STC6513-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC6513-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 26 de abril de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela que Jaime Lu\u00eds P\u00e1ez Cantero le instaur\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los decursos debatidos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, en nombre propio e invocando la condici\u00f3n de \u00abapoderado de los demandantes Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez en las radicaciones 2021-00067 y 2021-00068\u00bb, suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abdeclarar que los autos de fecha 4 de marzo de 2021, violaron los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; se ordene la revisi\u00f3n de esos autos y se reconozca el derecho que tienen [sus] poderdantes\u00bb. <\/p>\n
Para ello narr\u00f3 que el juzgado cuestionado \u00abinadmiti\u00f3 las demandas de anulaci\u00f3n de registro civil de nacimiento, una donde el demandante es Manuel Gregorio Cavadia Padilla y otra donde el demandante es Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez, radicadas mediante nos. 2021-00067 y 2021-00068 respectivamente\u00bb (4 mar. 2021), decisiones contra las que interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, rechazados por improcedentes (12 mar.) <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica \u2013 C\u00f3rdoba se opuso a la prosperidad de este remedio y defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones censuradas, toda vez que \u00abpor econom\u00eda procesal, le indic\u00f3 a los se\u00f1ores Manuel Gregorio Cavadia Padilla y Juan Sebasti\u00e1n Vargas Hern\u00e1ndez cual era el proceso que deb\u00edan presentar \u2018demanda de impugnaci\u00f3n de paternidad y maternidad\u2019 en raz\u00f3n a que en los sendos registros adosados, no coincid\u00edan los nombres de los progenitores, concedi\u00e9ndoseles el t\u00e9rmino de Ley para que subsanaran los defectos presentados\u00bb. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el auxilio al advertir la \u00abausencia de la titularidad del derecho de accionar\u00bb y la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb del mandatario para solicitar el resguardo de las garant\u00edas radicados en cabeza de los agraviados. <\/p>\n
El gestor impugn\u00f3 ese raciocinio sin expresar las razones de su desacuerdo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, lo primero que surge evidente es la impertinencia del ruego que a t\u00edtulo personal inst\u00f3 el abogado Jaime Lu\u00eds P\u00e1ez Cantero, ya que resulta innegable que no es el titular de las dispensas cuya infracci\u00f3n invoca. <\/p>\n
En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este selecto instrumento la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que en punto de eventuales violaciones de las prerrogativas fundamentales propiciadas por el obrar jurisdiccional debe predicarse, en estricto rigor, de quienes integran alguno de los extremos del litigio o de los \u00abterceros directamente afectados\u00bb, no de los profesionales que los representan, quienes mal podr\u00edan alegar la violaci\u00f3n de sus particulares \u00abderechos\u00bb en una lid donde participan en nombre de otros. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Corte al destacar, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb, que <\/p>\n
(\u2026) \u201cla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018, entre otras). <\/p>\n
En este orden de ideas, al margen de la pertinencia que pudiera tener o no el reclamo del togado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concret\u00f3 la falla que le enrostra a la dependencia confutada, los \u00fanicos \u00ablegitimados\u00bb para acudir a esta ayuda en procura de repeler tal irregularidad ser\u00edan sus poderdantes en esa Litis, quienes tampoco lo habilitaron legalmente para interceder por ellos ante el juez constitucional o, por lo menos, de tal potestad no obra ninguna prueba en el infolio. <\/p>\n
Y en este punto es preciso resaltar que pese al reconocimiento que pudo recibir el aqu\u00ed sedicente en las diligencias objetadas, tal circunstancia por s\u00ed misma no le permite atacar en esta sede especial las resoluciones adoptadas por el despacho accionado, ya que si bien el ejercicio de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, si es necesario, -cuando de atributos ajenos se trata- que se acompa\u00f1e a la demanda el \u00abpoder especial\u00bb que lo autorice para intervenir en nombre del directo afectado o, en su lugar, proceder en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha esgrimido que, <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto [la Corte Constitucional] se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (STC926-2018, STC11502-2020). <\/p>\n
Son estos breves argumentos los que conducen a la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, acorde con lo dilucidado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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