STC6507-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6507-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que Gerardo Alonso Herrera Hoyos formul\u00f3 frente a la sentencia de 28 de abril de 2021 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 2021-00105. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor pretende que se ordene a la autoridad convocada dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3, puesto que se inadmiti\u00f3 para que se aclarara si las pretensiones se dirig\u00edan contra un establecimiento de comercio o una persona jur\u00eddica. Su reproche radic\u00f3 en que no se pod\u00eda emitir la decisi\u00f3n anterior, ni eventualmente rechazar el tr\u00e1mite, porque lo exigido no est\u00e1 previsto en la ley 472 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El despacho accionado indic\u00f3 que mediante prove\u00eddo de 12 de abril hoga\u00f1o inadmiti\u00f3 la demanda pues \u00abdel contenido de los art\u00edculo[s] 14 y 18 literal d) de la ley 472 de 1998, no se desprende que de manera autom\u00e1tica corresponda al Juez siempre determinar qui\u00e9n debe ser el demandado en la acci\u00f3n popular; consider[\u00f3] que en principio corresponde al actor popular informarlo, pues es un requisito de la demanda y solo si no fuere posible determinarlo por parte del accionante, debe establecerlo el Juez, es por ello que en el auto de inadmisi\u00f3n se precis\u00f3 que si no fuere posible obtener la informaci\u00f3n deb\u00eda indicar la raz\u00f3n y las gestiones que ha efectuado para obtenerla\u00bb. Aunado a ello, se\u00f1al\u00f3 que el t\u00e9rmino para subsanar el libelo no hab\u00eda precluido para el momento en que se radic\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
Los vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
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3. El tribunal declar\u00f3 improcedente la s\u00faplica porque \u00ab[s]eg\u00fan las pruebas incorporadas a la actuaci\u00f3n, mediante auto de 12 de abril de este a\u00f1o, la juez demandada resolvi\u00f3 inadmitir la demanda popular formulada por el actor, a quien le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para subsanarla. Esta providencia fue notificada por estado del 13 siguiente. Lo anterior, sumado al hecho de que la acci\u00f3n de tutela fue promovida el 13 de abril pasado, lleva a concluir que el amparo invocado resulta improcedente por prematuro\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Impugn\u00f3 el promotor, fundado en que cumpli\u00f3 con lo ordenado en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe ratificarse por similares razones a las ofrecidas por el colegiado de Pereira. En efecto, pronto se advierte que la salvaguarda resulta prematura porque el censor acudi\u00f3 a este medio para discutir la inadmisi\u00f3n de su demanda cuando para ello el ordenamiento jur\u00eddico le brindaba un espacio dentro del proceso judicial examinado. Pues, como lo contempla el art\u00edculo 90, inciso 5, del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]os recursos contra el auto que rechace la demanda comprender\u00e1n el que neg\u00f3 su admisi\u00f3n\u00bb, de suerte que si el promotor ten\u00eda alguna queja respecto del motivo por el que se le inadmiti\u00f3 el libelo y no era de su inter\u00e9s subsanarlo, debi\u00f3 plantear la discrepancia mediante la interposici\u00f3n de los recursos procedentes. As\u00ed las cosas, en palabras del Tribunal, se \u00abejerci\u00f3 este mecanismo, de naturaleza subsidiaria, al margen del principal en el que precisamente se deb\u00eda ventilar la cuesti\u00f3n que ahora pide se decida\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
En ese orden de ideas, el veredicto impugnado ser\u00e1 avalado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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