STC6644-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6644-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01704-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano frente al Juzgado Segundo Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio y a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite establecido en la Ley 1448 de 2011, incoado por \u00d3scar Felipe y Fredy Jair Linares D\u00edaz y Lila Judith Linares Linares, donde actu\u00f3 como opositor el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El censor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. De la lectura del libelo introductor y las probanzas allegadas al plenario, se evidencian como hechos base de la presente salvaguarda, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00d3scar Felipe y Fredy Jair Linares D\u00edaz y Lila Judith Linares Linares reclamaron la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de los predios denominados \u201cSan Lu\u00eds\u201d, \u201cSan Jos\u00e9\u201d y \u201cLa Uni\u00f3n\u201d, ubicados en las veredas Jagua y El Carmen de los municipios de Ubal\u00e1 y Medina \u2013 Cundinamarca, arguyendo que, los referidos predios pertenec\u00edan a su fallecido padre Jos\u00e9 Ignacio Linares Cifuentes. <\/p>\n
Los reclamantes en ese decurso adujeron ser v\u00edctimas indirectas por el homicidio de su progenitor, hecho que devino \u201cen el desplazamiento, abandono y despojo forzado de tierras\u201d, dada las negociaciones realizadas sobre los mencionados fundos por parte de sus \u201cmedio hermanos\u201d Gina Patricia y William Linares Hewitt, quienes facilitaron, mediante la venta de derechos sucesorales, que a H\u00e9ctor Jairo Saldarriaga Perdomo se le adjudicara el 70,16% de tales terrenos. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico del caso bajo estudio se adujo que Saldarriaga Perdomo era conocido como \u201c(\u2026) alias Mojarro (\u2026) de quien se dijo, integraba activamente una estructura criminal de amplia influencia en el municipio de Ubal\u00e1 (\u2026)\u201d, persona asesinada en Argentina en el a\u00f1o 2012, por tanto, los derechos que \u00e9ste ostentaba respecto de los memorados fundos fueron adjudicados en sucesi\u00f3n a su madre Mar\u00eda Betty Perdomo Reyes. <\/p>\n
La prenombrada se\u00f1ora falleci\u00f3 el 11 de noviembre de 2016, por tanto, la \u201coposici\u00f3n\u201d a la petici\u00f3n restitutoria de los hermanos Linares fue ejercida por Jes\u00fas \u00c9dgar Saldarriaga Perdomo y Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano -aqu\u00ed tutelante-, en calidad de hijo y c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, respectivamente. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 18 de diciembre de 2020, el tribunal censurado accedi\u00f3 a las pretensiones invocadas en el litigio subex\u00e1mine y desestim\u00f3 la buena fe exenta de culpa alegada por el ahora actor, tras indicar que \u00e9ste no pudo explicar la manera en la cual ingres\u00f3 en posesi\u00f3n de los predios inmiscuidos, \u201cni la forma como se negociaron los derechos que hoy disfruta\u201d. <\/p>\n
El promotor expresa que el colegiado fustigado incurri\u00f3 en un error, vulnerando sus derechos fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) no es un erudito en la materia para qu\u00e9 en su atestaci\u00f3n, refiera con lujos de detalles, la forma de c\u00f3mo su familiar lleg\u00f3 y adquiri\u00f3 los terrenos materia de controversia, situaci\u00f3n que fue explicada dentro de la contestaci\u00f3n de la demanda, a lo cual el [convocado] no dijo nada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma tener 71 a\u00f1os de edad, siendo un adulto mayor que ha actuado en completa armon\u00eda con los postulados jur\u00eddicos, \u201c(\u2026) sin que se le pueda endilgar ninguna responsabilidad en factores de violencia [ocasionada] en el territorio nacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201ctutelar\u201d sus derechos fundamentales conculcados dentro del comentado pleito. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
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2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Ley 1448 de 2011 consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno; dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria, reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n, sin embargo, est\u00e1 disciplinada por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial; los cuales no pueden ser desatendidos ni siquiera bajo el pretexto de brindar protecci\u00f3n al presunto despojado; pues de lo contrario, el mecanismo que el legislador contempl\u00f3 para la restauraci\u00f3n de la justicia y la consecuci\u00f3n de la paz, podr\u00eda prestarse para generar nuevas iniquidades y trasladar el conflicto a nuevos actores. <\/p>\n
La citada normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n ya que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil; tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5o); las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77); y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
No obstante, tales herramientas deben ser utilizadas por el sentenciador de manera que se garantice siempre un \u201cproceso justo y eficaz\u201d no s\u00f3lo para el reclamante, sino para los dem\u00e1s intervinientes, como lo dispone el art\u00edculo 7\u00ba de esa reglamentaci\u00f3n, de conformidad con el canon 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como la normativa 88 consagra la facultad que tienen las personas que figuran como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio sobre el cual se solicite la restituci\u00f3n, a ejercer su oposici\u00f3n; para ello deber\u00e1n acompa\u00f1ar los documentos que pretendan hacer valer como prueba de la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se present\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n del respectivo predio; de la buena fe exenta de culpa; del justo t\u00edtulo y valor de su derecho; y las dem\u00e1s que considere pertinentes para defender la raz\u00f3n de su reclamo. <\/p>\n
La existencia de presunciones a favor de las v\u00edctimas y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en contra del titular de derechos reales, debe entenderse, entonces, dentro del marco de garant\u00edas constitucionales y legales para todas las partes, de manera que se respete siempre el debido proceso; se aprecien las pruebas individualmente y en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica; se exponga razonadamente el m\u00e9rito que el sentenciador asigna a cada prueba; y no se imponga al opositor una carga probatoria desproporcionada o imposible de sobrellevar seg\u00fan el tema que sea objeto de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello, el examen de los hechos que son materia de la controversia requiere de un minucioso e imparcial an\u00e1lisis de las pruebas aducidas tanto por el demandante como por el opositor, en especial cuando este \u00faltimo es quien soporta casi toda la carga demostrativa. <\/p>\n
2. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano con la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2020, mediante la cual se desestim\u00f3 la \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d alegada por aqu\u00e9l dentro de litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Se advierte que en el fallo motivo de censura, el colegiado convocado hall\u00f3 acreditados todos los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, los cuales, en su criterio, no lograron ser desvirtuados por los oponentes, incluso, el aqu\u00ed actor, no cuestiona ese aspecto en esta senda, por tanto, no se har\u00e1 ning\u00fan pronunciamiento con relaci\u00f3n al reconocimiento como v\u00edctimas del conflicto armados de los reclamantes en el asunto bajo estudio. <\/p>\n
4. Ahora, para resolver la oposici\u00f3n presentada por el accionante, el tribunal enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]esde ya se afirma que Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano (\u2026) no logr[\u00f3] demostrar su buena fe exenta de culpa al interior de este proceso especializado de naturaleza transicional. En un primer escenario, su declaraci\u00f3n solo se dio en el marco de la convocatoria que tuvo lugar en sede de esta Corporaci\u00f3n. Si bien se entiende que tal intervenci\u00f3n fuera objeto de debate en distintas acciones constitucionales, que a toda cuenta reposan en el plenario, tambi\u00e9n es cierto que es de elemental cuidado en la gesti\u00f3n de sus intereses la reafirmaci\u00f3n de la postura de las situaciones de hecho que se consideran relevantes, limit\u00e1ndose el ejercicio de la oposici\u00f3n a un debate m\u00e1s bien estrecho de nulidades procesales ante el juez instructor, dejando a un lado la verdadera sustancia de la oposici\u00f3n en este proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el marco de la Audiencia P\u00fablica de noviembre 29 de 2019 celebrada por orden del Despacho del Magistrado sustanciador (\u2026), concurrieron a prestar declaraci\u00f3n los opositores Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano y Jes\u00fas \u00c9dgar Saldarriaga Perdomo. Su intervenci\u00f3n tuvo como objeto reafirmar el desconocimiento de los negocios celebrados por H\u00e9ctor Jairo Saldarriaga Perdomo, rese\u00f1ando con total vehemencia que no tuvieron conocimiento directo o indirecto del prontuario delictivo y condiciones particulares de aqu\u00e9l. S\u00e1enz Rubiano aleg\u00f3 que lo distingui\u00f3 de ni\u00f1o, pero que de adolescente se fue de la casa para nunca m\u00e1s volver y su hermano, Jes\u00fas \u00c9dgar Saldarriaga, iter\u00f3 que no tuvo mayor contacto, puesto que desde temprana edad tambi\u00e9n se retir\u00f3 de la casa de su se\u00f1ora madre, Mar\u00eda Betty Perdomo Reyes, ocup\u00e1ndose tiempo completo en su oficio de transportador\u201d. <\/p>\n
\u201cLos opositores fueron contestes en iterar que no les consta ni directamente ni por o\u00eddas de los negocios de su difunto familiar, mucho menos estuvieron presentes o tienen alg\u00fan dato o detalle acerca de la compra de esas fincas por H\u00e9ctor Saldarriaga en el a\u00f1o 2008. Tampoco guardan alg\u00fan vestigio o memoria acerca de la existencia de los hermanos Linares D\u00edaz. Manifestaron al un\u00edsono desconocer la forma como llegaron los bienes a manos de H\u00e9ctor Saldarriaga, destinando los bienes Jos\u00e9 S\u00e1enz a las faenas del campo y la actividad de peque\u00f1a ganader\u00eda. Tampoco conocen o guardan alg\u00fan detalle de la presencia de minas de cantera al interior de los predios reclamados en restituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, el convocado descarto la \u201cbuena fe\u201d alegada por el opositor, pues dicha figura no puede reconocerse a favor de una persona \u201c(\u2026) que no explica c\u00f3mo y de qu\u00e9 manera lleg[\u00f3] a los predios, mucho menos la forma en c\u00f3mo se negociaron los derechos que hoy disfruta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no se observa irregularidad en la labor descrita, pues, aparte de promoverse la participaci\u00f3n del tutelante, quien tuvo la posibilidad de presentar escrito de oposici\u00f3n, solicitar pruebas y controvertir las aportadas por su contendiente, se neg\u00f3 su \u201cbuena fe exenta de culpa\u201d ante un examen pormenorizado del caudal demostrativo que daba cuenta de la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos estructurales de esa instituci\u00f3n jur\u00eddica; m\u00e1xime, cuando el gestor ninguna raz\u00f3n ofreci\u00f3 sobre los motivos por los cuales entr\u00f3 a poseer los predios materia de litigio, ni los hechos de las negociaciones que permitieron disfrutar de tal derecho, el cual devino, en ultimas, del producto de la sucesi\u00f3n de H\u00e9ctor Jairo Saldarriaga Perdomo, quien tuvo participaci\u00f3n directa en el despojo de los fundos inmiscuidos. <\/p>\n
Aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del enjuiciado sobre la problem\u00e1tica descrita, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Al punto, es pertinente recordar lo adoctrinado por esta Sala, frente al tema aqu\u00ed expuesto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Respecto a la buena fe exenta de culpa prevista en el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 20112, como requisito para acceder a la compensaci\u00f3n all\u00ed estipulada, la Corte constitucional en la citada providencia, precis\u00f3: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n ha analizado en un amplio conjunto de decisiones y en asuntos muy diversos, tanto en sede de control abstracto como en revisi\u00f3n de tutela, el alcance del concepto, que pas\u00f3 de ser un principio general del derecho a convertirse en una norma de car\u00e1cter constitucional con la Carta de 1991. En estos casos, la Corte ha destacado la proyecci\u00f3n que la buena fe ha adquirido y, especialmente, su funci\u00f3n integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares, y entre estos y el Estado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el r\u00e9gimen civil ha desarrollado adem\u00e1s del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta \u201cequivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. El C\u00f3digo Civil, al referirse a la adquisici\u00f3n de la propiedad, la define en el art\u00edculo 768 como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jur\u00eddico, estos s\u00f3lo consisten en cierta protecci\u00f3n que se otorga a quien as\u00ed obra. Es as\u00ed que, si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garant\u00edas o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la p\u00e9rdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el caso del poseedor de buena fe condenado a la restituci\u00f3n del bien, quien no ser\u00e1 condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964 p\u00e1rr. 3\u00ba); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la cosa pose\u00edda (C.C. arts. 2528 y 2529) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otra parte, en diferentes escenarios, tambi\u00e9n opera lo que se ha denominado buena fe cualificada o exenta de culpa. Al respecto, este Tribunal ha explicado: (\u2026)\u201d, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta buena fe cualificada, tiene la virtud de crear una realidad jur\u00eddica o dar por existente un derecho o situaci\u00f3n que realmente no exist\u00eda. La buena fe creadora o buena fe cualificada, interpreta adecuadamente una m\u00e1xima legada por el antiguo derecho al moderno: \u2018Error communis facit jus\u2019, y que ha sido desarrollada en nuestro pa\u00eds por la doctrina desde hace m\u00e1s de cuarenta a\u00f1os, precisando que \u2018Tal m\u00e1xima indica que si alguien en la adquisici\u00f3n de un derecho o de una situaci\u00f3n comete un error o equivocaci\u00f3n, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situaci\u00f3n jur\u00eddica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situaci\u00f3n no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultar\u00e1 adquirido. Pero si el error o equivocaci\u00f3n es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente tambi\u00e9n lo hubiera cometido, por tratarse de un derecho o situaci\u00f3n aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obr\u00f3 con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ah\u00ed que sea \u00e9ste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada.
As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza (\u2026)\u201d3 (negrillas originales). <\/p>\n
Ahora, sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)4. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026), condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano frente al Juzgado Segundo Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio y a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Jorge Hern\u00e1n Vargas Rinc\u00f3n, Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas y \u00d3scar Humberto Ram\u00edrez Cardona, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite establecido en la Ley 1448 de 2011, incoado por \u00d3scar Felipe y Fredy Jair Linares D\u00edaz y Lila Judith Linares Linares, donde actu\u00f3 como opositor el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ CALDER\u00d3N <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 \u201cPor la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.\u201d <\/p>\n
3 CSJ. STC8123-2017 de 8 de junio de 2017, exp. 11001-02-03-000-2017-01331-00 <\/p>\n
4 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
5 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
18 <\/p>\n
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STC6644-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6644-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01704-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jos\u00e9 Vicente S\u00e1enz Rubiano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}