STC6567-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6567-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-02112-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Pedro Cardona Agudelo en nombre propio y en el de Mart\u00edn Cardona S\u00e1nchez, le instaur\u00f3 a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y a los Juzgados Primero Penal del Circuito para Adolescentes y Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas para Adolescentes, ambos de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb, \u00aba no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes\u00bb e \u00abigualdad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a las autoridades censuradas: (i) \u00abDeclarar la nulidad de la audiencia virtual practicada el 12 de junio de 2020 (\u2026) y de todo lo actuado, (\u2026) por ausencia total del ritual manifiesto de las garant\u00edas a la reserva e intimidad\u00bb; (ii) \u00abRehacer las actuaciones que est\u00e1n viciadas por incompatibilidad a la Constituci\u00f3n\u00bb; (iii) \u00abLa unificaci\u00f3n de las medidas de privaci\u00f3n de la libertad del menor\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el 17 de diciembre de 2019 su hijo Mart\u00edn no lleg\u00f3 a dormir a su casa, por lo que emprendi\u00f3 su b\u00fasqueda, pero, s\u00f3lo hasta el 20 de diciembre de ese a\u00f1o, la Defensora de Familia le inform\u00f3 que el adolescente fue \u201c(\u2026) detenido por ser posible contraventor de las normas de responsabilidad penal (\u2026)\u201d, pese a que ya hab\u00eda preguntado por \u00e9l en esa entidad y de que all\u00ed reposan todos sus datos personales para que le comunicaran con antelaci\u00f3n, lo que en su sentir evidenci\u00f3 una \u201cmala fe y dolo\u201d de la funcionaria. <\/p>\n
Sostuvo que mientras indagaba en hospitales, CAI, Medicina Legal y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n sobre el paradero, le realizaron al infante una audiencia sin contar con la presencia de su \u201cprogenitor y representante legal\u201d, sin una \u201cdefensa t\u00e9cnica\u201d, pues el abogado asignado \u201c(\u2026) no lo asesor\u00f3, no conoci\u00f3 los hechos que enmarcaron una captura ilegal, no repuso ni apel\u00f3 la legalizaci\u00f3n de captura (\u2026)\u201d, situaciones todas desconocedoras del art\u00edculo 151 del C\u00f3digo de Infancia de Adolescencia, lo cual condujo a ser \u201cjuzgado\u201d con un \u201cformato acta de traslado de la acusaci\u00f3n\u201d sin el cumplimiento de los requisitos formales. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el Juzgado Tercero Penal Municipal convocado, \u201c(\u2026) sin contar con todas las probanzas (\u2026)\u201d, imparti\u00f3 la restricci\u00f3n de la libertad de su descendiente en \u201cinternamiento preventivo\u201d por la comisi\u00f3n del delito de \u201churto calificado y agravado\u201d y, aunque esos cargos fueron aceptados por el joven, califica esa providencia de \u201carbitraria, ama\u00f1ada, infundada e injustificada\u201d, porque si bien \u201c(\u2026) tiene anotaciones que se est\u00e1n debatiendo en otros estrados judiciales (\u2026), nuca ha sido condenado a nivel penal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que a su hijo no le encontraron elementos que lo comprometieran con los hechos, \u201c(\u2026) ni cuchillo, ni celular, ni dinero, ni documentos (\u2026)\u201d, es decir, no existe \u201cevidencia y ninguna prueba directa\u201d que lo inculpe. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Instituto Psicoeducativo de Colombia -IPSICOL-, sitio al cual se envi\u00f3 al menor para el \u201cinternamiento preventivo\u201d, escaseaba de condiciones de salubridad, aplicaban tratos humillantes, vend\u00edan drogas il\u00edcitas y no garantizaba la salud, ni la educaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u201cotra de las innumerables situaciones\u201d de vulnerabilidad que presenci\u00f3 Mart\u00edn, es que en \u201cninguna\u201d de las \u201cetapas de la judicializaci\u00f3n\u201d, su caso se envi\u00f3 a la \u201ccomunidad de ind\u00edgenas y dem\u00e1s grupos \u00e9tnicos\u201d al que pertenece por ser un afrodescendiente, tal como lo regula el art\u00edculo 156 de la Ley 1098 de 2006, de manera que el juez carec\u00eda de competencia para conocer del asunto. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, posteriormente, el Juzgado Primero Penal del Circuito encartado, neg\u00f3 la nulidad que requiri\u00f3 el defensor por todas las \u00abirregularidades\u00bb exhibidas y, luego, profiri\u00f3 sentencia en la que lo conden\u00f3 como \u201ccoautor del delito de hurto calificado y agravado\u201d, a 12 meses de privaci\u00f3n de la libertad (24 feb. 2020), resoluci\u00f3n ratificada por el superior (2 jun.), por lo que inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por todo lo esbozado, critic\u00f3 los prove\u00eddos de las dependencias querelladas, toda vez que concluyeron la responsabilidad de Mart\u00edn, cuando el tr\u00e1mite es \u201cproducto de una inducci\u00f3n a error, lo cual, a su vez, desconoce el precedente judicial y viola directamente la constituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda 149 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1 dijo que compareci\u00f3 a la vista p\u00fablica realizada el 20 de septiembre de 2020 y en esa oportunidad exigi\u00f3 la \u201csustituci\u00f3n de la sanci\u00f3n privativa de la libertad\u201d del inculpado, aceptada por la Sala Mixta, que revoc\u00f3 la negativa del a quo. <\/p>\n
La Defensor\u00eda de Familia n\u00ba 17 adscrita al Centro Zonal Puente Aranda, reliev\u00f3 que las presuntas omisiones aducidas por el quejoso para enterarle a tiempo de la captura de Mart\u00edn y las supuestas imprecisiones del \u00abinforme\u00bb rendido para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, ya se revisaron en otros \u201ctr\u00e1mites de tutela\u201d (Rad. 2019-00394 y Rad. 2020-02230). <\/p>\n
El Instituto Psicoeducativo de Colombia -IPSICOL- refut\u00f3 lo manifestado por Pedro en cuanto a las condiciones de higiene y salubridad de ese lugar; adicion\u00f3 que mientras el menor estuvo all\u00ed le brind\u00f3 atenci\u00f3n en salud y educaci\u00f3n. <\/p>\n
La Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el actuar del promotor es \u201ctemerario\u201d, pues ya elev\u00f3 \u201cotras tutelas por los mismos hechos y pretensiones\u201d (Rad. 2020-00119 y 2019-00394), conocidas por el Tribunal Administrativo de esta urbe y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, respectivamente. <\/p>\n
La Sala Mixta para Adolescentes del Tribunal de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes defendieron la legalidad de su proceder, agregando el \u00faltimo, que el actor ya inco\u00f3 otra ayuda \u201cpor los mismos hechos, y con las mismas pretensiones\u201d (Rad. 2020-02230). <\/p>\n
El Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito para Adolescentes defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y, por \u00faltimo, tambi\u00e9n acot\u00f3 que el actor ya elev\u00f3 otra ayuda \u201cpor los mismos hechos, y con las mismas pretensiones\u201d (Rad. 2020-02230). <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 318 Seccional se\u00f1al\u00f3 que las \u201cdecisiones adoptadas\u201d por los juzgadores, se soportaron en el \u201cinforme de captura en flagrancia\u201d, la denuncia de Juan Esteban Serrando como v\u00edctima y el acta de entrega de los \u201celementos\u201d como prueba. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el resguardo tras advertir, respecto de los reproches contra los Juzgados Primero Penal del Circuito y Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, haberse configurado la temeridad, por cuanto, \u201c(\u2026) antes de la formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, PEDRO present\u00f3 (\u2026)\u201d dos salvaguardas en nombre de Mart\u00edn y en contra de esos estrados, \u201c(\u2026) con sustento en los mismos hechos y con el mismo prop\u00f3sito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Frente a la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal de Bogot\u00e1, adujo la falta del presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, porque el litigio penal debatido est\u00e1 \u201cen t\u00e9rmino para presentar demanda de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el gestor con los mismos argumentos iniciales y controvirti\u00f3 que \u201cno h[a] obrado con temeridad, m\u00e1s bien h[a actuado] a cabalidad de los derechos\u201d de su descendiente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Anticipa la Corte el respaldo del veredicto opugnado porque, en efecto, se configura la \u00abtemeridad\u00bb de la acci\u00f3n, puesto que el contendiente, en favor de su hijo Mart\u00edn Cardona S\u00e1nchez, promovi\u00f3 dos \u201camparos\u201d anteriores contra los Juzgados Tercero Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas y Primero Penal del Circuito para Adolescentes, ambos de esta capital. <\/p>\n
El primero (Rad. 2019-00394), negado por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad (16 de ene. 2020), en fallo confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior (27 feb.); en esa oportunidad el petente se quej\u00f3 porque: a) No se le convoc\u00f3 a las diligencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura e imposici\u00f3n de internamiento preventivo de su hijo; b) Ausencia de defensa t\u00e9cnica; c) Pasividad del representante del Ministerio P\u00fablico; d) No se le avis\u00f3 de la captura de su familiar; e) Presunto exceso de fuerza policial en la captura; f) Supuestas \u00abirregularidades\u00bb de la polic\u00eda en el proceso de identificaci\u00f3n. Bajo esa exposici\u00f3n de motivos, implor\u00f3 \u201cla nulidad de la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura y de internamiento preventivo\u201d, adelantadas en esa causa criminal. <\/p>\n
El segundo (Rad. 2020-02230), declarado improcedente por la Sala Penal del Tribunal Superior (9 sept. 2020), sentencia que convalid\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal (13 oct.); en este escenario, critic\u00f3 \u201cla audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento e imposici\u00f3n de sanci\u00f3n\u201d, pues, en su sentir, se impuso a su descendiente la \u201csanci\u00f3n privativa de la libertad\u201d con un documento del I.C.B.F. que carec\u00eda de los datos acerca del arraigo, exigiendo, entonces, \u201cdejar sin efecto las decisiones\u201d emitidas en las instancias ya culminadas. <\/p>\n
Ahora bien, cabe observar que, en esta ocasi\u00f3n se vislumbra coincidencia de sujetos, objetos y causas; luego emerge con claridad la \u00abtemeridad\u00bb detectada en la primera instancia, comoquiera que simplemente se insiste en unos aspectos que previamente fueron definidos por la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al tema se ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas\u00bb (STC10685-2016, citada en STC3597-2018). <\/p>\n
2.- Por \u00faltimo, se subraya que para la fecha en que Cardona Agudelo acudi\u00f3 a este especial\u00edsimo sendero (15 dic. 2020), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite \u201cel recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d que present\u00f3 el Defensor P\u00fablico contra el veredicto de 2 de junio de 2020 del Tribunal de Bogot\u00e1, lo que torna prematura la salvaguarda, como quiera que la Sala de Casaci\u00f3n Penal no se ha pronunciado sobre su concesi\u00f3n. <\/p>\n
Esa particular incidencia, sumada a la identidad que existe entre las premisas del referido memorial y las que aqu\u00ed expuso el accionante, supone un presuroso ejercicio de esta s\u00faplica supralegal. En tal sentido, es claro que mientras no se desentra\u00f1e la mencionada impugnaci\u00f3n procesal no es viable incursionar en este \u00e1mbito residual, ya que ello indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC1985-2018). <\/p>\n
Por ello, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
En ese orden de ideas, si alguna inconformidad tiene el reclamante frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de ese litigio donde deber\u00e1 exponerla, sin que pueda soslayar las herramientas id\u00f3neas de \u00abdefensa\u00bb que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas circunstancias como las referidas. <\/p>\n
3.- Basten las precedentes razones para ratificar lo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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