STC6402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6402-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00108-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de abril de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Bryan Jaramillo contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e interesados en el proceso ordinario de radicado 2019-00324. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, por medio de apoderado judicial, procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El actor celebr\u00f3 contrato de promesa de compraventa del inmueble ubicado en la Calle 2 # 19-250 en el municipio Jamund\u00ed (Valle del Cauca), con la sociedad BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA S.A., el 18 de junio de 2015. <\/p>\n
2.2. Paralelamente, suscribi\u00f3 un contrato de leasing habitacional con el Banco Davivienda sobre el referido bien, el 27 de enero de 2016, por valor de $106.994.3001. En dicho negocio jur\u00eddico, se comprometi\u00f3 a pagar un canon mensual de $1.610.000 por 240 meses, obligaci\u00f3n que se mantuvo hasta el 27 de mayo de 2019, momento en el que dej\u00f3 de abonar las cuotas acoradas. <\/p>\n
2.4. El Juzgado accionado resolvi\u00f3 en sentencia5 del 8 de marzo de 2021, declarar terminado el acuerdo de voluntades y, orden\u00f3 la entrega del inmueble al demandante. Ante tal determinaci\u00f3n, el petente interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, que fue denegado. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se ordene \u00ab\u2026la suspensi\u00f3n de la diligencia de lanzamiento del bien inmueble objeto del proceso de restituci\u00f3n\u00bb. Asimismo, se declare \u00ab\u2026la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, a efectos de que la parte demandada pueda ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Banco Davivienda S.A. relat\u00f3 que promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n contra el accionante, conforme al contrato de arrendamiento financiero (leasing) celebrado entre las partes. Por tanto, \u00abno puede manifestar que el Banco cambi\u00f3 la modalidad de cr\u00e9dito hipotecario a leasing y que el juzgado no tuvo en cuenta esto antes de proferir el fallo\u00bb, pues al firmar dicho convenio, \u00abno existe ninguna duda del consentimiento del se\u00f1or Jaramillo al suscribir el contrato, siendo imposible no distinguir un documento que hace referencia a un contrato b\u00e1sico de arrendamiento, a un Pagar\u00e9 de cr\u00e9dito hipotecario tanto as\u00ed que el Juzgado 6 civil del circuito de Cali reconoce el derecho al Banco Davivienda S.A.\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, se opuso al amparo por considerar que las pretensiones distan de aquellas sobre las cuales erige la acci\u00f3n constitucional, toda vez que se debaten controversias contractuales sobre las cuales el actor cuenta con mecanismos ordinarios para rebatir sus inconformidades. <\/p>\n
2. Buenavista Constructora y Promotora S.A.S., a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo al no vulnerar derecho fundamental alguno del tutelante y, adem\u00e1s, este cuenta con otras herramientas de defensa judicial. <\/p>\n
Igualmente, explic\u00f3 que \u00abindependiente del tipo de financiamiento que escoja el cliente para la adquisici\u00f3n del bien inmueble (cr\u00e9dito hipotecario o leasing) la negociaci\u00f3n siempre se realiza de forma directa con el promitente comprador, esto es, el se\u00f1or Bryan Jaramillo, quien es la persona que tuvo la oportunidad de realizar revisi\u00f3n, informarse, y resolver las dudas que se le presentaran respecto de la documentaci\u00f3n enviada por la Constructora y la respectiva entidad financiera, raz\u00f3n por la cual no es procedente manifestar 6 a\u00f1os despu\u00e9s de la entrega del inmueble que fue \u201casaltado\u201d en su buena fe por un supuesto desconocimiento en la figura financiera utilizada para la adquisici\u00f3n de su inmueble\u00bb <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali remiti\u00f3 el expediente digital. A la par, indic\u00f3 que el proceso sobre el que versa la presente queja constitucional fue promovido con ocasi\u00f3n de la causal de mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento. De manera que, al surtirse el tr\u00e1mite legal conforme al ordenamiento jur\u00eddico, profiri\u00f3 sentencia el 8 de febrero de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el querellante \u00abcontest\u00f3 la demanda sin acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del Art\u00edculo 384 del C.G. del P., no obstante, se realiz\u00f3 como correspond\u00eda la valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas al libelo introductorio as\u00ed como la lectura de la contestaci\u00f3n de la demanda, sin que se presentaran dudas frente a la existencia del contrato y mora presentada, lo cual no fue desvirtuado por el demandante, en virtud de ello al no acreditarse el cumplimiento en el pago de los c\u00e1nones se dispuso la terminaci\u00f3n del contrato con la consecuente orden de restituci\u00f3n\u00bb. En ese orden, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo por improcedente, ya que, \u00ab[\u2026] el Juez para decretar la terminaci\u00f3n del contrato de leasing habitacional del 27 de enero de 2016, suscrito entre el Banco Davivienda y Bryan Jaramillo (locatario), consider\u00f3 la normatividad del contrato y la causal de mora en el pago de los c\u00e1nones (Art. 384 del C.G.P.), soport\u00e1ndose en el contrato de leasing habitacional [\u2026] aportado con la demanda en el que el Banco Davivienda y Bryan Jaramillo pactaron como causal de terminaci\u00f3n, la mora en el pago de los c\u00e1nones (cl\u00e1usula vig\u00e9sima quinta y vig\u00e9sima sexta) [\u2026]\u00bb. Aunado a que el demandado, \u00abno prob\u00f3 haber cancelado los c\u00e1nones adeudados para ser o\u00eddo en el proceso (Num. 4\u00ba Art. 384 del C.G.P.) [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1 En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 8 de febrero de 2021. Ello pues, a su juicio, el Juzgado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico que amerita la intervencion del juez de amparo. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser denegada. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, el Juzgado accionado, al proferir sentencia dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 se habr\u00eda paso a dar por terminado el contrato de leasing y, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del bien al demandante. <\/p>\n
Para ello, inici\u00f3 exponiendo como medios probatorios allegados por el demandante, los siguientes: copia del contrato de leasing financiero No. 0600101750013645 del 27 de enero de 2016, celebrado entre el Banco Davivienda S.A., y Bryan Jaramillo (accionante). Copia simple de la Escritura P\u00fablica No. 2532 del 26 de noviembre de 2015, de la Notar\u00eda Segunda del Circuito de Cali. Y, la certificaci\u00f3n de tradici\u00f3n del predio objeto de contrato de arrendamiento No. 370-923437 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma municipalidad. <\/p>\n
Posteriormente, explic\u00f3 que el literal c de la cl\u00e1usula vig\u00e9sima cuarta del acuerdo suscrito, denominada \u00abel incumplimiento de las obligaciones pactadas\u00bb, previ\u00f3 como causal de terminaci\u00f3n del negocio el incumplimiento del locatario en el pago de los c\u00e1nones. De manera que, es procedente dar por terminado el mismo, toda vez que por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 1602 del C\u00f3digo Civil y 2\u00ba del C\u00f3digo de Comercio, el contrato es ley para las partes. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, trajo de presente el inciso 1\u00ba numeral 1\u00ba del art\u00edculo 384 del C.G.P., seg\u00fan el cual, \u00abcuando se trata de demanda para que el arrendatario restituya al arrendador el bien arrendado deber\u00e1 acompan\u0303arse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, el cual fue debidamente aportado\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[\u2026] la misma norma, en su Inc. 4, rese\u00f1a que: \u00absi la demanda se fundamenta en la falta de pago de la renta, o de los servicios pu\u0301blicos, cuotas de administracio\u0301n, u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, \u00e9ste no ser\u00e1 oi\u0301do en proceso, sino hasta tanto demuestre que ha consignado a o\u0301rdenes del Juzgado, el valor total que, de acuerdo con las pruebas allegadas con la demanda, tienen los ca\u0301nones y los dema\u0301s conceptos adeudados\u00bb. <\/p>\n
De tal suerte, comprob\u00f3 que \u00abno obra prueba alguna en el plenario que demuestre que el demandado cancel\u00f3 los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, se dictara\u0301 sentencia declarando terminado el contrato de leasing financiero No. 0600101750013645 de fecha 27 de enero de 2016, celebrado entre las partes, ordenando al sen\u0303or JARAMILLO BRYAN, restituir el predio ubicado en la Calle 2 No. 19-250, Casa 141, Hacienda El Pino P.H., Etapa II, del Municipio de Jamundi\u0301-Valle e identificado con el Folio de Matricula Inmobiliaria No. 370-923437 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pu\u0301blicos de Cali-Valle y sera\u0301 condenado en costas conforme a lo previsto en el Art. 365 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas (documentales) y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, examen que no result\u00f3, en el caso en concreto, caprichoso ni contrario a derecho. <\/p>\n
Es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las probanzas y del estudio cr\u00edtico que de ellas se haga, lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean il\u00f3gicos, los cuales no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Resulta necesario en este aparte resaltar que el juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es menester recalcar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
5. Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
7. Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002Folios 29-39 Subcarpeta \u201c01PoderAnexosDemanda\u201d en \u201c07CopiaExpedienteJuzgado\u201d PDF. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 2-4 Ib\u00edd. <\/p>\n
4\u0002 Folio 1 Subcarpeta \u201c04ConstanciaNotificacion291\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-4 Subcarpeta \u201c15\u00aa2019-00324-00RESTITUCI\u00d3NDE TENENCIA PARA REVISI\u00d3N\u201d Ib\u00edd. <\/p>\n
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STC6402-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6402-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00108-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54681","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54681","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54681"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54681\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54681"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54681"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54681"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}