STC6598-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6598-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01663-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Narsito Molina Sarmiento y Carlos Morales Sarmiento contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, vida digna, \u00abprotecci\u00f3n especial a personas v\u00edctimas del conflicto armado interno\u2026 y\u2026 a la posesi\u00f3n y propiedad privada\u00bb, que dicen vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicitaron, en consecuencia, se le ordene a los accionados \u00abse abstengan de practicar la diligencia de entrega del inmueble Tarapac\u00e1, fijada para el\u2026 26 de mayo de 2021\u2026, hasta tanto se haga el desenglobe del predio referido, del de mayor extensi\u00f3n Las Cumbres, el cual quedar\u00eda con 345 hect\u00e1reas\u2026\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas present\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras en nombre de Julio Martin Suaza S\u00e1nchez, tr\u00e1mite en el que el juzgador reconoci\u00f3 como opositores a Silvestre, Narsito Molina Sarmiento y Carlos Morales Sarmiento. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, en sentencia de 20 de septiembre de 2018, entre otras cosas, reconoci\u00f3 el derecho de restituci\u00f3n del demandante, declar\u00f3 infundada la oposici\u00f3n formulada, dispuso un estudio de caracterizaci\u00f3n y le orden\u00f3 a los opositores la entrega del inmueble. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que el predio Las Cumbres fue adquirido por sus padres a trav\u00e9s de compras realizadas entre 1961 y 1986; y que dichos inmuebles se fusionaron hasta hacer un predio de mayor extensi\u00f3n de 365 hect\u00e1reas y 4150 metros. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que en 1987 Silvestre Molina Bermudez (q.e.p.d), pose\u00eda el referido predio, el que fue invadido violentamente por un grupo de personas, al parecer por \u00f3rdenes del ELN, entre estas, Julio Martin Suaza Sanchez y Maria De Los Santos Ceballos De Palmera, a quienes su padre les ofreci\u00f3 $10.000 para que desocuparan el bien; que Suaza Sanchez manifest\u00f3 en su declaracion que encontr\u00f3 el predio cercado, pero como el poseedor no ten\u00eda t\u00edtulos, solicit\u00f3 su adjudicaci\u00f3n al INCORA, entidad que accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.5. Refirieron que en junio de 2001 su padre le compr\u00f3 a Silvestre Molina Bermudez el prenotado inmueble a la suma de $60.000.000, el que ten\u00eda una extensi\u00f3n de 600 hect\u00e1reas aproximadamente y respecto del que han venido pagando impuestos prediales al Municipio de El Copey \u2013 Cesar. <\/p>\n
2.6. Sostuvieron que el inmueble que reclamaba Julio Martin Suaza S\u00e1nchez, que tiene programada la entrega el 26 de mayo de 2021, contaba con un \u00e1rea de 20 hect\u00e1reas y 5706 metros, conforme con la Resoluci\u00f3n de Adjudicaci\u00f3n del INCORA N\u00b0 1225 de 1991; que dicho bien se encontraba en el predio Las Cumbres, el que ten\u00eda una extensi\u00f3n de 365 hect\u00e1reas y 4150 metros, de acuerdo con la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, sobre el que han tenido la posesi\u00f3n desde que nacieron. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que para la entrega del predio Tarapac\u00e1 no era necesario desalojar a todas las personas que ocupan el predio Las Cumbres, sino hacer el desenglobe de las 20 hect\u00e1reas y 5706 metros, respetando la propiedad y posesi\u00f3n del excedente del predio que seria de 345 hect\u00e1reas, las que quedar\u00edan en posesi\u00f3n de su propietario Narsito Molina Sarmiento y sus hermanos. <\/p>\n
2.8. Afirmaron que eran v\u00edctimas del conflicto armado interno, que se encontraban inscritos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas con sus familias, pero no han recibido la protecci\u00f3n ni beneficios; y que su m\u00ednimo vital y el de sus familias se deriva del predio Las Cumbres, en el cual tienen peque\u00f1a ganader\u00eda, cr\u00edas de cabras, gallinas y cultivos de ma\u00edz y yuca. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que en auto de 24 de mayo de 2021 suspendi\u00f3 la diligencia programada para el 26 de mayo siguiente ante la falta de condiciones y seguridad para realizar desplazamientos teniendo en cuenta las marchas que se presentaban en el pa\u00eds; que admiti\u00f3 e instruy\u00f3 la acci\u00f3n, agotando las etapas correspondientes; que no ha conculcado derecho fundamental alguno, pues ha brindado las garant\u00edas necesarias para que se proceda a la entrega voluntaria del predio; que convoc\u00f3 a las partes para celebrar una audiencia preparatoria con miras a arribar a decisiones consensuadas sobre la fecha de la diligencia, en donde acordaron que se efectuar\u00eda a los dos meses, empero, por causas ajenas se ha ido aplazando; que para la entrega se deb\u00eda remitir a la sentencia proferida y ce\u00f1irse a la misma; que en ning\u00fan momento ha efectuado pronunciamiento que exceda la orden impartida; que el tr\u00e1mite se encontraba ajustado a las disposiciones legales; que esta era la tercera tutela que se interpon\u00eda, en la primera se pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la diligencia hasta que se realizara la caracterizaci\u00f3n y en la segunda hasta que se resolviera una denuncia penal en tr\u00e1mite; y que era palmaria la actitud dilatoria de los accionantes, pues en diversas oportunidades y con distintos argumentos pretend\u00edan entorpecer la entrega del predio Tapaca. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar refiri\u00f3 que exist\u00eda una carencia actual de objeto, pues la diligencia hab\u00eda sido aplazada, fij\u00e1ndose como nueva data el 7 de julio del 2021, en virtud de la petici\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional por la situaci\u00f3n de orden p\u00fablico que viv\u00eda el pa\u00eds; que la solicitud de desenglobe deb\u00eda ser ordenada directamente por el despacho acusado, empero, la misma carec\u00eda de actualidad por hacer referencia a un fallo de 2018; que los accionantes contaban con otros mecanismos de defensa, tal como, el recurso de revisi\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia; que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; que la sentencia se expidi\u00f3 conforme a las pruebas recaudadas; que el juzgador no pod\u00eda apartarse de la orden impuesta; y que no era dable suspender la entrega de un predio por estar pendientes los derechos de segundos ocupantes. <\/p>\n
3. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que la restituci\u00f3n material del inmueble Tarapaca deb\u00eda surtirse \u00fanicamente por parte de los accionantes, aclar\u00e1ndose que \u00aben modo alguno, la diligencia de entrega del fundo restituido implicar\u00e1 el desalojo de la totalidad de las personas que habitan en el predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u2018Las Cumbres\u2019\u00bb como erradamente lo interpretaban los actores; que contaban con mecanismos propios para deprecar el desenglobe del predio, conforme con el art\u00edculo 102 de la Ley 1448 de 2011 o a trav\u00e9s de la figura de modulaci\u00f3n de sentencia, sin que los accionantes hubiesen recurrido a ello; que la referida entrega no se encontraba sujeta a condici\u00f3n alguna; que llamaba la atenci\u00f3n que el inmueble Tarapac\u00e1 contaba con folio de matr\u00edcula inmobiliaria individual; que en prove\u00eddo de 12 de diciembre de 2019 se declar\u00f3 no acreditada la calidad de segundos ocupantes de los promotores; que no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; y que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes de la Caja Agraria en liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no se le endilgaba responsabilidad alguna por acci\u00f3n u omisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Central de Inversiones S.A. refiri\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que todas sus actuaciones se ejercieron conforme a la ley; y que deprecaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
6. La Agencia Nacional de Tierras se\u00f1al\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues los hechos denunciados no versaban sobre acciones u omisiones que hubiese realizado, por lo que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, se anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, toda vez que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por los accionantes Narsito Molina Sarmiento y Carlos Morales Sarmiento, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad esta Sala, al resolver la tutela primigenia formulada por los gestores, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En el sub-lite no se satisface el precitado supuesto, circunstancia que impide el examen de fondo pretendido, por cuanto es evidente que los censores acuden a este remedio excepcional sin haber agotado los comunes a su alcance, en cuanto ninguna reclamaci\u00f3n le han hecho al Juez Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar en torno la fijaci\u00f3n del 12 de los corrientes para llevar a cabo la diligencia del lote \u201cTarapac\u00e1\u201d; por el contrario, seg\u00fan el mismo informa, \u201cluego de celebrada la audiencia de alistamiento de fecha 4 de julio de 2019, las partes acordaron que la entrega del predio se har\u00eda de manera voluntaria dentro del t\u00e9rmino de dos meses contados a partir de la fecha, por lo que se procedi\u00f3 a se\u00f1alar mediante auto separado el d\u00eda 12 de septiembre de 2019 para tales efectos\u201d, sin que ello quedara condicionado a la \u201ccaracterizaci\u00f3n\u201d ahora extra\u00f1ada. <\/p>\n
Ergo, mal pueden ahora acudir inopinadamente a este instrumento, achac\u00e1ndole al estrado llamado trasgredir sus privilegios esenciales, cuando ninguna manifestaci\u00f3n le han hecho al respecto, sino que por el contrario concertaron con \u00e9l y su contraparte la devoluci\u00f3n voluntaria, y asignada calenda para el efecto tampoco protestaron. <\/p>\n
Incluso si se asumiera que esperaron prudentemente y hasta \u00faltima hora que se efectuara la \u201ccaracterizaci\u00f3n\u201d que anhelan, ello no obsta para que, en todo caso, de manera primaria expongan al fallador encargado las razones que ahora traen para que, de encontrarlo procedente, \u00e9ste adopte las medidas de recibo. <\/p>\n
Lo anterior, m\u00e1xime que no podr\u00eda por este mecanismo patrocinarse la dilaci\u00f3n de la diligencia, siendo que ya han pasado m\u00e1s de once meses desde la orden de restituci\u00f3n y que en STC037-2019, refiri\u00e9ndose en una demora de dos a\u00f1os para tal fin, esta Sala predic\u00f3: (\u2026) tardanza que adem\u00e1s de contravenir el citado canon 100, desconoce los principios orientadores de la restituci\u00f3n regulada por tal normatividad, cuyo prop\u00f3sito se enfila al restablecimiento integral y pleno de las garant\u00edas de los sujetos v\u00edctimas, quienes deben ser devueltos, en la medida de lo posible y a la mayor brevedad, a la situaci\u00f3n en la cual se hallaban antes de ser despojados forzosamente de sus heredades. <\/p>\n
Cabe agregar que no se observa un perjuicio irremediable, comoquiera que pese a que los gestores alegan que obtienen su manutenci\u00f3n del fundo \u201cTarapac\u00e1\u201d, reconocen que el mismo hace parte de \u201cLas Cumbres\u201d de m\u00e1s de 193 ha., que tambi\u00e9n ocupan, en tanto que el Tribunal indica que aquel tiene 20 ha. Adicionalmente, el auxilio no fue deprecado contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas\u2026 (Resaltado fuera de texto, CSJ STC12038-2019, 6 sep. 2019, rad. 2019-02773-00). <\/p>\n
Posteriormente, con ocasi\u00f3n de otra solicitud de resguardo con la que se pretend\u00eda la suspensi\u00f3n de la prenotada diligencia ante la presentaci\u00f3n de una denuncia penal, se se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026bien pronto se advierte que el ruego no puede salir avante, pues la diligencia objetada es el resultado de las directriz impartida por el Tribunal de Cartagena en aquella ocasi\u00f3n, en la que dispuso, entre otras cosas, \u00abproteger el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras abandonadas y despojadas a causa del conflicto armado interno al se\u00f1or Julio Mart\u00edn Suaza S\u00e1nchez al momento del desplazamiento del predio denominado \u2018Tarapac\u00e1\u2019\u00bb, y \u00abdeclarar infundada la oposici\u00f3n presentada\u00bb por los censores; decisi\u00f3n que valga decirlo, se adopt\u00f3 luego de escuchar sus alegaciones y practicar los medios de convicci\u00f3n que pidieron. <\/p>\n
Significa que lo confutado es fruto de una determinaci\u00f3n que se profiri\u00f3 con respeto a su debido proceso; de all\u00ed, que los cobije y, por ende, est\u00e9n obligados a acatarla. Por eso, se ha dicho que esta herramienta (\u2026) no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01; reiterada en STC, 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01, STC16044-2019, STC034-2020). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, a Molina y Morales Sarmiento no les queda opci\u00f3n distinta a la de acatar lo all\u00ed mandado, es decir, \u00abentregar el inmueble\u00bb\u2026 <\/p>\n
Por otra parte, no hay que olvidar que para lograr que una resoluci\u00f3n judicial, como la expedida por la Sala de Tierras de Cartagena, pierda eficacia, debe destruirse la cosa juzgada de la que est\u00e1 dotada, fin para el cual el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011 previ\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n. Entonces, como los precursores tuvieron o tienen a su alcance ese remedio para impedir que la \u00absentencia de 10 de septiembre de 2018\u00bb se materialice, no es factible que a trav\u00e9s de esta senda la detengan. Recu\u00e9rdese que a ella solo puede acudirse una vez se hayan agotado todos los instrumentos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico para conjurar la lesi\u00f3n invocada, de modo que, no queda al antojo del impulsor acudir a ellos o a esta v\u00eda con ese fin\u2026 <\/p>\n
De suerte que la supuesta \u00abdenuncia penal contra Julio Mart\u00edn Suaza S\u00e1nchez y Mar\u00eda de los Santos Ceballos de Palmera por los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal\u00bb, contrario a lo aducido por los querellantes, no afecta el cumplimiento de la \u00aborden\u00bb de \u00abentrega del predio Tarapac\u00e1\u00bb a favor de Suaza S\u00e1nchez y de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Y aunque a trav\u00e9s de este camino tambi\u00e9n sea viable obtener la invalidaci\u00f3n de \u00absentencias\u00bb, cuando ellas constituyen v\u00eda de hecho, en este caso no hay lugar a que ese estudio se realice, porque adem\u00e1s que los promotores no controvierten la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb decretada porque sea arbitraria o caprichosa sino por la existencia de la \u00abdenuncia penal\u00bb, desde su proferimiento, en septiembre de 2018, hasta la presentaci\u00f3n del auxilio -marzo de 2020-, transcurrieron m\u00e1s de los seis meses que esta Corporaci\u00f3n ha estimado como razonables para su interposici\u00f3n, sin que nada justifique tal tardanza, si en cuenta se tiene que a pesar de haber tenido la oportunidad de protestar contra lo decidido, no lo hicieron en su momento. <\/p>\n
S\u00famese que la referida Magistratura descart\u00f3 en prove\u00eddos de 12 de diciembre de 2019 y 10 de marzo de 2020 que a ra\u00edz de la \u00abentrega\u00bb el m\u00ednimo vital de los libelistas estuviese comprometido, al desestimar su calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb (fls. 113 a 121) (CSJ STC3444-2020, 19 may. 2020, rad. 2020-00742-00). <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6598-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6598-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01663-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Narsito Molina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}