STC6667-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6667-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01701-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (09) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilson Leonardo y Carlos Ariel Rodr\u00edguez Reyes contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 2014-00093. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estimaron trasgredido con las sentencias \u2013de primera y segunda instancia- de 16 de mayo de 2019 y 8 de abril de 2021, mediante las cuales los falladores accionados aprobaron un trabajo de partici\u00f3n que, en su criterio, no cumple con las exigencias que, para esos efectos, prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se dejen sin efectos las fustigadas providencias y que, en su lugar, se ordene al juez de primera instancia la reelaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil se opuso a la prosperidad del resguardo por considerar que en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, no se trasgredieron las garant\u00edas fundamentales de los all\u00ed involucrados. <\/p>\n
2. Guillermo Medina Torres, conjuez que fungi\u00f3 como Magistrado Ponente en la sentencia de segunda instancia que aqu\u00ed se cesura, recalc\u00f3 que ninguna de las inconformidades planteadas en el escrito de tutela fueron oportunamente ventiladas en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El apoderado judicial de Victoria Pico Verdugo pidi\u00f3 desestimar el auxilio en consideraci\u00f3n a que no satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y a que la fustigada providencia no involucra una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
4. Oscar Fernando y Miguel \u00c1ngel Rodr\u00edguez Pico manifestaron que esta tramitaci\u00f3n constitucional no es m\u00e1s que un nuevo intento de los accionantes de dilatar la definici\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n que incumbe a esta causa, por lo que pidieron desestimar las pretensiones. <\/p>\n
5. La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de San Gil rindi\u00f3 un informe sobre lo acontecido en el litigio que concierne a esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda de tutela en estudio satisface el presupuesto de subsidiariedad que le es propio y, de superarse lo anterior, si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n dispuesta por el juez a quo. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que los accionantes no recurrieron en apelaci\u00f3n la sentencia de primer grado que aqu\u00ed censuran, pese a que ese mecanismo de impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser procedente frente a tal prove\u00eddo (art\u00edculo 321 C\u00f3digo General del Proceso), habr\u00eda sido apto para plantear las inconformidades que aqu\u00ed se esgrimieron como fundamento de esta subsidiaria tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, los actores desaprovecharon la oportunidad de exponer ante el fallador cognoscente de segundo grado todos los argumentos por los cuales estimaban inviable aprobar el trabajo de partici\u00f3n elaborado en primera instancia, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto los accionantes no hicieron uso de los medios de control judiciales pertinentes para plantear ante la autoridad encartada las irregularidades rese\u00f1adas en la demanda de tutela, omisi\u00f3n que torna inviable el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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