STC6663-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6663-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01640-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Construcciones e Ingenier\u00eda C&M S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2014-00228. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la actora pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 5 de mayo de 2021, mediante el cual el tribunal accionado confirm\u00f3 el levantamiento de una medida cautelar que se decret\u00f3 inicialmente sobre un cr\u00e9dito de una sociedad mercantil (ajena al juicio coactivo) de la que el ejecutado ten\u00eda la titularidad del 100% de las acciones. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene emitir un nuevo prove\u00eddo en el que se mantenga la cuestionada cautela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga pidi\u00f3 desestimar el resguardo, por estimar que la providencia materia de censura no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Consorcio Sedes 2017 y Consorcio Edificaciones 2017 se opuso a la prosperidad del amparo, arguyendo que en el juicio ejecutivo que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, el accionante ha contado con todas las garant\u00edas procesales, de manera que no es cierta la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental que aqu\u00ed invoca. <\/p>\n
3. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y recalc\u00f3 que este mecanismo subsidiario de protecci\u00f3n no debe ser usado como una tercera instancia, para discutir decisiones que no se comparten. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar el levantamiento del embargo cuya permanencia insiste el querellante. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la corporaci\u00f2n accionada confirm\u00f3 el decaimiento de la cautela decretada, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
Para convenir en ello, es importante recalcar que la referida providencia no obedeci\u00f3 a que el ejecutado ya no fuera accionista de la sociedad sobre la que recay\u00f3 las cautelas, como infundadamente aqu\u00ed lo sostuvo el accionante. De hecho, el tribunal neg\u00f3 en forma expresa que ese fuera la raz\u00f3n de la confirmaci\u00f3n del auto apelado, el cual decidi\u00f3 mantener, puntualmente, porque la sociedad afectada con esa medida (que, en estricto sentido, es una persona jur\u00eddica distinta de sus accionistas), no integraba el extremo pasivo de la ejecuci\u00f3n, de manera que sus activos no pod\u00edan verse comprometidos en virtud de un mandamiento de pago que no la cobijaba. <\/p>\n
Ciertamente, fue en esa direcci\u00f3n que la magistratura accionada anot\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPara resolver, menester es se\u00f1alar, que en efecto, uno de los demandados o ejecutados, es el se\u00f1or YAN DAVID DUARTE MEZA, persona natural diferente a la sociedad comercial SPYGA PROYECTOS SAS, donde si bien es cierto aqu\u00e9l es su \u00fanico socio, lo cierto es que de acuerdo al art. 98 del C. de Co. constituye \u201c\u2026una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u201d, en esta caso constituida bajo las premisas de la ley 1258 de 2008, que orienta el antiformalismo para fomentar la iniciativa privada, en cuyo art. 2\u00ba reitera lo dispuesto por el referido art\u00edculo, de esta suerte que el patrimonio de aqu\u00e9lla es diferente al patrimonio del socio, en este caso unitario. <\/p>\n
En el caso de marras, bien se advierte que el ejecutado es la persona natural referida y no la jur\u00eddica creada por el mismo, por lo que el patrimonio y cr\u00e9ditos de \u00e9sta no son susceptibles de cautelarse, m\u00e1s all\u00e1 de las utilidades o rendimientos que corresponde hacerse al final de cada ejercicio, de donde como bien lo advirti\u00f3 el ejecutado, los dineros cautelados de la referida sociedad como integrante de un consorcio, no corresponden al socio demandado, dado que son patrimonios distintos, pues ese es el tratamiento que la ley sustancial le ha dispensado al asunto, sobre actos que se hallan cobijados por el principio constitucional de presunci\u00f3n de buena fe de que trata el art, 86 de la CP, por lo que, si existen actos simulados, menester es procurar su declaraci\u00f3n judicial, bien por esa v\u00eda petitoria ora a trav\u00e9s del levantamiento del velo corporativo, como lo indica la teor\u00eda del disregard, entre tanto la prueba documental debe ce\u00f1irse por la presunci\u00f3n de autenticidad de acuerdo al art. 244 del CGP. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, se avizora que la medida cautelar fue decretada mediante auto del 4 de octubre de 2017, en tanto que el ejecutado habr\u00eda realizado la venta de sus acciones a CELINA JOYA C\u00c1CERES el 12 de enero de 2017, es decir cerca de 8 meses antes del decreto de la medida, seg\u00fan se documenta en acta de asamblea de esa fecha y en contrato de compraventa de fecha del d\u00eda siguiente a la asamblea, sobre lo cual no puede anteponerse como prueba \u201csumaria\u201d el allanamiento de la compradora dentro del proceso que para ese prop\u00f3sito formul\u00f3 la ejecutante, que en este caso resulta inocuo, pues como se advirti\u00f3 ya, la medida cautelar se hab\u00eda decretado indebidamente sobre los recursos que recibiese la persona jur\u00eddica SPYGA y no sobre las utilidades del ejecutado, lo que en realidad lleva a confirmar el fallo recurrido, pero por las razones dichas, toda vez que, lo que motiva el levantamiento de las cautelas, no es como se indic\u00f3 por el a-quo, por no ser el ejecutado el titular de las acciones de la sociedad referida al haberlas vendido, sino porque se trata de dineros que corresponden al ente jur\u00eddico, que como sujeto de derecho es diferente de aqu\u00e9l demandado, no siendo factible confundir sus patrimonios, medida que de esta forma hab\u00eda sido as\u00ed mal decretada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se itera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de los juzgadores de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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