STC6594-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6594-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01568-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Emiro Zorro L\u00f3pez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, dignidad, trabajo, m\u00ednimo vital, igualdad y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdeclarar sin efecto\u2026 la sentencia de casaci\u00f3n SP 283-2020\u00bb; y \u00abtomar las decisiones pro homine y pro persona, que en el marco jur\u00eddico del derecho convencional, constitucional en derecho correspondan\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Emiro Zorro L\u00f3pez, Carlos Alberto Figueredo Morales y Marco Lino Su\u00e1rez Torres, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso profiri\u00f3 sentencia el 19 de septiembre de 2017, en la que, entre otras cosas, absolvi\u00f3 a Zorro L\u00f3pez de la comisi\u00f3n del delito de peculado por apropiaci\u00f3n y lo conden\u00f3 por el de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 28 de septiembre de 2018 el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo la confirm\u00f3. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n, pero en prove\u00eddo de 14 de abril de 2021 fue inadmitida la demanda presentada por Emiro Zorro L\u00f3pez y modificada la condena de Carlos Alberto Figueredo Morales por encontrarse prescrito el delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que fue condenado pese a que se encontraba prescrita la acci\u00f3n penal, lo cual no fue objeto de estudio; que se incurri\u00f3 en defecto procedimental; que no se estudi\u00f3 la prescripci\u00f3n de cara al delito, a la fecha de suscripci\u00f3n del convenio para la construcci\u00f3n de obra y a la pena prevista para el efecto. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la conducta le fue endilgada ocurri\u00f3 en 2003, por lo que los 6 a\u00f1os se cumpl\u00edan en 2020, es decir, oper\u00f3 el fen\u00f3meno antes de la ejecutoria de la inadmisi\u00f3n de la demanda; que se configur\u00f3 una nulidad insaneable que no fue decretada; y que la sentencia de primera instancia no qued\u00f3 ejecutoriada. <\/p>\n
2.5. Adujo que en casaci\u00f3n no fueron subsanadas las arbitrariedades presentadas; que se dio una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; que se desconocieron los precedentes horizontales; que se viol\u00f3 la Constituci\u00f3n; y que incurri\u00f3 en una evidente v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo inform\u00f3 que en 2019 remiti\u00f3 el expediente criticado a la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso refiri\u00f3 que el 19 de septiembre de 2017 profiri\u00f3 sentencia condenatoria y que en febrero de 2018 envi\u00f3 el proceso al ad-quem con miras a que se surtiera la alzada impetrada. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en la providencia de 14 de abril de 2021 se abord\u00f3 de oficio el tema de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n respecto de Carlos Alberto Figueredo Morales; que la Corporaci\u00f3n acusada efectu\u00f3 un estudio a profundidad y motivado de la sentencia; que el 5 de mayo de 2021 nuevamente la Corte se pronunci\u00f3 frente a la mencionada prescripci\u00f3n; que la tutela no se encontraba instituida para retomar temas que debieron ser debatidos y controvertidos en las instancias procesales correspondientes, menos cuando se estudio el asunto en debida forma, acorde a las normas procesales; y que el gestor bien pudo alegar la configuraci\u00f3n de dicho fen\u00f3meno en las instancias o a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso de estudio, se anticipa la improcedencia del resguardo, por cuanto el inconforme acudi\u00f3 a la presente solicitud sin agotar previamente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n con miras a exponer sus inconformidades, esto es, la configuraci\u00f3n de la prescrici\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
En efecto, se advierte que el accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer la aludida acci\u00f3n, acorde con la causal segunda, a saber, \u00ab[c]uando se hubiere dictado sentencia condenatoria\u2026 en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb (preceptos 220 de la Ley 600 de 2000 y 192 de la Ley 906 de 2004), lo cual configura el motivo de improcedencia establecido en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
1.- Desde el p\u00f3rtico se advierte la improcedencia del amparo instado por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, comoquiera que el actor cuenta con un medio de defensa id\u00f3neo, esto es, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual puede exponer el reparo que trae a esta senda excepcional. <\/p>\n
2.- Y es que la v\u00eda jur\u00eddica mencionada resulta pertinente teniendo en cuenta que la espec\u00edfica censura formulada por\u2026 Ocampo Mar\u00edn es la falta de declaraci\u00f3n de oficio de la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb en el juicio criminal que se adelant\u00f3 en su contra por el punible de \u00abextorci\u00f3n agravada en grado de tentativa\u00bb, figura que, seg\u00fan sus particulares c\u00e1lculos, habr\u00eda operado el \u00ab26 de julio de 2019\u00bb, es decir, con anterioridad a la providencia expedida por la Sala Penal de esta Colegiatura (1 jul. 2020), que resolvi\u00f3 la \u00abimpugnaci\u00f3n especial\u00bb interpuesta por frente al fallo \u00abcondenatorio\u00bb de segundo nivel. <\/p>\n
Teniendo en cuenta el instituto procesal invocado que devendr\u00eda en la extinci\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n penal\u00bb, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) remite al art\u00edculo 192 que enlista las \u00abcausales de procedencia del recurso de revisi\u00f3n\u00bb, que en su numeral 2\u00ba prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Acerca de la viabilidad del referido instrumento, la sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: <\/p>\n
La acci\u00f3n de revisi\u00f3n es un mecanismo adjetivo de control que se concreta a trav\u00e9s de un proceso judicial independiente, el cual, excepciona por voluntad del legislador los efectos de cosa juzgada y la presunci\u00f3n de legalidad de una decisi\u00f3n jurisdiccional ejecutoriada acusada de ser injusta, n\u00edtidamente alejada de la verdad real e hist\u00f3rica que contraviene los fines de una recta administraci\u00f3n de justicia, para, en su lugar, emitir una nueva y conseguir la justicia en el caso particular (CSJ SP, 31 oct. 2012, rad. 28476). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, cuando existe la posibilidad de incoar el \u00abrecurso de revisi\u00f3n\u00bb, esta Sala ha dispuesto que, <\/p>\n
[e]n cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos (STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
Ello, en virtud a que, <\/p>\n
[e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional (CSJ STC7966-2018, reiterado en STC10541-2018) (CSJ STC8109-2020, 2 oct., rad. 2020-02433-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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