STC6669-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6669-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00738-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Flor Mar\u00eda S\u00e1nchez G\u00f3mez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, vida en condiciones dignas, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, \u00abprotecci\u00f3n al adulto mayor\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en el juicio laboral que inici\u00f3 (SL4389-2019, rad. 66204). <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 mantuvo en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del ad quem, tras colegir que \u00abla norma llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella vigente para la fecha en la cual deviene el fallecimiento del pensionado o afiliado pero, tambi\u00e9n ha precisado que en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de preceptos con el fin de conseguir aquella que se acomode mejor a las circunstancias personales de cada asegurado y cit\u00f3 las sentencias CSJ SL 1590-2015, CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 41671, y CSJ SL2358-2017\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que las anteriores decisiones vulneraron sus prerrogativas, toda vez que no se tuvieron en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n1, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional. <\/p>\n
As\u00ed mismo, recalc\u00f3 que \u00abpara el momento del deceso de su c\u00f3nyuge \u00c1lvaro Duarte G\u00f3mez [aquel] contaba con 556 semanas en toda su vida laboral, es decir, m\u00e1s de 300 semanas, por lo cual la norma aplicable es el Acuerdo 049 de 1990, art\u00edculos 6\u00ba y 25\u00bb y ella actualmente tiene 68 a\u00f1os, sufre de varias afectaciones graves en su salud2, no cuenta con apoyo, subsidio o ingreso econ\u00f3mico del cual pueda derivar sustento, \u00abno tiene bienes patrimoniales\u00bb3 y depend\u00eda econ\u00f3micamente de su esposo, con quien vivi\u00f3 por m\u00e1s de 34 a\u00f1os hasta la fecha del deceso (11 de junio de 2009). <\/p>\n
3. En tal virtud pidi\u00f3, en resumen, \u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, esta es la proferida por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE DESCONGESTI\u00d3N N.3 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA proferida el 16 de octubre de 2019, que se identifica con Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66204 y SL4389-2019, y se le acceda las pretensiones de la demanda ordinaria laboral que inici\u00f3 la accionante contra Colpensiones ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 que \u00abse declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3, la Sala de Casaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Laboral Del Circuito\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones del proceso y adujo que \u00abno se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad reliev\u00f3 que \u00aben este caso, no existe una relevancia constitucional, dado que el motivo de inconformidad del que se duele el accionante es una indebida valoraci\u00f3n probatoria y an\u00e1lisis jur\u00eddico que se efectu\u00f3 a lo largo de la providencia cuestionada, aun cuando esta Corporaci\u00f3n la profiri\u00f3 en cumplimiento del deber de an\u00e1lisis de las realidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que fueron sometidas a su criterio, siempre dentro del marco de autonom\u00eda y razonabilidad otorgada por el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
4. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada refiri\u00f3 que \u00abla tesis expuesta por el Tribunal, con base en los precedentes de esta Sala de Casaci\u00f3n, resulta pertinente y conducente en tanto acoge, como era su obligaci\u00f3n, lo que ha sido ense\u00f1ado por esta Sala especializada de la Corporaci\u00f3n, de manera reiterada, en lo que hace a la definici\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, concretamente, que debe ser estudiado con fundamento en la ley que se encuentra vigente al momento del \u00f3bito del afiliado o pensionado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, enfatiz\u00f3 que \u00abso pretexto de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, el cual itera la accionante en el escrito de tutela (\u2026); esta Corte ha se\u00f1alado que no es posible escindir los requisitos establecidos en las normas que configuran un r\u00e9gimen pensional, para as\u00ed obtener una prestaci\u00f3n a partir de la creaci\u00f3n de una tercera disposici\u00f3n acomodada al inter\u00e9s particular (CSJ SL1464-2016)\u00bb. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. expuso que \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00ablas aseveraciones [del fallo confutado] corresponden a la valoraci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento; por lo cual, la providencia censurada es intangible por el sendero de este diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abla SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE DESCONGESTI\u00d3N N.3 NO TOM\u00d3 EN CUENTA LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA DEMANDA DE TUTELA, como la edad de la accionante, su estado de salud, sus necesidades econ\u00f3micas, que tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes porque su esposo ten\u00eda el derecho adquirido, pues el causante cotiz\u00f3 desde el momento de su afiliaci\u00f3n, un total de 556 semanas, de las cuales m\u00e1s de 300 lo fueron antes del 1\u00ba de abril de 1994; que el falleci\u00f3 el 11 de junio de 2009, esto es, es decir, m\u00e1s de 300 semanas cotizadas al 1\u00ba de abril de 1994, por lo cual la norma aplicable es el Acuerdo 049 de 1990, art\u00edculos 6\u00ba y 25, en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y el principio de favorabilidad en materia pensional, cuando se trata de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como es la se\u00f1ora FLOR MAR\u00cdA S\u00c1NCHEZ G\u00d3MEZ\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la pretensora (SL4389-2019, rad. 66204), por mantener inc\u00f3lume el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, pese a que, en su criterio, tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, bajo el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que, en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n de aquel. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.3. Sobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal) es indispensable que se plantee en la demanda de tutela con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como ello deviene de contera en la afectaci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable es que el accionante exponga con claridad los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que coinciden en los escenarios contrastados, que permitan al juez de amparo elaborar el test de igualdad frente ellos a fin de establecer si el caso concreto se encuentra en un mismo plano y, por ende, merece el mismo tratamiento. <\/p>\n
3.4. Adicionalmente, atinente a la inobservancia del precedente constitucional, entendido este como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddica y constitucionalmente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior. <\/p>\n
Sobre el precedente constitucional, el Tribunal de cierre constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional ha precisado que su precedente posee fuerza vinculante para todos los operadores jur\u00eddicos, entre ellos, los jueces. Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima, mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia. <\/p>\n
Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho considera que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
Desde esos \u00e1mbitos doctrinarios, la obligatoriedad de los precedentes se sustenta en los siguientes argumentos: 1) el lenguaje natural que se encuentra en las normas est\u00e1 lleno de ambig\u00fcedad \u2013m\u00faltiples significados- y de vaguedad \u2013indeterminaci\u00f3n en los conceptos- que afectan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho. Esas problem\u00e1ticas s\u00f3lo ser\u00e1n solucionadas a trav\u00e9s de un proceso hermen\u00e9utico plasmado en las sentencias, al solucionar los casos que se someten a la jurisdicci\u00f3n. Los jueces crean reglas individuales derivadas de la lectura del ordenamiento jur\u00eddico, prescripciones que vinculan a otras autoridades; 2) las providencias tienen la funci\u00f3n de armonizar las diversas normas que regulan un caso y que establecen consecuencias jur\u00eddicas contrapuestas; y 3) desarrolla los principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, por ejemplo la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18). <\/p>\n
4. De la funci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno al papel que cumple esta Corporaci\u00f3n en la guarda de los derechos constitucionales de quienes someten sus conflictos a la consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido un valor de alt\u00edsima importancia, dada la necesidad de que las personas tengan cierta certeza acerca de que ser\u00e1n tratados de manera igualitaria en la resoluci\u00f3n de sus asuntos, siempre que estos guarden simetr\u00eda con otros anteriores. <\/p>\n
\u00abEl recurso de casaci\u00f3n, en su base pol\u00edtica y jur\u00eddica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley, corrigiendo la infracci\u00f3n de la misma, y logrando en esta misi\u00f3n, al ser ejercida por un mismo y s\u00f3lo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparaci\u00f3n de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley. (C-252 de 2001). <\/p>\n
De conformidad con esta comprensi\u00f3n, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es \u201cs\u00f3lo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicaci\u00f3n igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garant\u00eda de la vigencia de la Constituci\u00f3n, incluidos los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Por eso, esta Corporaci\u00f3n ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casaci\u00f3n de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a trav\u00e9s de la superaci\u00f3n de \u201cla concepci\u00f3n formalista de la administraci\u00f3n de justicia vinculada al simple prop\u00f3sito del respeto a la legalidad, por una concepci\u00f3n m\u00e1s amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados\u201d. Sobre el nuevo paradigma de la casaci\u00f3n como dispositivo de justicia material\u00bb (CC. SU-241\/15). <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Bajo el panorama que acaba de plantearse, se anticipa la procedencia del amparo solicitado, lo que trae como consecuencia la revocatoria del fallo impugnado, al encontrarse que la determinaci\u00f3n objeto de la salvaguarda es contraria a la jurisprudencia constitucional y al principio de favorabilidad para los trabajadores, establecido en los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, en los cuales se determina que en materia laboral se debe aplicar como presupuesto fundamental, en caso de duda, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de las fuentes formales del derecho. <\/p>\n
Y esa postura fue reconocida por esta Sala de Casaci\u00f3n en sede de tutela, que, ante reclamos similares, resalt\u00f3 la trascendencia de dicho principio como valor preponderante y criterio orientador para el juez laboral en la resoluci\u00f3n de los juicios. Al respecto, en anterior oportunidad, al citar a la Corte Constitucional, destac\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) los juzgadores ordinarios deben aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, siempre que se encuentren ante un conflicto de interpretaci\u00f3n de normas laborales, por consiguiente, si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de interpretarlas, en casos como estos no es plausible emplearlas en contra del reclamante de la prestaci\u00f3n, \u201cesto es, seleccionando entre dos o m\u00e1s entendimientos posibles aqu\u00e9l que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica: En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del art\u00edculo 53 Constitucional\u201d (CC SU 241\/15)\u00bb (CSJ STC8260-2018, 28 jun.). <\/p>\n
En todo caso, cabe indicar que tal concepci\u00f3n en manera alguna debe significar el rompimiento del equilibrio sustancial de la relaci\u00f3n jur\u00eddica establecida en las controversias judiciales, ni asumirse como una posici\u00f3n parcializada en disfavor de uno de los sujetos del contexto procesal; enti\u00e9ndase, esa aproximaci\u00f3n a la parte m\u00e1s vulnerable de v\u00ednculo contractual no es m\u00e1s que un m\u00e9todo para definir un caso que involucre dos comprensiones dis\u00edmiles que emergen de una misma norma o frente a dos disposiciones que regulan una id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n
Por lo anterior, y como postulado esencial, al juzgador le ata\u00f1e garantizar que las interpretaciones confrontadas lo sean siempre bajo el supuesto de ser razonables, procedentes y objetivas. <\/p>\n
5.1. Partiendo de esas premisas, puntualmente, en relaci\u00f3n con la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00aben vista de que la Ley 100 de 1993 no contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues \u00e9ste solo se estableci\u00f3 para la de vejez, la mentada Colegiatura determin\u00f3, en desarrollo de la susodicha prerrogativa, que a pesar de que el deceso del afiliado o cotizante hubiese ocurrido en vigencia del art\u00edculo 46 de la se\u00f1alada legislaci\u00f3n o del canon 19 de la Ley 797 de 2003, era procedente aplicar el contenido de los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, cuando se acreditara que aqu\u00e9l hubiese cumplido con las semanas exigidas por esta \u00faltima normatividad para acceder a dicha prestaci\u00f3n social\u00bb (CSJ STC2262-2020, 4 mar., entre otras). As\u00ed mismo, ha recalcado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan lo ha explicado la Corte Constitucional, dicho criterio fue compartido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte hasta el a\u00f1o 2008, pues a partir de esa \u00e9poca se present\u00f3 una variaci\u00f3n en el racionamiento que hasta ese entonces hab\u00eda sostenido esa Corporaci\u00f3n, imponi\u00e9ndose, entonces, una restricci\u00f3n temporal a la aplicaci\u00f3n del principio, pues la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa solamente podr\u00eda predicarse de la ley inmediatamente anterior a la que se encontrara vigente al momento de la muerte del afiliado, variaci\u00f3n jurisprudencial que, tras ser estudiada por la Corte Constitucional, se estim\u00f3 contraria a la misma, por no acreditar un mejor desarrollo de los principios y derechos constitucionales. <\/p>\n
Al respecto dicha Corporaci\u00f3n indic\u00f3: \u00abAs\u00ed las cosas, si bien la reciente interpretaci\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es plausible, la Sala no considera que cumpla el segundo requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para el cambio de precedente, es decir, que demuestre con suficiencia un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales analizados. <\/p>\n
(\u2026) En efecto, la Corte Constitucional determin\u00f3 que en virtud de la inexistencia de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y de los principios de buena fe, confianza leg\u00edtima y favorabilidad, es posible dar aplicaci\u00f3n a una norma anterior, por ejemplo, el Acuerdo 049 de 1990, si el afiliado realiz\u00f3 sus cotizaciones en vigencia de la mencionada norma jur\u00eddica, cuando una norma posterior resulte desfavorable a su derecho a acceder a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Para la Corte Constitucional resulta di\u00e1fano que esta regla tiene como finalidad proteger el principio de favorabilidad que en materia laboral ha reconocido el constituyente primario en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A su vez, el mismo garantiza la protecci\u00f3n de la expectativa leg\u00edtima de aquellos ciudadanos que, observando el r\u00e9gimen pensional vigente para la fecha de su afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, efectuaron sus cotizaciones con el objetivo de obtener su pensi\u00f3n, o el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a sus familiares. <\/p>\n
(\u2026) Igualmente, la Sala considera que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impone un l\u00edmite temporal al funcionario judicial para determinar la norma m\u00e1s favorable al trabajador. En efecto, el principio de favorabilidad implica que el juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, debe determinar en el caso concreto, cu\u00e1l norma ser\u00eda la m\u00e1s favorable al trabajador, y aplicarla, en caso de que \u00e9sta haya regulado su situaci\u00f3n jur\u00eddica. De esta manera, la restricci\u00f3n impuesta por la Corte Suprema de Justicia en su actual jurisprudencia, y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, frente a la presunta obligaci\u00f3n de aplicar \u00fanicamente la norma inmediatamente anterior a la vigente, no resulta ajustada a la finalidad del principio de favorabilidad, menos cuando la norma no explicita o regula en concreto el alcance de las expectativas leg\u00edtimas generadas por una normativa en materia pensional. <\/p>\n
En efecto, si bien la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirma que el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 es el que debi\u00f3 ser aplicado para efectos de proteger el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el caso de la accionante, lo cierto es que ello desconoce que los derechos y expectativas leg\u00edtimas se generaron no con base en esa norma jur\u00eddica, sino con base en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
En este sentido, no es adecuado que la interpretaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia haya desconocido el valor jur\u00eddico del Acuerdo 049 de 1990, el cual deviene no s\u00f3lo de los principios de favorabilidad y de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, contenidos en el art\u00edculo 53 superior, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia. <\/p>\n
(\u2026) En consecuencia, el argumento esbozado por la Corte Suprema de Justicia en sus providencias m\u00e1s recientes, frente a la necesidad de preservar los principios de legalidad y seguridad jur\u00eddica, y a su vez, limitar el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, no es de recibo para la Corporaci\u00f3n. Para la Sala, dicha interpretaci\u00f3n no brinda un mayor y m\u00e1s adecuado desarrollo de los principios y garant\u00edas constitucionales, sino que impone una restricci\u00f3n a los principios de favorabilidad, igualdad y confianza leg\u00edtima, y al derecho al m\u00ednimo vital, protegidos ampliamente por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sus providencias anteriores. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, no puede sobreponerse la aplicaci\u00f3n estricta de la ley a la urgencia de materializar derechos subjetivos de mayor importancia, como es el caso de los derechos fundamentales de quien ha cumplido uno de los requisitos exigidos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en un determinado r\u00e9gimen jur\u00eddico, el cual, posteriormente, es modificado sin ofrecer un r\u00e9gimen de transici\u00f3n u otro tipo de alternativa jur\u00eddica para el ciudadano. <\/p>\n
Una ponderaci\u00f3n de los derechos, principios y garant\u00edas involucrados, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Carta Pol\u00edtica, permite concluir que debe prevalecer la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la igualdad que le asisten a los c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes sup\u00e9rstites en la situaci\u00f3n objeto de estudio, frente a la importancia de preservar el principio estricto de legalidad, cuando ya se han consolidado prelativamente, formas de interpretar decisiones legislativas que garantizan la protecci\u00f3n de los derechos ciudadanos ante aparentes omisiones involuntarias del Legislador\u00bb (C.C. T-401\/15)\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
5.2. De esta manera, dada las divergencias entre las posturas de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Corte Constitucional, sobre el alcance del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esta Colegiatura ha memorado, de acuerdo con la providencia SU-005\/2018 que, \u00abcuando un afiliado al Sistema de Seguridad Social fallece, en vigencia de la Ley 797 de 2003, y no cumple las exigencias que esa normativa dispone para que sus beneficiarios accedan a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, es posible acudir a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990 (o de un r\u00e9gimen anterior), siempre y cuando el causante hubiese cotizado antes de entrar en vigencia la Ley 100 (1 de abril de 1994), el m\u00ednimo de semanas requerido por dicho Acuerdo, en aplicaci\u00f3n de una concepci\u00f3n amplia del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb (Postura invariablemente sostenida en CSJ STC2262-2020, 4 mar., STC3093-2020, 18 mar., STC3563-2020, 1 jun., et. al.). <\/p>\n
5.3. Por lo anterior, se ha entendido que, como criterio de procedencia del resguardo en estos eventos, y para aplicar la enunciada hermen\u00e9utica, corresponde al juez constitucional verificar la acreditaci\u00f3n de las siguientes condiciones, conforme al precedente constitucional en cita: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abDebe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento\u00bb: <\/p>\n
La demandante es acreedora de especial protecci\u00f3n constitucional, en tanto es adulta mayor, pues tiene 68 a\u00f1os en la actualidad (naci\u00f3 el 12 de junio de 1952) e indic\u00f3 estar incursa en especiales circunstancias de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que \u00abpadece de c\u00e1ncer de mama, artrosis, flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores, coxartrosis, c\u00e1lculos del ri\u00f1\u00f3n y de la ves\u00edcula biliar con colecistitis aguda y luxaci\u00f3n de la cadera, asimismo fue operada de reemplazo total de cadera derecha en dos ocasiones (01 y 07-2017) y apendicectomia v\u00eda abierta (2016); consume medicinas en el d\u00eda y la noche; es un paciente de alto riesgo, conforme lo acredita la historia cl\u00ednica que se anexa, lo que le impide trabajar, adem\u00e1s de su edad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abDebe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas\u00bb: <\/p>\n
La convocante manifest\u00f3 en el escrito inicial \u2013el cual se entiende presentado bajo la gravedad de juramento\u2013 que \u00abno cuenta con apoyo o subsidio estatal para solventar sus necesidades de alimentaci\u00f3n, vivienda y salud, as\u00ed como tampoco cuenta con ingreso econ\u00f3mico del cual pueda derivar su sustento diario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abDebe establecerse que el accionante depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensi\u00f3n de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario\u00bb: <\/p>\n
De igual forma, en el memorial de tutela, la interesada precis\u00f3 que depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante, declaraci\u00f3n que no fue controvertida: \u00abLa actora y su c\u00f3nyuge convivieron bajo el mismo techo, durante m\u00e1s de treinta y cuatro a\u00f1os (34) a\u00f1os desde su matrimonio hasta la fecha de su muerte, acaecida el 11 de junio de 2009; (\u2026) dependi\u00f3 econ\u00f3micamente de su c\u00f3nyuge -\u00c1lvaro Duarte G\u00f3mez- desde que empez\u00f3 a convivir con \u00e9ste hasta su deceso (\u2026), ya que se dedic\u00f3 a la crianza de sus hijos, los que son mayores y no pueden ayudarla econ\u00f3micamente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. \u00abDebe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb: <\/p>\n
El causante no ten\u00eda las semanas requeridas por la normativa vigente (Ley 797 de 2003) a la fecha del deceso (2009), pues no cumpl\u00eda con las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la muerte, raz\u00f3n por la cual se solicita la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
v. \u00abDebe establecerse que el accionante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb: <\/p>\n
La peticionaria reclam\u00f3 ante Colpensiones la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n expuesta, quien neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes; aunado a que inici\u00f3 el proceso laboral para el reconocimiento prestacional, de modo que actu\u00f3 con diligencia. <\/p>\n
5.4. Superadas las mencionadas exigencias, se procede a revisar la resoluci\u00f3n confutada, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, mediante la cual prohij\u00f3 la conclusi\u00f3n de la colegiatura ad quem sobre la comprensi\u00f3n del principio de favorabilidad y desestim\u00f3 el cargo \u00fanico propuesto por la actora, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abNo son objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos del fallo, que: (i) la actora contrajo matrimonio con el se\u00f1or Duarte G\u00f3mez el d\u00eda 14 de junio de 1975, (ii) que el citado se encontraba afiliado al Seguro Social hoy Colpensiones y cotiz\u00f3 durante toda su vida laboral un total de 556 semanas, (iii) que el afiliado falleci\u00f3 el 11 de junio del 2009, cuando ya hab\u00eda entrado en vigencia la Ley 797 del 2003, (iv) que en los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a su deceso no dej\u00f3 acreditadas 50 semanas de cotizaci\u00f3n, y (v) tampoco las 26 semanas dentro del a\u00f1o anterior al momento de su fallecimiento, de conformidad con el texto original del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En lo tocante a la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada por la recurrente, es preciso se\u00f1alar que esta Sala de la Corte tiene adoctrinado, de tiempo atr\u00e1s, que, por regla general, la norma llamada a regular la pensi\u00f3n de sobrevivientes es aquella vigente para la fecha en la cual deviene el fallecimiento del pensionado o afiliado pero, tambi\u00e9n ha precisado que en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de preceptos con el fin de conseguir aquella que se acomode mejor a las circunstancias personales de cada asegurado (sentencias CSJ SL 1590-2015, CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 41671, y CSJ SL2358-2017). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, por ning\u00fan motivo, en casos como el presente, que se rige por la Ley 797 de 2003, resulta dable la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art. 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o y, por virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa la norma inmediatamente anterior que ser\u00eda aplicable es el art. 46 de la Ley 100 de 1993, frente al cual tampoco cumpli\u00f3 pues no acredit\u00f3 las m\u00ednimas 26 semanas dentro del a\u00f1o inmediatamente anterior a su fallecimiento. <\/p>\n
De lo expuesto, en este asunto no se evidencia que el ad quem hubiese incurrido en el yerro, habida cuenta que la norma aplicable es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos presupuestos, sin discusi\u00f3n, no se cumplieron\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, como viene resalt\u00e1ndose, esa motivaci\u00f3n no armoniza con la apuntada l\u00ednea jurisprudencial que sobre la tem\u00e1tica se ha decantado, teniendo en cuenta que, verificados los medios suasorios aportados al tr\u00e1mite y conforme se recoge en la providencia cuestionada, el causante (afiliado), previo a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, cotiz\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas4, es decir, se super\u00f3 la exigencia de 300 semanas previstas en el Acuerdo 049 de 1990 para la concesi\u00f3n de la prestaci\u00f3n de sobrevivientes, por lo que se aven\u00eda procedente el estudio del caso bajo el principio de condici\u00f3n beneficiosa, aspecto que pretermiti\u00f3 la convocada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el juicio que sirvi\u00f3 a la Corporaci\u00f3n querellada para no acceder al reconocimiento prestacional, aunque respetable, es opuesto al criterio orientador fijado por el Alto Tribunal Constitucional, ya que acogi\u00f3 la interpretaci\u00f3n menos ben\u00e9fica para la peticionaria, lo que da lugar a la estructuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se infirmar\u00e1 la providencia desestimatoria del a quo constitucional, porque lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de esta Colegiatura estructur\u00f3 una causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales denominada \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb; de modo que se ordenar\u00e1 a la autoridad denunciada dejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n (SL4389-2019, rad. 66204) de 16 de octubre de 2019 y emitir una nueva, a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, en atenci\u00f3n a las motivaciones que dieron lugar a la concesi\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Flor Mar\u00eda S\u00e1nchez G\u00f3mez. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR sin valor ni efecto la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia el 16 de octubre de 2019, as\u00ed como todas las actuaciones que de ella se desprendan. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Los fallos cuya aplicaci\u00f3n echa de menos la gestora son: \u00abSTC2367-2018 que fue reiterada por los fallos STC8260-2018, STC11202-2019, STC11267- 2019, STC10214-2020, STC3563-2020, STC10214-2020, STC3563- 2020, STC6220-2020; STC15686-2019 que fue reiterada por la providencia STC3563-2020; STC11202-2019 que fue reiterada por las decisiones STC3563-2020 STC10214-2020, STC10214-2020, STC2262- 2020, STC10176-2020, STC4213-2020 y la STC156-2021 y de la Honorable Corte Constitucional CC C-482 de 1998, CC C -110 de 2011, CC SU-068-2018, SU-574 de 2019, CC C-836-2001, CC C-539-2011, CC C-461-2013, CC C-816-2011, CC SU068-2011 y CC T-084 de 2017\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Hecho n\u00famero 2: \u00abMi representada se encuentra enferma, pues padece de c\u00e1ncer de mama, artrosis, flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores, coxartrosis, c\u00e1lculos del ri\u00f1\u00f3n y de la ves\u00edcula biliar con colecistitis aguda y luxaci\u00f3n de la cadera, asimismo fue operada de reemplazo total de cadera derecha en dos ocasiones (01 y 07-2017) y apendicectomia v\u00eda abierta (2016); consume medicinas en el d\u00eda y la noche; es un paciente de alto riesgo, conforme lo acredita la historia cl\u00ednica que se anexa, lo que le impide trabajar, adem\u00e1s de su edad\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Hecho n\u00famero 10: \u00abPor la edad y su estado de salud, la accionante no puede laborar, no tiene bienes patrimoniales para su subsistencia, depend\u00eda econ\u00f3micamente de su c\u00f3nyuge y la pensi\u00f3n solicitada es su \u00fanico medio para subsistir. No declara renta ni patrimonio\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 As\u00ed se indic\u00f3 en el escrito introductor y en la sentencia de casaci\u00f3n confutada se refiri\u00f3, sin que fuera objeto de discusi\u00f3n (ff. 3 -hechos-; 5 -consideraciones del tribunal- y 7 -cargo \u00fanico-: \u00abel ad quem omiti\u00f3 aplicar el principio de favorabilidad en concurso con la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que le asiste, pues a pesar de no discutir que el afiliado hab\u00eda cotizado 556 semanas para el sistema, que para el 1 de abril de 1994 contaba m\u00e1s de 300 cotizadas y que el causante era beneficiario el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, decidi\u00f3 inaplicar el mismo al considerar que la norma que rige la situaci\u00f3n es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, lo que desconoce pronunciamientos de esta Sala CSJ SL 9 jul. 2008, rad. 30581, que fue omitida por el fallador de segundo grado no obstante que se cumplen los requisitos que contemplan \u00ablos art\u00edculos 25 y 26 del Decreto 758 de 1990\u00bb). <\/p>\n
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STC6669-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC6669-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00738-01 (Aprobado en Sala de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54739","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54739\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}