STC6646-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6646-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01753-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 de noviembre de 2020, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la salvaguarda promovida por Ernesto Cabrera Tejada frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por el aqu\u00ed actor contra la Corporaci\u00f3n Universitaria del Huila -CORHUILA-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial el gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso y al \u201cprincipio de consonancia\u201d, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Ernesto Cabrera Tejada promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Corporaci\u00f3n Universitaria del Huila \u2013CORHUILA-, solicitando se declarara la existencia de una relaci\u00f3n laboral desde el 23 de enero de 2001 hasta el 12 de marzo de 2014, data en la cual el demandante present\u00f3 renuncia motivada por causas imputables al empleador. <\/p>\n
De igual manera, pidi\u00f3 condenar al ente universitario al pago de las prestaciones causadas \u201ccon el salario promedio realmente devengado\u201d, as\u00ed como a la sanci\u00f3n moratoria e indemnizaci\u00f3n por despido. <\/p>\n
El anotado decurso fue tramitado, en primera instancia, en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, quien, en sentencia de 20 de abril de 2015, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones elevadas por el interesado. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue revocada, el 2 de agosto de 2017, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al desatar los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por los extremos de la lid. En consecuencia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 20 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva dentro del proceso de la referencia y por los motivos expuestos en la parte motiva del presente fallo en cuanto a la prosperidad de las excepciones de FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, COBRO DE LO NO DEBIDO, y declarar parciamente probada la excepci\u00f3n de PRESCRIPCI\u00d3N\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: CONDENAR a la demandada a cancelar en el fondo de pensiones del demandante, el porcentaje dejado de cotizar de conformidad con lo realmente devengado por el demandante, como aportes a pensi\u00f3n en el a\u00f1o 2006 la suma de $5.319.600, 2007 la suma de $1.741.890, 2008 la suma de $2.296.200, 2009 la suma de $6.911.760, 2010 la suma de $12.940.320, 2011 la suma de $15.087.362, 2012 la suma de $13.140.216 y 2013 $19.026.429\u201d. <\/p>\n
\u201cTERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar al demandante el producto de la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales, por los a\u00f1os 2011, 2012 y 2013 en proporci\u00f3n a las sumas de dinero no tenidas en cuenta por el empleador, por cesant\u00edas la suma de $28.013.171, por intereses a las cesant\u00edas la suma de $3.049.443.26 y por primas el valor de $28.013.171 para un total de $59.075.785,51\u201d. <\/p>\n
\u201cCUARTO: CONDENAR en costas al demandado en favor del demandante por haberse resuelto desfavorablemente su recurso y haber prosperado el del demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales del a\u00f1o del presente fallo (\u2026)\u201d (negrilla y may\u00fasculas del texto original). <\/p>\n
Posteriormente, a petici\u00f3n del actor, el fallo de segunda instancia fue adicionado el 20 de abril de 2018, en el sentido de condenar al extremo pasivo al pago de $32.619.750, por concepto de la indemnizaci\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Ambos extremos del litigio incoaron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala especializada en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3, mediante sentencia SL3462-2020 del 16 de septiembre de 2020, dispuso casar parcialmente el pronunciamiento del ad quem, ordenando, en sede de instancia: <\/p>\n
\u201c(\u2026) PRIMERO: REVOCAR EL NUMERAL CUARTO de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, el 20 de abril de 2015, para en su lugar, CONDENAR a la CORPORACI\u00d3N UNIVERSITARIA DEL HUILA \u2013 CORHUILA a pagar al demandante ERNESTO CABRERA TEJADA, las siguientes sumas de dinero: <\/p>\n
<\/p>\n
* $46.606.053.09 por reliquidaci\u00f3n del auxilio de cesant\u00eda.<\/p>\n
* $3.638.006.62 por reliquidaci\u00f3n de intereses a la cesant\u00eda.<\/p>\n
* $30.316.721.84 por reliquidaci\u00f3n de prima de servicios.<\/p>\n
* $19.189.066.oo por prima de productividad del segundo semestre 2013. (\u2026)\u201d. (negrillas y may\u00fasculas del texto original). <\/p>\n
Manifiesta el censor que, aun cuando en sede de casaci\u00f3n se acogieron parcialmente sus s\u00faplicas, dos de sus pretensiones fueron negadas: \u201cla sanci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990 y la sanci\u00f3n moratoria\u201d, al argumentarse que si bien las mismas fueron pedidas en la demanda, \u201cno fueron objeto de inconformidad alguna en el recurso interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia\u201d; afirmaci\u00f3n, en su sentir, desacertada, pues considera que esos dos pedimentos s\u00ed fueron \u201cmateria de apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Al respecto, agrega, era determinante en la alzada acreditar que los pagos realizados por fuera de n\u00f3mina correspond\u00edan a una contraprestaci\u00f3n directa del servicio como Coordinador de la Unidad de Desarrollo Empresarial, por ello, constitu\u00edan factor salarial para todos los efectos legales, porque a partir de la demostraci\u00f3n de ese hecho se desprend\u00edan distintas consecuencias jur\u00eddicas, como la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones y sus respectivas sanciones. <\/p>\n
A\u00f1ade, al finalizar la sustentaci\u00f3n del remedio vertical, pidi\u00f3 al ad quem \u201cmodificar\u201d la sentencia de primera instancia y acceder \u201ca todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda\u201d. <\/p>\n
Sostiene que en la \u201csustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, en audiencia de 24 de julio de 2017, solicit\u00f3, expresamente, la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral sobre tres puntos espec\u00edficos: \u201csalario, imprescriptibilidad para el cobro de las cesant\u00edas y, procedencia de la sanci\u00f3n para el pago parcial como para el no pago de cesant\u00edas\u201d. <\/p>\n
En sentir del impulsor, con la determinaci\u00f3n emitida por la colegiatura confutada se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial de la Sala permanente, sobre la aplicaci\u00f3n del \u201cprincipio de consonancia\u201d; para fundamentar tal aserci\u00f3n, cita las sentencias SL11478-2017 y SL2808-2018. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, \u201cse analicen las pretensiones negadas de cara a la jurisprudencia de la Sala Laboral permanente de la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con el recurso de apelaci\u00f3n y la demanda de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
Seg\u00fan lo manifestado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el fallo de primera instancia, la accionada y los vinculados guardaron silencio durante el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras no hallar arbitrariedad en el tr\u00e1mite censurado. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Conforme con lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada, cierto es que al demandante le fue negada la indemnizaci\u00f3n moratoria por el no pago de cesant\u00edas que reclam\u00f3, sin embargo, ello obedeci\u00f3 a que en el recurso de apelaci\u00f3n, ning\u00fan reclamo o sustentaci\u00f3n formul\u00f3 para soportar esa inconformidad. Tal falencia argumentativa y no el desconocimiento del precedente fue la que origin\u00f3 entonces que se despachara de manera desfavorable su pretensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLa l\u00ednea jurisprudencial pac\u00edfica y reiterada de la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral sobre el tema en particular, determina que s\u00f3lo podr\u00e1n resolverse aquellos asuntos que fueron objeto de inconformidad por el recurrente, salvo que se trate de derechos laborales m\u00ednimos e irrenunciables de los trabajadores\u201d. <\/p>\n
\u201cPero dicha delimitaci\u00f3n no s\u00f3lo opera en la alzada, pues el principio de consonancia tambi\u00e9n influye en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la medida en que, para la Corte \u00fanicamente se pueden estudiar aquellos asuntos que fueron controvertidos en la apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, coligi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese orden, pronto advierte la Sala que no hubo desconocimiento del precedente jurisprudencial aludido; el fallo atacado no configura una evidente v\u00eda de hecho; fue emitido por el juez natural en el decurso de un procedimiento laboral en el cual se respetaron las garant\u00edas fundamentales de las partes, y se sustent\u00f3 en la normativa y jurisprudencia aplicable al caso en concreto\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la tutelante, insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se resalta que, en el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20161, precisa que, si bien \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
2. La controversia estriba en determinar si la colegiatura accionada, con la sentencia SL3462-2020 emitida el 16 de septiembre de 2020 vulner\u00f3 las prerrogativas superlativas de Ernesto Cabrera Tejada, al relevarse del estudio de los reproches impetrados respecto a la \u201csanci\u00f3n moratoria por el no pago y dep\u00f3sito completo de las cesant\u00edas\u201d y la \u201cindemnizaci\u00f3n moratoria\u201d, argumentando que los mismos no fueron objeto de inconformidad en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. La censura del actor radica, seg\u00fan expone, en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, por parte de la corporaci\u00f3n encausada, pues, sostiene, la misma no tuvo en cuenta lo decantado por la sala permanente respecto al \u201cprincipio de consonancia\u201d, en sentencias como SL11478-2017 y SL2808-2018. <\/p>\n
4. Examinada la providencia a trav\u00e9s de la cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las partes en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n criticada cas\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del ad quem, pronunciamiento favorable a los intereses del demandante; no obstante, indic\u00f3 que, en lo ata\u00f1edero a la sanci\u00f3n del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, el precursor no hab\u00eda mencionado nada al respecto en la alzada. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se\u00f1ala el recurrente que la reliquidaci\u00f3n de las cesant\u00edas con el salario realmente devengado debe hacerse \u00abjunto con la respectiva indemnizaci\u00f3n moratoria por consignaci\u00f3n incompleta de las mismas y del no pago de las correspondientes al 2009 y 2010\u00bb, aspecto frente al cual el Tribunal \u00abno hizo pronunciamiento alguno, violando el principio de consonancia establecido en el art\u00edculo 66 A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb al tratarse de una de las pretensiones pedidas expresamente en la demanda inicial \u00aby en el recurso de apelaci\u00f3n del demandante\u00bb (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida, anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) No existe petici\u00f3n expresa en el citado medio de impugnaci\u00f3n alusivo a la sanci\u00f3n que hoy pretende, tal como lo se\u00f1ala la entidad opositora, por lo que mal podr\u00eda hablarse de vulneraci\u00f3n del principio de consonancia y, por el contrario, olvida el recurrente que era su deber, ante la condena por concepto de cesant\u00edas de los a\u00f1os 2009 y 2010, haber apelado expresamente de la sanci\u00f3n que hoy reclama, omisi\u00f3n que conlleva a que dicha pretensi\u00f3n sea excluida del debate procesal, pues revivirlo en el recurso extraordinario, como pretende hacerse, resulta extempor\u00e1neo, am\u00e9n de no resultar atinado achacarle un dislate de tal naturaleza al Tribunal sobre un punto que no tuvo oportunidad de examinar, precisamente, porque no le mereci\u00f3 inconformidad al actor del juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, la judicatura fustigada, en lo tocante a la \u201cindemnizaci\u00f3n moratoria\u201d, precis\u00f3 que ese reproche tampoco fue objeto de disentimiento en el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra la decisi\u00f3n del a quo. Al respecto sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se\u00f1ala el recurrente que la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria debi\u00f3 hacerse con el mismo salario de $15.786.977.00 con el que deb\u00eda calcularse la indemnizaci\u00f3n por despido, sanci\u00f3n que fue ordenada en primera instancia y para la cual se tuvo en cuenta el salario certificado en la liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales de $3.156.750.00; no obstante, tal como se razon\u00f3 al analizar el yerro endilgado respecto de la sanci\u00f3n por la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas, el aspecto que hoy le merece reproche a la censura no fue objeto de inconformidad alguna en el recurso interpuesto contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en el que nada aduce el impugnante en relaci\u00f3n con esta condena -indemnizaci\u00f3n moratoria- y que, en tales circunstancias, no permite a esta Corporaci\u00f3n abordar su estudio, pues como es sabido, no es posible en sede extraordinaria de casaci\u00f3n pronunciarse sobre temas que no fueron materia de apelaci\u00f3n (CSJ SL7782-2017). (\u2026)\u201d (subraya de esta Sala) <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se descarta la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del estrado arriba indicado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de este particular amparo, reservado para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
N\u00f3tese, la Corporaci\u00f3n convocada respet\u00f3 el precedente de la Sala especializada permanente, explic\u00f3 y motiv\u00f3 las razones para relevarse del estudio de la censura respecto a la \u201csanci\u00f3n del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990\u201d y la \u201cindemnizatoria moratoria\u201d, ello ante la imposibilidad, en sede de casaci\u00f3n, de pronunciarse sobre asuntos que no fueron materia de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, en lo concerniente a las providencias referidas por el quejoso, no se observa desconocimiento de las mismas, pues, de una parte, en la sentencia SL11478-2017 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral hace referencia al \u201cprincipio de consonancia\u201d en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La consonancia del art\u00edculo 66A del CPTSS que debe existir entre la decisi\u00f3n de segundo grado y las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n puede ser desconocida por exceso o por defecto. La primera forma se presenta cuando se resuelve sobre aspectos no planteados en el recurso de apelaci\u00f3n; y la segunda, cuando no se decide sobre temas que fueron efectivamente impugnados en el recurso vertical. El recurrente plantea un desconocimiento del principio de consonancia por exceso, discute que el Tribunal no pod\u00eda confirmar la absoluci\u00f3n que hiciera el a quo de las pretensiones de la demanda, pues afirma que en el recurso de apelaci\u00f3n solo se discuti\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada, alegaci\u00f3n que carece de sustento jur\u00eddico como vimos con anterioridad. Por el contrario, era imperativo para el juez colegiado entrar a estudiar la procedencia de la condena o la absoluci\u00f3n de las pretensiones elevadas por el demandante. (\u2026)\u201d. (\u00e9nfasis de esta Sala). <\/p>\n
Y, de otra, en la sentencia SL2808-2018, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e evidencia que el ad quem no trasgredi\u00f3 el principio de consonancia, pues no desbord\u00f3 los puntos que fueron objeto de alzada, como quiera que los apelantes s\u00ed discutieron el monto de la indemnizaci\u00f3n dispuesta por el juez de primera instancia por encontrarla excesiva y calcularse \u00abcomo si el actor hubiere fallecido\u00bb. <\/p>\n
En tal direcci\u00f3n, el ad quem qued\u00f3 plenamente facultado para efectuar una revisi\u00f3n sobre tal aspecto y, en consecuencia, ordenar la modificaci\u00f3n del fallo del a quo en punto a la correspondiente condena. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en m\u00faltiples oportunidades ha ense\u00f1ado que el deber del juez de segundo nivel de pronunciarse respecto de las materias objeto del recurso de apelaci\u00f3n no se cumple mediante el estudio estricto y apegado de los argumentos empleados por el impugnante para defender o combatir la procedencia de determinado derecho o condena\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, responde a que el superior jer\u00e1rquico se encuentra habilitado para estudiar un tema que se haya sometido a su an\u00e1lisis, sin restricciones argumentativas, como quiera que su \u00fanica limitaci\u00f3n, a la luz del art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es la observancia de la Constituci\u00f3n y la ley en el ejercicio de su actividad judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cDesde esta perspectiva, se tiene que le basta al impugnante llevarle al juez de apelaciones las \u00abmaterias\u00bb objeto de inconformidad, para que este quede habilitado para aplicar las normas que estime regulan el asunto y apreciar libremente las pruebas, m\u00e1xime si de cara al ordenamiento procesal laboral la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n no requiere de f\u00f3rmulas sacramentales ni su carga argumentativa est\u00e1 sujeta a determinados par\u00e1metros. De ah\u00ed que, no necesariamente las consideraciones de la sentencia de segunda instancia deban coincidir o ser un calco de los argumentos vertidos por el apelante (\u2026)\u201d. (\u00e9nfasis de esta Sala) <\/p>\n
Al respecto, se tiene que, las circunstancias contenidas en tales providencias son distintas de las aqu\u00ed narradas, pues en aquellas oportunidades se hall\u00f3 el desconocimiento del principio de consonancia por exceso, caso contrario a lo ocurrido en este asunto, donde el actor, al incoar su apelaci\u00f3n, en realidad, no se refiri\u00f3 expresamente a la \u201csanci\u00f3n moratoria\u201d contemplada en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990 ni a la \u201cindemnizaci\u00f3n moratoria\u201d, omisi\u00f3n que le impidi\u00f3 al ad quem y a la Sala de casaci\u00f3n querellada, emitir decisiones al respecto. Sobre esto \u00faltimo la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en reiterada jurisprudencia ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De esta suerte, la doctrina y la jurisprudencia han se\u00f1alado que el comportamiento del impugnante en apelaci\u00f3n influye en la sede extraordinaria, en la medida en que la Corte no podr\u00e1 pronunciarse sino sobre aquellos temas que fueron controvertidos en la alzada, todo ello en guarda del principio del debido proceso. (\u2026)\u201d. (CSJ SL041-2020) (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta salvaguarda. Seg\u00fan lo ha expresado la Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Por la cual se modifican los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6646-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6646-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01753-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}