STC6673-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6673-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01816-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de noviembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta misma Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad CARRAZOS S.A.S. contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento de Duitama y las partes e intervinientes en el incidente de reparaci\u00f3n integral adelantado en la causa con radicado No. 2015-00012-01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente trasgredidos con ocasi\u00f3n del fallo del 16 de septiembre de 2020, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 27 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama \u00abprofiri\u00f3 sentencia condenatoria en contra de Jos\u00e9 Manuel P\u00e9rez Avellaneda al hallarlo autor responsable del delito de lesiones personales, imponi\u00e9ndole pena privativa de la libertad de 12.5 meses y multa de cinco punto sesenta y cinco S.M.L.M.V y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n del ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un periodo igual al de la pena principal, la misma cobr\u00f3 firmeza en la fecha que fue emitida\u00bb. <\/p>\n
2.2. La actora sostuvo que la apoderada de la v\u00edctima promovi\u00f3 un \u00abincidente de reparaci\u00f3n integral, que se abri\u00f3 el d\u00eda 15 de Noviembre de 2017 en audiencia mediante la cual, la apoderada del se\u00f1or CARLOS JULIO HERN\u00c1NDEZ SANTOYO, formul\u00f3 oralmente la pretensi\u00f3n en contra del declarado penalmente responsable, solicit\u00f3 vincular como tercero civilmente responsable a mi representada e inform\u00f3 sobre las pruebas que har\u00eda valer dentro de las cuales cit\u00f3: Copia de la reclamaci\u00f3n ante seguros Bol\u00edvar y sus anexos. Testimonios de los se\u00f1ores ROCIO HERNANDEZ, CLEMENTINA VARGAS, ISMAEL ARAQUE, FERNEY CORREDOR, y CARLOS JULIO HERNANDEZ SANTOYO\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, el 1 de marzo de 2018, el a quo \u00abrealiz\u00f3 Segunda Audiencia de Incidente de Reparaci\u00f3n Integral a la cual asisti\u00f3 la Aseguradora Bol\u00edvar a trav\u00e9s de apoderado judicial, en dicha audiencia, el despacho decret\u00f3 las siguientes pruebas: Documentales: P\u00f3liza de seguros Colpatria a nombre de CARRAZOS (\u2026) P\u00f3liza y certificado de cumplimiento de cauci\u00f3n judicial (\u2026) expedida a favor de CARRAZOS y del se\u00f1or JOSE MANUEL PEREZ AVELLANEDA. Copia de p\u00f3liza (\u2026) expedida por Seguros Bol\u00edvar a favor de carrazos (\u2026) As\u00ed mismo, el despacho decreta las pruebas solicitadas por las partes conforme fueron solicitadas e indica que las mismas se practicar\u00e1 el a (sic) tercera audiencia dentro del proceso del incidente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Afirm\u00f3 que, el 21 de enero de 2019, el Juzgado convocado \u00abhace entrega a la suscrita de dictamen pericial rendido por el se\u00f1or RAFAEL ENRIQUE AVENDA\u00d1O ROJAS, dictamen \u00e9ste que no fue solicitado ni aportado por la parte incidentante dentro del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 227 del C.G.P, pues a pesar de haber sido anunciado el mismo, nada se dijo sobre el decreto de esta prueba en la audiencia celebrada el 15 de Noviembre de 2017. Pese a lo anterior, el juez de conocimiento decide realizar la pr\u00e1ctica de esta prueba en la tercera audiencia del citado tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adujo que \u00abla Juez Penal Municipal profiere sentencia condenando de manera solidaria a Jos\u00e9 Manuel P\u00e9rez Avellaneda y a los terceros CARRAZOS S.A.S y SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR, al pago de las siguientes sumas de dinero: Por perjuicios materiales: SEIS MILLONES DE PESOS (\u2026) Por perjuicios inmateriales: en un monto de 20 smlmv como da\u00f1os morales y 50 smlmv, por concepto de da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n\u00bb, perjuicios que, a pesar de que no fueron acreditados en el proceso, se accedi\u00f3 a ellos, con lo cual se vulner\u00f3 su debido proceso. <\/p>\n
2.6. La anterior decisi\u00f3n fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n por las partes condenadas y, el 16 de septiembre de 2020, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo confirm\u00f3 en su totalidad el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2.7. Reproch\u00f3 que \u00abel dictamen de p\u00e9rdida de la capacidad laboral que se tuvo como prueba dentro del presente proceso, no se aport\u00f3 dentro del t\u00e9rmino establecido para tal fin\u00bb, as\u00ed como que \u00abla tasaci\u00f3n del perjuicio fue desbordada frente al porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que \u00abse tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA, que fueron vulnerados por La Sala \u00danica del Tribunal Superior De Distrito Judicial De Santa Rosa De Viterbo, dentro del expediente 152384004002-2015-00012-01, dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 35 de Duitama se\u00f1al\u00f3 que se absten\u00eda de pronunciarse, dado que no particip\u00f3 en el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama inform\u00f3 que, ante su despacho, no curs\u00f3 el proceso objeto de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo indic\u00f3 que no era posible suministrar la informaci\u00f3n requerida, debido a que el expediente fue remitido al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Duitama el pasado 7 de octubre, mediante oficio 326. <\/p>\n
4. Seguros Bol\u00edvar, a trav\u00e9s de apoderada, coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior cuestionada \u00abse fundament\u00f3 en una valoraci\u00f3n probatoria escasa que no le permit\u00eda establecer los montos a los cuales arrib\u00f3 la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Segundo Penal Municipal de Duitama manifest\u00f3 que \u00abadopt\u00f3 la determinaci\u00f3n con fundamento en los elementos de juicio debidamente incorporados, aun cuando no se at\u00f3 al dictamen pericial aportado, no dej\u00f3 de lado la existencia de elementos de juicio que de manera individual resultaban relevante para el asunto y esclarecer el problema jur\u00eddico puesto en consideraci\u00f3n del Despacho\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras advertir que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, \u00abpues no se acredit\u00f3 el agotamiento de los medios de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para controvertir la decisi\u00f3n del tribunal como el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante, indicando que el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece que, \u00abCuando la casaci\u00f3n tenga por objeto \u00fanicamente lo referente a la reparaci\u00f3n integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deber\u00e1 tener como fundamento las causales y la cuant\u00eda establecida en las normas que regulan la casaci\u00f3n civil\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abDichas disposiciones se tuvieron en cuenta al momento de interponer la acci\u00f3n de tutela, dado que la sentencia desfavorable est\u00e1 muy por debajo de los 1.000.000 (sic) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que indica la norma\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como en este caso, el valor de la condena ascendi\u00f3 a $67\u2019446.210 y la cuant\u00eda para la casaci\u00f3n era de $877\u2019803.000, que corresponden a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la \u00e9poca del fallo, la decisi\u00f3n cuestionada no era susceptible de casaci\u00f3n, de modo que \u00abse cumple con el presupuesto de subsidiaridad, ya que no se cuenta con otro medio de defensa judicial que permita proteger los derechos fundamentales de mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora cuestiona la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales convocadas, pues, en su opini\u00f3n, se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria al momento de resolver el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por las razones que pasan a explicarse, esto es, que no se observan anomal\u00edas que impongan la salvaguarda deprecada, habida cuenta de que la determinaci\u00f3n cuestionada guarda plena consonancia con los medios de convicci\u00f3n aportados al proceso, la normatividad aplicable y la jurisprudencia considerada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. En efecto, en la audiencia del 16 de septiembre del 2020, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, al resolver el recurso formulado contra el fallo de primera instancia que resolvi\u00f3 sobre la reparaci\u00f3n integral solicitada por la v\u00edctima, adujo: <\/p>\n
\u00abpor concepto de lucro cesante (\u2026) tal como lo indic\u00f3 el juez de primera instancia, probatoriamente se demostr\u00f3 con los testimonios de CLEMENTINA VARGAS, ADRIANA ROC\u00cdO HERN\u00c1NDEZ y ROBINSON FERNEY CORREDOR, quienes fueron contestes en indicar que la v\u00edctima laboraba como ornamentador en el taller de su propiedad y que devengaba un valor promedio de $2.000.000 mensuales, (valor acorde con lo reclamado por la parte incidentante), con la incapacidad m\u00e9dico legal de 60 d\u00edas producto de las lesiones sufridas en la humanidad del se\u00f1or CARLOS JULIO HERN\u00c1NDEZ SANTOYO y, con la incapacidad de 30 d\u00edas emitida por el Ortopedista del Hospital Regional de Duitama, lo que por operaci\u00f3n matem\u00e1tica arroja $6.000.000, como dineros dejados de percibir por los tres (3) meses de incapacidad otorgadas al se\u00f1or HERN\u00c1NDEZ SANTOYO. <\/p>\n
La inferencia razonable del verdadero impacto psicol\u00f3gico de dolor, aflicci\u00f3n y en general los sentimientos de desesperaci\u00f3n que a la v\u00edctima le gener\u00f3 el da\u00f1o a su cuerpo (perturbaci\u00f3n en forma permanente de dos de sus \u00f3rganos de locomoci\u00f3n, seg\u00fan el dictamen m\u00e9dico legal) se soport\u00f3 con lo declarado por ROBINSON FERNEY CORREDOR CAMACHO, CLEMENTINA VARGAS GONZ\u00c1LEZ y ADRIANA ROC\u00cdO HERN\u00c1NDEZ VARGAS, yerno, esposa e hija de la v\u00edctima, respectivamente, quienes al rendir testimonio en audiencia del 27 de noviembre de 2018 se\u00f1alaron uniformemente que antes del accidente el se\u00f1or HERNANDEZ SANTOYO gozaba de buena salud pero, luego del suceso, se volvi\u00f3 enfermo, malgeniado, quejumbroso e introvertido (no le gusta salir); circunstancias que por su potestad especial, junto al da\u00f1o sufrido llevaron al A-quo a tasar los perjuicios en 20 s.m.l.m.v.; monto de la condena que por los mismos la Sala acoge, al equipararlo con la acreditaci\u00f3n objetiva de la gravedad de la lesi\u00f3n, la cual reporta o tuvo como consecuencia un 13.95% como porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral en la v\u00edctima, proporci\u00f3n m\u00e1xima establecida en el nivel 1 (V\u00edctima directa y relaciones afectivas conyugales y paternofiliales) de los montos indemnizatorios establecidos por el Consejo de Estado en sentencia de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia ya mencionada. <\/p>\n
En lo que hace al \u00faltimo reconocimiento econ\u00f3mico objeto de impugnaci\u00f3n consideran los recurrentes que en este caso no se prob\u00f3 el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n. Sobre dicho t\u00f3pico, es necesario mencionar que, aunque en principio, tal da\u00f1o hab\u00eda sido considerado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como una categor\u00eda del da\u00f1o inmaterial, distinta y aut\u00f3noma del perjuicio moral, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha venido replanteando tal denominaci\u00f3n para acoger la la (sic) tipolog\u00eda referida por el Consejo de Estado, referente a que aquella corresponde al da\u00f1o a la salud. As\u00ed lo refiri\u00f3 en sentencia SP036-2019 del 23 de enero de 2019\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, bajo los criterios jurisprudenciales expuestos, es claro que, como lo estim\u00f3 el juzgado de primera instancia, s\u00ed proced\u00eda la condena por la categor\u00eda del da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n, que en realidad hoy corresponde al da\u00f1o a la salud\u00bb. <\/p>\n
Para la Sala, el escrutinio de las pruebas no comport\u00f3 el alegado defecto f\u00e1ctico, en tanto que al juez le corresponde efectuar un an\u00e1lisis de persuasi\u00f3n racional, haciendo un ejercicio desde la sana cr\u00edtica y las leyes de la experiencia, an\u00e1lisis que, en el caso concreto, no result\u00f3 arbitrario o manifiestamente alejado del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por el contrario, v\u00e9ase que aquella decisi\u00f3n fue proferida despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n razonable del acervo probatorio que reposa en el expediente, al paso que se encuentra debidamente motivada, respaldada en el ordenamiento legal y la jurisprudencia considerada, que gobiernan el asunto. <\/p>\n
4. Resulta necesario resaltar que, en \u00abmateria de pruebas\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
Precisamente, la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas que conforman el caudal probatorio y el an\u00e1lisis cr\u00edtico que de ellas se haga es lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no sean il\u00f3gicos o contraevidentes, no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por los estrados judiciales accionados \u2013en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencia que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 0002-01). <\/p>\n
6. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo, que neg\u00f3 el amparo, pero por los motivos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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STC6673-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6673-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01816-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54743\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}