STC6740-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6740-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01549-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Nicol\u00e1s Jurado Monsalve a la Sala Penal Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del decurso de la rese\u00f1ada estirpe, adelantado en contra de \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga por el presunto punible de \u201csoborno en actuaci\u00f3n penal\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa a la informaci\u00f3n, presuntamente violentada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor aduce que al interior del ritual penal entablado respecto al aforado \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, rindi\u00f3 declaraci\u00f3n, por medios virtuales, Deyanira G\u00f3mez Sarmiento, quien, por motivos de seguridad, solicit\u00f3 no se mostrase su rostro. <\/p>\n
Asevera el tutelante que la alegada situaci\u00f3n de riesgo expuesta por aqu\u00e9lla era falaz, pues en otro decurso de similar naturaleza seguido frente a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, \u00e9sta mostr\u00f3 su cara y, despu\u00e9s, \u201capareci\u00f3\u201d en una entrevista. <\/p>\n
El 7 de abril de 2021, el censor pidi\u00f3 a la colegiatura fustigada, remitir copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigara a G\u00f3mez Sarmiento, por haber efectuado en actuaci\u00f3n judicial, requerimientos relativos a su seguridad, de manera infundada. <\/p>\n
Afirma el actor que el 7 de mayo postrero, el magistrado C\u00e9sar Augusto Reyes Medina, dio respuesta indic\u00e1ndole lo irrespetuoso de su reclamo y, adem\u00e1s, que \u00e9l pod\u00eda, sin intermediaci\u00f3n alguna, incoar la denuncia correspondiente. <\/p>\n
El suplicante cuestiona que el enunciado funcionario, ten\u00eda el deber de poner en conocimiento dicha situaci\u00f3n al referido ente instructor y, como no lo hizo, incurri\u00f3 en \u201cprevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenar se responda su pedimento y, asimismo, imponerle a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n investigar a Deyanira G\u00f3mez Sarmiento; y oficiar a la Comisi\u00f3n de Acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, para lo de su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El magistrado C\u00e9sar Augusto Reyes Medina indic\u00f3 no haberse quebrantado garant\u00eda alguna al suplicante y, destac\u00f3 que \u00e9ste, en tres (3) ocasiones, ha acudido a esta jurisdicci\u00f3n planteando controversias sin fundamento alguno, relacionadas con las funciones que desempe\u00f1a la corporaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Iv\u00e1n Cepeda Castro y la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia manifestaron, por separado, que no se han quebrantado las prerrogativas del quejoso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Inpec y el Congreso de la Rep\u00fablica, adujeron su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de \u00e9ste, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las que regulan las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. La salvaguarda no prospera por la alegada vulneraci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n, pues la petici\u00f3n del actor no estaba relacionada con aspectos administrativos, pues aqu\u00e9l exigi\u00f3 de la corporaci\u00f3n fustigada, hacer uso de sus facultades oficiosas para denunciar a la testigo Deyanira G\u00f3mez Sarmiento, por haber pedido el ocultamiento de su rostro en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 por medios virtuales en el proceso penal seguido en contra del aforado \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, aduciendo motivos de seguridad sin fundamento para ello, m\u00e1xime cuando en otra actuaci\u00f3n y en una entrevista, ella lo exhibi\u00f3 motu proprio. <\/p>\n
Con todo, agr\u00e9guese, en respuesta de 7 de mayo de 2021, el colegiado demandado le expuso las razones por la cuales no era dable acceder a su pedimento, descart\u00e1ndose as\u00ed la existencia de la vulneraci\u00f3n enarbolada por el reclamante. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)3\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
3. Refuerza la improcedencia del amparo, la ausencia de relevancia de la situaci\u00f3n expuesta por el promotor, pues, am\u00e9n de no ser parte en el tr\u00e1mite penal adelantado respecto al aforado \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, en nada incide que la testigo Deyanira G\u00f3mez Sarmiento hubiese deprecado que no se mostrase su cara por motivos de seguridad porque, a\u00fan de no ser cierto lo alegado por ella, esto en nada afecta al precursor ni al rese\u00f1ado ritual. <\/p>\n
En torno a lo esgrimido, la jurisprudencia ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(…) la procedencia de la tutela se encuentra condicionada a que el conflicto planteado trascienda el \u00e1mbito puramente legal, sobre la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley (\u2026) para comprender un aspecto de naturaleza constitucional que demande la protecci\u00f3n especial del juez de tutela de manera inmediata. (…) Es as\u00ed como a partir del an\u00e1lisis de las causas invocadas y (\u2026) en lo que ata\u00f1e a la tutela, debe verificarse si las causas aludidas por los accionantes vulneran sus derechos fundamentales (…)\u201d4. <\/p>\n
Lo anterior, adem\u00e1s, revela la intenci\u00f3n del actor en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e irrelevantes como sustento de los reclamos, no s\u00f3lo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver los casos, en asuntos carentes de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por el cual el Constituyente implement\u00f35 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que se abstenga de incurrir en la conducta descrita como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues, con ello, no hace m\u00e1s que contribuir a la congesti\u00f3n judicial, distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3.1. Se le advierte, asimismo que, de continuar, en lo sucesivo, con la presentaci\u00f3n de amparos temerarios o carentes de fundamento f\u00e1ctico legal, se le impondr\u00e1n las sanciones del caso. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, se memora, el inciso 1\u00b0, art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Actuaci\u00f3n Temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, por su parte, el inciso final del canon del mismo estatuto, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De igual modo, el numeral 1\u00b0 del precepto 79 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en materia de tutela, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepci\u00f3n, recurso, oposici\u00f3n o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
Como lo ha indicado esta Corte, quien acude a la administraci\u00f3n de justicia, est\u00e1 compelido a <\/p>\n
\u201c(\u2026) acatar los principios que orientan la actuaci\u00f3n procesal, entre los que se encuentra la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia y obrar con absoluta lealtad y buena fe, pues no se compadece con esas directrices promover peticiones infundadas seg\u00fan aconteci\u00f3, entre otros, con las acciones constitucionales impetradas, so pena de incurrir en conductas que den lugar a acudir a facultades correccionales cuyo empleo debe abocarse por los funcionarios encargados del tr\u00e1mite, de perseverar en comportamientos ajenos a la rectitud inherente al ejercicio del derecho (Cfr. CSJ AP 2215-2014) (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Atendiendo a lo esbozado, esta Corporaci\u00f3n, en caso equiparable, determin\u00f3 que, como el proceder del interesado tocaba <\/p>\n
\u201c(\u2026) los l\u00edmites de la temeridad, previstos en el art\u00edculo 79, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, al hacer peticiones con absoluta carencia de fundamento legal, como previene la norma (\u2026), en evidente perjuicio, no solo de la parte sino tambi\u00e9n de la administraci\u00f3n de justicia, (\u2026) [orden\u00f3] que, por Secretar\u00eda, se compulsen copias de las actuaciones realizadas por aqu\u00e9l en estas diligencias [para las investigaciones del caso] (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
Se advierte c\u00f3mo la disposici\u00f3n del C. G. del P. es en un todo coherente con las normas especiales que regulan la acci\u00f3n de tutela, especialmente con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 y el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, como instrumentos para la racionalidad y el buen uso de los medios de protecci\u00f3n dise\u00f1ados por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. La pretensi\u00f3n encaminada a oficiar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Legal de Investigaciones y Acusaciones de la C\u00e1mara de Representantes, por las circunstancias que, en sentir del censor, dan a lugar a la intervenci\u00f3n de esas autoridades, no progresa, pues tal pedimento desconoce la teleolog\u00eda del ruego tuitivo, cual es, la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superlativas. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, el petente puede, sin intermediaci\u00f3n, acudir, directamente, a las enunciadas instituciones para exponer los hechos que, en su criterio, ameritan el actuar de aqu\u00e9llas en el marco de sus atribuciones y competencias. <\/p>\n
Sobre lo discurrido esta Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
5. Se destaca, la tutela no puede ser utilizada para eludir los deberes y responsabilidades ciudadanas que le competen al accionante como ser racional humano y como sujeto de derecho integrante de una colectividad con un sentido hist\u00f3rico, porque es su obligaci\u00f3n jur\u00eddica y moral denunciar los il\u00edcitos o irregularidades de que tenga conocimiento; de lo contrario emerge una conducta irresponsable consigo mismo y con la sociedad de que forma parte. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Nicol\u00e1s Jurado Monsalve a la Sala Penal Especial de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del decurso de la rese\u00f1ada estirpe, adelantado en contra de \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
5 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 CSJ. AHP1375-2015 de 18 de marzo de 2015. <\/p>\n
7 CSJ. AL5367-2018 de 10 de diciembre de 2018. <\/p>\n
8 CSJ. Civil. Sentencia de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
9 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278a 308. <\/p>\n
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STC6740-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6740-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01549-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Nicol\u00e1s Jurado Monsalve a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54747"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54747\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}