STC6648-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6648-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00484-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 15 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la salvaguarda instaurada por Guillermo Londo\u00f1o Restrepo frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por el aqu\u00ed actor a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad social, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito genitor y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba GNR-092370 de 12 mayo de 2013 Colpensiones, reconoci\u00f3 a Guillermo Londo\u00f1o Restrepo la pensi\u00f3n de vejez, por valor de $1.217.574, liquidada con el IBL promedio de los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os de servicios y una tasa de reemplazo del 81%. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el quejoso interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, tras considerar que la mesada debi\u00f3 ser liquidada con las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral, de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 19931. <\/p>\n
En Resoluci\u00f3n GNR-145960 la Administradora de Pensiones mantuvo su decisi\u00f3n, indicando que \u00fanicamente se acreditaron 1.108 semanas cotizadas durante toda la vida laboral; no obstante, aduce el libelista, en dicho acto no se tuvo en cuenta el tiempo laborado desde noviembre de 1996 hasta septiembre de 1999, para la empresa Materiales Ltda. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con tal decisi\u00f3n, el actor promovi\u00f3 juicio ordinario laboral, solicitando la reliquidaci\u00f3n de la mesada pensional, decurso tramitado en primera instancia en el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en sentencia de 9 de noviembre de 2015, absolvi\u00f3 a Colpensiones de las pretensiones formuladas en su contra. <\/p>\n
El aludido pronunciamiento fue confirmado, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta urbe, el 21 de abril de 2016. <\/p>\n
El promotor inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala en descongesti\u00f3n especializada n\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n, mediante providencia SL073 de 26 de enero de 2021, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
Asevera el precursor que, en su caso, no se aplic\u00f3 el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 para realizar el c\u00e1lculo del IBL pensional, por la supuesta falta de prueba sobre las cotizaciones efectuadas durante el per\u00edodo comprendido entre noviembre de 1996 y septiembre de 1999, cuando tal carga correspond\u00eda a su empleador o a la administradora de pensiones para que adelantaran las acciones de cobro pertinentes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestiona la presunci\u00f3n efectuada por los falladores, sobre el salario devengado en ese interregno, pues, afirma, en la historia laboral se evidencia que el valor en mora mensual era de $94.500, por lo que \u201cse pod\u00eda deducir f\u00e1cilmente\u201d que la suma devengada correspond\u00eda a $700.000 y no al salario m\u00ednimo como erradamente se hizo en instancia. <\/p>\n
Esgrime que, en la sentencia cuestionada, se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo y procesal, el primero, al \u201caplicar presunciones que no correspond\u00edan al caso\u201d y, el segundo, al atribuirle una carga probatoria, la cual seg\u00fan el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, concern\u00eda a Colpensiones. <\/p>\n
De otro lado, alega un vicio f\u00e1ctico, por parte de la judicatura accionada, al no dar validez a la historia laboral y al dictamen pericial aportado, en el cual, el experto, \u201cdando aplicaci\u00f3n a todas las semanas cotizadas calcul\u00f3 la mesada pensional en la suma de $3.939.491 para el a\u00f1o 2013.\u201d <\/p>\n
Por \u00faltimo, aduce que existi\u00f3 un desconocimiento del precedente jurisprudencial, en donde se ha establecido que no se requiere probar la relaci\u00f3n laboral, cuando la afiliaci\u00f3n ha sido efectiva. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, \u201cdisponer que se adopte una nueva sentencia que valore las pruebas aportadas dentro del proceso y d\u00e9 respuesta a cada uno de los argumentos esgrimidos en casaci\u00f3n, atendiendo los precedentes jurisprudenciales\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados2 <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre fustigado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y manifest\u00f3 no haber vulnerado las prerrogativas fundamentales del accionante, por cuanto, su decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que el querellante no ten\u00eda derecho a la reliquidaci\u00f3n pretendida, entre otros aspectos, porque no prob\u00f3 el supuesto de hecho en que soportaba su pedimento. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito se abstuvo de emitir un pronunciamiento, al no contar con elementos de juicio, teniendo en cuenta que el expediente fue remitido al tribunal. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remantes del Instituto de Seguros Sociales, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, por cuanto no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n censurada; igualmente descart\u00f3 la configuraci\u00f3n de los defectos aducidos por el quejoso. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Contrario a lo considerado por el censor, la determinaci\u00f3n de la accionada de estudiar el reajuste a la pensi\u00f3n con fundamento en lo devengado en los \u00faltimos 10 a\u00f1os y no durante toda la vida laboral se advierte razonable y ajustado a los principios que gobiernan la seguridad social, pues partir de los \u00faltimos 10 a\u00f1os representaba para su caso un mayor valor de Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n del que hubiese correspondido si se tomara la totalidad del tiempo laborado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o advierte este juez de tutela la configuraci\u00f3n del aludido defecto f\u00e1ctico puesto que s\u00ed se dio la valoraci\u00f3n que se echa de menos, distinto es que hubiese arrojado una conclusi\u00f3n diversa de la pretendida por censor, como por ejemplo que tales montos reportaban 0% del ingreso base de liquidaci\u00f3n y por lo tanto ning\u00fan cambio sustancial representaba para la reliquidaci\u00f3n pensional reclamada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Finalmente, tampoco se configura un defecto procesal o el desconocimiento del precedente jurisprudencial al exigirle al accionante acreditar el fundamento de su pretensi\u00f3n, esto es, que durante el per\u00edodo por \u00e9l indicado (noviembre de 1996 a septiembre de 1999) percibi\u00f3 ingresos por encima del salario m\u00ednimo legal mensual vigente. Ello por cuanto quien acude a la administraci\u00f3n para el reconocimiento de un derecho, tiene la carga aportar las pruebas que lo sustentan (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el censor, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
En adici\u00f3n, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al Juez Constitucional se le indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala Laboral desconoci\u00f3 la Constituci\u00f3n por no valorar las pruebas como deb\u00edan valorarse y darles el alcance probatorio que estas comportan, esto hace caer la decisi\u00f3n de tutela en una falla frente a la objetividad ya que solo se argumenta que los supuestos de tutela debieron alegarse en la instancia; pero si se revisa el expediente laboral se encuentra que efectivamente fueron alegados, y no se pretende una tercera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente, se resalta que en el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20163, precisa que si bien \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aqu\u00e9llas, de remitir el juicio a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia n\u00ba SL073-2021 de 26 de enero de 2021, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en descongesti\u00f3n n\u00ba 1, mediante la cual no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de 21 de abril de 2016, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirmatoria de la de primer grado, donde se neg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez otorgada al petente por Colpensiones. <\/p>\n
3. Auscultada dicha determinaci\u00f3n, se encuentra que la Sala de Casaci\u00f3n especializada procedi\u00f3 a estudiar de manera conjunta los dos primeros cargos, de los cinco, formulados por el recurrente, en los cuales \u00e9ste censur\u00f3, entre otros aspectos, la falta de apreciaci\u00f3n del dictamen pericial por \u00e9l allegado. <\/p>\n
Al respecto, el fallador cognoscente determin\u00f3 que, si bien el aludido medio probatorio reposaba en un documento, el mismo no mutaba su naturaleza de \u201cdictamen pericial\u201d, por tanto, no era una prueba calificada para \u201cedificar sobre ella un cargo en casaci\u00f3n\u201d, teniendo en cuenta que su an\u00e1lisis solo es posible, \u201csi previamente se demuestra un dislate con las pruebas que s\u00ed ostentan tal calidad, que lo son los documentos, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n judicial, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Sala ordinaria4, la valoraci\u00f3n de indicios no ten\u00eda cabida en sede de casaci\u00f3n, salvo que est\u00e9 demostrado un error manifiesto de hecho con pruebas calificadas; ello, refiri\u00e9ndose a lo aducido por el actor, para acreditar el salario percibido desde noviembre de 1996 hasta septiembre de 1999. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s claro para la Corte que los dos primeros errores los pretende demostrar con indicios, pues es a partir de ellos que busca acreditar que el salario por \u00e9l percibido y que debe servir de base por el per\u00edodo que va del mes de noviembre de 1996 a septiembre de 1999, corresponde a la cuant\u00eda de $700.000, pues era la suma que devengaba con anterioridad a tal periodo, concretamente entre los meses de abril a octubre de 1996, el que da un porcentaje de cotizaci\u00f3n de $94.500 mensuales. Ello es as\u00ed, en tanto se resigna en aceptar que en la historia laboral y en la columna correspondiente al IBC y por el tiempo objeto de la controversia aparece \u201c$0\u201d como salario base de cotizaci\u00f3n, que fue precisamente lo que concluy\u00f3 el Tribunal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, en lo ata\u00f1edero a la historia laboral del censor la judicatura confutada, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i en gracia de discusi\u00f3n la Sala abordara el estudio de la historia laboral, bajo el supuesto hipot\u00e9tico de que en el per\u00edodo cuestionado el demandante estuvo afiliado por el empleador que alude en los hechos de la demanda inicial, se tiene que, la misma no arroja elementos que hagan pensar en un cambio sustancial del escenario f\u00e1ctico del proceso, esto es, que el actor en decir de la censura para el lapso comprendido entre noviembre de 1996 a septiembre de 1999 deveng\u00f3 un salario mensual de $700.000, pues como el mismo lo acepta, dicha documental y por tal periodo, registra \u00ab$0\u00bb de IBC \u201d. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que mal puede atribuirle un dislate de orden f\u00e1ctico derivado del contenido de esa documental, y menos con el car\u00e1cter de evidente u ostensible que es el que tiene la connotaci\u00f3n de llevar al traste la decisi\u00f3n recurrida (\u2026).\u201d <\/p>\n
A su vez, la Sala convocada encontr\u00f3 acertado el proceder del ad quem, al considerar que, ante la ausencia de prueba del salario devengado por el actor durante el per\u00edodo comprendido entre noviembre de 1996 y septiembre de 1999, deb\u00eda tomarse el salario m\u00ednimo legal mensual vigente para tales efectos, pues, a\u00f1adi\u00f3, de tenerse en cuenta el mismo estipendio que percib\u00eda en los meses anteriores, se entrar\u00eda \u201cen el campo de las simples suposiciones o conjeturas\u201d. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que tal consideraci\u00f3n se encontraba ajustada a lo decantado por la jurisprudencia5 donde se ha establecido que \u201ccuando no se demuestra el salario devengado por un trabajador, bien sea para liquidar las prestaciones sociales ora para el reconocimiento de un derecho pensional, que es el caso bajo estudio, se debe tomar el m\u00ednimo mensual legal vigente en dicho periodo\u201d. <\/p>\n
3.1 Posteriormente, la colegiatura accionada, al estudiar los cargos tercero y quinto, formulados por el demandante, sostuvo que el fallador de segundo grado, realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de conformidad a lo consagrado en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 19936; empero, al encontrar que la mesada pensional ascend\u00eda a la suma de $1.060.573, monto inferior al reconocido por Colpensiones, quien hab\u00eda tomado como ingreso base de liquidaci\u00f3n los diez \u00faltimos a\u00f1os cotizados, concluy\u00f3 que esa era m\u00e1s conveniente que la primera. <\/p>\n
Adem\u00e1s, descart\u00f3 un desconocimiento a los principios de \u201cfavorabilidad y remuneraci\u00f3n proporcional a la cantidad y calidad del trabajo\u201d, consagrados en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque, <\/p>\n
\u201c(\u2026) de una parte el ad quem, como se vio, consider\u00f3 que a Londo\u00f1o Restrepo le resultaba m\u00e1s favorable la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez al amparo del inciso primero del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, que del contemplado por el supuesto f\u00e1ctico del segundo ib\u00eddem; y de otra, porque en el proceso no encontr\u00f3 prueba del salario percibido por el actor en el periodo comprendido entre noviembre de 1996 a septiembre de 1999, de ah\u00ed que mal puede arg\u00fcir la violaci\u00f3n del principio de remuneraci\u00f3n proporcional a la cantidad y calidad del trabajo ora del de favorabilidad\u201d. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed que, al no encontrar el juzgador medio de convicci\u00f3n alguno que demostrara el salario percibido por el afiliado o los IBC en el per\u00edodo de marras, nada se opon\u00eda a que se liquidara con el m\u00ednimo legal mensual vigente de tales anualidades, como se explic\u00f3 al despachar los dos primeros cargos, m\u00e1xime que esa base salarial tambi\u00e9n tiene plena aplicaci\u00f3n para efectos pensionales, como quiera que ella se utiliza para calcular la prestaci\u00f3n correspondiente\u201d. <\/p>\n
3.2 Por \u00faltimo, al revisar el cargo cuarto, el estrado encausado consider\u00f3 que el actor no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba, a efectos de acreditar el salario por \u00e9l devengado, durante el per\u00edodo comprendido entre noviembre de 1996 y septiembre de 1999, teniendo en cuenta que lo pretendido era la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n con los aportes realizados en toda su vida laboral, pues, su historial de cotizaciones reflejaba un Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n de cero (0), durante ese tiempo. <\/p>\n
Bajo las premisas transcritas, coligi\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada, la improsperidad de los cargos frente a los yerros endilgados al ad quem. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener7, no se advierte un proceder arbitrario, por parte de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
N\u00f3tese, la colegiatura denunciada explic\u00f3 y motiv\u00f3 con base en la Ley y el criterio reiterado en la jurisprudencia emitida por la Sala ordinaria, las razones por las cuales, en sede de casaci\u00f3n, no proced\u00eda el an\u00e1lisis del dictamen pericial presentado por el actor; asimismo encontr\u00f3 acertada la presunci\u00f3n del salario devengado por aqu\u00e9l, entre noviembre de 1996 y septiembre de 1999, efectuada por el tribunal ante la ausencia de prueba, pues la historia laboral refleja, para tal periodo, un IBC de cero pesos \u201c$0\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, hall\u00f3 razonable el proceder del ad quem, al determinar que, una vez realizado el c\u00e1lculo, teniendo en cuenta las pruebas aportadas, al demandante le resultaba m\u00e1s favorable la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez, al abrigo del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 tomando el promedio de los salarios sobre los cuales cotiz\u00f3 durante los diez \u00faltimos a\u00f1os y no durante toda la vida laboral. <\/p>\n
Dichas circunstancias, permiten descartar los defectos alegados por el promotor a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional frente a la sentencia SL073-2021 emitida por la magistratura fustigada el 26 de enero de 2021. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cART\u00cdCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACI\u00d3N. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expida el DANE. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cCuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflaci\u00f3n, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podr\u00e1 optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como m\u00ednimo. <\/p>\n
2 De lo referido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el fallo de primera instancia. <\/p>\n
3 Por la cual se modifican los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
4 CSJ SL14481-2014, CSJ SL10497-2017 y CSJ SL3591-2020 <\/p>\n
5 CSJ SL2676-2020 <\/p>\n
6 \u201cART\u00cdCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACI\u00d3N. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) a\u00f1os anteriores al reconocimiento de la pensi\u00f3n, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expida el DANE\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cCuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflaci\u00f3n, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podr\u00e1 optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como m\u00ednimo\u201d. <\/p>\n
7CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
8 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
9 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC6648-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6648-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00484-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 15 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54728"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54728\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}