STC6671-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6671-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00406-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 16 de abril del a\u00f1o pasado, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sergio David Torres C\u00e1rdenas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n de los fundamentales \u00abal debido proceso, defensa y a la igualdad\u00bb. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se pueden extractar que contra Sergio David Torres C\u00e1rdenas se adelanta el proceso penal 2018-00460, cuyo conocimiento fue asignado, para la fase de juzgamiento, al Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, despacho ante el cual, el 24 de octubre de 2018, se formul\u00f3 acusaci\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo agravado con menor de catorce a\u00f1os, actos sexuales abusivos agravados con menor de catorce a\u00f1os y pornograf\u00eda con persona menor de dieciocho a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
La audiencia preparatoria se celebr\u00f3 los d\u00edas 25 de septiembre y 11 de diciembre de 2019, data \u00e9sta en la que el despacho cognoscente resolvi\u00f3 las solicitudes probatorias de las partes negando, para lo que ata\u00f1e al presente resguardo, algunos medios de convicci\u00f3n solicitados por la defensa del procesado, como la incorporaci\u00f3n de algunas conversaciones sostenidas entre aquel y la presunta victima por no haber sido sometidas a control posterior ante un juez con funciones de control de garant\u00edas. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n, el gestor por conducto de su apoderado formul\u00f3 los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. El primero desestimado por la c\u00e9lula judicial el mismo d\u00eda y el segundo resuelto desfavorablemente por una Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 3 de febrero de 2020. <\/p>\n
3. El actor considera que la decisi\u00f3n de segundo grado constituye una v\u00eda de hecho en tanto le \u00abimpone una obligaci\u00f3n legal y constitucionalmente inexistente, como es\u2026. realizar control posterior a los elementos materiales probatorios que le descubri[\u00f3] a la fiscal\u00eda\u00bb impidi\u00e9ndole con ello estructurar una adecuada defensa de sus intereses, al tiempo que omiti\u00f3 resolver todos los puntos objeto de disenso. <\/p>\n
3. Solicita, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos \u00abdel auto del 3 de febrero de 2020\u2026 y, de un lado, se ordene resolver el recurso de apelaci\u00f3n con apego a las consideraciones constitucional y legales que habilitan el uso del CD aportado por la v\u00edctima, y del otro, se resuelva de fondo el recurso de apelaci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. Una servidora adscrita al despacho del magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la parte motiva de la providencia se ilustran las razones de la decisi\u00f3n\u00bb remiti\u00e9ndose a su texto para dar claridad sobre las mismas. <\/p>\n
2. El secretario del Juzgado Cuarenta y Tres Penal del Circuito de Conocimiento, luego de un breve recuento de lo acontecido, pidi\u00f3 no acceder al resguardo \u00abpor no existir\u2026 violaci\u00f3n alguna, ya que cont\u00f3 con los recursos legales e hizo uso de los mismos, agotando as\u00ed la inconformidad presentada en la audiencia preparatoria\u00bb. <\/p>\n
3. De la sentencia de primer grado se extracta el informe rendido por el \u00abProcurador 376 Judicial Penal I de Bogot\u00e1\u00bb1 quien manifest\u00f3 que \u00ablas solicitudes probatorias, su t\u00e9cnica o din\u00e1mica procesal se debe desarrollar en la audiencia preparatoria, momento preclusivo y en el que las partes deben cumplir con la exigencia argumentativa y acreditar los requisitos de pertinencia, conducencia y admisibilidad y que el control de legalidad se debe agotar cuando se pretende acceder a informaci\u00f3n confidencial que pueda vulnerar el derecho fundamental a la intimidad\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abes en la causa donde el interesado deber\u00e1 ejercer todas las prerrogativas que le otorga la Ley 906 de 2004 para la defensa de sus intereses, en la medida en que el presente mecanismo ha sido instituido para la defensa de los derechos fundamentales, pero no es una tercera [instancia] a la de los jueces competentes\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, pues en su criterio, la Sala a quo \u00abevadi\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la violaci\u00f3n de los mis [sic] derechos constitucionales\u00bb y no tuvo en cuenta que \u00abno existen al interior del proceso otras v\u00edas, mecanismos o recursos para reclamar el respeto por mis derechos fundamentales\u00bb pues agot\u00f3 todas las herramientas de impugnaci\u00f3n a su alcance al apelar la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado cognoscente, siendo que contra la providencia que resolvi\u00f3 tal impugnaci\u00f3n no procede recurso alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el promotor dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, con el auto de 3 de febrero de 2020, por medio del cual confirm\u00f3 la negativa de decretar una prueba solicitada por aquel, supuestamente por imponerle cargas excesivas y no establecidas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, frente a concretos casos en los que el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que no ha concluido el juicio oral y no se ha proferido la sentencia que ponga fin a la instancia, conservando as\u00ed la posibilidad de ejercitar los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico en caso de serle desfavorable. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener discrepancia con la forma como se llegare a valorar el material probatorio recaudado, son los recursos de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado y eventualmente el extraordinario de casaci\u00f3n contra el de segundo, las herramientas id\u00f3neas para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos o para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez de la causa para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed reiteradamente ha sido se\u00f1alado por esta Corte, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01). <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que el actor tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro del proceso penal que se encuentra en curso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Toda vez que en expediente digital remitido no reposa dicho documento. <\/p>\n
<\/p>\n
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