STC6526-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6526-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2021-00023-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de abril de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por la sociedad FINCA S.A.S. contra el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1, Quind\u00edo. Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso ejecutivo de radicado No. 2019-00251. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, legalidad, trabajo, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, pronta administraci\u00f3n de justicia, moralidad administrativa, celeridad, eficacia, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, presuntamente conculcadas por la autoridad acusada en el juicio de radicado No. 2019-00251. <\/p>\n
2. De lo referido en la tutela y lo allegado al proceso, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones: <\/p>\n
2.1. En septiembre de 2019, la tutelante inici\u00f3 un proceso ejecutivo singular mixto contra GANAPOLLO S.A.S. y otros, que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1. <\/p>\n
2.3. Con base en lo anterior, el 1 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, se solicit\u00f3 al Juzgado de conocimiento \u00abel levantamiento de la medida cautelar ordenada y practicada de embargo y secuestro del bien inmueble dado en garant\u00eda real, \u00fanicamente, identificado con el folio inmobiliario N\u00ba282-38175 (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2.4. El 1 de febrero del a\u00f1o en curso, el Juzgado resolvi\u00f3, entre otros aspectos, negar lo peticionado, como quiera que \u00abel codemandado LEONEL URIBE L\u00d3PEZ se halla en proceso de reorganizaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no es procedente acceder a lo deprecado, en la medida de que ello ser\u00eda competencia del juez del concurso (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
2.5. Contra la anterior decisi\u00f3n, por memorial del 3 de febrero de 2021, la promotora interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n4. <\/p>\n
2.6. Cuestiona\u00f3 la parte actora que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos meses sin que hubieran sido resueltos los recursos incoados. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 tutelar sus derechos fundamentales, ordenando el levantamiento de la medida cautelar del proceso 2019-00251 y la terminaci\u00f3n de este, con la posterior comunicaci\u00f3n a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Calarc\u00e1, Quind\u00edo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1 se refiri\u00f3 a los hechos de la demanda de tutela y se opuso a sus pretensiones, dado que, en su opini\u00f3n, ninguna mora judicial se ha configurado en el tr\u00e1mite de los recursos radicados el 4 de febrero del a\u00f1o en curso, ya que, \u00absi bien se encuentra pendiente de emitir no lo ha sido por arbitrariedad o capricho de la suscrita juez sino por estar en curso otros tr\u00e1mites que conforme el orden cronol\u00f3gico de ingreso a despacho debe ser atendidos anteladamente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, puso de presente el n\u00famero de procesos a cargo, que la implementaci\u00f3n de las audiencias virtuales ha requerido mayor tiempo y dedicaci\u00f3n, as\u00ed como que las condiciones de trabajo generadas con la pandemia, desde el a\u00f1o anterior, han impactado el curso de los respectivos juicios. <\/p>\n
Sostuvo \u00abque actu\u00f3 de acuerdo con el principio del debido proceso y ha garantizado el derecho de defensa conforme lo dispuesto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y aplicando en derecho las normas que regulan el proceso ejecutivo y dem\u00e1s normas concordantes, as\u00ed como los antecedentes jurisprudenciales que consider\u00f3 aplicables al caso. As\u00ed las cosas (\u2026) no se ha vulnerado el derecho al debido proceso ni acceso a la administraci\u00f3n de justicia o ning\u00fan otro derecho fundamental\u00bb. En todo caso, estim\u00f3 \u00abestar emitiendo pronunciamiento antes de finalizar el mes de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. El Intendente Regional de la Superintendencia de Sociedades de Manizales dijo que \u00abel bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 282-38175, no es de propiedad de los concursados, (II) se encuentra embargado por cuenta del Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1- Quind\u00edo, en el proceso ejecutivo n\u00famero 631303112001-2019-00251-00, promovido por la sociedad FINCA S.A.S, contra la sociedad GANAPOLLO S.A.S y Otros, a quien le corresponde definir la solicitud formulada por el accionante; (III). Mediante auto con consecutivo 670-000247 y radicado 2021-05-001460 fechado el 8 de abril del 2021, se agreg\u00f3 al expediente de la sociedad en concurso GANAPOLLO S.A.S, distinguido con el n\u00famero 87802 , las copias digitales del proceso ejecutivo radicado con el n\u00famero 631303112001-2019-00251-00, promovido por la sociedad FINCA S.A.S, contra la sociedad GANAPOLLO S.A.S, toda vez que la parte demandante no prescindi\u00f3 de seguir la ejecuci\u00f3n en contra de los deudores solidarios, de conformidad con los art\u00edculos 20 y 70 de la ley 1116 de 2006; (lV). La medida cautelar de embargo del bien inmueble con matr\u00edcula 282-38175, no qued\u00f3 a disposici\u00f3n del juez del concurso, por cuanto es de propiedad de un tercero ajeno a los concursados; (V). La sociedad GANAPOLLO S.A.S en reorganizaci\u00f3n, no tiene bienes inmuebles susceptibles de una medida cautelar preventiva y en cuanto a la PNNC Leonel Uribe L\u00f3pez, solo figura el bien inmueble registrado con la Matr\u00edcula Inmobiliaria 375-18424 de Ulloa Departamento del Valle del Cauca Circulo Registral Cartago, el cual efectivamente fue embargado por cuenta del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, por cuanto no evidenci\u00f3 la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, como tampoco un perjuicio irremediable que ameritara su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, se\u00f1al\u00f3 que no se observa que la autoridad judicial accionada haya incurrido en negligencia, toda vez que, \u00abdesde la fecha de interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, esto es, el 4 de febrero de 2021, a la data de presentaci\u00f3n de este ruego, el 5 de abril de 2021, han transcurrieron cerca de dos meses sin descontar el per\u00edodo de vacancia judicial, lo cual permite evidenciar la inexistencia de la aducida dilaci\u00f3n injustificada\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, si bien \u00abes cierto para la Sala que el lapso que se tiene establecido legalmente para decidir el citado recurso de reposici\u00f3n era el de 10 d\u00edas, al tenor de lo regulado por el art\u00edculo 120 del C.G. del P., lo es tambi\u00e9n, seg\u00fan se puede observar de la respuesta brindada por la criticada enjuiciadora, que el retraso en emitir una decisi\u00f3n dentro de la ritualidad objeto de escrutinio, jam\u00e1s obedece a un actuar negligente o deliberado, sino, por el contrario, a la gran carga laboral que presenta la accionada, adem\u00e1s de tener asuntos de mayor prelaci\u00f3n, a guisa de ejemplo, las acciones constitucionales y su obligaci\u00f3n de atender los asuntos conforme al orden de ingreso al despacho\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, manifest\u00f3 que \u00abel estamento tutelante tampoco demostr\u00f3, as\u00ed fuera a trav\u00e9s de medio de prueba sumaria o un m\u00ednimo de esfuerzo probatorio, estar inmerso en causal excepcional que derive en un perjuicio irremediable, que conlleve a dar cabida a su protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, solicitando que se analizaran la totalidad de los cargos formulados, en particular la vulneraci\u00f3n a una pronta administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que lo decidido en la primera instancia constitucional contrar\u00eda \u00abno solo los precedentes de las altas cortes, sino los principios de la administraci\u00f3n de justicia y las consecuencias que trae el no registrar la escritura en el tiempo preestablecido o subsanar la devoluci\u00f3n por la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Calarc\u00e1, desconociendo abiertamente los contenidos de las premisas f\u00e1cticas \u2018hechos\u2019 18 a 20\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abla impugnaci\u00f3n busca la aplicaci\u00f3n de los precedentes, como garant\u00eda del derecho al debido proceso, aplicaci\u00f3n de las normas citadas y control de convencionalidad, para tutelar los derechos a una pronta administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 revocar la sentencia y amparar sus derechos y \u00ab2. Requerir o insistir al Juzgado accionado, para que proceda en los t\u00e9rminos fijados o judiciales a tramitar las etapas del proceso (\u2026) 3. Ordenar oficiar a la oficina de registros de instrumentos p\u00fablicos de Calarc\u00e1, para la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos de la nota devolutiva del registro de La escritura 1304 de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la parte actora censura la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por parte del Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1 (Quind\u00edo), toda vez que no ha resuelto los recursos que interpuso contra la decisi\u00f3n del 1 de febrero de 2021, y requiri\u00f3 que se levantara la medida cautelar del proceso 2019-00251 y se decretara su terminaci\u00f3n, con la posterior comunicaci\u00f3n a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Calarc\u00e1, Quind\u00edo. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que el reproche radica en la supuesta tardanza de la autoridad judicial en resolver los recursos interpuestos, con memorial del 3 de febrero del a\u00f1o en curso. Al respecto, debe traerse a colaci\u00f3n la sentencia T-747 de 2009, en virtud de la cual Corte Constitucional puntualiz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es pertinente se\u00f1alar que tanto las partes como los terceros en las respectivas actuaciones judiciales deben no s\u00f3lo cumplir con las cargas procesales que impone el ordenamiento jur\u00eddico en cada proceso, sino abstenerse de realizar conductas que dilaten el tr\u00e1mite judicial, pues ello constituye una las formas como se materializa la violaci\u00f3n del deber constitucional de \u2018colaborar para el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u2019 (Art. 95-7 C.P.). <\/p>\n
Sobre este aspecto ha expresado la Corte que: \u2018tanto las partes procesales como las autoridades judiciales est\u00e1n obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecuci\u00f3n de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. As\u00ed pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y t\u00e9rminos establecidos en la ley, as\u00ed como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los t\u00e9rminos procesales\u2019. <\/p>\n
Como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n \u2018quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los t\u00e9rminos legales dispuestos para ello. De lo contrario, se le estar\u00eda desconociendo su derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2019. <\/p>\n
En este orden de ideas, se tiene que la celeridad en los procesos judiciales resulta trascendental para la materializaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
No obstante, no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, por lo que la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez cognoscente. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la \u00abmora judicial\u00bb, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n tiene establecido que los escenarios que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En el presente caso, el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarc\u00e1 justific\u00f3 la falta de resoluci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n incoados por la elevada carga laboral del despacho y la situaci\u00f3n generada por la pandemia del COVID19. Sostuvo que su obligaci\u00f3n era atender los asuntos conforme al orden de ingreso y evacuar los temas que gozaban de prelaci\u00f3n y que requer\u00edan una respuesta m\u00e1s expedita, como, por ejemplo, las acciones constitucionales. <\/p>\n
En ese contexto, si bien es cierto que la autoridad demandada no ha resuelto los recursos interpuestos contra la providencia del 1 de febrero de 2021, no se evidencia que ello obedeciera a desidia o negligencia de su parte, sino a la carga laboral del juzgado y a los traumatismos generados por la pandemia del COVID19. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, en torno a la petici\u00f3n de oficiar a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Calarc\u00e1, para que suspenda los t\u00e9rminos de la nota devolutiva del registro de la escritura p\u00fablica 1304 de 2020, no se vislumbra que el actor haya solicitado lo propio al juez natural. <\/p>\n
Por tanto, ser\u00e1 el operador judicial de conocimiento, en la oportunidad procesal correspondiente, quien deber\u00e1 resolver sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional; lo contrario, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios que el legislador dispuso con miras a hacer valer las prerrogativas y derechos ante el juez ordinario. <\/p>\n
Al respecto, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, conforme a lo dispuesto en la parte considerativa del presente fallo. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 21-26, archivo \u201c02DemandaTutelayAnexos20210002300R0113\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 20, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 5-12, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 14-16, ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6526-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6526-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 63001-22-14-000-2021-00023-01 (Aprobado en Sala virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (08) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54705","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54705"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54705\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}