STC6613-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6613-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de abril del 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Ascanio Ru\u00edz \u00c1lvarez contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda \u2013CAJAHONOR, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero Promiscuo de Familia y Primero Civil Municipal ambos de Soledad \u2013 Atl\u00e1ntico, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cartagena y Octavo y Tercero de Familia ambos de Barranquilla, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso \u00abadministrativo\u00bb, presuntamente conculcado por la entidad convocada, al no haberle dado respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 para la entrega de sus cesant\u00edas definitivas. <\/p>\n
Solicita entonces, que se ordene a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda \u2013CAJAHONOR, \u00abLA ENTREGA INMEDIATA DE LOS DINEROS QUE REPOSAN COMO CENSAT\u00cdAS DEFINITIVAS EN [SU] CUENTA INDIVIDUAL Y QUE [L]E CORRESPONDEN [A] LA SUMA DE $15.623.683\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que aunque en raz\u00f3n de varios procesos ejecutivos seguidos en su contra \u00ab[l]e han descontado el 50% de [las] cesant\u00edas definitivas que [l]e corresponden al momento de [su] retiro\u00bb, el \u00faltimo de los descuentos por valor de $13.800.000,oo, por cuenta del proceso coercitivo de alimentos que conoce el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla, la entidad convocada, aun cuando \u00abpor diferentes memoriales y correos electr\u00f3nicos h[a] solicitado se haga entrega de los dineros restantes (\u2026), hasta la fecha ha hecho caso omiso a tales solicitudes. Lo que se presenta en realidad es que la CAJAHONOR protege de acuerdo a la ley el 50% de los dineros que se encuentran en mi cuenta individual como afiliado, pero se NIEGA A ENTREGAR[LO]\u00bb, circunstancia que, dice, hace necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla concedi\u00f3 el resguardo suplicado al debido proceso \u00abadministrativo\u00bb, tras advertir que la entidad convocada, al negar la entrega de la aludida prestaci\u00f3n social, omiti\u00f3 que \u00abel accionante ya fue oficialmente retirado de la polic\u00eda nacional desde el a\u00f1o 2018 y, por tanto, se presume que, tiene el derecho a recibir las cesant\u00edas definitivas que a la fecha se encuentren depositadas a su favor, sumado a que solicit\u00f3 formalmente dicho pago, es necesario que la Accionada CAJAHONOR, proceda a efectuar el estudio y a (Resoluci\u00f3n) expedir el respectivo acto administrativo donde resuelva de fondo la solicitud sobre el pago de cesant\u00edas elevada por el accionante y no a la retenci\u00f3n de las mismas. Esto bajo el sustento que aunque el actor tenga varios embargos, no debe afectarse m\u00e1s del 50% de sus cesant\u00edas y, en tal sentido, debe resolv\u00e9rsele la solicitud, por lo que se reitera que deber\u00e1n darle respuesta de fondo. Aunado al hecho que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido para el retiro y pago de cesant\u00edas definitivas dispuesto en la Resoluci\u00f3n 688 de 2020 (Ver art\u00edculos 142 y 143), ya que en ninguno de los apartes de dicha Resoluci\u00f3n se dispone que tengan que retenerse las cesant\u00edas, s\u00f3lo que \u201cdeben consultarse los embargos en el sistema LSI o su equivalente para la Polic\u00eda Nacional y las Unidades Ejecutoras\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, orden\u00f3 a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -CAJAHONOR, que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, \u00abefect\u00fae el estudio a que haya lugar y emita el respectivo acto administrativo donde resuelva de fondo la solicitud elevada por el accionante referida al pago de cesant\u00edas definitiva\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la entidad convocada, el expediente fue remitido a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Advi\u00e9rtase que en lo tocante con la tutela presentada, nada concreto se expuso en el relato f\u00e1ctico, en orden a explicitar las acciones o las omisiones respecto de los Juzgados Primero Promiscuo de Familia y Primero Civil Municipal ambos de Soledad \u2013Atl\u00e1ntico, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Cartagena y Octavo, y, Tercero de Familia de Barranquilla1, en lo que ata\u00f1e a la situaci\u00f3n que constituye el detonante de la queja tutelar, pues, todo apunta a cuestionar las actuaciones de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda – CAJAHONOR, en torno a la falta de respuesta en relaci\u00f3n a la entrega de las cesant\u00edas definitivas a las que el actor, aduce tener derecho. <\/p>\n
2. De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en relaci\u00f3n a las citadas autoridades judiciales, no resulta jur\u00eddico enlazarlas a este tr\u00e1mite; con otras palabras, no obstante describir los cargos por cuenta de los que se produjo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del aqu\u00ed actor, de ninguna manera le endilga cargos directos a los presuntos accionados, por lo que se observa que la vinculaci\u00f3n de los Juzgados aludidos, es infundada, y por lo tanto su convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n
3. Cumple precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
4. En tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente involucran a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Polic\u00eda -CAJAHONOR, y \u00e9sta es un establecimiento p\u00fablico de orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 1512 de 2000, es decir, un ente descentralizado por servicios, acorde con lo previsto en el literal a), numeral 2\u00ba, art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 2\u00b0, inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 modificado por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021 -vigente para la calenda en que se radic\u00f3 el amparo, correspondiendo entonces, su conocimiento a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tal de Barranquilla. <\/p>\n
5. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, por lo se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Juzgados del Circuito de Barranquilla -reparto-, para su conocimiento. <\/p>\n
6. Y en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en los decretos de reparto, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, que \u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ib). <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tales de Barranquilla -reparto, con el fin que se realice la concerniente asignaci\u00f3n y se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo a la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Art\u00edculo 14 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
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