STC6631-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6631-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2021-00119-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de mayo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Importaciones y Exportaciones F\u00e9nix S.A.S. contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto (i) el auto proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali el 13 de agosto de 2020 que declar\u00f3 la nulidad de la sentencia n\u00b0 034 del 19 de febrero de 2020 y (ii) el auto del 25 de febrero de 2021, el cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra la anterior decisi\u00f3n\u2026\u00bb y, en consecuencia, \u00abdejar en firme el fallo de \u00fanica instancia emitido\u2026 en el proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado incoado por\u2026 Importaciones y Exportaciones F\u00e9nix S.A.S. contra Frutafino S.A.S\u2026. con radicaci\u00f3n 76001310301220190015200\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Importaciones y Exportaciones F\u00e9nix S.A.S. promovi\u00f3 proceso de restituci\u00f3n en contra de Frutafino S.A.S., respecto de los cuartos fr\u00edos n\u00b0 1, 2 y 3 ubicados en la \u00abcalle 15 n\u00b0 22 \u2013 200\u00bb de Yumbo (Valle del Cauca), alegando mora en los c\u00e1nones de arrendamiento; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, quien el 3 de julio de 2019 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Notificada la convocada, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra del auto admisorio, asimismo, present\u00f3 medios exceptivos; sin embargo, el despacho no atendi\u00f3 tales defensas, al considerar que la parte demandada \u00abno hab\u00eda acreditado el pago de los c\u00e1nones adeudados ni demostr\u00f3 haberlos consignado a \u00f3rdenes del juzgado\u00bb, por lo que, el 19 de febrero de 2020 emiti\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones. <\/p>\n
2.3. En el t\u00e9rmino de ejecutoria, Frutafino S.A.S. formul\u00f3 incidente de nulidad con fundamento en las causales 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 13 de agosto de siguiente el estrado judicial \u00abdecla[r\u00f3] la nulidad de la sentencia n\u00b0 034 de fecha 19 de febrero de 2020\u00bb, al tiempo que tuvo por presentados dentro del t\u00e9rmino legal el remedio horizontal formulado contra el auto admisorio, as\u00ed como el escrito de excepciones previas y la contestaci\u00f3n de la demanda, al considerar que \u00abalgunas de las excepciones de m\u00e9rito propuestas\u2026 se encuentran encaminadas a desconocer la existencia del contrato y la calidad de arrendador y arrendatarios\u2026 por lo cual\u2026 esta situaci\u00f3n exime a la sociedad demandada de acreditar el pago de los c\u00e1nones presuntamente adeudados\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el 25 de febrero de 2021. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el fallador desatendi\u00f3 el contenido del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta de que su \u00abcompetencia funcional se agota al momento en que el juzgado dicta sentencia. Despu\u00e9s de esto, el juez \u00fanicamente est\u00e1 facultado para aclarar, corregir errores aritm\u00e9ticos o adicionar la providencia, pero por ning\u00fan motivo puede anular o dejar sin efectos la decisi\u00f3n que ya fue emitida\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que al anular de la sentencia se \u00abcometi\u00f3 una grave irregularidad procesal\u00bb, toda vez que todas las etapas del juicio hab\u00edan sido debidamente agotadas, de ah\u00ed que \u00ablas nulidades que se alegan con posterioridad a la sentencia contra la cual no procede recurso deben tramitarse (i) por recurso de revisi\u00f3n, (ii) en la diligencia de entrega o (iii) en el proceso ejecutivo. No obstante, ninguno de estos fueron los medios a trav\u00e9s de los cuales se tramit\u00f3 la solicitud\u00bb, por lo que, concluye, \u00abla sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que el estrado judicial desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales (C-070\/93 y C-056\/96), pues \u00abel hecho de que la parte demandada no sea o\u00edda en juicio hasta tanto no demuestre el pago de los c\u00e1nones adeudados es un asunto probatorio\u00bb que, para el caso concreto, Frutafino S.A.S. \u00abno acredit\u00f3 el pago de los c\u00e1nones adeudados al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, raz\u00f3n por lo que dicha nulidad es \u00abuna maniobra dilatoria de la contraparte\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que el tr\u00e1mite adelantado est\u00e1 conforme a las normas procesales, sin que haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho, susceptible de ser reparada por este medio excepcional; remiti\u00f3 copia escaneada del proceso objeto de queja. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Frutafino S.A.S. pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo; indic\u00f3 que la decisi\u00f3n que declar\u00f3 la nulidad de la sentencia est\u00e1 ajustada a la normatividad, especialmente a lo dispuesto en el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso; que, en el caso concreto, \u00abno era el de un simple contrato de arrendamiento aislado entre dos sociedades, sino que se trataba realmente de un contrato que se desarroll\u00f3 en ejecuci\u00f3n de un convenio de colaboraci\u00f3n empresarial en virtud del cual se celebraron m\u00faltiples actos jur\u00eddicos y comerciales, convenio cuya finalidad \u00faltima era la adquisici\u00f3n por parte de FRUTAFINO del 80% de las acciones de IMPORF\u00c9NIX\u00bb, situaci\u00f3n que no hab\u00eda sido atendida por el fallador previ\u00f3 a emitir pronunciamiento final. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que la decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria y se ajust\u00f3 a lo dispuesto en el canon 384 del C\u00f3digo General del Proceso; destac\u00f3 que \u00abal margen de las complejas e intrincadas relaciones comerciales entre las sociedades contendientes en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia, es posible poner en tela de juicio la existencia y capacidad obligacional del contrato de arrendamiento, por lo que, siguiendo la l\u00ednea jurisprudencial de la H. Corte Constitucional (\u2026), cuando se censura la convenci\u00f3n arrendaticia ya por su inaplicabilidad, ora por su inexistencia o por desconocer al arrendador, no es exigible el requisito del pago de los c\u00e1nones adeudados para ser o\u00eddo como en principio lo hab\u00eda dispuesto la juez de instancia en el proceso y que en el auto que es objeto de tutela, corrigi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el fallador natural tiene competencia en el asunto hasta la ejecuci\u00f3n de la sentencia, adem\u00e1s, tiene autonom\u00eda para sanear los vicios que configuren nulidades conforme lo dispuesto en los art\u00edculos 4, 7, 11 y 132 del Estatuto Procesal Civil; destac\u00f3 que si bien el fallo no es revocable ni reformable por el Juez que la profiri\u00f3 (canon 285 CGP), es posible que \u00abcomo consecuencia de alguno de los vicios contemplados en el art. 133 del C.G.P., se produzca la nulidad del proceso en todo o en parte, y que conlleve en consecuencia el decaimiento de la providencia o decisi\u00f3n pero no porque ella sea anulable en s\u00ed, sino como secuela de un defecto procedimental que soslaya garant\u00edas superiores\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante manifestando que \u00abpor las razones expuestas en la solicitud de tutela\u2026 la decisi\u00f3n de primera instancia debe ser revocada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Juzgado criticado, en la providencia dictada el 25 de febrero de 2021, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por la actora contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 la nulidad de la sentencia, luego de citar el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, explic\u00f3 las razones por las que era procedente estudiar dicha petici\u00f3n de anulaci\u00f3n, consignando que: <\/p>\n
\u2026es equivocada la manifestaci\u00f3n de la apoderada recurrente al indicar que la nulidad propuesta no pod\u00eda ser tenida en cuenta por encontrarse la sentencia en firme o por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, pues dicha nulidad fue propuesta dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia, y como ya se indic\u00f3, la norma permite que la misma sea presentada con posterioridad a la sentencia si la causal hubiere ocurrido en ella; en ese sentido, no tener en cuenta la nulidad presentada si significar\u00eda una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y contradicci\u00f3n de la parte demandada. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 los reparos de la recurrente, de cara a desvirtuar la nulidad deprecada, precisando que: <\/p>\n
Ha indicado la apoderada de la recurrente que no es posible aplicar la excepci\u00f3n al art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso para escuchar al demandado sin acreditar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, pues a su juicio, se ha reconocido la existencia del contrato y la calidad de arrendatario de FRUTAFINO S.A.S., al punto de alegar una compensaci\u00f3n en los pagos de los c\u00e1nones adeudados y una cl\u00e1usula compromisoria. <\/p>\n
Pese a lo anterior, ignora la recurrente que la parte demandada siempre ha manifestado en numerosos escritos que la controversia planteada en este proceso debe centrarse en la no existencia de un contrato de arrendamiento y en la real existencia de un contrato de salvataje y\/o colaboraci\u00f3n empresarial de compraventa de acciones y cambio de control de sociedades, es decir, que adem\u00e1s de indicar que no se adeudan los valores pretendidos por la presencia de figura de la compensaci\u00f3n, la parte demandada si ha manifestado de forma categ\u00f3rica que desconoce la existencia de arrendamiento aqu\u00ed debatido. <\/p>\n
En ese sentido, este despacho se ratifica en que la nulidad de la sentencia obedeci\u00f3 a que se inobserv\u00f3 que el sentido de algunas excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada se encuentran encaminadas a desconocer la existencia del contrato y la calidad de arrendador y arrendatarios de las sociedades IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S.A.S. y FRUTAFINO S.A.S., por lo cual se considera que efectivamente esta situaci\u00f3n exime a la sociedad demandada de acreditar el pago de los c\u00e1nones presuntamente adeudados, y debe agotarse el tr\u00e1mite procesal y probatorio pertinente en aras de resolver de fondo el conflicto planteado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el Juzgado analiz\u00f3 la nulidad que, en t\u00e9rmino de ejecutoria, deprec\u00f3 la demandada en contra de la sentencia, concluyendo que, con los diferentes escritos aportados por Frutafino S.A.S. siempre desconoci\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento, lo que de contera la exime de acreditar el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento presuntamente adeudados, de ah\u00ed que lo pertinente es atener los diferentes mecanismos de defensa allegados por ella en el curso del proceso; asimismo, porque contrario a lo afirmado por la tutelante, la sentencia no fue revocada, menos reformada por el fallador, pues lo tramitado, como qued\u00f3 visto, fue una nulidad planteada en t\u00e9rmino que, tras surtir el tr\u00e1mite de rigor, sali\u00f3 avante, misma que atendi\u00f3 los disposiciones normativas que regulan la materia (art\u00edculos 133, 134 y siguientes del CGP ). <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
11 <\/p>\n
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