STC6504-2021 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6504-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2021-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Rugero Alberto Avilez Pacheco formul\u00f3 frente a la sentencia de 11 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00f3rdoba, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan, extensiva a los intervinientes en el consecutivo 2020-00064-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista implor\u00f3 que se anule todo lo actuado en el proceso que le promovi\u00f3 la empresa Promigas S.A. E.S.P., para que se impusiera servidumbre de gasoducto sobre una franja de terreno del inmueble de su propiedad, denominado \u201cSan Pablo\u201d, ubicado en la vereda La Sabanita del municipio de Sahag\u00fan. <\/p>\n
Expuso que el juicio se tramit\u00f3 bajo las reglas de la Ley 56 de 1981, cuando deb\u00eda impulsarse conforme a las pautas de la Ley 1274 de 2009, por tratarse de una servidumbre de hidrocarburos. Aunque intent\u00f3 conjurar el error a trav\u00e9s de la solicitud que elev\u00f3 con el fin de que se invalidara la actuaci\u00f3n, no obtuvo \u00e9xito, ya que el estrado accionado la desestim\u00f3 el pasado 8 de abril, en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, donde, adem\u00e1s, acogi\u00f3 las pretensiones de su contradictora. <\/p>\n
2. El servidor reprochado y Promigas S.A. E.S.P. defendieron lo confutado. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo porque consider\u00f3 que la negativa objetada ten\u00eda respaldo en el art\u00edculo 57 de la Ley 142 de 1994, pues facultaba a las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios a promover servidumbres para prestar dichos servicios, en las condiciones previstas en la Ley 56. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor, insistiendo en que la causa fustigada debi\u00f3 rituarse de acuerdo con la Ley 1274. En ese sentido agreg\u00f3, que el gas es un hidrocarburo y lo regulado por dicho estatuto son las \u201cservidumbres de hidrocarburos\u201d, sumado a que esta normatividad prevalece sobre la Ley de servicios p\u00fablicos domiciliarios, por ser posterior. Por otro lado, destac\u00f3 que el funcionario demandado no decret\u00f3 de oficio el dictamen pericial requerido para tasar los perjuicios derivados del gravamen, como se lo ordenaba el canon 21 de la Ley 56. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Sala a los reparos que Ruger Avilez enfila contra la negativa a declarar la nulidad del litigio que le adelant\u00f3 Promigas S.A. E.S.P., se descarta la intromisi\u00f3n constitucional suplicada, pues lo dirimido no revela la existencia de un yerro que deba ser conjurado por este sendero. <\/p>\n
En primer lugar, obs\u00e9rvese que el tr\u00e1mite indebido, invocado por el recurrente, no habilitaba ni habilita la aniquilaci\u00f3n del litigio. Esto, porque dicha irregularidad no est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el art\u00edculo 133 del actual estatuto adjetivo, nada m\u00e1s constituye un motivo de excepci\u00f3n previa, que se convalidar\u00e1, de no alegarse en la oportunidad respectiva. <\/p>\n
Sobre el particular, el numeral 7\u00b0 del canon 100 de dicho compendio establece: <\/p>\n
Salvo disposici\u00f3n en contrario, el demandado podr\u00e1 proponer las siguientes excepciones previas dentro del t\u00e9rmino de traslado de la demanda: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
7. Hab\u00e9rsele dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente al que corresponde. <\/p>\n
Por su parte, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 ib\u00eddem, en armon\u00eda con el principio de taxatividad que rige las nulidades, ense\u00f1a que, \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este C\u00f3digo establece\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, n\u00f3tese que el peticionario elev\u00f3 la protesta comentada de manera extempor\u00e1nea, ya que el defecto mencionado lo propuso en la audiencia celebrada el 8 de abril de 2021, y no durante el t\u00e9rmino de traslado de la demanda de Promigas S.A. E.S.P. <\/p>\n
Ahora, no porque el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 372 del estatuto adjetivo prevea el control de legalidad de la actuaci\u00f3n como una fase de la audiencia inicial, las partes tienen licencia para hacer valer los errores de procedimiento que no alegaron oportunamente, pues que se pueda verificar en ese momento la existencia los \u201cvicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso\u201d, no significa que se puedan revivir etapas precluidas; se insiste, por mandato del par\u00e1grafo del citado art\u00edculo 133, \u201c[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este C\u00f3digo establece\u201d. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, las razones suministradas por el juzgador para descartar el vicio se\u00f1alado no lucen descabelladas, pues explic\u00f3 que la servidumbre de gasoducto anhelada por Promigas era distinta a la de hidrocarburos contemplada en la Ley 1274, pues aquella versaba sobre sobre un servicio p\u00fablico domiciliario -gas natural, regulado por la Ley 124 de 1994, que en lo pertinente remit\u00eda a la Ley 56 de 1981. Al respecto elucid\u00f3: <\/p>\n
Aqu\u00ed lo especifico es, que existe una ley que regula el procedimiento para la imposici\u00f3n y expropiaci\u00f3n de bienes cuando se trata de la explotaci\u00f3n y conducci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, es lo esencial, aqu\u00ed en esta parte. La Ley 1274 de 2009 hablaba de la imposici\u00f3n de servidumbre en el sector petrolero, quiere decir, que no siempre el sector petrolero tiene que ver con un servicio p\u00fablico. Aqu\u00ed lo ideal es que el servicio, el mantenimiento y la conducci\u00f3n del servicio de gas natural es un servicio netamente p\u00fablico y lo regula la Ley 142 del 94, pero lo que incumbe aqu\u00ed a la nulidad planteada por el apoderado de la parte demandada, es en lo relativo al procedimiento (…). El procedimiento lo establece es la Ley 56 del 81, y esa es la ley que nosotros estamos aplicando (\u2026) (audiencia de 8 de abril de 2021, r\u00e9cord 2 horas, 1 minuto, 57 segundos a 2 horas, 4 minutos, 50 segundos). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que guarda armon\u00eda con en el art\u00edculo 57 de la Ley 142, el cual consagra: <\/p>\n
Cuando sea necesario para prestar los servicios p\u00fablicos, las empresas podr\u00e1n pasar por predios ajenos, por una v\u00eda a\u00e9rea, subterr\u00e1nea o superficial, las l\u00edneas, cables o tuber\u00edas necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obst\u00e1culos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendr\u00e1 derecho a indemnizaci\u00f3n de acuerdo a los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione (se enfatiza). <\/p>\n
Ahora, que el interesado considere que otra debi\u00f3 ser la tesitura de la sede fustigada, no habilita la intromisi\u00f3n implorada, porque como lo ha reiterado esta Corte, \u201cel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados (\u2026); y, \u201cla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u201d (CSJ STC13499-2018). <\/p>\n
Total, la negativa del fallador combatido no merece reparo alguno de la justicia constitucional. <\/p>\n
2. Por otro lado, la Sala no se pronunciar\u00e1 sobre la omisi\u00f3n atribuida al sentenciador de Sahag\u00fan, respecto a no \u201cdecretar de oficio el dictamen pericial\u201d prescrito en el art\u00edculo 21 de la Ley 56, pues se trata de un hecho novedoso, no planteado en el libelo inaugural, que de analizarse lesionar\u00eda el derecho de defensa de los convocados, quienes, en su momento, no lo tuvieron en traslado. <\/p>\n
Frente al tema, se ha destacado: <\/p>\n
(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC5573-2021). <\/p>\n
3. As\u00ed pues, y sin que sean necesarias disquisiciones adicionales, se refrendar\u00e1 el veredicto criticado. <\/p>\n
. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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