STC6484-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6484-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-030-00-2021-01402-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Juan David Laverde Palma promovi\u00f3 contra la Sala Especial de Primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor pretende que se ordene a la autoridad judicial accionada que proceda a hacerle entrega de \u00abcopia de las declaraciones en audiencia p\u00fablica de los testigos Jos\u00e9 Reyes Rodr\u00edguez y Camilo Ruiz en el expediente que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo Fern\u00e1ndez dentro del caso conocido p\u00fablicamente como \u201cel cartel de la toga\u201d\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n adujo que, en su condici\u00f3n de periodista, el 27 de noviembre de 2020 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Sala enjuiciada en el que solicit\u00f3 la entrega de la informaci\u00f3n se\u00f1alada; sin embargo, mediante decisi\u00f3n con radicado No. 0094 su pedimento fue negado (7 diciembre 2020) con fundamento en la reserva prevista en los art\u00edculos 323 y 330 de la ley 600 de 2000, atendiendo a que las declaraciones solicitadas contienen datos sensibles y en virtud de que en el caso concreto no se cumplen los requisitos se\u00f1alados en la sentencia C-284 de 2013. Relat\u00f3 que la decisi\u00f3n descrita fue objeto del recurso de insistencia previsto en la ley 1755 de 2015, pero la decisi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume (4 marzo 2021). <\/p>\n
A juicio del accionante, ninguno de los argumentos invocados es suficiente para que se niegue la entrega de la informaci\u00f3n requerida, habida cuenta que la reserva a la que se alude solo cobija las diligencias preliminares y la etapa de instrucci\u00f3n, pero no la de juzgamiento; am\u00e9n que se desconoce lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019. <\/p>\n
2. La Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna del actor, toda vez que neg\u00f3 la entrega de la informaci\u00f3n requerida en raz\u00f3n a que \u00ablas copias de las pruebas por \u00e9l pedidas son datos sensibles al contener informaci\u00f3n privada cuya difusi\u00f3n afectar\u00eda gravemente el derecho a la intimidad de las personas\u00bb. De igual forma indic\u00f3 que \u00abel juicio contra el ex magistrado MALO FERNANDEZ a\u00fan no ha concluido, se encuentra en la etapa final de la audiencia p\u00fablica, por ello, las declaraciones de Jos\u00e9 Reyes Rodr\u00edguez Casas y Camilo Andr\u00e9s Ruiz es informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada bajo los par\u00e1metros contenidos en el art\u00edculo 6\u00ba, literal c, de la ley 1712 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n precis\u00f3 que el pedimento del actor es un asunto que fue zanjado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al decidir negativamente el recurso de insistencia \u2013rad. 2500-23-41-000-2020-00902-00- que el gestor instaur\u00f3 en ejercicio de lo previsto en la ley 1437 de 2011. Acot\u00f3 que si bien la ley 600 de 2000, que comanda el juicio contra el exmagistrado mencionado, no prev\u00e9 la reserva del proceso en la fase en que se encuentra, como s\u00ed lo hace con la etapa de instrucci\u00f3n, es dable acudir a la ley 1712 de 2014, en los t\u00e9rminos ya rese\u00f1ados, y a lo previsto en el Acuerdo 51 (20 septiembre 2017) de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (en el que se estableci\u00f3 que con el fin de dar respuesta a los derechos de petici\u00f3n elevados por medios de comunicaci\u00f3n, autoridades p\u00fablicas y ciudadanos, en la etapa de juicio se autorizar\u00eda \u00fanicamente expedici\u00f3n de copia de la sentencia, de la providencia de preclusi\u00f3n o cesaci\u00f3n del procedimiento, o de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n debidamente ejecutoriada). <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n denominado por los medios de comunicaci\u00f3n como \u201cel cartel de la toga\u201d tiene a\u00fan varios procesos en curso ante otras autoridades judiciales, los cuales se encuentran en fase de instrucci\u00f3n, por lo que las copias solicitadas est\u00e1n cobijadas por la reserva legal, habida cuenta que aquellos asuntos se nutren de las mismas pruebas recaudadas, lo que podr\u00eda afectar el desarrollo de esas causas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario y la de obtener una respuesta expedita y congruente sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende, entonces, una pronta resoluci\u00f3n, una respuesta de fondo y, la notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053- 01, reiterado en STC1336-2015 y en STC4035-2020, STC1914-2021). <\/p>\n
Los t\u00e9rminos para contestar los diferentes tipos de solicitudes est\u00e1n se\u00f1alados en el art\u00edculo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015, que dispone que toda petici\u00f3n \u2013 salvo norma legal especial \u2013 deber\u00e1 resolverse en los 15 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n. <\/p>\n
2. Ahora, por el contenido de la petici\u00f3n cuya respuesta se pretende en este asunto, que busca obtener informaci\u00f3n sobre las declaraciones recaudadas en una causa penal, y teniendo en cuenta la calidad del accionante, quien ejerce la profesi\u00f3n de periodista, es claro para la Sala que adem\u00e1s del derecho de petici\u00f3n, tambi\u00e9n se invoca la protecci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales a la libre expresi\u00f3n, la libertad de informaci\u00f3n y la libertad de prensa. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que es el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n Nacional de Colombia el que consagra el n\u00facleo esencial de las libertades se\u00f1aladas. A su tenor literal el canon constitucional prev\u00e9: <\/p>\n
Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir informaci\u00f3n veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificaci\u00f3n en condiciones de equidad. No habr\u00e1 censura. (se subraya). <\/p>\n
Adicional a lo expuesto, los art\u00edculos 73 y 74 de la Carta Constitucional tambi\u00e9n consagran que \u00ab[l]a actividad period\u00edstica gozar\u00e1 de protecci\u00f3n para garantizar su libertad e independencia profesional\u00bb y \u00ab[t]odas las personas tienen derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos salvo los casos que establezca la ley\u00bb. <\/p>\n
Sobre estas garant\u00edas la Corte Constitucional ha precisado que las libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n est\u00e1n integradas por dos aspectos b\u00e1sicos: 1) la facultad de expresar opiniones e ideas y 2) la libertad de hacer circular y recibir informaci\u00f3n, facultades que aunque constituyen el soporte de una sola garant\u00eda, tienen alcances y contenidos diversos, ya que la primera de ellas se hace referencia al derecho de todos los ciudadanos de comunicar sus concepciones e ideas, mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado sobre los sucesos cotidianos (C.C. T-066 de 1998). Dest\u00e1quese tambi\u00e9n que el Alto Tribunal Constitucional, a prop\u00f3sito de la libertad de expresi\u00f3n y su conexidad con la libertad de informaci\u00f3n, ha se\u00f1alado que el ejercicio de esos derechos es consustancial a la democracia, promueve el intercambio de ideas, permite la formaci\u00f3n de una opini\u00f3n p\u00fablica libre, constituye la base para el ejercicio de los derechos pol\u00edticos de participaci\u00f3n y permite ejercer control sobre las autoridades (C.C. T-332 1993). <\/p>\n
En suma, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que \u00abpuede decirse que la libertad de expresi\u00f3n constituye una \u201ccategor\u00eda gen\u00e9rica que agrupa un haz de derechos y libertades diversos\u201d, entre los cuales se destacan: i) la libertad de opini\u00f3n o tambi\u00e9n llamada libertad de expresi\u00f3n en sentido estricto, que comprende la libertad para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitaci\u00f3n de fronteras y por cualquier medio de expresi\u00f3n; y ii) la libertad de informaci\u00f3n que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir informaci\u00f3n veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda \u00edndole. Si bien ambas pueden ser ejercidas a trav\u00e9s de cualquier medio de expresi\u00f3n, la Corte ha aclarado que cuando se manifiestan a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n se incorporan al contenido de la libertad de prensa, que incluye, adem\u00e1s, el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios\u00bb (C.C. SU-274 de 2019). <\/p>\n
En el mismo sentido, los instrumentos internacionales han establecido las garant\u00edas se\u00f1aladas. As\u00ed, la Declaraci\u00f3n Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogot\u00e1, 1948) en su art\u00edculo IV estipul\u00f3: \u00abToda persona tiene derecho a la libertad de investigaci\u00f3n, de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n y difusi\u00f3n del pensamiento por cualquier medio\u00bb. De igual forma, la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos del Hombre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su art\u00edculo 19 se\u00f1ala: \u00abTodo individuo tiene derecho a la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de expresi\u00f3n\u00bb. (Negritas de la Sala) <\/p>\n
Por su parte, el canon 13 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos establece: <\/p>\n
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi\u00f3n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n. <\/p>\n
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputaci\u00f3n de los dem\u00e1s, o b) la protecci\u00f3n de la seguridad nacional, el orden p\u00fablico o la salud o la moral p\u00fablicas. <\/p>\n
3. No se puede restringir el derecho de expresi\u00f3n por v\u00edas o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri\u00f3dicos, de frecuencias radioel\u00e9ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n de ideas y opiniones. <\/p>\n
4. Los espect\u00e1culos p\u00fablicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci\u00f3n moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. <\/p>\n
5. Estar\u00e1 prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apolog\u00eda del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acci\u00f3n ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ning\u00fan motivo, inclusive los de raza, color, religi\u00f3n, idioma u origen nacional. (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en la \u00abDeclaraci\u00f3n de Principios Sobre Libertad de Expresi\u00f3n\u00bb, en el principio 2\u00ba, estipul\u00f3: \u00abToda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaci\u00f3n y opiniones libremente en los t\u00e9rminos que estipula el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir informaci\u00f3n por cualquier medio de comunicaci\u00f3n sin discriminaci\u00f3n, por ning\u00fan motivo, inclusive los de raza, color, religi\u00f3n, sexo, idioma, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u00bb. <\/p>\n
Sobre el acceso a la informaci\u00f3n en poder del Estado el principio 4\u00ba de la misma Declaraci\u00f3n ense\u00f1a: <\/p>\n
El acceso a la informaci\u00f3n en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados est\u00e1n obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio s\u00f3lo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democr\u00e1ticas. <\/p>\n
El marco constitucional y supranacional descrito permite afirmar, entre otras cosas, que algunas de las acciones que garantizan la efectividad de las libertades mencionadas son aquellas que permiten la investigaci\u00f3n y facilitan el acceso a la informaci\u00f3n. Estas actividades cobran mayor relevancia trat\u00e1ndose del ejercicio del periodismo, pues son los comunicadores quienes profesionalmente se dedican a investigar, con el fin de ilustrar a la sociedad sobre la realidad actual, labor que no solo corresponde a un desarrollo propio de los derechos de libre expresi\u00f3n, informaci\u00f3n y libertad de prensa, sino que adem\u00e1s, como se vio, corresponden a un postulado esencial de la democracia. Es por eso que el Estado est\u00e1 obligado a brindar herramientas que permitan a los ciudadanos, en general, y a los periodistas, en particular, el acceso reglado a la informaci\u00f3n p\u00fablica, pues de impedirse aqu\u00e9l se configurar\u00edan talanqueras que conculcar\u00edan los derechos mencionados. <\/p>\n
Recapitulando, no resulta compatible con la Declaraci\u00f3n de Principios sobre Libertad de Expresi\u00f3n imponer presiones injustificadas, con el prop\u00f3sito de limitar o desestimular aquel derecho fundamental y, de contera, las libertades de informaci\u00f3n y de prensa, debi\u00e9ndose tener en cuenta \u2013adem\u00e1s\u2013 que tales cortapisas (\u2026) se prestan al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o cr\u00edticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democr\u00e1ticas. La limitaci\u00f3n en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia an\u00e1rquica es incompatible con la libertad de expresi\u00f3n y con los principios b\u00e1sicos que sostienen las formas pluralistas y democr\u00e1tica de las sociedades actuales\u00bb1. <\/p>\n
4.3. Al interpretar las pautas comentadas, la jurisprudencia interamericana \u2013en casos como La \u00daltima Tentaci\u00f3n de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Ivcher Brostein vs. Per\u00fa, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1, Kimel vs. Argentina, Perozo y otros vs. Venezuela y R\u00edos y otros vs. Venezuela\u2013 fij\u00f3 varios est\u00e1ndares de protecci\u00f3n, que resultan aplicables en diversos contextos (publicaciones editoriales, audiovisuales, art\u00edsticas, entre otras), pero que cobran particular relevancia en eventos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en los que la titularidad del derecho amenazado o vulnerado radica en cabeza de periodistas, en raz\u00f3n de informaciones u opiniones emitidas a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la libertad de informaci\u00f3n juega un papel esencial en la consolidaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n, siendo pac\u00edfico que \u00ab(\u2026) el derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n incluye el derecho de \u201cinvestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci\u00f3n de fronteras, por cualquier medio de expresi\u00f3n\u201d\u00bb. As\u00ed lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (1966)2, y la doctrina comparada, que sobre el particular considera que <\/p>\n
\u00ab(…) [t]anto la libertad de prensa, como el acceso a la informaci\u00f3n contribuyen a nuestra cabal y correcta comprensi\u00f3n del mundo. La libertad de prensa -en su sentido m\u00e1s amplio, la libertad de expresi\u00f3n- contribuye a permitir la adquisici\u00f3n \u2013como dir\u00eda John Stuart Mill\u2013 de un grado de conciencia verdadera, es decir, un estado mental que ayude a contrastar y enfrentar diagn\u00f3sticos y opiniones sobre la realidad, y de cuya confrontaci\u00f3n se han de derivar los juicios adecuados, las ideas y pensamientos atinados. Es decir, tanto la libertad de expresi\u00f3n como la de prensa permiten que todo el mundo hable y d\u00e9 su opini\u00f3n y difunda sus ideas, con lo cual, nos ayuda -al g\u00e9nero humano en general- a contrastar, a enfrentar diagn\u00f3sticos, a conocer mejor la realidad y [,] sobre todo, a derivar juicios que sean eficaces y v\u00e1lidos\u00bb3\u00bb (STC734-2021). <\/p>\n
Como instrumento para la garant\u00eda de los derechos estudiados, Colombia expidi\u00f3 la ley 1712 de 2014, \u00abPor medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional y se dictan otras disposiciones\u00bb, en la cual se estipul\u00f3 que \u00ab[t]oda informaci\u00f3n en posesi\u00f3n, bajo control o custodia de un sujeto obligado es p\u00fablica y no podr\u00e1 ser reservada o limitada sino por disposici\u00f3n constitucional o legal, de conformidad con la presente ley\u00bb. En el art\u00edculo 19 de ese compendio normativo se se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la informaci\u00f3n p\u00fablica reservada cuyo acceso puede ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias: a) La defensa y seguridad nacional; b) La seguridad p\u00fablica; c) Las relaciones internacionales; d) La prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, seg\u00fan el caso; e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales; f) La administraci\u00f3n efectiva de la justicia; g) Los derechos de la infancia y la adolescencia; h) La estabilidad macroecon\u00f3mica y financiera del pa\u00eds; i) La salud p\u00fablica y los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores p\u00fablicos. Debe destacarse que adem\u00e1s de la reserva prevista en esta ley, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n se ve restringido por la protecci\u00f3n al derecho a la intimidad de los titulares de dicha informaci\u00f3n. <\/p>\n
Establecidos los alcances de los derechos mencionados y definida la informaci\u00f3n reservada en Colombia, tambi\u00e9n resulta relevante memorar que a la luz de la protecci\u00f3n descrita, conjugada con el principio de publicidad de los procesos judiciales, ha tomado fuerza el desarrollo del \u00abperiodismo judicial\u00bb, conocido tambi\u00e9n, por ejemplo en Espa\u00f1a, como \u00abperiodismo de tribunales\u00bb que hace referencia a una l\u00ednea especializada de dicha profesi\u00f3n, que impone a quienes la ejercen conocer, con alguna profundidad, cuanto concierne al r\u00e9gimen legal vigente y que tiene como finalidad informar, con objetividad, a la ciudadan\u00eda sobre los sucesos relevantes de la judicatura. <\/p>\n
Esta evoluci\u00f3n conjunta de derechos y medios comunicaci\u00f3n ha dado lugar a que se presenten tensiones entre derechos como el de la honra y la intimidad con la libertad de expresi\u00f3n, opini\u00f3n y prensa, por eso, la Corte Constitucional acogi\u00f3 el test tripartito definido en la jurisprudencia interamericana, el cual permite establecer en un caso concreto cu\u00e1l derecho debe prevalecer sobre otro, para lo cual debe tenerse en cuenta que \u00abpara que una limitaci\u00f3n al derecho a la libertad de expresi\u00f3n sea admisible, debe: i) haber sido definida en forma previa, precisa y clara por una ley en sentido formal y material; ii) estar orientada a lograr un objetivo imperioso autorizado por la Convenci\u00f3n Americana; y iii) ser necesaria en una sociedad democr\u00e1tica para el logro de los fines imperiosos, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e id\u00f3nea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr\u00bb (C.C. SU-274 de 2019). <\/p>\n
A la par del test descrito, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha creado \u00abreglas para restringir la libertad de los medios de comunicaci\u00f3n de opinar sobre procesos judiciales\u00bb y si bien las mismas tienen como premisa fundamental el respeto de la libertad de informaci\u00f3n y la publicidad, concretadas en un principio orientador de \u00abm\u00e1xima divulgaci\u00f3n\u00bb, que no afecta el derecho de los medios de comunicaci\u00f3n de opinar p\u00fablicamente sobre los procesos judiciales, lo cierto es que, en cada caso en particular, pueden encontrarse limites en el riesgo de afectaci\u00f3n del derecho a un juicio imparcial o a la presunci\u00f3n de inocencia, el cual debe ser cierto, actual y grave. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha establecido estas reglas de la siguiente manera: <\/p>\n
A juicio de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, tal restricci\u00f3n ser\u00e1 posible cuando se cumplan las siguientes condiciones: <\/p>\n
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(i) Exista un riesgo de afectaci\u00f3n del derecho a un juicio imparcial o a la presunci\u00f3n de inocencia, que no pueda justificarse en la importancia de divulgar informaci\u00f3n relativa al proceso. La actividad judicial, ha dicho la Corte, \u201cno s\u00f3lo reclama un juez conocedor de la problem\u00e1tica sobre la cual debe emitir sus fallos, de juicio sereno, recto en todo sentido, con un acendrado criterio de lo justo, sino tambi\u00e9n de un juez objetiva e institucionalmente libre\u201d . A su vez, la presunci\u00f3n de inocencia implica que \u201cnadie puede ser considerado culpable hasta que haya sido demostrada su responsabilidad en un proceso respetuoso de las garant\u00edas constitucionales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) Teniendo en cuenta la prevalencia prima facie de la libertad de expresi\u00f3n el riesgo de afectaci\u00f3n deber\u00e1 ser grave, actual y cierto; en consecuencia, no se justificar\u00e1 una restricci\u00f3n a la libertad de informaci\u00f3n cuando el riesgo sea leve, remoto o especulativo. El riesgo ser\u00e1: a) grave, cuando incide directamente en el proceso de formaci\u00f3n de la decisi\u00f3n por parte del juez, afectando su capacidad para analizar con autonom\u00eda los hechos del caso y la relevancia de las normas aplicables; b) actual, cuando la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n es contempor\u00e1nea o pr\u00f3xima a la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n fundamental del proceso; y c) cierto, cuando es probable que por la forma en que se concretar\u00eda, podr\u00eda tener una incidencia directa en el sentido final del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) En la valoraci\u00f3n del riesgo de afectaci\u00f3n de la imparcialidad de la justicia o la presunci\u00f3n de inocencia as\u00ed como del peso relativo de la libertad de informaci\u00f3n, las variables que deben tomarse en cuenta son de muy diferente naturaleza. Pueden ser relevantes, por ejemplo, a) el detalle y profundidad de la reserva legal establecida; b) la naturaleza de la etapa procesal; c) la materia espec\u00edfica del proceso y en esa medida el tipo de reacciones que cabe esperar de la opini\u00f3n p\u00fablica antes de que se tome una decisi\u00f3n; d) la clase de derechos constitucionales que pueden ser restringidos con la decisi\u00f3n judicial; e) la clase de sujetos procesales; y f) la existencia de reglas institucionales para garantizar la autonom\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
(iv) No es posible establecer reglas definitivas ni absolutas. <\/p>\n
Sin embargo, podr\u00edan formularse las siguientes pautas: <\/p>\n
<\/p>\n
(a) Existir\u00e1n mayores posibilidades de afectaci\u00f3n a la imparcialidad del juicio con la divulgaci\u00f3n de una informaci\u00f3n judicial sometida a reserva y, en consecuencia, se incrementar\u00e1n las posibilidades de restringir la libertad de informaci\u00f3n, cuando concurran las siguientes circunstancias: <\/p>\n
<\/p>\n
– La informaci\u00f3n judicial corresponda a un proceso de naturaleza penal que puede concluir con la imposici\u00f3n de penas privativas de la libertad. <\/p>\n
<\/p>\n
– La ley ha establecido una restricci\u00f3n absoluta frente al conocimiento de la informaci\u00f3n por parte de terceros y, dicha restricci\u00f3n, tiene como prop\u00f3sito directo asegurar la imparcialidad del juez en la toma de decisi\u00f3n o la presunci\u00f3n de inocencia. <\/p>\n
<\/p>\n
– La materia o impacto del proceso ha implicado su permanente, intenso y cr\u00edtico seguimiento por parte de los medios de comunicaci\u00f3n, de manera que el aplazamiento del suministro de informaci\u00f3n hasta tanto se tome la respectiva decisi\u00f3n judicial no impacta significativamente el derecho de las personas a ser informadas; <\/p>\n
<\/p>\n
(b) Existir\u00e1n menores posibilidades de afectaci\u00f3n a la imparcialidad del juicio con la divulgaci\u00f3n de una informaci\u00f3n judicial sometida a reserva y, en consecuencia, se encontrar\u00e1 prohibida cualquier restricci\u00f3n de la libertad de informaci\u00f3n cuando concurren las siguientes circunstancias: <\/p>\n
<\/p>\n
– La informaci\u00f3n judicial corresponde a un proceso que versa exclusivamente sobre una controversia de contenido patrimonial. <\/p>\n
<\/p>\n
– La ley ha establecido una restricci\u00f3n relativa frente al conocimiento de la informaci\u00f3n por parte de terceros y, dicha restricci\u00f3n, no tiene como finalidad exclusiva asegurar la imparcialidad del juez o la presunci\u00f3n de inocencia sino proteger otros intereses del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
– El proceso, si bien pudo haber sido objeto de seguimiento por parte de los medios de comunicaci\u00f3n, no ha sido objeto de un escrutinio medi\u00e1tico especialmente intenso. <\/p>\n
<\/p>\n
(v) La restricci\u00f3n, seg\u00fan la configuraci\u00f3n procesal en cada caso, podr\u00e1 consistir en la imposici\u00f3n de medidas inhibitorias o de responsabilidades ulteriores. En todo caso, salvo disposici\u00f3n legislativa en contrario, el desconocimiento de los l\u00edmites de la libertad de informaci\u00f3n, solo podr\u00eda implicar responsabilidades ulteriores. <\/p>\n
<\/p>\n
(vi) La petici\u00f3n de imposici\u00f3n de una restricci\u00f3n -medidas inhibitorias o responsabilidad ulterior- (a) deber\u00e1 ser alegada por quien tenga un inter\u00e9s directo en ello y (b) bajo la condici\u00f3n de demostrar no solo el riesgo de afectaci\u00f3n en los t\u00e9rminos indicados, sino tambi\u00e9n la efectiva conducencia para salvaguardar la imparcialidad y la presunci\u00f3n de inocencia, as\u00ed como la inexistencia de medidas alternativas menos restrictivas. <\/p>\n
(vii) El juez del proceso deber\u00e1 adoptar las medidas requeridas cuando la divulgaci\u00f3n de la informaci\u00f3n haya desbordado los l\u00edmites establecidos en este documento\u00bb (C.C. SU-274 de 2019) (Se enfatiza). <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, aunque no existen reglas absolutas, se advierte que hay mayor riesgo para la independencia e imparcialidad del Juez y la afectaci\u00f3n del debido proceso y presunci\u00f3n de inocencia de las partes cuando los medios de comunicaci\u00f3n pretenden publicar informaci\u00f3n que: i) corresponde a un proceso de linaje penal, ii) tiene informaci\u00f3n restringida absolutamente por la ley y iii) ha sido sometida a escrutinio constante por los medios de comunicaci\u00f3n. <\/p>\n
Atendiendo el marco legal y jurisprudencial se\u00f1alado y evidenciado como se encuentra que la solicitud de informaci\u00f3n presentada por el actor, quien adujo ser periodista de los medios de comunicaci\u00f3n El Tiempo y Noticias Caracol, est\u00e1 encaminada a obtener las declaraciones de testigos rendidas en la acci\u00f3n penal que se sigue contra Gustavo Malo Fern\u00e1ndez, con el fin de ejercer la labor del periodismo judicial, corresponde a la Sala establecer si la restricci\u00f3n al acceso a la informaci\u00f3n se encuentra justificada en la ley y la jurisprudencia o si, por el contrario, desconoce las garant\u00edas de libre expresi\u00f3n, libre acceso a la informaci\u00f3n y libertad de prensa. <\/p>\n
3. En el sub judice, de los medios suasorios adosados al plenario se extrae que el 27 de noviembre de 2020, el periodista Juan David Laverde Palma elev\u00f3 ante la autoridad judicial accionada petici\u00f3n tendiente a obtener \u00abcopia de las declaraciones en audiencia p\u00fablica de los testigos Jos\u00e9 Reyes Rodr\u00edguez y Camilo Ruiz en el expediente que se adelanta contra el exmagistrado Gustavo Malo Fern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
El 7 de diciembre de la misma anualidad la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporaci\u00f3n le inform\u00f3 al accionante que no hab\u00eda lugar a acceder a su solicitud debido a la reserva de la informaci\u00f3n, para lo cual exterioriz\u00f3 como motivos que imposibilitaban lo pedido que: i) la reserva que prev\u00e9n los art\u00edculos 323 y 330 de la ley 600 de 2000 se extiende a la etapa de juicio, toda vez que all\u00ed se expone informaci\u00f3n p\u00fablica clasificada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 1712 de 2014; ii) el Acuerdo 51 de 20 de septiembre de 2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema estableci\u00f3 que para dar respuesta a los derechos de petici\u00f3n elevados por medios de comunicaci\u00f3n, ciudadanos y autoridades p\u00fablicas \u00abse autorizar\u00eda \u00fanicamente la expedici\u00f3n de copias de la sentencia, de la providencia de preclusi\u00f3n o cesaci\u00f3n de procedimiento, o de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n debidamente ejecutoriada\u00bb; iii) la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de intimidad y habeas data del procesado y los testigos, habida cuenta que \u00abaunque la actuaci\u00f3n se encuentra en etapa de juicio y, por lo mismo, las diligencias adelantadas son p\u00fablicas, las declaraciones solicitadas contienen datos sensibles sobre el procesado y los testigos relacionados con sus generales de ley, v\u00ednculos familiares, sociales y econ\u00f3micos, informaci\u00f3n que se encuentra amparada para su divulgaci\u00f3n por las excepciones al ejercicio de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de que trata el art\u00edculo 6 de la ley 1712 de 2014\u00bb y iv) el hecho de que en el caso, que los medios de comunicaci\u00f3n han denominado \u00abel cartel de la toga\u00bb, se adelantan varias procesos en los cuales las declaraciones solicitadas servir\u00e1n de prueba, muchos de los cuales hasta ahora se encuentran en etapa de instrucci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese que la contestaci\u00f3n de la autoridad fustigada fue proferida en tiempo; sin embargo, no invoc\u00f3 razones suficientes para negar la informaci\u00f3n reclamada por el gestor. Advi\u00e9rtase que la reserva que prev\u00e9 la ley 600 de 2000 solo cobija la etapa de instrucci\u00f3n, pero no la de juicio, que es en la que se encuentra la causa que se sigue contra Gustavo Malo Fern\u00e1ndez; la sentencia SU-274 de 2019 y el art\u00edculo 2 de la ley 1712 de 2014 establecen que solo la constituci\u00f3n y la ley pueden ser evocadas para negar el acceso a la informaci\u00f3n, de forma tal que el Acuerdo 51 de 20 de septiembre de 2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema no puede ser invocado para negar el pedimento del actor. <\/p>\n
Ahora, aunque la ley 1712 de 2014 y el derecho a la intimidad de los testigos y procesados s\u00ed configuran una justificada raz\u00f3n para negar el acceso a la informaci\u00f3n, lo cierto es que no bastaba con enunciar dicho amparo, sino que era necesario ahondar en las razones que daban lugar a la reserva en virtud de dicha protecci\u00f3n, sin que sea suficiente invocar la posible vulneraci\u00f3n del derecho a la intimidad \u00fanicamente por el contenido de los generales de ley, pues de ser as\u00ed en todo momento habr\u00eda lugar a negar el acceso a las documentales (escritos, audios o videos) que se recauden en la etapa de juicio, toda vez que siempre que se toma una declaraci\u00f3n, aquellos son recaudados, y por definici\u00f3n, aluden a informaci\u00f3n personal de quien est\u00e1 frente al estrado. <\/p>\n
Sobre este punto ha de advertirse que tanto la Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Constitucional Colombiana, han reconocido que los funcionarios o figuras p\u00fablicas deben tener mayor tolerancia a las cr\u00edticas habida cuenta que se encuentran sometidos a un escrutinio mayor por parte de la sociedad, lo que conduce a que los juicios de valor que sobre ellos se hacen, gozan de mayor protecci\u00f3n debido a su importancia para promover la participaci\u00f3n ciudadana, el debate y el control de los asuntos p\u00fablicos. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, adem\u00e1s de las normas que regulan el derecho de petici\u00f3n, las ramas del poder p\u00fablico est\u00e1n sometidas a la ley 1712 de 2014, que si bien en su art\u00edculo 18 admite que se restrinja el acceso a la informaci\u00f3n cuando se pretenda amparar el \u00abderecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico, en concordancia con lo estipulado por el art\u00edculo 24 de la Ley 1437 de 2011\u00bb, tambi\u00e9n propende porque se permita, en aras de la trasparencia, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. En este punto debe insistir la Sala, en que la protecci\u00f3n a la intimidad de las partes e intervinientes en el proceso penal en comento, no puede ser invocada \u00fanicamente por el contenido de los \u00abgenerales de ley\u00bb de los testigos cuya declaraci\u00f3n pretende ser conocida por el peticionario, toda vez que dicha informaci\u00f3n como lo establece el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso, corresponde al contenido de las preguntas que el juez hace al testigo sobre \u00ab (\u2026) su nombre, apellido, edad, domicilio, profesi\u00f3n, ocupaci\u00f3n, estudios que haya realizado [y] dem\u00e1s circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relaci\u00f3n con \u00e9l alg\u00fan motivo que afecte su imparcialidad\u00bb, informaci\u00f3n que por su esencia, salvo circunstancias particulares, en s\u00ed misma no representa vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de las partes, si es que la misma llegara a hacerse p\u00fablica. <\/p>\n
Tambi\u00e9n debe destacarse, que pese a que los instrumentos internacionales mencionados y la jurisprudencia constitucional han establecido las herramientas para hacer juicios de ponderaci\u00f3n suficientes que permitan definir las tensiones que pueden presentarse entre derechos fundamentales a la hora de hacer p\u00fablica informaci\u00f3n contenida en los asuntos que conoce la jurisdicci\u00f3n; lo cierto es que la Sala Especial de Primera instancia no hizo uso de ellos, circunstancia que configura un indicio de la ausencia de dicha tensi\u00f3n, por lo que en el presente asunto debe darse prevalencia al principio orientador de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n que, como se expuso, incluso rige las \u00abreglas para restringir la libertad de los medios de comunicaci\u00f3n de opinar sobre procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto permite colegir, que la respuesta emitida por esa Sala no evidencia una razonable ponderaci\u00f3n, ajustada a los presupuestos convencionales, constitucionales y legales para sustentar la restricci\u00f3n a la informaci\u00f3n solicitada por el periodista accionante. En otras palabras, la autoridad judicial fustigada, contrario a su deber, no justific\u00f3 la restricci\u00f3n al acceso a la informaci\u00f3n reclamada por el actor, lo cual no solo vulnera su derecho de petici\u00f3n, sino que configura una limitaci\u00f3n a las libertades de expresi\u00f3n, informaci\u00f3n y prensa del periodista solicitante. <\/p>\n
Por lo discurrido, se conceder\u00e1 el amparo reclamado y se le ordenar\u00e1 a la autoridad judicial convocada que, en el t\u00e9rmino de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a entregar al periodista Juan David Laverde Palma la informaci\u00f3n solicitada el 27 de noviembre de 2020, quien deber\u00e1 hacer uso de la misma bajo el criterio de objetividad que rige su profesi\u00f3n y con el respeto de las garant\u00edas constitucionales que el ordenamiento jur\u00eddico le impone a todos los ciudadanos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Juan David Laverde Palma. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que en el t\u00e9rmino de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a entregar al periodista Juan David Laverde Palma la informaci\u00f3n solicitada en su petici\u00f3n de fecha 27 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 OEA, CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n: Antecedentes e Interpretaci\u00f3n de la Declaraci\u00f3n de Principios., supra, p\u00e1rr. 27 y ss, cita del criterio de la CIDH en: \u201cInforme sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. OAS Doc. 9, 88 Per\u00edodo de Sesiones, 17 de febrero de 1995\u201d. Disponible en: http:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/expresion\/. <\/A><\/p>\n