STC6666-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01692-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Etilvia Ariza de Lozano y Jorge Orlando Jaramillo Giraldo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el amparo radicado n\u00ba 2019-00299. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las corporaciones judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que, Rosa Etilvia Ariza de Lozano interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero de Paz, la Fiscal\u00eda 56 de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos, todos de Barranquilla, por la presunta afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales tras ser \u00abdespojada\u00bb de la posesi\u00f3n que ejerce sobre el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria \u00ab040-227843\u00bb en el curso de un tr\u00e1mite surtido ante el juez de paz all\u00ed tutelado. <\/p>\n
La referida demanda constitucional la conoci\u00f3 en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, que mediante fallo del 10 de diciembre de 2019 la declar\u00f3 improcedente. Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en sede de impugnaci\u00f3n, en pronunciamiento del 13 de abril de 2021 refrend\u00f3 lo resuelto por el tribunal a quo confirmando la inviabilidad del amparo. <\/p>\n
Acude la ciudadana mencionada (con la coadyuvancia de Jorge Orlando Jaramillo Giraldo) de nuevo a la salvaguarda, cuestionando las referidas decisiones de tutela, las que acusa de constituir v\u00edas de hecho por defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
Sostienen en primer lugar que, el tribunal accionado omiti\u00f3 \u00ab(\u2026) referirse a los derechos fundamentales aducidos como violados por desconocimiento del debido proceso al desconocer el procedimiento jur\u00eddico de entrega de inmuebles cuando existe el ejercicio del derecho de posesi\u00f3n por parte de una tercera persona, no estudia la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa al omitir estudiar si el dejar de convocarme a la conciliaci\u00f3n y no notificarme de la solicitud de conciliaci\u00f3n vulner\u00f3 ese derecho, tampoco estudia la falta de competencia de la Juez de Paz con respecto a la entrega del inmueble, no hace menci\u00f3n alguna de mi condici\u00f3n como tercera persona distinta a los conciliadores, no examina si la entrega es un asunto cuyo conocimiento le corresponde a los Jueces Civiles de la rama judicial, no eval\u00faa la no competencia de la Juez de Paz, cuando la conciliaci\u00f3n por su cuant\u00eda excede el tope establecido en la ley 497 de 1999, no indica si estas dos \u00faltimas acusaciones constituyen una v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que, la propiedad nunca fue vendida y que las negociaciones que se efectuaron sobre ella fueron \u00abfraudulentas y por eso se encuentran en investigaci\u00f3n penal y (\u2026) nunca he perdido la posesi\u00f3n del inmueble, situaci\u00f3n que no comprendi\u00f3 el tribunal\u00bb; as\u00ed mismo, se\u00f1alaron que la colegiatura dej\u00f3 de valorar que la vivienda en cuesti\u00f3n se hallaba afectada por la medida de suspensi\u00f3n del poder dispositivo impuesta por la justicia penal. <\/p>\n
Critican de la Hom\u00f3loga Especializada Penal que, al resolver la impugnaci\u00f3n contra el fallo \u00abse sum\u00f3 a las apreciaciones del Tribunal Superior de Barranquilla [\u2026] pronunci\u00e1ndose acerca de la legitimidad de quienes celebraron la compraventa del inmueble y celebraron la conciliaci\u00f3n sin haber valorado las graves denuncias allegadas por la fiscal 36 y la juez sexta penal con funciones de control de garant\u00edas; ni las irregularidades anotadas en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble que registr\u00f3 estando suspendidas y prohibidas las enajenaciones\u00bb. <\/p>\n
Precisan que se present\u00f3 el defecto f\u00e1ctico en las referidas determinaciones porque \u00abomitieron estudiar la violaci\u00f3n del debido proceso en sus esferas probatoria y procesal, el tribunal al validar en sede de tutela las ventas cuestionadas ante la justicia penal ordinaria, arriba a una conclusi\u00f3n equ\u00edvoca, al asimilar el derecho de propiedad al de posesi\u00f3n, por eso plantea que es temerario que la vendedora pase a ser poseedora de lo vendido. Para claridad nunca he vendido mi propiedad [\u2026] las decisiones acusadas dejaron de examinar las actuaciones adelantadas por los jueces de paz, es decir, ni el tribunal ni la Corte Suprema establecieron si los jueces de paz tienen competencia para conocer y decidir la entrega de inmuebles y sobre todo cuando existe oposici\u00f3n de un poseedor\u00bb; en cuanto al defecto sustantivo, manifestaron que los jueces de tutela desconocieron la \u00abtaxatividad del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb en relaci\u00f3n con el tema de la competencia asignada a los jueces de paz frente a asuntos que superen los \u00ab100 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia piden, \u00ab(\u2026) se nos proteja de los efectos jur\u00eddicos de las providencias de tutelas acusadas y por tanto se impida despojo alguno de la vivienda relacionada, de forma transitoria, en atenci\u00f3n a las motivaciones expuestas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Barranquilla aclar\u00f3 que, ese despacho \u00abno ha ordenado el levantamiento del poder dispositivo del inmueble (\u2026)\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue la tutela respecto del titular del despacho, por cuanto no fue quien dirigi\u00f3 la audiencia preliminar del 27 de enero de 2012 a la que alude la gestora del amparo. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, por intermedio de uno de sus magistrados defendi\u00f3 la determinaci\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en la acci\u00f3n de tutela cuestionada por la quejosa, precisando que analiz\u00f3 \u00abde fondo la situaci\u00f3n puesta en nuestra consideraci\u00f3n en torno a la competencia del juez de paz para intervenir en el acuerdo al que llegaron la Fundaci\u00f3n Mulitactiva Raloji Castro como compradora del inmueble e Inversiones Arias Hermanos como vendedora; la imposibilidad de deslegitimar o tachar de fraudulento el proceso de venta entre la se\u00f1ora Ariza Lozano y su nieto Jaramillo Lozano Jonathan Enrique; la ausencia de acreditaci\u00f3n de perjuicio irremediable; y, la existencia de herramientas ordinarias para sacar avante la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 tambi\u00e9n que, \u00aben todo caso, los reproches de la parte activa, bien pudieron ponerse de presente en la respectiva impugnaci\u00f3n e insistir en que la Corte Constitucional procediere con la eventual revisi\u00f3n del caso\u00bb; y finaliz\u00f3 se\u00f1alando que, la improcedencia de la salvaguarda deriva del incumplimiento de uno de los presupuestos procedimentales, esto es, que \u00abla decisi\u00f3n atacada surgi\u00f3 en curso de un tr\u00e1mite tutelar\u00bb. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Barranquilla, a trav\u00e9s de apoderada especial, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por cuanto no existe \u00abnexo de causalidad entre la vulneraci\u00f3n de los derechos del demandante y la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad [\u2026] la voluntad del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla no puede interferir en las actuaciones propias del juzgado de conocimiento de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas dentro del tr\u00e1mite constitucional n\u00ba 2019-00299 que promovi\u00f3 Rosa Etilvia Ariza de Lozano contra el Juzgado Primero de Paz, la Fiscal\u00eda 56 de la Unidad de Patrimonio Econ\u00f3mico y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, al incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho al desestimar la salvaguarda procurada. <\/p>\n
2. La procedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que es objeto de estudio se advierte que los accionantes pretenden controvertir, mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, los fallos proferidos en sede constitucional (radicado n\u00ba 2019-00299) por el Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 Sala Penal, el 10 de diciembre de 2019 en primera instancia; y, el de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de 13 de abril de 2021 (expediente Corte n\u00ba 107293), \u00e9ste \u00faltimo que confirm\u00f3 el del a quo en el sentido de negar la protecci\u00f3n invocada, circunstancia a partir de la cual se deduce la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
En efecto, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, pero esa situaci\u00f3n no es la que aqu\u00ed se propone. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional en la providencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto no se probaron y, adem\u00e1s, la censura se circunscribi\u00f3 a discutir el soporte argumentativo a partir del cual los falladores resolvieron desestimar la s\u00faplica, contra el que, los aqu\u00ed actores, dirigieron alegaciones similares a las que en ese juicio de tutela formularon; es decir, sus planteamientos consisten en manifestaciones producto de la inconformidad con las referidas determinaciones, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alguno de los dos primeros supuestos aludidos en la jurisprudencia en cita que habilitar\u00edan excepcionalmente el auxilio. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En todo caso, y como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo indic\u00f3 esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Ahora, los interesados cuentan con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
Finalmente, y sobre la idoneidad de esa senda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente, toda vez que volver a tramitar una acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que ya fue definida, torna incierta la cosa juzgada y la consiguiente seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales, sumado a que los actores cuentan con otro medio de defensa, comoquiera que el asunto reprochado no est\u00e1 agotado en sede de control directo y concreto de constitucionalidad, al establecerse que el expediente no ha sido excluido de la revisi\u00f3n, lo que descarta el amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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