STC6660-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6660-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2021-00226-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 5 de mayo de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eliecer Polo Guerra contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Defensor\u00eda de Familia del ICBF, la Procuradur\u00eda 5\u00aa Judicial II de Familia de Barranquilla y los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, libre locomoci\u00f3n y trabajo, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado que \u00abdejar sin efecto la medida de prohibici\u00f3n de salir de pa\u00eds\u2026 en auto del 16 de diciembre del 2020\u2026, ya que fue tomada arbitrariamente sin hacer un estudio del caso en concreto\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jessica Wehdeking L\u00f3pez, en representaci\u00f3n de su hija menor, promovi\u00f3 juicio de alimentos contra Jorge Eliecer Polo Guerra, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad, el que en auto de 16 de diciembre de 2020 decret\u00f3 alimentos provisionales por el 25% del salario que percib\u00eda como empleado de Avianca, as\u00ed como dispuso la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds del demandado, conforme con el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia y el 568 C\u00f3digo General del Proceso. Posteriormente, lo tuvo notificado por conducta concluyente. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el gestor que se le impidi\u00f3 la salida del pa\u00eds sin efectuar un estudio del caso concreto; que no solo se afectan sus derechos sino tambi\u00e9n los de su menor hija, pues no se valor\u00f3 que ella viv\u00eda en Estados Unidos, por lo que no pod\u00eda visitarla. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que no se le hab\u00eda notificado el traslado de la demanda y sus anexos, por lo que no pod\u00eda ejercer su contradicci\u00f3n; y que se afectaba su derecho al trabajo, pues por su profesi\u00f3n y cargo como t\u00e9cnico de aviones, la restricci\u00f3n impuesta le podr\u00eda costar su empleo. <\/p>\n
2.4. Adujo que la medida era desproporcionada porque hab\u00eda cumplido con la cuota de alimentos; que conforme con la prevalencia de los derechos de los menores, estos deb\u00edan tener contacto con sus padres; y que el estrado acusado no ten\u00eda competencia para conocer del asunto, pues ninguna de las partes ten\u00eda su residencia en Soledad, en tanto que su hija viv\u00eda fuera del pa\u00eds y \u00e9l en Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Hip\u00f3dromo de la Regional Atl\u00e1ntico refiri\u00f3 que no exist\u00eda prueba del cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria por parte del promotor, pues incluso se tuvo que instaurar un proceso para garantizar los mismos; que si bien el impedimento de salida del pa\u00eds incid\u00eda de forma negativa en las funciones laborales del accionante, la ley preve\u00eda opciones para lograr su levantamiento, entre estas, el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia; que si la ni\u00f1a no resid\u00eda en el pa\u00eds el derecho de visitas que le asist\u00eda se pod\u00eda garantizar de diferentes formas; y que se deb\u00eda declarar improcedente el resguardo por carecer de fundamentos legales y de hecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Soledad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que examinada la carpeta digital del expediente no exist\u00eda petici\u00f3n del demandado en el que informara y acreditara el cumplimiento del pago de la cauci\u00f3n exigida en el numeral 6 del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso; que el gestor contaba con otro medio legal dispuesto en el ordenamiento para solicitar el levantamiento de dicha cautela; que el demandado fue notificado por conducta concluyente, por lo que se encontraba en t\u00e9rmino para ejercer los medios de defensa que a bien tenga, siendo esa la oportunidad para controvertir los hechos denunciados; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno, pues procedi\u00f3 con total apego a las normas procesales vigentes. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 5\u00aa Judicial II de Familia de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que el promotor contaba con diversas oportunidades procesales para ejercer su defensa y contradicci\u00f3n; que no demostr\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que existieran circunstancias excepcionales que hicieren procedente el resguardo; y que se deb\u00eda verificar el inter\u00e9s superior de la menor, conforme el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 y los principios orientadores de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues el accionante no hab\u00eda hecho uso de los mecanismos de defensa con los que contaba, como el recurso de reposici\u00f3n frente al auto censurado o solicitar el levantamiento de la medida en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 568 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia, con el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia; que tampoco se advert\u00eda que no se hubiere surtido la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, pues el 23 de abril de 2021 se tuvo notificado por conducta concluyente, es decir, desde esa \u00e9poca hab\u00eda tenido la oportunidad de contestar la demanda y proponer las defensas que a bien considerara. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que a la fecha de radicaci\u00f3n de la demanda no hab\u00eda sido notificado, por lo que no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n; y que exist\u00edan reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales para determinar en que consist\u00eda el inter\u00e9s superior de cada menor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa que tiene a su alcance. <\/p>\n
En efecto, el gestor bien pude exponer ante el fallador de conocimiento todas sus inconformidades, entre estas, los reclamos sobre las medidas decretadas y la supuesta falta de competencia, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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