STC6650-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6650-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00147-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 26 de abril de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eduardo Puerto Hurtado en nombre de Cerescos S.A.S., contra los Juzgados Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda y Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, con ocasi\u00f3n del \u201cincidente de perjuicios\u201d adelantado por la referida sociedad, a Nelson Mancipe Mahecha. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Manifiesta el gestor que, en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, se tramita el juicio ejecutivo singular adelantado por Nelson Mancipe Mahecha contra Gloria Rubiano Quijano, asunto en el cual, se decret\u00f3 el embargo y secuestro del automotor de placas BOW-774, de propiedad de su \u201cprohijada\u201d Cerescos S.A.S., sociedad ajena a las partes en contienda dentro de ese compulsivo. <\/p>\n
Aduce que, el 15 de octubre de 2019, como apoderado de dicho ente societario, radic\u00f3 ante el referido estrado, \u201cincidente de perjuicios\u201d por la materializaci\u00f3n de la comentada medida cautelar; pedimento desestimado en auto de 11 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Afirma que se impetr\u00f3 apelaci\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento del recurso al despacho del circuito convocado, quien, en prove\u00eddo de 29 de mayo de 2020, declar\u00f3 inadmisible la alzada por tratarse de un asunto de \u201cm\u00ednima cuant\u00eda\u201d, determinaci\u00f3n proferida \u201cestando en la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos\u201d generada por \u201c(\u2026) la pandemia que se viv\u00eda (\u2026) a nivel nacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sostiene que desconoce el contenido de esa determinaci\u00f3n, pues no fue divulgada en el \u201cMICROSITIO WEB\u201d del despacho ad quem, ni remitida al \u201ccorreo de las partes interesadas\u201d. <\/p>\n
Acota que, devuelto el expediente al juzgado municipal criticado, en varias oportunidades, le ha solicitado \u201cponer[le] en conocimiento el auto expedido\u201d en segunda instancia; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, dicha autoridad ha guardado silencio, ocasion\u00e1ndole \u201cgrandes perjuicios a [su] poderdante conforme a sus intereses\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, \u201cse deje sin efecto\u201d el prove\u00eddo emitido por el despacho del circuito fustigado, \u201cpor la no publicaci\u00f3n y el desconocimiento pleno del mismo\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda explic\u00f3 que, la medida cautelar aducida por el gestor, fue levantada el 2 de septiembre de 2019, orden\u00e1ndose la \u201centrega inmediata\u201d del veh\u00edculo secuestrado. <\/p>\n
Frente a las peticiones referidas por el quejoso, mencion\u00f3 que las mismas han sido direccionadas de forma err\u00f3nea por el interesado a un correo electr\u00f3nico que no corresponde a ese despacho1. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda tras inferir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]iendo el proceso que cursa bajo el radicado 2019-00127 un proceso ejecutivo, y que, quien acciona en esta tutela no hace parte del mismo, ni es un tercero o interviniente, sino un apoderado de la parte incidentante en perjuicios, esa circunstancia no lo habilita per se para cuestionar las decisiones adoptadas por la autoridad jurisdiccional convocada en el citado litigio puesto que, si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991; en este caso, a pesar de hab\u00e9rsele realizado el requerimiento al abogado en el auto admisorio, permaneci\u00f3 silente al respecto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor afirmando que el tribunal pas\u00f3 por alto el correo electr\u00f3nico en el cual se remiti\u00f3 el mandato proferido por Cerescos S.A.S., el cual, en su sentir, lo habilitaba para actuar dentro del presente ruego. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se advierte que Carlos Eduardo Puerto Hurtado est\u00e1 legitimado para actuar en nombre de Cerescos S.A.S., pues alleg\u00f3 a esta instancia el mandato conferido por la representante legal de esa sociedad para interponer el presente resguardo, por tanto, el gestor se encuentra facultado para pedir la protecci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales del mencionado ente societario. <\/p>\n
2. El promotor del ruego critica: i) la falta de notificaci\u00f3n del auto de 29 de mayo de 2020, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, mediante el cual se inadmiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra el prove\u00eddo que desestim\u00f3 el \u201cincidente de perjuicios\u201d incoado en el comentado subex\u00e1mine; y ii) la falta de respuesta del estrado municipal convocado a sus requerimientos concernientes a obtener la publicidad de la mencionada providencia. <\/p>\n
3. Frente al primer tema de censura el auxilio no es exitoso porque el querellante no ha puesto en conocimiento del despacho del circuito querellado, la irregularidad alegada en esta senda, para que sea esa autoridad quien defina si le asiste o no raz\u00f3n en sus aseveraciones. <\/p>\n
Por tanto, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el petente pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Ahora, revisadas las pruebas aportadas en este ruego, se observa que los requerimientos realizados por el tutelante, mediante mensaje de datos al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ch\u00eda, fueron remitidos a la direcci\u00f3n \u201cj03cmpalchia@cendoj.ramajudicial.com\u201d, la cual no corresponde al buz\u00f3n oficial de ese despacho, pues como lo asever\u00f3 el convocado, el correo electr\u00f3nico de esa dependencia es \u201cj03cmpalchia@cendoj.ramajudicial.gov.co\u201d; por tanto, no existe ninguna mora en la atenci\u00f3n de tales solicitudes, pues las mismas no han sido debidamente presentadas para su correspondiente respuesta. <\/p>\n
As\u00ed, ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Colegiatura. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d (negrillas propias)3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Seg\u00fan el juzgado municipal fustigado el correo electr\u00f3nico oficial de ese despacho judicial en \u201c j03cmpalchia@cendoj.ramajudicial.gov.co\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
3 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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