STC6610-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6610-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01951-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el tres (3) de diciembre de 20201 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Edith Yolanda Sierra Carrillo contra la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Primero Laboral de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origina la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad privada, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y supremac\u00eda constitucional, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas en el proceso ordinario laboral que inco\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones \u00abColpensiones\u00bb, con la finalidad de obtener reconocimiento y pago de pensi\u00f3n de sobreviviente por fallecimiento de origen com\u00fan de su esposo (q.e.p.d.; rad. 2016-00136). <\/p>\n
Solicit\u00f3 dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida el 17 de abril de 2020, con que la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b02 de Casaci\u00f3n Laboral decidi\u00f3 no casar la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales de fecha 18 de julio de 2018. <\/p>\n
2. En sustento de sus pretensiones relat\u00f3 que: <\/p>\n
2.1. Contrajo matrimonio con Jos\u00e9 Heriberto Melo Calder\u00f3n, con quien convivi\u00f3 durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os, periodo en el cual procrearon una hija; adem\u00e1s producto de su trabajo profesional \u00e9l realiz\u00f3 cotizaciones al sistema de pensiones equivalentes a 632 semanas, antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993; pero el 2 de febrero de 2009 falleci\u00f3, causando a favor de la accionante derecho pensional como sobreviviente. <\/p>\n
2.2. En el a\u00f1o 2014 radic\u00f3 ante Colpensiones solicitud de reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente, la cual fue negada porque el causante no cotiz\u00f3 las 50 semanas exigidas en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la ocurrencia del siniestro como lo exige la ley 797 de 2003, pues su \u00faltimo aporte data de 1987, lo que indica que en los \u00faltimos 20 a\u00f1os de vida tampoco cotiz\u00f3 a dicho fondo; negativa que gener\u00f3 el juicio laboral incoado contra Colpensiones, pretendiendo que, por aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del que era beneficiario Melo Calder\u00f3n, se tuviera en cuenta las 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo que prev\u00e9 los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado con el decreto 758 de 1990. <\/p>\n
2.3. Sus pretensiones fueron desestimadas en primera y segunda instancia, al considerar que la legislaci\u00f3n aplicable a su petici\u00f3n era la vigente al momento de su solicitud, esto es, la ley 797 de 2003, no un r\u00e9gimen anterior ultractivo; por lo que frente a la determinaci\u00f3n de segunda instancia interpuso recurso de casaci\u00f3n, reiterado sus planteamientos, pero obtuvo decisi\u00f3n desfavorable. <\/p>\n
2.4. En consecuencia, se queja de que la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte incurri\u00f3 en defecto sustantivo, f\u00e1ctico, adjetivo y desconocimiento del precedente, pues interpret\u00f3 erradamente el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003, y en general todas las normas que rigen la pensi\u00f3n de sobrevivientes aplicables a su caso, pues le exigieron una densidad de semanas cotizadas referentes a la pensi\u00f3n de vejez, dejando de lado las normas por ella invocadas. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Manizales realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en segunda instancia, manifest\u00f3 que el 6 de octubre de 2020, por disposici\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente de marras a su juzgado de origen y cuestion\u00f3 la procedencia del resguardo pues la decisi\u00f3n criticada carece de yerros constitucionales que afecten su legalidad. <\/p>\n
2. Colpensiones aleg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple con los presupuestos que la tornen viable, desconoce los principios de cosa juzgada y subsidiariedad, porque agotadas las instancias ordinarias no se erige como una v\u00eda alterna para cuestionar un debate clausurado, agreg\u00f3 que no evidencia trasgresi\u00f3n de derechos fundamentales que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales expres\u00f3 que, conforme al acta de cierre del proceso liquidatorio de esta instituci\u00f3n, a Colpensiones corresponde responder los cuestionamientos de la tutela. <\/p>\n
4. La Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su pronunciamiento, reiter\u00f3 que la jurisprudencia laboral determin\u00f3 que el Tribunal Superior de Manizales no err\u00f3 al desatar el recurso de apelaci\u00f3n citado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo implorado, al considerar razonable la determinaci\u00f3n censurada, en virtud de que la demanda carec\u00eda de t\u00e9cnica, requisito inexorable por la naturaleza tuitiva del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, y en determinadas hip\u00f3tesis de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de un \u00abproceder ileg\u00edtimo [que] no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. n.\u00b0 2001-00183-01); y, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos para su procedencia. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto se advierte que la queja constitucional censura la interpretaci\u00f3n que la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n.\u00b0 2 dispens\u00f3 al plexo normativo aplicable a la accionante para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente por muerte de origen com\u00fan de su c\u00f3nyuge, al estar probado que \u00e9l fue beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993; pues aunque la Colegiatura accionada inicialmente cuestion\u00f3 las fallas t\u00e9cnicas de la demanda de casaci\u00f3n, finalmente emiti\u00f3 pronunciamiento sobre aquel aspecto. <\/p>\n
2.1. La pretensi\u00f3n pensional fue desestimada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia de 17 de abril de 2020, al estimar que a la peticionaria le era aplicable, en el mejor de los casos, el ordenamiento jur\u00eddico \u00abinmediatamente anterior\u00bb al vigente para el momento del fallecimiento de su consorte, sin poder emplear otro m\u00e1s a\u00f1ejo en tanto la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe tener l\u00edmite temporal, por cuanto: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al no dar aplicaci\u00f3n, en el marco del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, al Acuerdo 049 de 1990 para resolver la apelaci\u00f3n, pues, efectivamente, la norma vigente al momento del fallecimiento del causante era la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos aqu\u00e9l no acredit\u00f3, lo cual no controvierte la censura. <\/p>\n
Ello impone sostener el criterio jurisprudencial hasta ahora invariable, en el sentido de que no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica en las legislaciones anteriores al fallecimiento, como lo sostuvo el Colegiado, hasta acomodar el caso a la norma que mejor se avenga a cada caso particular o le resulte m\u00e1s favorable, como tambi\u00e9n lo aduce la r\u00e9plica. <\/p>\n
Efectivamente, en la sentencia CSJ SL4650-217, se expres\u00f3: <\/p>\n
Aplicaci\u00f3n de la normatividad inmediatamente precedente <\/p>\n
No es admisible aducir, como par\u00e1metro para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en alg\u00fan momento pret\u00e9rito en que se ha desarrollado la vinculaci\u00f3n de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regular\u00eda el caso. Es decir, el Juez no puede desplegar un ejercicio hist\u00f3rico, a fin de encontrar alguna otra legislaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la que haya precedido \u2013a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos \u00abplusultractivos\u00bb, que resquebraja el valor de la seguridad jur\u00eddica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642) (negrita del texto). <\/p>\n
Posici\u00f3n que se insisti\u00f3 en providencia CSJ SL3548-2018, en donde se razon\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, es criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n que el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la ley que se encuentra vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado. De ah\u00ed que, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el ad quem, la disposici\u00f3n que rige el asunto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumpli\u00f3 el causante dado que no cotiz\u00f3 50 semanas durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la censura persigue que el proceso se resuelva bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 25 del Acuerdo 049 de 1990, es preciso se\u00f1alar que no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del de cujus o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. <\/p>\n
Esa ha sido la postura de la Sala expuesta en reiteradas providencias, entre otras, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL3867-2017, CSJ SL17720-2017, CSJ SL 034-2018, CSJ SL149-2018 y CSJ SL353-2018. <\/p>\n
En ese orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos para la pensi\u00f3n de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990 como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el Tribunal no cometi\u00f3 los yerros endilgados, raz\u00f3n por la cual el recurso extraordinario no se encuentra llamado a la prosperidad. <\/p>\n
As\u00ed como, de manera uniforme, en las sentencias CSJ SL114-2019, CSJ SL1481-2019, CSJ SL1605-2019, CSJ SL2526-2019, CSJ SL2553-2019, CSJ SL3169-2019, CSJ SL3505-2019, entre otras. <\/p>\n
2.2. Esta argumentaci\u00f3n ri\u00f1e con las resoluciones del \u00f3rgano judicial l\u00edmite en materia constitucional en tanto, siendo ajeno a la discusi\u00f3n que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el de cujus cotiz\u00f3 632 semanas, superando las 300 que exige el Acuerdo 049 de 1990, en acatamiento al art\u00edculo 53 de la Carta Pol\u00edtica deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n a la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, que impon\u00eda acoger el r\u00e9gimen que para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes era m\u00e1s ben\u00e9fico para el usuario, en la medida en que la restricci\u00f3n aplicada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no se encuentra consagrada legalmente, como pasa a exponerse, seg\u00fan lo doctrin\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
Este Tribunal ha reconocido el alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, precisando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas leg\u00edtimas de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. As\u00ed, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, como es el caso del n\u00famero de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de \u00e9stos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada por el legislador, sin que se prevea un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, puede darse aplicaci\u00f3n a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que \u00e9ste sea m\u00e1s favorable al trabajador, para salvaguardar la expectativa leg\u00edtima de haber cumplido con los requisitos durante la vigencia de un r\u00e9gimen que habr\u00eda dado lugar al reconocimiento de una prestaci\u00f3n bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano accedi\u00f3 a un r\u00e9gimen pensional que le ofrec\u00eda unas garant\u00edas leg\u00edtimamente establecidas, y cumpli\u00f3 con la parte que, en principio, le correspond\u00eda. (Sentencia T-294 de 2017, en el mismo sentido T-584 de 2011, T-228 de 2014, T-401 de 2015, T-294 de 2017 y SU005 de 2018, entre otras). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, como la Ley 100 de 1993 no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, s\u00f3lo lo regul\u00f3 para la de vejez, la jurisprudencia constitucional, en desarrollo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa consagrado en la Carta Pol\u00edtica, dispuso que no obstante el deceso del cotizante ocurriera en vigor del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 o del canon 19 de la ley 797 de 2003, era necesario aplicar los art\u00edculos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando fuese acreditado que en vigencia de este cotiz\u00f3 para acceder a la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, criterio que acogi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hasta el a\u00f1o 2008, pero que abandon\u00f3 tras su nueva conformaci\u00f3n al presentar variaci\u00f3n de raciocinio, seg\u00fan el cual el citado principio solamente pod\u00eda actuar en relaci\u00f3n con la ley \u00abinmediatamente anterior\u00bb a la regente en la \u00e9poca de la muerte del afiliado. <\/p>\n
Tal mutaci\u00f3n jurisprudencial fue objeto de an\u00e1lisis por la Corte Constitucional, quien la estim\u00f3 contraria a los lineamientos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por no evidenciar \u00abmejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales\u00bb, por lo que doctrin\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) pueden surgir dudas sobre el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como extensi\u00f3n del principio de favorabilidad, en particular si se le interpreta de manera conjunta con otros principios constitucionales y legales. As\u00ed, por un lado, en virtud de los principios de legalidad de la legislaci\u00f3n laboral y de seguridad jur\u00eddica, podr\u00eda argumentarse que el mencionado principio de favorabilidad en su extensi\u00f3n a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe limitar su aplicaci\u00f3n en el tiempo solo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causarse la pensi\u00f3n. Pero tambi\u00e9n, con fundamento en otros principios constitucionales como el respeto de la confianza leg\u00edtima, solidaridad y buena fe (art\u00edculos 58 y 83 de la Constituci\u00f3n), puede entenderse que el alcance del principio de favorabilidad en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no limita su aplicaci\u00f3n en el tiempo a la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esto es, el r\u00e9gimen legal vigente al momento de la muerte del causante\u201d. <\/p>\n
Frente a estas dos interpretaciones, una menos restrictiva que la otra, considera la Corte que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada frente al principio constitucional de favorabilidad, previsto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, ser\u00e1 aquella que respete la \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. Como se aprecia, el principio de favorabilidad opera en caso de duda sobre la interpretaci\u00f3n de las \u201cfuentes formales del derecho\u201d, las cuales incluyen no solo las normas legales o infralegales, por lo que debe ser tomado en cuenta para determinar el sentido y alcance de las normas laborales de la propia Constituci\u00f3n. Por lo tanto, cuando una norma constitucional admita dos o m\u00e1s interpretaciones razonables, el int\u00e9rprete debe elegir aquella que sea m\u00e1s favorable al trabajador. De no hacerlo, incurrir\u00eda en violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n (\u2026), (Corte Constitucional, sentencia T-084\/17). <\/p>\n
As\u00ed mismo la Corte Constitucional estableci\u00f3 en sentencia SU-005 de 2018: <\/p>\n
(\u2026) 163. (iv) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de una forma que lejos de resultar constitucionalmente irrazonable es acorde con el Acto Legislativo 01 de 2005. Para dicha Corte, este principio no da lugar a la aplicaci\u00f3n ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 u otros reg\u00edmenes anteriores. Por tanto, el hecho de que el cotizante hubiese realizado aportes pensionales, por lo menos por el n\u00famero m\u00ednimo de semanas previsto en dicha normativa para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, sumado a la muerte del cotizante tras la expedici\u00f3n de la Ley 797 de 2003, no genera el derecho a recibir la pensi\u00f3n de sobrevivientes para el beneficiario. Esta regla, en todo caso, s\u00ed ha considerado la aplicaci\u00f3n ultractiva de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, para efectos del c\u00f3mputo de las semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n, \u00fanicamente en aquellos supuestos en los que la muerte del afiliado hubiese acaecido dentro de los 3 a\u00f1os posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003[97]. <\/p>\n
164. (v) No obstante, para la Corte Constitucional, la regla dispuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia s\u00ed resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es una persona vulnerable. En estos casos, los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 -hacer viable el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad para todos los cotizantes- tienen un menor peso en comparaci\u00f3n con la muy severa afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y vida en condiciones dignas de las personas vulnerables. Por tanto, solo respecto de estas personas resulta proporcionado interpretar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 \u2013o reg\u00edmenes anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotizaci\u00f3n, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, aunque el segundo requisito, la condici\u00f3n de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. Si bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los aportes del afiliado, bajo dicho r\u00e9gimen, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante, amerita protecci\u00f3n constitucional (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) verificadas las premisas de tal argumentaci\u00f3n, de cara a los pronunciamientos que al respecto ha emitido la Corte Constitucional, posible es advertir la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por la quejosa, pues del reporte de cotizaciones que a este tr\u00e1mite se aport\u00f3, se desprende que el afiliado, previo a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, logr\u00f3 cotizar las 300 semanas que el Acuerdo 049 de 1990 exig\u00eda para que se otorgara la pensi\u00f3n de sobreviviente a sus beneficiarios, disposici\u00f3n que debe aplic\u00e1rsele en consideraci\u00f3n al art\u00edculo 53 superior. <\/p>\n
3. Frente a la aplicaci\u00f3n de principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia de pensional, la Corte Constitucional en sentencia T-294 de 2017 explic\u00f3: <\/p>\n
Este Tribunal ha reconocido el alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, precisando que los trabajadores tienen derecho a que sus expectativas leg\u00edtimas de acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, vejez, o de sobrevivientes, sean protegidas por parte de las autoridades. As\u00ed, la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se predica en aquellos casos en que los ciudadanos han cumplido con uno de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, como es el caso del n\u00famero de semanas cotizadas, pero no con la totalidad de \u00e9stos, por ejemplo, el requisito de edad. En consecuencia, si la ley pensional es modificada por el legislador, sin que se prevea un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, puede darse aplicaci\u00f3n a la ley vigente al momento de las cotizaciones, en caso de que \u00e9ste sea m\u00e1s favorable al trabajador, para salvaguardar la expectativa leg\u00edtima de haber cumplido con los requisitos durante la vigencia de un r\u00e9gimen que habr\u00edan dado lugar al reconocimiento de una prestaci\u00f3n bajo el derecho a la seguridad social, ya que de buena fe el ciudadano accedi\u00f3 a un r\u00e9gimen pensional que le ofrec\u00eda unas garant\u00edas leg\u00edtimamente establecidas, y cumpli\u00f3 con la parte que, en principio, le correspond\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed, en vista de que la ley 100 de 1993 no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues s\u00f3lo se estableci\u00f3 para la de vejez, la Corte Constitucional, en desarrollo del principio al que se ha hecho alusi\u00f3n, estableci\u00f3 que a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del art\u00edculo 46 de la ley 100 de 1993 o del 19 de la 797 de 2003, necesario era aplicar el contenido de los art\u00edculos 25 y 6 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que el afiliado al sistema de seguridad social hubiese cumplido con las semanas exigidas por la \u00faltima de las codificaci\u00f3n mencionadas para acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n
Dicho criterio, seg\u00fan explic\u00f3 la Corte Constitucional, fue compartido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hasta el 2008, pues a partir de esa \u00e9poca se present\u00f3 una variaci\u00f3n en el racio[cinio] que hasta ese entonces hab\u00eda sostenido esta Corporaci\u00f3n, imponi\u00e9ndose, entonces, una restricci\u00f3n temporal a la aplicaci\u00f3n del principio, pues la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa solamente podr\u00eda predicarse de la ley inmediatamente anterior a la que se encontrara vigente al momento de la muerte del afiliado. <\/p>\n
Variaci\u00f3n jurisprudencial que, tras ser estudiada por la Corte Constitucional, se estim\u00f3 contraria a los preceptos de la Carta Pol\u00edtica, pues con ellas no se demostraba un mejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales. <\/p>\n
Al respecto dicha Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien la reciente interpretaci\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es plausible, la Sala no considera que cumpla el segundo requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para el cambio de precedente, es decir, que demuestre con suficiencia un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales analizados. <\/p>\n
(\u2026) En efecto, la Corte Constitucional determin\u00f3 que en virtud de la inexistencia de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y de los principios de buena fe, confianza leg\u00edtima y favorabilidad, es posible dar aplicaci\u00f3n a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realiz\u00f3 sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jur\u00eddica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
43. Para la Corte Constitucional resulta di\u00e1fano que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A su vez, el mismo garantiza la protecci\u00f3n de la expectativa leg\u00edtima de aquellos ciudadanos que, observando el r\u00e9gimen pensional vigente para la fecha de su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensi\u00f3n, o el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a sus familiares. <\/p>\n
(\u2026) Igualmente, la Sala considera que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impone un l\u00edmite temporal al funcionario judicial para determinar la norma m\u00e1s favorable al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cu\u00e1l norma ser\u00eda la m\u00e1s favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que \u00e9sta haya regulado su situaci\u00f3n jur\u00eddica. De esta manera, la restricci\u00f3n impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta obligaci\u00f3n de aplicar \u00fanicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas leg\u00edtimas generadas por una normativa en materia pensional. <\/p>\n
En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debi\u00f3 ser aplicado para efectos de proteger el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el caso de la accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas leg\u00edtimas se generaron no con base en esa norma jur\u00eddica, sino con base en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
En este sentido, no es adecuado que la interpretaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia haya desconocido el valor jur\u00eddico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no s\u00f3lo de los principios de favorabilidad y de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, contenidos en el art\u00edculo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. <\/p>\n
45. En consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias m\u00e1s recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la Corporaci\u00f3n. Para la Sala, dicha interpretaci\u00f3n no brinda un mayor y m\u00e1s adecuado desarrollo de los principios y garant\u00edas constitucionales, sino que impone una restricci\u00f3n a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza leg\u00edtima, y al derecho al m\u00ednimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores. <\/p>\n
46. En este sentido, no puede sobreponerse la aplicaci\u00f3n estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en un determinado r\u00e9gimen jur\u00eddico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n u otro tipo de alternativa jur\u00eddica para el ciudadano. <\/p>\n
Una ponderaci\u00f3n de los derechos, principios y garant\u00edas involucrados, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Carta Pol\u00edtica, permite concluir que debe prevalecer la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la igualdad que le asisten a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes sup\u00e9rstites en la situaci\u00f3n objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protecci\u00f3n de los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador. <\/p>\n
Pronunciamiento que fue estudiado nuevamente en sentencia SU-005 de 2018, donde la Corte Constitucional reiter\u00f3 la postura que sosten\u00eda frente a la procedencia de aplicar de manera atractiva los requisitos que el acuerdo 049 de 1990 establec\u00eda para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, indicando que el presupuesto de subsidiariedad que gobierna la acci\u00f3n de tutela se deber\u00eda encontrar satisfecho cuando el solicitante de tal pretensi\u00f3n superara el test de procedibilidad que all\u00ed se desarroll\u00f3. <\/p>\n
Seg\u00fan el comunicado de prensa N\u00b0 6 de 13 de febrero de la presente anualidad, el test contiene los siguientes criterios de procedencia: <\/p>\n
\u00abI. Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento. <\/p>\n
II. Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. <\/p>\n
III. Debe establecerse que el accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario. <\/p>\n
IV. Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
V. Debe establecerse que el accionante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
4. Ahora bien, el criterio que ha sostenido la corte constitucional, previo al debate de la sentencia de unificaci\u00f3n \u00faltimamente mencionada, fue compartido por esta Sala en fallo STC7210-2017 emitido el 24 de mayo de esa anualidad y que posteriormente ha sido reiterado en sentencias STC7217-2017 y STC10041-2017. <\/p>\n
(Citada en STC2367-2018). <\/p>\n
Posteriormente en la decisi\u00f3n SU-005 de 2018, ese cuerpo colegiado reiter\u00f3 la tesis de la conveniencia de emplear las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, para el \u00abreconocimiento\u00bb de la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, bajo el presupuesto de que el interesado hubiese agotado las v\u00edas administrativas y judiciales adecuadas, como aqu\u00ed ocurri\u00f3. <\/p>\n
Este discernimiento fue compartido por esta Sala en STC7210-2017, STC7217-2017, STC10041-2017, STC2367-2018 y STC3037-2018, no obstante que en otros reconoci\u00f3 razonabilidad en la postura de la Sala Laboral, pero con ocasi\u00f3n de lo esgrimido en la decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n citada adhiri\u00f3 de manera uniforme como se plasm\u00f3 en STC14449 de 7 de noviembre de 2018, cuando asever\u00f3: <\/p>\n
Esta Sala en recientes auxilios impetrados con similar acontecer f\u00e1ctico y jur\u00eddico, ha acogido la jurisprudencia constitucional imperante sobre la \u201ccondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u201d [CSJ. STC7210 de 24 de mayo de 2017, exp. 1100102040002017-00444-01; STC7217 de 24 de mayo de 2017, exp. 1100102040002017-00432-01; STC2573 de 26 de febrero de 2018, exp. 1100102040002017-02233-01; y STC8260 de 28 de junio de 2018, exp. 11001-02-04-000-2018-00848-01, entre otros.], en consecuencia, las sentencias desestimatorias de la prestaci\u00f3n reclamada por la promotora, ser\u00e1n infirmadas. <\/p>\n
2.3. En suma, la determinaci\u00f3n de la homologa Sala de Casaci\u00f3n Laboral no se aviene con los precedentes judiciales sobre la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en trat\u00e1ndose de reg\u00edmenes precedentes al vigente para la \u00e9poca del deceso del cotizante, no obstante ser pac\u00edfico que \u00abno se controvierten los supuestos f\u00e1cticos que dio por sentados el Tribunal, tales como que el se\u00f1or Jos\u00e9 Heriberto Melo Calder\u00f3n, c\u00f3nyuge de la demandante, falleci\u00f3 el 2 de febrero de 2009. Tampoco hubo discusi\u00f3n sobre que el afiliado fallecido hab\u00eda cotizado al ISS un total de 632 semanas, ninguna de ellas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores al deceso, pues la \u00faltima cotizaci\u00f3n la hizo para el mes de diciembre de 1994\u00bb, es decir, en regencia del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
3. A pesar de la errada decisi\u00f3n judicial criticada, para la concesi\u00f3n del amparo resulta necesario el cumplimiento, seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, del \u00abtest de procedibilidad\u00bb implementado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, a efectos de conceder la pretensi\u00f3n pensional del sobreviviente por v\u00eda de tutela, requisitos que se eval\u00faan en el caso concreto: <\/p>\n
(I) Establecer que la accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento. <\/p>\n
Edith Yolanda Sierra Carrillo se halla en grupo de especial protecci\u00f3n por contar con 66 a\u00f1os de edad, seg\u00fan lo demuestra el registro civil de nacimiento aportado en el tr\u00e1mite ordinario laboral, el cual pone en evidencia su nacimiento en el a\u00f1o 1955. <\/p>\n
(II) Establecer que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita la accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. <\/p>\n
En el sub lite no existe soporte de la dependencia econ\u00f3mica y exclusiva de la demandante en relaci\u00f3n con quien en vida fue su c\u00f3nyuge, al punto que ni siquiera lo aleg\u00f3 y, por ende, tampoco existi\u00f3 debate probatorio al respecto, luego en el caso bajo estudio no se encuentra satisfecho el aludido presupuesto del test bajo estudio. <\/p>\n
(III) Establecer que la accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario. <\/p>\n
Igualmente aparece insatisfecha la prueba de c\u00f3mo la ausencia del reconocimiento pensional deprecado incide directamente en el m\u00ednimo vital de la quejosa, esto es que no cuente con otro ingreso patrimonial del cual pueda derivar su sustento diario, habida cuenta que, al igual que el anterior requisito, la peticionaria tampoco acometi\u00f3 despliegue probatorio en este sentido. <\/p>\n
IV. Establecer que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Aunque est\u00e1 acreditado que Jos\u00e9 Heriberto Melo Calder\u00f3n no cumpli\u00f3 las exigencias para viabilizar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, de nuevo aparece incumplido el requisito bajo estudio, en tanto la demandante se abstuvo de mencionar y, por contera, demostrar las circunstancias que impidieron cotizar las semanas reguladas en el r\u00e9gimen vigente para la \u00e9poca del deceso de aquel. <\/p>\n
V. Establecer que la accionante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
El expediente laboral allegado a la petici\u00f3n de amparo es muestra fidedigna de la diligencia de la demandante, pues present\u00f3 oportunamente la reclamaci\u00f3n y, ante la negativa, agot\u00f3 todos los medios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico le concedi\u00f3 para el efecto. <\/p>\n
Comoquiera que los requisitos del test bajo estudio son concurrentes deviene, al estar insatisfechos 3 de ellos, necesario negar el resguardo deprecado, pese a que la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b02 de Casaci\u00f3n laboral desatienda los precedentes judiciales sobre la materia objeto de an\u00e1lisis, pues no aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes afecte la satisfacci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, que dependiera econ\u00f3micamente de Jos\u00e9 Heriberto Melo Calder\u00f3n, ni las circunstancias por las cuales \u00e9l no cotiz\u00f3 las semanas reguladas en el r\u00e9gimen vigente para la \u00e9poca de su deceso. <\/p>\n
It\u00e9rase en esta oportunidad, como lo sent\u00f3 la Sala en caso de similares contornos en el cual fue negado el amparo al no probarse la concurrencia de los elementos del test de procedibilidad citado, pese a ser evidente el defecto en el que incurri\u00f3 la autoridad judicial accionada, que: <\/p>\n
Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia antes transcrita, para efectos de aplicar en ultractividad el Acuerdo 049 de 1990 en virtud del principio de la \u00abcondici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, adem\u00e1s la quejosa debe tener la condici\u00f3n de vulnerable, que son aquellas personas que superan el \u00abtest de procedencia\u00bb que desarroll\u00f3 la Corte Constitucional, y que no cumpli\u00f3 la censora, pues no aport\u00f3 ning\u00fan elemento probatorio para ello. <\/p>\n
Relativamente a la tem\u00e1tica de la \u00abcarga de la prueba\u00bb en las acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, entre otras providencias, en CSJ STC15680-2014, 14 nov. 2014, rad. 2014-02574-00, que: <\/p>\n
[L]a acci\u00f3n constitucional que ahora ocupa la atenci\u00f3n, si bien se caracteriza por ser de naturaleza c\u00e9lere y breve, tal circunstancia no exime a los sujetos intervinientes de que, relativamente a las manifestaciones que elevan, alleguen, al menos sumariamente, las acreditaciones respectivas, seg\u00fan corresponde. <\/p>\n
Por supuesto, en materia de la carga de prueba en \u00abacciones de tutela\u00bb, se ha dicho que: \u201c[\u2026] quien pretende la protecci\u00f3n judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos f\u00e1cticos en que se funda su pretensi\u00f3n, comoquiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el da\u00f1o o la amenaza de afectaci\u00f3n\u201d (Sentencia T-835 de 2000). En aplicaci\u00f3n de lo antes citado, es claro que en el sub judice no puede el juez constitucional, ante la ausencia de elementos probatorios, arribar a una decisi\u00f3n distinta que la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n solicitada, pues correspond\u00eda a los accionantes aportar por lo menos elementos sumarios para sustentar su solicitud de amparo (CSJ STC, 5 jul. 2011, rad. 01271-00. Reiterada, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 abr. 2013, rad. 00009-01; y, CSJ STC, 24 jul. 2014, rad. 00120-01). <\/p>\n
5. Lo dicho traduce, sin m\u00e1s, que la petici\u00f3n de amparo es impr\u00f3spera, aunque por motivos diversos a los esbozados por el juzgador a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la providencia impugnada, aunque por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El presente asunto fue remitido a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 13 de mayo de 2021. <\/p>\n
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STC6610-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC6610-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01951-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el tres (3) de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54717","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54717","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54717"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54717\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}