STC6612-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6612-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 14 de mayo de 2021 dictado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Andr\u00e9s Zamarra Hidalgo y Medardo de Jes\u00fas Zamarra contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidieron que se ordene al juzgado civil municipal convocado \u00ababstenerse de condenar en costas y agencias en derecho en [su contra]\u00bb y al ad quem querellado \u00abpronunciarse sobre la concurrencia de culpas\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Didier Andr\u00e9s Zamarra Hidalgo y Medardo de Jes\u00fas Zamarra promovieron acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual contra Diana Milena Montes y Alberto Miguel Mendoza, con miras a que les fueran indemnizados los perjuicios derivados del accidente de tr\u00e1nsito acaecido el 17 de octubre de 2016, en el que result\u00f3 lesionado Zamarra Hidalgo. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia dictada en audiencia del 16 de diciembre de 2019, se negaron las s\u00faplicas elevadas, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandante en esa misma diligencia, exponiendo los reparos concretos contra dicha decisi\u00f3n, los cuales ampli\u00f3 por escrito el 18 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.4. Expresaron los gestores del resguardo que el fallador de segunda instancia \u00abdej\u00f3 de referirse sobre la condena en costas y agencias en derecho, as\u00ed como sobre la concurrencia de culpas como elemento generador del accidente\u00bb, reparos que formularon en el memorial presentado el 18 de diciembre de 2019. <\/p>\n
2.5. De otro lado, agregaron que no debieron ser condenados en costas, pues su \u00abactuaci\u00f3n judicial no fue desmesurada\u00bb, aspecto que no fue valorado por el a quo criticado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda precis\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento [ese] despacho le\u2026 vulner\u00f3 derecho fundamental alguno a los accionantes, pues las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo han sido conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de esa municipalidad defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Seguros Generales Suramericana SA, respecto de la imposici\u00f3n de costas de la que se duelen los tutelantes, destac\u00f3 que \u00abel Juzgado de Conocimiento no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho\u2026, por cuanto la parte demandante no hizo uso dentro del proceso judicial del amparo de pobreza, tal como lo establece el 151 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y, en lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n judicial fustigada. <\/p>\n
4. La abogada Jesika Galeano Yanez, quien dijo fungir como apoderada judicial de Alberto Mendoza Duarte y Diana Montes Pacheco, sin que aportara mandato que la facultara para representarlos en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, al considerar que no se cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad, comoquiera que los gestores del resguardo omitieron solicitar la adici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, con miras a que el ad quem enjuiciado se pronunciara sobre la procedencia de la condena en costas y agencias en derecho, as\u00ed como tambi\u00e9n sobre la concurrencia de culpas alegada en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los promotores reiteraron que el juzgado del circuito convocado \u00abno atendi\u00f3 el escrito de ampliaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb; y que no pod\u00eda el a quo \u00abindicar que era s\u00f3lo una carga de los extremos\u2026, sino que es una funci\u00f3n del juez\u2026 el ahondar el problema jur\u00eddico y llegar al fondo de ello\u2026\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, debe resaltarse que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que el juzgado del circuito accionado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto se neg\u00f3 a resolver los reparos adicionales que plantearon los quejosos en el escrito allegado el 18 de diciembre de 2019, en contrav\u00eda de lo previsto en el art\u00edculo 3221 (numeral 3\u00b0, inciso 2\u00b0), del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, en la cuestionada sentencia de 10 de marzo de 2021, el prenotado estrado expres\u00f3 que: <\/p>\n
En cuanto al escrito de sustentaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n radicado el 18 [de] diciembre de 2020 ante el juzgado de primera instancia, conviene aclarar que debido a que el apelante ya hab\u00eda se\u00f1alado los reparos concretos en contra de la sentencia proferida durante la audiencia p\u00fablica, no era del caso presentar sustentaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n por segunda vez, en tanto seg\u00fan se extrae del inciso 2\u00b0 numeral 3\u00b0 del canon 322 procesal, \u201ccuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en audiencia, o dentro de los tres d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n (\u2026) deber\u00e1 precisar de manera breve los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior.\u201d <\/p>\n
Por lo tanto, esta judicatura se limitar\u00e1 a estudiar los reparos concretos que hayan sido sustentados en sede de apelaci\u00f3n, omitiendo referirse a razones adicionales aducidas por el apoderado posteriormente, aplicando lo consagrado en el art\u00edculo 328 del C.G.P.: \u201cEl juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.\u201d <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, concluye la Sala que el ad quem querellado se rehus\u00f3 a analizar las inconformidades adicionadas en el mencionado memorial de 18 de diciembre de 2019, al considerar que como la parte demandante present\u00f3 algunos reparos en audiencia, no le era dable agregar otros en la oportunidad que contempla el referido art\u00edculo 322 del Estatuto Procesal de los Ritos Civiles. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha tenido la oportunidad de precisar que: <\/p>\n
\u2026 de acuerdo con los numerales 1\u00b0, 3\u00b0, inciso 2\u00b0 art\u00edculo 322 y canon 327, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, proferida la sentencia en audiencia, el interesado debe manifestar de manera oral e, inmediatamente, que impetra apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Tras ello, el recurrente tiene la obligaci\u00f3n de esbozar grosso modo, los motivos de su inconformidad, los cuales puede, ah\u00ed s\u00ed, a su arbitrio, exponerlos en la misma diligencia o, dentro de los tres (3) d\u00edas siguiente a ella; incluso, si es su querer, hacerlo en un evento y, en el otro. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si los reparos preliminares se surten en cualquiera de las oportunidades descritas, queda satisfecho la exigencia de lo formular los cuestionamientos concretos. C\u00f3digo General del Proceso, proferida la sentencia. (CSJ STC10704-2020). <\/p>\n
Respecto a este mismo aspecto, en un caso similar al ahora analizado, la Corte consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Establece el inciso segundo del numeral tercero del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[c]uando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb. <\/p>\n
Sobre estas premisas la Corporaci\u00f3n de manera insistente ha se\u00f1alado que quien apela una \u00absentencia\u00bb cuenta con dos oportunidades para exponer los \u00abreparos concretos\u00bb que le hace, a saber: i) al \u00abinterponer el recurso en la audiencia\u00bb y ii) \u00abdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u00bb, sin que puedan considerarse tard\u00edos los efectuados en la segunda ocasi\u00f3n (CSJ STC16932-2016, 23 nov., rad. 2016-00305-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC16001-2017, 4 oct., rad. 2017-00317-01; y STC254-2018, 19 en., rad. 2017-03041-00). <\/p>\n
N\u00f3tese, del texto se infiere que el legislador simplemente ordena al recurrente \u00abconcretar los reparos\u00bb sobre los cuales versar\u00e1 la posterior \u00abaudiencia\u00bb, esto es, exteriorizar en forma clara y sucinta las razones de disentimiento por las que considera que el \u00abfallo\u00bb atacado debe ser modificado, sin que sea dable la imposici\u00f3n de cargas argumentativas de ninguna otra \u00edndole en aquella fase y menos a\u00fan establecerle formas sacramentales para hacerlo, o, como en este caso limit\u00e1rselas. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal la servidora cometi\u00f3 la protuberante irregularidad denunciada que efectivamente tiene incidencia en el \u00abdebido proceso\u00bb del quejoso, toda vez que al no tener en cuenta los \u00abreparos adicionales\u00bb porque en su criterio, s\u00f3lo eran aceptables los dichos [en audiencia del] 28 de agosto de 2018, con tal actuar le cercen\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb al darle un entendimiento que en verdad la norma no trae. <\/p>\n
Es por ello que no puede llegarse a inferencias tan extremas, como las de se\u00f1alar que es imperativo que los \u00abreparos est\u00e9n argumentados\u00bb en forma completa, o que en su defecto no se puedan trazar explicaciones adicionales y de esta manera alejarlos de cualquier vaguedad, pues lejos de ser elucidaciones inadecuadas de la norma, lo que realmente hacen tales posturas, es desfigurar su aut\u00e9ntico sentido que tiene como fin primordial apartarlo de los paradigmas y ritualidades especiales que adolec\u00eda la anterior legislaci\u00f3n procesal civil. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es el desacierto en que incurri\u00f3 el ad quem convocado, al negarse a resolver sobre los reparos planteados en el escrito allegado el 18 de diciembre de 2019, al considerar que por haberse planteado algunas inconformidades al formular el recurso, no era posible hacer uso de la oportunidad adicional que contempla el mencionado art\u00edculo 322 en el inciso segundo del numeral 3\u00b0, situaci\u00f3n que lleva a predicar que el juzgado cuestionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, que comprometi\u00f3 las garant\u00edas constitucionales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los promotores. <\/p>\n
En lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
4. En este punto, importante es precisar que no considera la Corte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, el yerro detectado hubiese podido corregirse solicitando la adici\u00f3n de la providencia cuestionada, conforme lo contempla el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ello en la medida en que dicho mecanismo procede \u00ab[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento\u00bb, supuesto f\u00e1ctico al que no se ajusta el caso de marras, pues en el sub lite el juzgado del circuito acusado no omiti\u00f3 resolver ciertos aspectos de la apelaci\u00f3n, sino que se neg\u00f3 expresamente a hacerlo, lo que denota que el citado mecanismo (adici\u00f3n) no resultaba id\u00f3neo para subsanar la falencia aqu\u00ed detectada. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden, imponen la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los tutelantes, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que, tras dejar sin efecto la sentencia de 10 de marzo de 2021, proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, cabe agregar, que la Corte se abstendr\u00e1 de pronunciarse sobre la procedencia de la condena en costas y agencias en derecho de la que se duelen los quejosos, as\u00ed como tampoco sobre la compensaci\u00f3n de culpas por ellos alegada, toda vez que son aspectos que deber\u00e1 abordar el juez ordinario, en cumplimiento del mandato de tutela que aqu\u00ed se profiere. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo a los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Didier Andr\u00e9s Zamarra Hidalgo y Medardo de Jes\u00fas Zamarra. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, deje sin efecto el fallo de 10 de marzo de 2021 y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9ste dependa, dictado en el juicio promovido por Didier Andr\u00e9s Zamarra Hidalgo y Medardo de Jes\u00fas Zamarra contra Diana Milena Montes y Alberto Miguel Mendoza (radicaci\u00f3n 23001-40-03-003-2018-00126). <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a quince (15) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Tercero Civil Municipal de Monter\u00eda que, en un t\u00e9rmino que no puede superar de un (1) d\u00eda, remita al superior el asunto objeto de reproche. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 <\/p>\n
8 <\/p>\n
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