STC6569-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC6569-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00108-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de mayo de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que Sandra Mart\u00ednez Vesga, en condici\u00f3n de Defensora de Familia adscrita al Centro Zonal Nororiental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F., le instaur\u00f3 al Juzgado Trece de Familia de esa ciudad, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de Ca\u00f1asgordas e intervinientes en el dossier debatido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista, en representaci\u00f3n de la menor Lina Mar\u00eda Soto Camargo, demand\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de la agenciada a \u00abtener una familia, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela efectiva, prevalencia de los derechos del menor y dignidad humana\u00bb y, en consecuencia, pidi\u00f3 \u00abordenar al juzgado, se sirva devolver a la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Nororiental del ICBF Regional Antioquia de manera inmediata el expediente f\u00edsico contentivo de la Historia de Protecci\u00f3n y el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la ni\u00f1a, proceso identificado con el Radicado ICBF 10754779\u00bb. <\/p>\n
Como soporte, se\u00f1al\u00f3 que mediante auto de 27 de noviembre de 2019, dispuso el env\u00edo del \u00abexpediente f\u00edsico del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado a favor de la menor Soto Camargo para ser repartido entre los juzgados de familia de Medell\u00edn a efectos de que se surtiera el tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 0067 del 26 de noviembre de 2020, por medio de la cual se declar\u00f3 su adoptabilidad, remisi\u00f3n que se efectu\u00f3 el 28 de noviembre siguiente\u00bb, mismo que el juzgado cuestionado admiti\u00f3; sin embargo, luego remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Promiscuo Municipal de Ca\u00f1asgordas, autoridad que tras \u00abconsiderarse no competente\u00bb, lo devolvi\u00f3 al remitente proponiendo conflicto negativo, que resolvi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, asignando el asunto al estrado accionado (27 jul. 2020). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que este, \u00abaprob\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 0067 de 26 de noviembre de 2019\u00bb (9 nov. 2020), ante lo cual solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n de las diligencias \u00abpara continuar con los tr\u00e1mites administrativos\u00bb, empero se le dijo que \u00aben raz\u00f3n del Decreto Ley 806 de 2020, no reposa expediente f\u00edsico, sino digital y por lo cual la juez en cumplimiento de dicho decreto que ordena la remisi\u00f3n de expedientes digitales, no autoriza la impresi\u00f3n de un expediente o providencias digitales, para su remisi\u00f3n en f\u00edsico\u00bb, por lo que reiter\u00f3 su pedimento ante la \u00abnecesidad de presentar a la menor al Comit\u00e9 de Adopciones, adem\u00e1s la exigencia es enviar el expediente original a efectos de reserva del mismo\u00bb, empero se le inform\u00f3 que \u00abno se accede a la solicitud de remisi\u00f3n de un expediente por medio f\u00edsico, por ir en contrav\u00eda del Decreto 806 de 2020, por tanto al haberse remitido el expediente de manera digital, las actuaciones se presumen aut\u00e9nticas y no podr\u00e1n desconocerse siempre que provengan del correo electr\u00f3nico oficial de la autoridad judicial\u00bb (17 nov. 2020), y pese a que insisti\u00f3 en varias ocasiones, se le indic\u00f3 que \u00abdeber\u00eda estarse a lo resuelto\u00bb (15 dic.). <\/p>\n
Sostuvo que tal \u00abpostura\u00bb afect\u00f3 las prerrogativas esenciales de la menor, toda vez que \u00abel asunto fue remitido en f\u00edsico al juzgado y no le ha sido devuelto de la misma manera, lo que se torna obligatorio para continuar con la adopci\u00f3n adem\u00e1s el expediente debe estar bajo la custodia de la Defensor\u00eda de Familia, custodia que s\u00f3lo de manera temporal se conf\u00edo a la jurisdicci\u00f3n de Familia para que se efectuara la correspondiente revisi\u00f3n y lo devolviera a su lugar de origen, lo cual no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el amparo\u00bb pues \u00abest\u00e1 prohibido por el inferior desacatar las decisiones del superior, en este caso el juzgado conoce en \u00fanica instancia como superior la homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad proferida por la accionante, por tanto no puede interponer una acci\u00f3n de tutela con el fin de desacatar la decisi\u00f3n de su superior (\u2026) tambi\u00e9n por falta del requisito de subsidiariedad, por cuanto no se interpuso recurso de reposici\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n atacada (\u2026) adem\u00e1s no hay ninguna vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la menor por parte del juzgado, por cuanto a la fecha el expediente digital fue remitido desde el 9 de noviembre de 2020 en cumplimiento del art. 11 del Decreto \u2013 Ley 806 de 2020, aplicable inmediatamente por tratarse de una norma procesal seg\u00fan el art. 624 del CGP, que modific\u00f3 el art. 40 de la Ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
El Promiscuo Municipal de Ca\u00f1asgordas requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que \u00absi bien recibi\u00f3 del accionado el proceso de homologaci\u00f3n dentro del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la menor, (\u2026), mediante auto del 10 de marzo de 2020 no se aceptaron tales planteamientos y se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente a ese despacho con la proposici\u00f3n del conflicto negativo de competencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El Procurador 17 Judicial II de Infancia Adolescencia Familia y Mujeres adujo que le asiste raz\u00f3n a la querellante, ya que \u00abse advierte un exceso de ritualidad por parte de la juzgadora, que afecta la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la peque\u00f1a de tres a\u00f1os, ya que la raz\u00f3n esgrimida para no devolver el expediente la justifica en lo preceptuado en el Decreto – Ley 806 de 2020, desbordando la propia interpretaci\u00f3n normativa, en la cual en ninguna parte se se\u00f1ala la imposibilidad de devolver un proceso y el tr\u00e1mite de la juez s\u00f3lo se circunscribi\u00f3 a homologar o no la decisi\u00f3n de adoptabilidad emitida por la accionante, en el que no existe presencialidad alguna, pues su an\u00e1lisis versa sobre asuntos del resorte administrativo, por tanto no se encuentra raz\u00f3n que justifique que se lleve varios meses sin proceder a la devoluci\u00f3n del expediente, pese al insistente ruego de la actora para proseguir el tr\u00e1mite administrativo que legalmente compete\u00bb. <\/p>\n
La Subdirectora de Adopciones y la Secretaria del Comit\u00e9 de Adopciones \u2013 Grupo Protecci\u00f3n de la Regional de Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 I.C.B.F., precisaron que \u00abes necesario el expediente original, debido a que con posterioridad a la asignaci\u00f3n de una familia id\u00f3nea adoptante, se inicia la fase judicial de este proceso, que comienza con la presentaci\u00f3n de la demanda de adopci\u00f3n, en la que se debe dar cumplimiento a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 124 de la Ley 1098 de 2006, por lo que se necesita de las diligencias para el restablecimiento de los derechos que hoy se reclaman en favor de la peque\u00f1a declarada en adoptabilidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el amparo luego de advertir que \u00abqued\u00f3 acreditado que desde el 11 de noviembre de 2020 la actora ha venido solicitando incansablemente la devoluci\u00f3n del expediente f\u00edsico del proceso administrativo de restablecimiento de los derechos adelantados en favor de la ni\u00f1a, que mediante auto del 27 de noviembre de 2019 dispuso enviar, de manera f\u00edsica, para que se surtiera el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n que declar\u00f3 su adoptabilidad y que se precisa recibir de la misma manera, es decir, en original y completo para que se pueda presentar el proceso administrativo de restablecimiento de los derechos de la ni\u00f1a en el Comit\u00e9 de Adopciones y se restablezca su derecho a tener una familia a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n y los documentos originales del informe integral, el auto administrativo o judicial que la declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad, el registro civil con la anotaci\u00f3n en el Libro de Varios respectivo, entre otros, como las fotograf\u00edas e incluso, su historia m\u00e9dica, son documentos que deben ser revisados y analizados por la familia adoptante seleccionada para la aceptaci\u00f3n de su asignaci\u00f3n, m\u00e1xime que las piezas procesales que lo integran, por la naturaleza del asunto, gozan de reserva legal y el hecho de que el tr\u00e1mite administrativo eventualmente pueda continuarse de manera virtual, no es raz\u00f3n suficiente para que la accionada se niegue a devolverlo, sin fundamento legal s\u00f3lido, por cuanto su competencia ces\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia que dict\u00f3 el 9 de noviembre de 2020 y la custodia del mismo debe reposar en cabeza del competente para adelantar el diligenciamiento respectivo, por lo que debe regresar en la misma forma en que se remiti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En derivaci\u00f3n, orden\u00f3 al juzgado confutado \u00aben el t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n [del] fallo se pronuncie de fondo sobre las solicitudes que desde el 11 de noviembre de 2020 ha venido presentando la Defensora de Familia en inter\u00e9s de la menor, encaminadas a que se disponga el env\u00edo del expediente f\u00edsico del proceso administrativo que dio lugar a esta acci\u00f3n y en el mismo t\u00e9rmino proceda con su env\u00edo efectivo\u00bb. <\/p>\n
La funcionaria increpada contradijo el veredicto con los mismos argumentos de su contestaci\u00f3n y agreg\u00f3 que \u00abpreocupa que por v\u00eda del fallo de tutela que se impugna, las Defensor\u00edas de Familia opten por abandonar su obligaci\u00f3n legal de restablecer los derechos de los menores en aplicaci\u00f3n de la Ley 1098 de 2006, bajo el simple argumento de que los expedientes les son remitidos \u00edntegramente de manera digital en los t\u00e9rminos del art. 11 del Decreto Ley 806 de 2020, aplicable inmediatamente por tratarse de una norma procesal seg\u00fan el art. 624 del CGP, que modific\u00f3 el art. 40 de la Ley 153 de 1887\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Muy pronto surge la necesidad de avalar la sentencia opugnada, y para ello vale la pena aclarar que, pese a que la Defensora de Familia no interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la providencia que \u00abno accedi\u00f3 a la remisi\u00f3n del expediente por medio f\u00edsico\u00bb, a pesar de que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n era viable para cuestionarla, tal omisi\u00f3n debe superarse ante la evidente infracci\u00f3n de privilegios superlativos, que involucran a una menor de edad. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]xisten circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso \u2026\u201d (STC5062-2021). <\/p>\n
2.- De otra parte, esta Sala ha resaltado la obligaci\u00f3n de implementar herramientas vinculadas con el consumo y transmisi\u00f3n de la informaci\u00f3n; m\u00e9todos que se han denominado, Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones \u2013 TIC., para avanzar en todo el desarrollo humano, especialmente en educaci\u00f3n, acceso a la justicia y en progreso tecnol\u00f3gico y que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico tiene origen en el art\u00edculo 95 de la Ley 270 de 1996, en el cual se estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de avanzada al servicio de la administraci\u00f3n de justicia. Esta acci\u00f3n se enfocar\u00e1 principalmente a mejorar la pr\u00e1ctica de las pruebas, la formaci\u00f3n, conservaci\u00f3n y reproducci\u00f3n de los expedientes, la comunicaci\u00f3n entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de informaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLos juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podr\u00e1n utilizar cualesquier medios t\u00e9cnicos, electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos, para el cumplimiento de sus funciones\u201d. <\/p>\n
\u201cLos documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozar\u00e1n de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales\u201d. <\/p>\n
\u201cLos procesos que se tramiten con soporte inform\u00e1tico garantizar\u00e1n la identificaci\u00f3n y el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional por el \u00f3rgano que la ejerce, as\u00ed como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de car\u00e1cter personal que contengan en los t\u00e9rminos que establezca la ley\u201d. <\/p>\n
Lo cual constituye un desarrollo de la Ley Modelo sobre Comercio Electr\u00f3nico aprobada por las Naciones Unidas, en la 85\u00aa sesi\u00f3n plenaria de 16 de diciembre de 1996, redactada por la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en que se forjaron los principios fundamentales de \u00abno discriminaci\u00f3n, neutralidad y equivalencia funcional\u00bb, respecto de los medios t\u00e9cnicos y la informaci\u00f3n all\u00ed contenida o recopilada. Al respecto, ese organismo defini\u00f3 tales principios, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El principio de la no discriminaci\u00f3n asegura que no se denegar\u00e1n a un documento sus efectos jur\u00eddicos, su validez o su ejecutabilidad por la \u00fanica raz\u00f3n de que figure en formato electr\u00f3nico. El principio de la neutralidad respecto de los medios t\u00e9cnicos obliga a adoptar disposiciones cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnolog\u00eda empleada. Ante la r\u00e1pida evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, el objetivo de las reglas neutrales es dar cabida a toda novedad que se produzca en el futuro sin necesidad de emprender una labor legislativa. En el principio de la equivalencia funcional se establecen los criterios conforme a los cuales las comunicaciones electr\u00f3nicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ello encaminado a \u00abtransformar una administraci\u00f3n de justicia edificada en el consumo del papel que aniquila bosques, y soportada en la tramitolog\u00eda hacia la gestaci\u00f3n de una justicia digital relacionada con los derechos y deberes alrededor del ciberespacio y a la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas electr\u00f3nicas para una soluci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil de las demandas de protecci\u00f3n de derechos subjetivos\u00bb (STC11279-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, menester era otorgar el ruego como en efecto acaeci\u00f3, porque la funcionaria convocada desconoci\u00f3 el deber de actuar arm\u00f3nica y solidariamente con las autoridades administrativas en pro de la efectiva prestaci\u00f3n del servicio que demanden los usuarios, m\u00e1xime que en este caso se encuentra involucrada una ni\u00f1a de escasos tres a\u00f1os, cuyas garant\u00e1is deben ser objeto de atenci\u00f3n y ayuda inmediata por la familia, la sociedad y el Estado (art\u00edculos 8 y 9 de la Ley 1098 de 2006), lo cual deriva en la eliminaci\u00f3n de cuanto obst\u00e1culo trate de impedir o retrasar su goce efectivo. <\/p>\n
3.- Por ende, sin necesidad de argumentos adicionales se ratificar\u00e1 el fallo combatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: CONFIRMAR la sentencia impugnada. <\/p>\n
Informar a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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