STC6393-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6393-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-00716-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 22 de abril de 2021, dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por David Enrique Bustos P\u00e9rez contra la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los part\u00edcipes en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n en la modalidad de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio (Exp. 76809). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 dejar sin efecto \u00ablos apartes del auto (\u2026) que neg[\u00f3] (\u2026) [su] exclusi\u00f3n y la morigeraci\u00f3n de la responsabilidad\u00bb (9 oct. 2020). <\/p>\n
En s\u00edntesis, expuso que mediante prove\u00eddo 2018-01-160981 (13 abr. 2018) la entidad accionada promovi\u00f3 proceso de intervenci\u00f3n de Optimal Libranzas S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n, decurso donde fue vinculado, ya que fungi\u00f3 como revisor fiscal \u00abdesde el 13 de mayo de 2014[,] hasta el 30 de abril de 2015\u00bb, de ah\u00ed que el agente interventor inici\u00f3 en su contra \u00abproceso de levantamiento de patrimonio de familia en el juzgado 30 de familia del circuito de [B]ogot\u00e1 con el [radicado] 2019-476\u00bb, cuando es el \u00ab\u00fanico bien [que ostenta] (\u2026) y que es la garant\u00eda de vivienda de [su] hija menor (\u2026) de 3 a\u00f1os de edad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en \u00abla audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones al inventario valorado y resoluci\u00f3n de solicitudes de exclusi\u00f3n\u00bb (9 oct. 2020), interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 su marginamiento, con fundamento en que durante el periodo que fungi\u00f3 como revisor fiscal: i) plante\u00f3 diferentes recomendaciones a la gerencia de la empresa relacionadas con el plan de trabajo para la \u00abconciliaci\u00f3n de cartera versus cooperativas\u00bb, ii) inform\u00f3 sobre la imposibilidad de tener claridad de los saldos reales, as\u00ed como tambi\u00e9n de la existencia de controles para las cuentas por cobrar a las pagadur\u00edas y acerca del desconocimiento de irregularidades. De manera que, indic\u00f3 haber cumplido las cargas que imponen los \u00abart\u00edculos 107 y 209 C.Co.\u00bb, toda vez que su labor \u00abno se contrae a verificar documentos\u00bb, iii) \u00abno hay prueba fehaciente\u00bb de su participaci\u00f3n en los posibles hechos antijur\u00eddicos ejecutados por Optimal Libranzas S.A.S. o que permita inferir que, en esa calidad, supo o deb\u00eda conocer sobre la ilicitud de las operaciones de cr\u00e9dito no autorizadas en periodos anteriores o posteriores a su corta revisor\u00eda fiscal. <\/p>\n
En su criterio la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo. Lo primero porque \u00abse apart\u00f3 de los medios de prueba con base en los cuales se infiere que no conoc\u00eda ni deb\u00eda conocer irregularidades m\u00e1xime cuando con anterioridad a su vinculaci\u00f3n la superintendencia, en auto del nueve de abril de 2014, advirti\u00f3 que la empresa desplegaba operaciones legales, de manera que, no ten\u00eda raz\u00f3n para dudar de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abcontrario a lo que sucedi\u00f3 en los casos de Plus Values y Elite Inetrnational Am\u00e9ricas\u00bb en su condici\u00f3n de vinculado no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas que sustentaron la intervenci\u00f3n, puesto que, \u00abno se le corri\u00f3 traslado (\u2026), [por ende], se deben considerar nulas de pleno derecho\u00bb, de manera que recibi\u00f3 un trato desigual e injustificado. <\/p>\n
Y, respecto del segundo defecto, por cuanto se impuso \u00abla misma consecuencia que a los originadores, (\u2026) [quienes] vend[ieron] de manera ilegal t\u00edtulos valores que aparentaban legalidad\u00bb y enfatiz\u00f3 que su \u00abparticipaci\u00f3n se limit\u00f3 a ser representante legal de una sociedad que hac\u00eda factoring sobre esos t\u00edtulos valores\u00bb, por consiguiente, menoscab\u00f3 \u00ablos principios constitucionales de la \u00e9tica y la igualdad\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo tras defender la legalidad de la actuaci\u00f3n surtida; acto seguido, enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n de intervenci\u00f3n \u2013 Resoluci\u00f3n 2017-01-653242 (22 dic. 2017) y auto 2018-01-160981 (13 abr. 2018)- no pueden ser objeto del presente amparo, toda vez que no suple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
As\u00ed mismo esboz\u00f3 que en prove\u00eddos 2020-01-200352 (25 may. 2020), 2020-01-239341 (9 jun.), 2020-01-243819 (10 jun.) y 2020-01-308631 (30 jun.), decant\u00f3 las pruebas que se tendr\u00edan en cuenta para desatar las s\u00faplicas de exclusi\u00f3n y las objeciones presentadas contra el inventario valorado de bienes, aunque tampoco cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el reclamo se edifica en las decisiones que se adoptaron en audiencia (9 oct.), acerca de las peticiones de exclusi\u00f3n que \u00abtienen como prop\u00f3sito sacar del inventario los bienes, derechos y haberes de propiedad de los sujetos intervenidos\u00bb. No obstante, se\u00f1al\u00f3 que el accionante fue intervenido por ostentar la calidad de revisor fiscal y no como representante legal de Optimal Libranzas SAS, estatus que permite ser sujeto de esa medida conforme prev\u00e9 el art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 4334 de 2008, am\u00e9n de referir que aplic\u00f3 un est\u00e1ndar correcto de conducta y determinar que no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n legal de responsabilidad civil que opera en su contra, v\u00ednculo que es solidario, luego, no hay raz\u00f3n para morigerar la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que si bien es cierto el Decreto ibidem no regula las solicitudes de exclusi\u00f3n, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 15 idem, impuls\u00f3 el tr\u00e1mite contemplado en los preceptos 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006 y los par\u00e1metros fijados en la sentencia C-145 de 2009 de la Corte Constitucional, de manera que garantiz\u00f3 el debido proceso a los intervinientes y tampoco incurri\u00f3 en los defectos endilgados. <\/p>\n
El agente interventor de Optimal Libranzas S.A.S. rog\u00f3 denegar el resguardo fundado en argumentos similares a la Superintendencia de Sociedades, adem\u00e1s de enfatizar que no existe duda de que la sociedad mencionada estaba realizando actividades de captaci\u00f3n, desde el 12 de diciembre de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2016, lapso donde el intervenido actu\u00f3 como revisor fiscal, quien est\u00e1 sujeto a los deberes fiduciarios de los administradores consagrados en el art\u00edculo 22 de la Ley 222 de 1995, especialmente, el deber de diligencia que implica comportarse como un buen hombre de negocio. <\/p>\n
A su turno, expuso que no aport\u00f3 prueba de haber actuado de manera diligente durante el interregno en que se desarroll\u00f3 la captaci\u00f3n; por consiguiente, no desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n legal, ya que \u00aba pesar de existir constancia de diferentes recomendaciones que daba cuenta de las actividades de captaci\u00f3n, solamente al final del periodo determinado, adopt\u00f3 medidas para suspender la actividad de la sociedad\u00bb, aunque causando afectaci\u00f3n patrimonial de \u00ab465 personas y por lo menos por $31.000 millones de pesos\u00bb, de manera que se configura la culpa en su gesti\u00f3n y, por lo tanto, su participaci\u00f3n indirecta en los hechos de captaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 el ruego por carecer de los supuestos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto <\/p>\n
(\u2026) se decret\u00f3 la intervenci\u00f3n judicial por toma de posesi\u00f3n el 13 de abril de 2018 con fundamento en la investigaci\u00f3n administrativa que previamente realiz\u00f3 la Delegada para Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control. Fue desde la citada fecha que el se\u00f1or Bustos fue intervenido y, como bien aduce la accionada, le correspond\u00eda impugnar el auto de intervenci\u00f3n expedido hace tres a\u00f1os y no lo hizo (supra n.\u00ba 9.1), de manera que, de suyo, entonces, no se satisfacen los requisitos de inmediatez y subsidiaridad. <\/p>\n
21.2. La accionada como juez del proceso de intervenci\u00f3n, decidi\u00f3 sobre los medios de prueba a tener en cuenta en autos del 25 de mayo, 9, 10 y 30 de junio de 2020 (supra n.\u00ba 9.2), autos en relaci\u00f3n con los cuales, no consta que el hoy accionante ejerciera recursos como si llev\u00f3 a cabo otro de los intervenidos, de manera que cualquier posible queja relacionada con la solicitud, el decreto y la pr[\u00e1]ctica de pruebas, tampoco cumple con la subsidiariedad e inmediatez, este \u00faltimo, por transcurrir m\u00e1s de seis meses desde que se tomaron tal tipo de decisiones, t\u00e9rmino que, se estima como razonable para acudir ante el juez de tutela (\u2026). <\/p>\n
21.3. Si bien se afirma que no se le corri\u00f3 traslado de los medios de prueba con base en las cuales se decret\u00f3 su intervenci\u00f3n desde 2018 y, por lo mismo, entonces, se deben estimar nulas, por su parte, en su condici\u00f3n de interesado, no prob\u00f3 que intent\u00f3, al menos, presentar oportunamente una solicitud de nulidad de las actuaciones para que, el juez natural de la causa, se pronunciara frente a tal presunta irregularidad. Luego, sobre este t\u00f3pico, tampoco se demostr\u00f3 el uso subsidiario del ampro. <\/p>\n
Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que contra la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 negativamente la exclusi\u00f3n de ese tr\u00e1mite (9 oct. 2020), \u00abno se encuentra plenamente satisfecho\u00bb el requisito de la \u00abevidente o trascendente relevancia constitucional del asunto\u00bb, porque <\/p>\n
[e]n el caso concreto, la Sala destaca que, a prop\u00f3sito del requisito de relevancia, el accionante se limit\u00f3 a manifestar que su intenci\u00f3n no era hacer uso del amparo como una instancia adicional de decisi\u00f3n y que se le han quebrantados \u201clas m\u00e1s m\u00ednimas garant\u00edas procesales\u201d, apreciaciones que, carecen de todo fundamento. <\/p>\n
22.6. En efecto, no solamente consta que el accionante ha tenido la oportunidad de contar con asistencia letrada, sino que tambi\u00e9n, ha sido enterado de las decisiones, se le ha escuchado y valorado su punto de vista, y se le ha permitido ejercer su derecho de contradicci\u00f3n y defensa en un tr\u00e1mite que, por decisi\u00f3n del legislador, es de \u00fanica instancia. <\/p>\n
22.7. Asunto distinto es que, durante el tr\u00e1mite de la intervenci\u00f3n, por ejemplo, el accionante omitiera defender adecuadamente sus intereses, v. gr., invocando la nulidad de medios de prueba u oponi\u00e9ndose a los que finalmente se tuvieron como tales con el fin de decidir su solicitud de desintervenci\u00f3n (supra n.\u00ba 21.2 y 21.3). <\/p>\n
Finalmente, encontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n adoptada por la Superintendencia de Sociedades, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n objeto de queja constitucional, tampoco se aprecia un indicio que lleve a considerar que la accionada, al negar la solicitud de desintervenci\u00f3n haya actuado con capricho o arbitrariedad (\u2026) [por cuanto] (\u2026) se apoy\u00f3 en razonables consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas sin que, ahora, el se\u00f1or Bustos, evidencie por qu\u00e9 las mismas deben estimarse inconstitucionales, esto es, por qu\u00e9 cabe tenerlas como resultado de la arbitrariedad y\/o capricho en la interpretaci\u00f3n de la ley y\/o en la valoraci\u00f3n de los medios de prueba que para el efecto se decretaron. Para esto, no es suficiente con mostrar desacuerdo con la decisi\u00f3n y, mucho menos, a partir de argumentos que, precisamente, fueron descartados por el juez natural de la causa mediante una razonable hermen\u00e9utica jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
4. El quejoso impugn\u00f3 con base en los argumentos expuestos en el escrito introductorio, adem\u00e1s de solicitar la remisi\u00f3n \u00abdel texto de aclaraci\u00f3n de voto\u00bb de la sentencia de primer grado. Tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que el auto que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n (13 abr. 2018) no es susceptible de recursos, conforme prev\u00e9 el art\u00edculo 7\u00b0, par\u00e1grafo 1\u00b0 del Decreto 4334 de 2008, por consiguiente, \u00abno era pertinente recurrir la intervenci\u00f3n sino presentar la solicitud de exclusi\u00f3n, como lo hice, ni acudir de manera anticipada en acci\u00f3n de tutela a controvertir las causas y motivaciones de la intervenci\u00f3n, sino que dicha oportunidad solo se dio en la audiencia donde se me juzg\u00f3 y por ello es pertinente la acci\u00f3n de tutela que presento\u00bb, de ah\u00ed que \u00abla \u00fanica opci\u00f3n que ten\u00eda para ser desvinculado del proceso era que se diera la decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n, de manera que no ten\u00eda inter\u00e9s en impedir o demorar que se llegara a dicha decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, repar\u00f3 que el fallo de primera instancia no tuvo en cuenta: i) la evidente o trascendente relevancia constitucional del asunto, ii) la vulneraci\u00f3n del debido proceso y el principio de igualdad, iii) la nulidad de pleno derecho que opera \u00abaunque no lo hubiera alegado (\u2026) siendo la acci\u00f3n de tutela una v\u00eda adecuada para plantear esa discrepancia\u00bb y, iv) el principio de comunidad de la prueba. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de David Enrique Bustos P\u00e9rez debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado, toda vez que frente algunos reparos no se satisfacen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, mientras que, respecto de otros, los razonamientos de la Superintendencia de Sociedades aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Colegiatura ha enfatizado que <\/p>\n
(\u2026) aunque no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb de la persona. <\/p>\n
As\u00ed acontece porque aunque la ley no prev\u00e9 un l\u00edmite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empe\u00f1o frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contados a partir de que se dict\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb batallada en procura de que la aspiraci\u00f3n ius fundamental \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC3156-2019, reiterada, en CSJ STC6917-2020, CSJ STC196-2021 entre otras). <\/p>\n
Ahora bien, respecto a los prove\u00eddos 2020-01-200352 (25 may. 2020), 2020-01-239341 (9 jun.), 2020-01-243819 (10 jun.) y 2020-01-308631 (30 jun.), que decantaron las pruebas que se tendr\u00edan en cuenta para desatar las s\u00faplicas de exclusi\u00f3n y las objeciones presentadas contra el inventario de bienes, tampoco se suplen las exigencias de inmediatez y subsidiariedad; lo primero porque, desde la \u00faltima decisi\u00f3n reprochada, esto es, la 2020-01-308631 de 30 de junio de 2021 a la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (9 abr.), se super\u00f3 el lapso de seis (6) meses, y lo segundo porque esas determinaciones no fueron recurridas en reposici\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, frente a la nulidad de pleno derecho alegada, pudo constatarse a trav\u00e9s de las piezas procesales que el gestor no invoc\u00f3 la irregularidad que busca definir por este sendero ante el juez natural de la causa a quien le compete la definici\u00f3n de este punto, escenario en el que debi\u00f3 formular la correspondiente solicitud. Situaci\u00f3n que al no haber ocurrido provoca el decaimiento de su pretensi\u00f3n dada la incuria en que se incurri\u00f3. Frente al t\u00f3pico esta Corporaci\u00f3n ha dicho que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (CSJ STC7966-2018). <\/p>\n
Por otro lado, tras revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio donde la Superintendencia de Sociedades en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n en la modalidad de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio (Exp. 76809), deneg\u00f3 la s\u00faplica de exclusi\u00f3n del actor y desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n en \u00abaudiencia de resoluci\u00f3n de solicitudes de exclusi\u00f3n, resoluci\u00f3n de objeciones y aprobaci\u00f3n de inventario valorado de bienes distintos a dinero\u00bb (9 oct. 2020), tampoco se advierte la configuraci\u00f3n de alguna causal especial de procedibilidad que desencadene en vulneraci\u00f3n de prerrogativas fundamentales, porque se ci\u00f1\u00f3 a una hermen\u00e9utica plausible. <\/p>\n
Y es que sobre los reparos formulados por el interesado, relacionados con: i) la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba incorporados al expediente, los que reflejan que \u00abno conoc\u00eda ni deb\u00eda conocer las irregularidades m\u00e1xime cuando con anterioridad a su vinculaci\u00f3n la superintendencia, en auto del nueve de abril de 2014, advirti\u00f3 que la empresa desplegaba operaciones legales\u00bb y, ii) la calificaci\u00f3n de su responsabilidad de forma equivalente a un administrador, cercenando cualquier opci\u00f3n de exclusi\u00f3n o morigeraci\u00f3n, \u00abpese a las enormes diferencias en (\u2026) [el rol de revisor fiscal] respecto a los administradores, representantes legales y accionistas\u00bb, la autoridad enjuiciada sostuvo que: <\/p>\n
(\u2026) Los revisores fiscales, de acuerdo con el citado art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio, deben encaminar sus funciones a cerciorase que las operaciones de la sociedad se ajusten a la Ley y a los estatutos sociales. En consecuencia, omitir la denuncia de captaci\u00f3n no autorizada corresponde a un incumplimiento de las funciones legales que les fueron asignadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, no impone una restricci\u00f3n irrazonable a los revisores fiscales, dado que busca hacer prevalecer la protecci\u00f3n del orden econ\u00f3mico y social. <\/p>\n
Consta en la investigaci\u00f3n administrativa realizada, que el periodo de captaci\u00f3n ocurri\u00f3 de 2 de diciembre de 2013 hasta 30 de septiembre de 2016, \u00e9poca en la cual se desarroll\u00f3 activamente la labor de revisor\u00eda fiscal por parte del sujeto intervenido. (13 de mayo de 2014 hasta el 30 de abril de 2015). No existe prueba y no la aporta el intervenido, que en su rol como representante legal haya evidenciado hechos de captaci\u00f3n o realizado salvedades a la contabilidad de la sociedad intervenida. En este sentido, no puede alegar que para los a\u00f1os de la captaci\u00f3n la sociedad Optimal Libranzas S.A.S., cumpli\u00f3 dentro del marco legal con la contabilidad y no evidenci\u00f3 operaciones de captaci\u00f3n, teniendo como fundamento el dictamen rendido. <\/p>\n
A su vez, tambi\u00e9n indic\u00f3 que <\/p>\n
Tampoco puede sostener que para el desarrollo de su labor hizo una verificaci\u00f3n y an\u00e1lisis de los saldos reportados por la compa\u00f1\u00eda al 31 de diciembre de 2014, que permitieron obtener una seguridad razonable de los saldos registrados. Si bien, los estados financieros son responsabilidad de la administraci\u00f3n, es precisamente su opini\u00f3n la que determina la razonabilidad de los estados financieros, para as\u00ed dictaminar que la sociedad auditada cumple con los par\u00e1metros establecidos en la normatividad en ejercicio de su objeto social. <\/p>\n
Cuando se hace un an\u00e1lisis de los rubros de los estados financieros o de su contabilidad, posiblemente se van a detectar partidas sin soportes de los movimientos de recursos con terceros objetos de la captaci\u00f3n. Si bien, el revisor fiscal manifest\u00f3 que la sociedad cumpl\u00eda con la razonabilidad de sus operaciones, la investigaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades evidenci\u00f3 que varias de sus operaciones de comercializaci\u00f3n de cartera, no existi\u00f3 razonabilidad financiera y a su vez, muchos de los flujos trasladados a los compradores no ten\u00edan una explicaci\u00f3n financiera razonable. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, para este Despacho el se\u00f1or Bustos no cumpli\u00f3 con su deber de informar a la autoridad competente de las actividades irregulares llevadas a cabo por Optimal Libranzas S.A.S., lo cual, sumado a todo el acervo probatorio allegado y el existente en el proceso, permiten concluir que no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de culpa que lo hac\u00eda sujeto del proceso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 en relaci\u00f3n con el argumento del accionante sobre no participaci\u00f3n en conductas de captaci\u00f3n y desconocimiento de estas, adujo que <\/p>\n
(\u2026) para este Despacho resulta claro que actu\u00f3 mientras las operaciones de las originadoras con el comercializador estaban vigentes, sin que exista prueba de que haya reportado las irregularidades. <\/p>\n
Sobre este punto es importante reiterar que el se\u00f1or Bustos en su calidad de revisor fiscal ten\u00eda el deber de cerciorarse de lo que estaba contenido en los estados financieros que certific\u00f3, por lo que sus argumentos no son compatibles con el grado de diligencia que deb\u00eda tener al ostentar su cargo. Se insiste, en que el intervenido, en raz\u00f3n a sus responsabilidades, deb\u00eda conocer de estos hechos y no dictaminar estados financieros que no reflejaran la realidad, que adem\u00e1s qued\u00f3 demostrada en la investigaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
No es aceptable para el Despacho, que se excuse en que solamente pudo analizar la informaci\u00f3n entregada, pues, por una parte, en la misma consta la operaci\u00f3n realizada Optimal Libranzas SAS. y los soportes de la misma se puedo evidenciar la captaci\u00f3n realizada, tal como lo determin\u00f3 la investigaci\u00f3n realizada por esta Superintendencia. As\u00ed, se encuentra que el intervenido omiti\u00f3 el cumplimiento de sus deberes, lo que lo hace responsable indirecto de la captaci\u00f3n. <\/p>\n
Acto seguido esboz\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) sobre el argumento de la confianza leg\u00edtima que devino su actuar como Revisor Fiscal, basado o justificado por el antecedente administrativo en donde esta Superintendencia se abstuvo de decretar la intervenci\u00f3n, lo cierto es, que la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control se pronunci\u00f3 en el sentido de indicar que la decisi\u00f3n adoptada en el a\u00f1o 2014, no hacia tr\u00e1nsito a cosa juzgada con efectos permanentes, y que de aparecer nuevas pruebas o elementos que permitieran a este Despacho inferir la realizaci\u00f3n de actividades que regula el Decreto 4334 de 2008, se proceder\u00eda a decretar la intervenci\u00f3n y dem\u00e1s medidas pertinentes. Es un hecho relevante, que el inicio de actuaci\u00f3n posterior fue el producto de quejas radicadas durante los a\u00f1os 2016 y 2017 por parte de clientes compradores de cartera a la sociedad Optimal Libranzas SAS, quienes denunciaron incumplimientos con relaci\u00f3n al pago de los flujos mensuales pactados mediante \u201cContratos de Compraventa de Cartera\u201d suscritos con la Sociedad. <\/p>\n
Bajo estos considerandos, esta Superintendencia en actuaci\u00f3n posterior pudo evidenciar operaciones de captaci\u00f3n masiva e ilegal de recursos del p\u00fablico por los a\u00f1os 2013 a 2016, tiempo durante el que el intervenido ejerci\u00f3 como revisor fiscal. <\/p>\n
Ahora bien, respecto a <\/p>\n
(\u2026) Las recomendaciones que (\u2026) hizo, se centran en evidenciar que la sociedad ten\u00eda controles para las cuentas por cobrar a las pagadur\u00edas, sin embargo, la informaci\u00f3n no era entregada por esta de forma oportuna, ni completa para permitir a la Compa\u00f1\u00eda poder realizar los pagos de forma oportuna y acorde a los flujos establecidos. <\/p>\n
Lo anterior, evidencia que pese de haber detectado esa irregularidad en la operaci\u00f3n de la cartera, que fue precisamente (la operaci\u00f3n) la que conform\u00f3 la captaci\u00f3n determinada, no realiz\u00f3 recomendaciones tendientes a suspender la comercializaci\u00f3n de las libranzas por el riesgo que se presenta[b]a, o el de requerir la informaci\u00f3n en su condici\u00f3n de garantes sobre existencia de los t\u00edtulos comercializados, o el haber denunciado esas conductas. <\/p>\n
De esta forma, como revisor fiscal por lo menos deb\u00eda conocer de la situaci\u00f3n irregular y el hecho de haber dictaminado estados financieros sin hacer las verificaciones o recomendaciones que sus deberes legales le exig\u00edan, lo hacen responsable por negligencia. No existe prueba, que se insiste no debe aportar el Despacho, de la buena fe ni de su actuar diligente. Por lo tanto, no desvirt\u00faa la presunci\u00f3n legal y debe entonces desestimarse el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que sobre la responsabilidad aducida <\/p>\n
(\u2026) se encuentra que la ocurrencia del da\u00f1o, se refleja en los afectados reconocidos, la conducta que ocasion\u00f3 el da\u00f1o es la captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico, y el nexo causal, es que fue la captaci\u00f3n la que gener\u00f3 la p\u00e9rdida de los recursos de quienes fueron reconocidos como afectados, como ya se explic\u00f3. En cuanto a la culpa, (\u2026) el hecho de que el intervenido no hubiera probado su actuar diligente conforme a [l]os deberes a su cargo en su rol de revisor fiscal, lo hacen responsable, en cuanto de haber actuado de forma diferente, hubiera podido evitar el perjuicio. <\/p>\n
Resulta razonable considerar la responsabilidad, puesto que precisamente el hecho de que se hayan certificado estados financieros por parte del intervenido, pudo inducir a los inversionistas a considerar que las actividades desarrolladas por la sociedad Optimal Libranzas S.A.S., que resultaron en la captaci\u00f3n, eran legales o soportadas, cuando no lo eran. El an\u00e1lisis de las pruebas aportadas, permite evidenciar que el intervenido no aport\u00f3 soporte de un actuar diligente ni de su actuar de buena fe, seg\u00fan se explic\u00f3. De esta forma, al no haberse aportado pruebas que desvirtuaran su participaci\u00f3n, se desestimar\u00e1 la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, debe colegirse que la decisi\u00f3n reprochada dedujo que el accionante tuvo conocimiento de forma indirecta de la captaci\u00f3n ilegal de dineros del p\u00fablico que realizaba la sociedad durante el interregno de su labor como revisor fiscal, empero, omiti\u00f3 poner en conocimiento esa situaci\u00f3n, de ah\u00ed que fuese procedente la medida de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades no es infundada o arbitraria, por el contrario, queda en evidencia una diferencia de criterios entre el recurrente y aquella entidad que no acogi\u00f3 sus pedimentos, luego razonablemente debe admitirse que al margen de que el precursor no comparta las reflexiones y conclusiones del prove\u00eddo cuya revocatoria pretende, estos pilares no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, fruto como son de una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad que rige la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido a su ponderaci\u00f3n, ejercicio que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como se ha sostenido invariablemente, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1705-2020 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el prove\u00eddo opugnado deber\u00e1 refrendarse con base en los argumentos esbozados que explicaron la ausencia de subsidiariedad e inmediatez, am\u00e9n que la providencia cuestionada reposa en un discernimiento o interpretaci\u00f3n razonable, puesto que es notorio que la aspiraci\u00f3n del impugnante es anteponer su criterio para aniquilar el auto que le desfavoreci\u00f3, designio ajeno a esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6393-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6393-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-00716-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 22 de abril de 2021, dictado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54676","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}