunque el gestor evidenci\u00f3 su descontento con la actuaci\u00f3n realizada por los abogados que lo representaron, quienes seg\u00fan \u00e9l dejaron de pedir y aportar las pruebas necesarias para su defensa, ha sido reiterada la posici\u00f3n de la Corte en punto a se\u00f1alar que las discrepancias originadas en la estrategia de defensa desarrollada por los abogados de las partes, no da lugar a la revocatoria de las decisiones judiciales por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
En otras palabras, los reparos existentes frente el ejercicio de la labor de un abogado, no configuran (\u2026)suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (STC19505-2017, STC265-2020, STC STC3173-2021, STC4704-2021). <\/p>\n
De otro lado, frente a la pretensi\u00f3n principal del actor referente a que se deje sin valor y efecto lo actuado en el proceso penal que se sigui\u00f3 en su contra, ha de se\u00f1alarse que tal pedimento no cumple con el requisito de subsidiariedad, si en cuenta se tiene el recurso extraordinario de casaci\u00f3n impetrado fue fundado en similares reparos a los aqu\u00ed expuestos y el mismo no fue admitido (10 marzo de 2021). Luego, no puede el actor promover acci\u00f3n de tutela \u00fanicamente con el fin de remediar aquellas fallas que dieron lugar a la inadmisi\u00f3n del recurso aludido, pues como es sabido, el ejercicio de la presente acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)2\u00bb. (STC 2963-2021). <\/p>\n
Ahora, aunque el actor no manifest\u00f3 reparos concretos frente al auto que no admiti\u00f3 el recurso extraordinario proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el mismo vulneraba su derecho a la igualdad, debe se\u00f1alar la Sala que tal afirmaci\u00f3n no fue probada y, por el contrario, se hall\u00f3 que el mencionado prove\u00eddo es producto de una interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia y de lo acontecido en el proceso. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se pronunci\u00f3 sobre los cuatro cargos presentados por el aqu\u00ed actor, uno principal y tres subsidiarios. El primero de ellos fue sustentado en la causal segunda de casaci\u00f3n y para tal efecto se aleg\u00f3 la violaci\u00f3n de la congruencia que deb\u00eda existir entre acusaci\u00f3n y sentencia; los dem\u00e1s reparos se invocaron bajo el amparo de la causal tercera y con ese fin se adujo la nulidad de la actuaci\u00f3n por infracci\u00f3n al principio de investigaci\u00f3n integral, al derecho de defensa t\u00e9cnica y al axioma de legalidad, \u00e9ste por supuesta inaplicaci\u00f3n de normas preexistentes al hecho. A su tenor literal la decisi\u00f3n proferida por la autoridad judicial accionada, respecto de cada uno de los reparos se\u00f1alados consign\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Plantea el demandante una primera inconformidad que aunque en comienzo hace expresa menci\u00f3n al axioma de congruencia, su confuso desarrollo, adem\u00e1s de que nada en concreto y con trascendencia plantea en rededor de \u00e9l, hace alusi\u00f3n a la transgresi\u00f3n de otros par\u00e1metros, especialmente investigativos, o de existencia del pliego de cargos, o a la valoraci\u00f3n probatoria, que no propiamente revelan la infracci\u00f3n inicialmente postulada, mucho menos, si advertidas las pretensiones del cargo como la singular nulidad del acto acusatorio, o la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, ninguna relaci\u00f3n guardan con la aducida consonancia que se dice vulnerada al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es que, si el citado principio implica una coincidencia subjetiva, f\u00e1ctica y jur\u00eddica entre la acusaci\u00f3n y la sentencia, no se\u00f1ala, ni menos demuestra el censor, c\u00f3mo se habr\u00eda incurrido en transgresi\u00f3n a \u00e9l a partir de la confrontaci\u00f3n de tales actos procesales. <\/p>\n
Cuestionar la calificaci\u00f3n sumarial porque al decir del demandante se limit\u00f3 a una enunciaci\u00f3n gen\u00e9rica de los principios de contrataci\u00f3n, sin contar con las pruebas que acreditaran su infracci\u00f3n; o porque no concret\u00f3 los hechos jur\u00eddicamente relevantes; o porque el fiscal, con omisi\u00f3n del par\u00e1metro de investigaci\u00f3n integral, no indag\u00f3 lo favorable y desfavorable al acusado; o porque la sentencia mencion\u00f3 normas y pruebas que en sentir del casacionista la acusaci\u00f3n no relacion\u00f3, no revela la carencia de esa consonancia legalmente exigida, ni evidencia la falta de coincidencia sobre el sujeto acusado, o respecto de los hechos, que a prop\u00f3sito son los mismos que en esta decisi\u00f3n se rese\u00f1aron y as\u00ed fueron abordados y examinados probatoriamente en las instancias, ni en relaci\u00f3n con la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del supuesto f\u00e1ctico o de alguna de sus circunstancias. <\/p>\n
Correspond\u00eda ineludiblemente al censor al acudir a la causal segunda de casaci\u00f3n demostrar que entre acusaci\u00f3n y sentencia no hubo esa necesaria correlaci\u00f3n en alguno de esos tres aspectos, de modo que, de haberlo hecho, su pretensi\u00f3n mal podr\u00eda ser estrictamente la anulaci\u00f3n de los actos, sino el ajuste correspondiente, teniendo en cuenta desde luego la imposibilidad de desmejorar la situaci\u00f3n del acusado. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s de que el cargo no se plante\u00f3 en el verdadero prop\u00f3sito que id\u00f3neamente le correspond\u00eda a fin de demostrar que se falt\u00f3 a la correspondencia en alguno de esos elementos, la aducida pretensi\u00f3n, as\u00ed como la ins\u00f3lita de prescripci\u00f3n, denotan cuan antit\u00e9cnica e infundadamente ha sido formulado, pues si los hechos acontecieron en 2001 el citado fen\u00f3meno se habr\u00eda consolidado en el sumario durante el 2017, pero la acusaci\u00f3n cobr\u00f3 firmeza el 2 de septiembre de 2013, o en el juicio por el transcurso de 8 a\u00f1os a partir de la ejecutoria del calificatorio, lapso que evidentemente no ha transcurrido\u00bb. <\/p>\n
Frente a los dem\u00e1s reparos la autoridad judicial, luego de revisar las decisiones de instancia, consider\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Es decir, tales asertos demuestran, de un lado que s\u00ed se investigaron los hechos supuestamente constitutivos de la aducida coacci\u00f3n, s\u00f3lo que se lleg\u00f3 a la deducci\u00f3n de que carec\u00edan de veracidad, pues ninguno de los entes ante los cuales el acusado dijo haber formulado las correspondientes denuncias ten\u00edan conocimiento de las mismas, valga decir que ellas no existieron y, de otro, que ninguna trascendencia ten\u00eda la exculpaci\u00f3n frente a la objetividad de hechos como el se\u00f1alado por el Tribunal, todo lo cual no puede sino conducir a la conclusi\u00f3n de que el cargo formulado en este respecto, referido a la investigaci\u00f3n integral, resulta antit\u00e9cnicamente postulado en cuanto se evidencia incompleto por carecer del juicio necesario de trascendencia que haga ver que las pruebas que se aducen omitidas conducir\u00edan a probar la eximente de responsabilidad que se alega, m\u00e1xime cuando este postulado no supone agotar hasta sus \u00faltimas consecuencias la posibilidad investigativa del instructor y del fallador, ni mucho menos, corroborar con otros medios lo que ya dentro de cauces probatorios adecuados fue demostrado. <\/p>\n
Tampoco puede dejar de advertirse que, m\u00e1s all\u00e1 de la argumentaci\u00f3n expuesta por los juzgadores de instancia en relaci\u00f3n con la carga din\u00e1mica de la prueba, o que no obstante el significado del principio que se acusa transgredido, \u00e9ste no implica que la Fiscal\u00eda ha de colmar la carga probatoria perteneciente a la defensa dentro del proceso penal como que entrat\u00e1ndose de eximentes de responsabilidad, tambi\u00e9n era del resorte de la defensa t\u00e9cnica y material (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en lo relacionado con la falta de defensa t\u00e9cnica alegada, indic\u00f3: <\/p>\n
4. Por igual el tercer reproche, propuesto tambi\u00e9n por v\u00eda de nulidad, se evidencia carente de las condiciones t\u00e9cnicas y argumentales que lo hagan plausible, m\u00e1s a\u00fan cuando, a pesar de su subsidiariedad, guarda estrecha relaci\u00f3n con el anterior en la medida en que se plantea una violaci\u00f3n a la defensa t\u00e9cnica principalmente porque los defensores que actuaron no solicitaron las pruebas que ya se rese\u00f1aron. <\/p>\n
Es que, si se hace relaci\u00f3n a dicha garant\u00eda procesal, la simple afirmaci\u00f3n de que el abogado que entonces la tuvo a su cargo no pidi\u00f3 las pruebas necesarias, no revela transgresi\u00f3n alguna que sea posible examinar en esta sede, pues, en esas condiciones es evidente que, como se indic\u00f3 en la respuesta a la censura precedente, los argumentos de conducencia y pertinencia no revelan que las pruebas no pedidas demuestren la causal eximente de responsabilidad, ni denotan su trascendencia en la medida en que de todas maneras la hip\u00f3tesis que la constituye s\u00ed se investig\u00f3, de modo que, por otros medios se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de su inexistencia. <\/p>\n
Ahora, si es que la censura se entendiere porque en determinados per\u00edodos el acusado careci\u00f3 de defensa real, resultaba imperativo que el casacionista precisara qu\u00e9 actos se ejecutaron en aquellos con incidencia negativa en su defensa y c\u00f3mo eso impactar\u00eda las declaraciones hechas en la sentencia, nada de lo cual es abordado por el demandante m\u00e1s all\u00e1 de afirmar la simple ausencia del defensor. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En efecto, mirada la defensa en su aspecto t\u00e9cnico, el demandante se limita, desde su propia \u00f3ptica y en un conveniente an\u00e1lisis a posteriori, seg\u00fan los resultados finalmente adversos a su cliente, a criticar la actividad o pasividad de quienes le antecedieron en el ejercicio del mismo encargo. <\/p>\n
Una tal posici\u00f3n, carente as\u00ed de contenido jur\u00eddico, no puede acarrear el extremo remedio que se demanda, porque indudablemente, dichas apreciaciones que de ese modo resultan subjetivas, no comportan lesi\u00f3n alguna a la defensa t\u00e9cnica, ya que, si bien es cierto el sindicado cont\u00f3 formalmente y siempre con un profesional encargado de su defensa que al decir del casacionista no ejecut\u00f3 actividad alguna que reflejara su ejercicio, eso por s\u00ed mismo y sin m\u00e1s no conlleva a la invalidez solicitada. <\/p>\n
Aunque la formal existencia del defensor t\u00e9cnico dentro del proceso puede no necesariamente coincidir con el real ejercicio del cargo, \u00e9ste no se comprende en el espec\u00edfico sentido como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, la formulaci\u00f3n de interrogatorios en su pr\u00e1ctica, porque si bien estas actividades aparentan ciertamente el ejercicio de la defensa, es obvio que no se confunden con el derecho mismo, porque, frente a la especialidad de los diversos eventos, puede expresarse de diferentes maneras, lo que no excluye la inactividad como estrategia que indudablemente no es dable cotejarse con aqu\u00e9l abandono nugatorio de las posibilidades defensivas, como que en tal caso s\u00ed podr\u00eda estarse frente a un irresponsable incumplimiento del defensor. <\/p>\n
No es ciertamente esto \u00faltimo lo que cuestiona el censor, porque si bien reconoce la presencia formal y algunas veces activa de la defensa en todos aquellos actos fundamentales del proceso, como la indagatoria, el cierre de investigaci\u00f3n, la calificaci\u00f3n y el juicio, su cr\u00edtica la dirige hacia la manera pasiva en que se desarroll\u00f3, lo cual no implica la negligencia que \u00e9l mismo se\u00f1ala ni el abandono irresponsable de las posibilidades defensivas con que en determinado momento contaba el sindicado, mucho menos cuando lo que se advierte es una actitud vigilante expresada en la notificaci\u00f3n personal de la calificaci\u00f3n sumarial y en su asistencia a la audiencia p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre el principio de legalidad y las normas aplicables al caso concreto, la Sala accionada consider\u00f3: <\/p>\n
5. En efecto, por la senda equivocada, toda vez que le correspond\u00eda hacerlo a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n, cuerpo primero, esto es violaci\u00f3n directa de la ley y no por medio de la tercera, acusa el demandante la sentencia recurrida por no aplicar las normas preexistentes a los delitos imputados, estas son las contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, de modo que en su opini\u00f3n el condenado lo fue a penas de prisi\u00f3n y de multa dosificadas con arreglo a los procedimientos consagrados en las leyes 599 y 600 de 2000 a pesar de que, para la fecha de los hechos, marzo y abril de 2001, tales ordenamientos no se hallaban a\u00fan vigentes, lo que significa en comienzo que la censura no contiene la proposici\u00f3n jur\u00eddica completa que en este caso equivaldr\u00eda a postular, de un lado, la falta de aplicaci\u00f3n de unas normas y la consecuente aplicaci\u00f3n indebida de otras. <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de esas falencias t\u00e9cnicas, lo importante es que la inconformidad se presenta absolutamente intrascendente como lo revela el propio casacionista, porque aunque el a quo se sustent\u00f3 en el art\u00edculo 410 de la Ley 599 de 2000, lo cierto es que la descripci\u00f3n t\u00edpica contenida en \u00e9l y su sanci\u00f3n privativa de la libertad son id\u00e9nticas a las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 146 del Decreto Ley 100 de 1980, luego si se aplic\u00f3 aquella y no \u00e9sta, ninguna afectaci\u00f3n, o agravaci\u00f3n se produjo a la situaci\u00f3n del encausado. Y si de la pena pecuniaria se trata, siendo menor en efecto la indicada en el C\u00f3digo Penal de 1980, tal desajuste se solucion\u00f3 en la sentencia de segunda instancia al imponerse precisamente la multa prevista en el citado art\u00edculo 146\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que en la decisi\u00f3n cuestionada se abordaron todos los reparos presentados por el actor y se expusieron fundadas razones para negar su prosperidad. De esta forma, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica elevada por El\u00edas Jorge Jamza, quien veladamente busca renovar un examen jur\u00eddico y probatorio ya consumado en el juicio penal, cuyo resultado, si bien desfavorable a sus intereses y convicciones, no basta para tildar de caprichosas o subjetivas las reflexiones que llevaron a la Magistratura encartada a declarar no admisible el recurso de casaci\u00f3n impetrado. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que el precursor no comparta tales cavilaciones, las mismas son producto de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se cumplen todos los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n y no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. Por el contrario, resulta notorio el anhelo del accionante de anteponer su propio criterio para atacar la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por El\u00edas Jorge Jamza V\u00e1squez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, extensiva a los intervinientes en el proceso penal No.68081310400320130000501. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
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STC6383-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6383-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01603-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que El\u00edas Jorge Jamza V\u00e1squez promovi\u00f3 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54666","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54666"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54666\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}