STC6444-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6444-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00093-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 15 de abril de 2021, que neg\u00f3 el amparo reclamado por John Jairo Serna Guisao contra el Fiscal 10\u00ba Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad y la Procuradora 70 Judicial II Penal. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2021-00184-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procur\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El actor, en calidad de \u00abmorador no propietario\u00bb del apartamento E.203 de la Unidad Residencial Mixta El Dorado (Cali), elev\u00f3 petici\u00f3n el 5 de diciembre de 2020. Su requerimiento fue rechazado conforme al art\u00edculo 19 de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
2.2. Ante tal determinaci\u00f3n, promovi\u00f3 demanda de tutela contra dicha Unidad Residencial -su Representante Legal, Revisor Fiscal y Comit\u00e9 de Convivencia-, por presuntamente haber conculcado su derecho fundamental de petici\u00f3n, la cual, le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas, quien deneg\u00f3 el amparo el 22 de enero de 2021. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, el 28 de febrero de esta anualidad, el Fiscal 10\u00ba Delegado ante el Tribunal Superior de Cali orden\u00f3 el archivo del proceso. La Procuradora 70 Judicial guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, se tutelen sus prerrogativas fundamentales y, se ordene \u00abdeclarar la nulidad de la orden de archivo de febrero 28 del a\u00f1o 2021, por afectar el derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 70 Judicial II Penal de Cali indic\u00f3 que el amparo es improcedente, ya que el actor cuenta con otros medios ordinarios para controvertir el archivo del proceso penal, \u00abcomo es el de elevar petici\u00f3n directa al Fiscal 10 Delegado y\/o acudir ante un Juez de Garant\u00edas para que allegando material probatorio novedoso, sea \u00e9ste \u00faltimo quien valore y de ser el caso ordene desarchivar la indagaci\u00f3n y continuar con las pesquisas necesarias que den luz al investigativo (art\u00edculo 79 C.P.P.)\u00bb. Igualmente, advirti\u00f3 que no se evidenci\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 10 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se\u00f1al\u00f3 que, \u00abesta es una m\u00e1s de las innumerables acciones, quejas y denuncias interpuestas por el se\u00f1or Serna Guisao en contra del suscrito por haber archivado las m\u00faltiples (m\u00e1s de una docena) de denuncias por prevaricato por acci\u00f3n u omisi\u00f3n y otros delitos, interpuestas por \u00e9l en contra de un gran n\u00famero de jueces de diferentes jurisdicciones de este mismo Distrito Judicial por no haberle fallado favorablemente sus recurrentes acciones de tutela interpuestas en contra de la junta administradora del Conjunto Residencial El Dorado\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que tampoco se advierte en estos casos la concurrencia de alguna de las causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ya que su inconformidad con la orden de archivo de la denuncia presentada contra la funcionaria judicial se supedita a que la Juez no fall\u00f3 de acuerdo con sus intereses. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo por improcedente, al constatar el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, toda vez que \u00abel denunciante puede acudir ante el funcionario que as\u00ed lo determin\u00f3 y solicitar su desarchivo, aportando nuevos elementos materiales probatorios que permitan inferir que se debe continuar con la investigaci\u00f3n penal, esto es debido a que como bien manifiesta la Corte Suprema de Justicia, \u201cel archivo de las diligencias no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u201d. Y en todo caso, si el titular del despacho se niega a continuar la actuaci\u00f3n el afectado est\u00e1 habilitado para acudir ante el juez penal municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas\u00bb. As\u00ed como tampoco se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito genitor y, pidi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado en primera instancia \u00abcon fundamento del principio de legalidad art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n del a quo \u201comitir\u201d conformar el litisconsorcio necesario [\u2026] Es el mismo tema de prueba. Corrupci\u00f3n judicial en Cali con los mismos actores de la tutela con radicado No. 1100102150000202000341601 en tr\u00e1mite en primera instancia en la secci\u00f3n cuarta del Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, inst\u00f3 al amparo de sus prerrogativas fundamentales \u00abordenando darle tr\u00e1mite a la queja disciplinaria interpuesta en contra de la administradora\/2020 Fanny Casta\u00f1o Le\u00f3n, por supuesta falta de idoneidad para administrar\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor pretende que se declare la nulidad de la orden de archivo de la indagaci\u00f3n penal iniciada en contra de la Jueza Segunda Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali por el presunto delito de prevaricato por acci\u00f3n, la cual, fue emitida por la Fiscal\u00eda 10 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad el 26 de febrero de 2021. Igualmente, se duele del silencio de la Procuradur\u00eda 70 Judicial de la misma urbe. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional al desatender el presupuesto de subsidiariedad y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
3. Sobre el particular, es necesario destacar que dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, no es la tutela el escenario apropiado para definir si la decisi\u00f3n de archivo adoptada por la Fiscal\u00eda fue acertada o no, pues ello corresponde a un asunto que debe ser alegado al interior de la causa, cuya aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa es del resorte exclusivo del juez natural. <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 se\u00f1ala que: <\/p>\n
\u00abARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. Cuando la Fiscal\u00eda tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias f\u00e1cticas que permitan su caracterizaci\u00f3n como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondr\u00e1 el archivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la investigaci\u00f3n se reanudar\u00e1 mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo dicho, en un asunto de similares antecedentes, esta Sala explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]l inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), dispone que si surgieren nuevos elementos probatorios el Ente Investigador deber\u00e1 reanudar la indagaci\u00f3n mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal, sin embargo, si dicha entidad se negare a ello, le concierne al juez de control de garant\u00edas dirimirlo previa petici\u00f3n directa del interesado, es decir, existe otro medio de defensa judicial al que debi\u00f3 acudir el actor y no lo hizo, y hasta aqu\u00ed no ha demostrado la presencia de un riesgo inminente o un perjuicio irremediable que pudiere habilitar esta instancia tutelar. <\/p>\n
Respecto a la competencia del juez de control de garant\u00edas para definir casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en la sentencia C- 1154 de 2005, de la Corte Constitucional, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abIgualmente, se debe resaltar que las v\u00edctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigaci\u00f3n. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y la de las v\u00edctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las v\u00edctimas, cabe la intervenci\u00f3n del juez de garant\u00edas. Se debe aclarar que la Corte no est\u00e1 ordenando el control del juez de garant\u00edas para el archivo de las diligencias sino se\u00f1alando que cuando exista una controversia sobre la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, no se excluye que las v\u00edctimas puedan acudir al juez de control de garant\u00edas\u00bb. Resalta la Sala\u00bb (CSJ STC 2292-2018 22 feb. 2018 rad. 2017-00210-01). <\/p>\n
De manera que, de lo expuesto se encuentra que el tutelante no ha presentado los argumentos en los que funda la acci\u00f3n excepcional ante el funcionario correspondiente, lo que torna improcedente el amparo solicitado. Esto, en atenci\u00f3n a que es al interior del asunto que el promotor tiene la oportunidad de esbozar las quejas que por esta v\u00eda expone y no puede pretender que, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n de la autoridad natural. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, se estar\u00eda invadiendo una competencia que de manera exclusiva se encuentra radicada en el se\u00f1alado juez de la especialidad penal, lo cual ser\u00eda abiertamente contrario a la finalidad y alcance del instrumento constitucional. Pues \u00e9ste, se ha instituido para la defensa de los derechos fundamentales, pero, se reitera, no es una instancia paralela o adicional a la de los funcionarios competentes, como en este caso la Fiscal 10 Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien en ejercicio de su autonom\u00eda, concluy\u00f3 que las diligencias deb\u00edan archivarse ante la falta de elementos de conocimiento indicativos de la estructuraci\u00f3n de alg\u00fan tipo penal que permitiera continuar con las mismas. <\/p>\n
En este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido congruente en se\u00f1alar que, <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01; CSJ STC5074-2020,7 may. 2021, Rad. 2021-00081-01). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, y en atenci\u00f3n al requerimiento de darle tr\u00e1mite a \u00abla queja disciplinaria interpuesta en contra de la administradora\/2020. Fanny Casta\u00f1o Le\u00f3n, por supuesta falta de idoneidad para administrar\u00bb, es de se\u00f1alarse que este pedimento escapa del \u00e1mbito de protecci\u00f3n del amparo constitucional y, como se ha dicho reiteradamente, tales peticiones deben ser elevadas ante la autoridad competente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00ab[\u2026] si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias\u00bb. (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00321-01; reiterado en STC4025-2018, 22 mar. 2018, rad. 2017-02279-01; STC5571-2021, 19 may. 2021, rad. 2021-01451-01). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo explicado en precedencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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