STC6603-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6603-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00333-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de mayo del 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andrea Milena Higuera Medina en nombre propio y en representaci\u00f3n de los menores XXX y YYY contra el Juzgado Quinto de Familia de la misma ciudad, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, y, Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \u00abinter\u00e9s superior de los menores\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abpercibir de su progenitor alimentos conforme su capacidad econ\u00f3mica\u00bb, al \u00absubsidio familia\u00bb, y, al \u00abrestablecimiento de derechos a la vivienda familiar\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, con las decisiones tomadas en el marco del proceso de medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar que promovi\u00f3 en contra de Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que desde antes de contraer matrimonio con el se\u00f1or Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n, \u00abse presentaron hechos de violencia [en su] contra (\u2026), los que se fueron agudizando en actos de violencia psicol\u00f3gica, f\u00edsica, econ\u00f3mica e intrafamiliar\u00bb pero que no denunci\u00f3 por \u00abtemor reverencial\u00bb, y, solo lo hizo como consecuencia de la violencia que padeci\u00f3 su primog\u00e9nito hijo, circunstancia que se acredita en los informes escolares y psicol\u00f3gicos de la Instituci\u00f3n Educativa Gimnasio Colombo Brit\u00e1nico y la propia entrevista del menor, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, no solo levant\u00f3 las medidas de protecci\u00f3n provisionales, sino que autoriz\u00f3 la residencia separada de los c\u00f3nyuges. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque el inmueble donde viv\u00eda ten\u00eda afectaci\u00f3n de vivienda familiar, en raz\u00f3n de las conductas de su esposo, quien adem\u00e1s, \u00abha defraudado la sociedad conyugal, (\u2026) ocultando contratos laborales, alzado bienes de la sociedad\u00bb sali\u00f3 de este junto con los ni\u00f1os; y, comoquiera que aqu\u00e9l incumpli\u00f3 con sus obligaciones para con los infantes, promovi\u00f3 el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1 ante los hechos de violencia \u00abecon\u00f3mica y patrimonial\u00bb decret\u00f3 \u00abmedidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
Indica por, una parte, que la autoridad administrativa \u00abinvisibilizo la violencia psicol\u00f3gica, patrimonial, hacia [ella], la violencia verbal y f\u00edsica hacia el menor NARH\u00bb, y por la otra, dio lugar a que el \u00abagresor\u00bb continuara controlando sus ingresos, propiedades, uso de los bienes, inclusive al punto de negarse entregar el subsidio familiar a que tienen derecho y a pagar los gastos educativos, lo que, asegura, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir que la autoridad administrativa en su decisi\u00f3n desconoci\u00f3 el dicho del menor de edad, en cuanto refiri\u00f3 actos de violencia en contra de su madre, luego \u00abincurre en indebida valoraci\u00f3n probatoria o defecto f\u00e1ctico por falta de valoraci\u00f3n de una prueba fundamental y, como consecuencia de esa situaci\u00f3n, expone a las v\u00edctimas a nuevos hechos de violencia, entre ellos, el verse expuestos a abandonar el hogar familiar, en la vivienda destinada y protegida con la limitaci\u00f3n al dominio justamente por destinarse a la protecci\u00f3n del grupo familiar, particularmente a los m\u00e1s vulnerables, los ni\u00f1os y quien ha sido violentada en la familia y por supuesto, las relaciones de poder se hacen manifiestas una vez m\u00e1s, cuando el c\u00f3nyuge seg\u00fan afirma la accionante, decide cambiar las guardas de la vivienda familiar\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior se\u00f1al\u00f3, que se inaplic\u00f3 la Ley 1257 de 2008, raz\u00f3n por la cual se \u00abdesconoci\u00f3 compromisos internacionales, adquiridos por Colombia al adoptar la \u201cConvenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u00bb, aprobada en Colombia con la Ley 51 de 1981, la Ley 248 de 1995, sobre aprobaci\u00f3n de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convenci\u00f3n de Belem Do Para\u00bb, entre cuyos principios est\u00e1 el de garantizar a la mujer el derecho a una vida libre de violencia, (Art. 3\u00ba), a la protecci\u00f3n en condiciones de igualdad diferencial como principio fundamental para el reconocimiento de la dignidad humana, derecho a la protecci\u00f3n de la familia, a la igualdad ante la ley y a un recurso judicial sencillo (Art. 4 literales b, e, f y j\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, tras \u00abDEJAR SIN EFECTO la decisi\u00f3n adoptada el 4 de julio de 2019\u00bb, orden\u00f3 a la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II, que en el t\u00e9rmino de 48 horas contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, \u00abcite a las partes a una audiencia en donde adopte una nueva decisi\u00f3n, teniendo en cuenta lo esbozado en la parte considerativa de esta sentencia, en especial el enfoque de g\u00e9nero de obligatoria aplicaci\u00f3n en todo tr\u00e1mite administrativo por violencia intrafamiliar\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la autoridad administrativa, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aunque literalmente el amparo constitucional incorpor\u00f3 a todas las mencionadas personas jur\u00eddicas, no cabe duda para la Sala que en lo tocante con la tutela presentada respecto del Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, nada concreto se expuso en el relato f\u00e1ctico en orden a explicitar los hechos o las omisiones respecto de dicha autoridad, en lo que ata\u00f1e a la situaci\u00f3n que constituye el detonante de la queja tutelar, pues, todo apunta a cuestionar puntualmente las actuaciones de la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II en el marco del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos y el ciudadano Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n con ocasi\u00f3n de las conductas de violencia intrafamiliar en contra de su c\u00f3nyuge y sus menores hijos. <\/p>\n
2. De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en torno a aquella autoridad judicial, no resulta jur\u00eddico enlazarla a este tr\u00e1mite; con otras palabras, no obstante describir los cargos por cuenta de los que se produjo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los aqu\u00ed actores, de ninguna manera le endilgan cargos directos al presunto accionado, por lo que se observa que la vinculaci\u00f3n del Juez aludido, es infundada, y por lo tanto su convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n
3. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017, \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, la gestora del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
4. En tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente involucran a la Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n II por las decisiones proferidas en el marco del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos por violencia intrafamiliar y Andr\u00e9s Reyes Orteg\u00f3n, el juez constitucional de primer grado carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 1\u00b0, inciso tercero del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 modificado por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021, vigente para la calenda en que se radic\u00f3 el amparo, pues, la competencia para conocer del presente caso en primera instancia, comoquiera que la Comisar\u00eda de Familia criticada se trata de una autoridad p\u00fablica del orden municipal, corresponde a los Juzgados Municipales de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha destacado, que \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC139-2020). <\/p>\n
5. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados de Familia de Bogot\u00e1 -reparto-, para su conocimiento. <\/p>\n
6. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en los decretos de reparto, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente digital a los Juzgados Municipales de Bogot\u00e1, reparto, para que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo a la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
TERCERO: Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dichas identidades <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6603-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC6603-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-00333-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54714\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}