STC6755-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6755-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2021-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal el pasado 13 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Leder Colmenares P\u00e9rez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la sucesi\u00f3n 2010-00008 y el Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal y la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada que considera quebrantados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relata que Hilma y Braulio Casimiro Colmenares promovieron ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Colmenares Le\u00f3n y Julieta Marcia Vargas, quienes, al momento de su deceso, \u00abno dejaron bienes que transmitir por v\u00eda sucesoral\u2026 ni mucho menos los herederos que abrieron la sucesi\u00f3n fueron continuadores de ocupaci\u00f3n o de posesi\u00f3n alguna sobre el inmueble relacionado como relictos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que los interesados \u00abrelacionaron indebidamente en el inventario, ora en el trabajo de partici\u00f3n, un predio denominado \u201cMatorralito\u201d ubicado en la vereda Berl\u00edn\u2026 del municipio de Hato Corozal\u00bb, pero que dicho inmueble es ocupado por los herederos de \u00abJos\u00e9 Never Colmenares Vargas [su padre]\u2026 de manera personal y exclusiva\u00bb por lo que considera que \u00ablos autos que aprueban los inventarios y el trabajo de partici\u00f3n son ilegales que se deben dejar sin ning\u00fan efecto por la cadena de yerros que ellos generan\u00bb <\/p>\n
Comenta que el trabajo partitivo fue aprobado mediante sentencia de 24 de julio de 2020, pero que en ella \u00aben ning\u00fan momento se ordena la entrega de las asignaciones a los herederos\u2026 ni\u2026 se puede ejecutar\u00bb; sin embargo, con auto de 28 de agosto siguiente, el juzgado cognoscente orden\u00f3, a instancias de los interesados, la entrega del predio, para lo cual comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal, despacho que fij\u00f3 como fecha para llevar a cabo la diligencia, el pasado 20 de abril. <\/p>\n
Indica que \u00abel juzgado\u2026 no puede legalizar una orden de entrega\u2026 bajo pretexto de estar aprobada la partici\u00f3n\u00bb y estima que la \u00faltima providencia en comento \u00abtambi\u00e9n es ilegal\u00bb por cuanto no cumple \u00ablas exigencias del art. 512 C.G.P. que exige, previo al decreto de la entrega de las asignaciones a herederos, se debe proceder a protocolizar y registrar la partici\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Dice que, con fundamento en lo anterior, \u00abantes de la semana santa\u00bb solicit\u00f3 al despacho cognoscente \u00abdejar sin efecto el auto que tild\u00f3 de ilegal\u2026 y\/o decretar la nulidad procesal prevista en el art. 133 numeral 2 C.G.P.\u00bb, que no ha sido resuelta, por lo que acude al presente instrumento como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb <\/p>\n
Para el gestor, la determinaci\u00f3n de 28 de agosto de 2020 \u00abencaja perfectamente dentro de las causales especiales de procedencia\u2026 por tener un defecto procedimental absoluto improcedente, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n suficiente y razonable, por error inducido\u2026 porque mediante fraude lograron que el juez ordenara la entrega del inmueble sin haberse protocolizado e inscrito en el registro inmobiliario el trabajo de partici\u00f3n [sic]\u00bb <\/p>\n
3. Por tal motivo, solicita \u00abdejar sin efectos la providencia de fecha 28 de agosto del a\u00f1o 2020 que orden\u00f3 la entrega del inmueble sin que se den los requisitos exigidos por el art. 512 C.G.P\u00bb. <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial convocada inform\u00f3 que \u00abcontra la sentencia proferida\u2026 el d\u00eda 24 de julio de 2020 -mediante la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n\u2026- no se interpuso recurso alguno\u00bb y que el asunto se encuentra a despacho \u00abpara decidir la petici\u00f3n radicada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Leder Colmenares P\u00e9rez\u2026 [de] dejar sin efectos el auto de fecha 28 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Promiscuo Municipal de Hato Corozal se limit\u00f3 a realizar un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud de la comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, se\u00f1alando que \u00abse encuentra pendiente fijar nueva fecha y hora\u00bb para llevar a cabo la entrega ordenada. <\/p>\n
3. La auxiliar de la justicia designada por el estrado convocado (partidora) refiri\u00f3 que el gestor se encuentra reconocido en el juicio objeto de escrutinio (junto con sus hermanos en representaci\u00f3n de su padre Never Colmenares Vargas) y que, en raz\u00f3n de ello, debi\u00f3 exponer sus reparos al trabajo partitivo a trav\u00e9s de los recursos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico pero no lo hizo y ahora pretende remediar tal incuria a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, lo que torna improcedente sus s\u00faplicas. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, coment\u00f3 que el accionante promovi\u00f3 demanda de pertenencia \u00abrespecto del bien inventariado y repartido en la sucesi\u00f3n\u00bb, que fue desestimada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo. <\/p>\n
4. La Agencia Nacional de Tierras, por conducto de apoderado, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb por carecer de \u00ablegitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u00bb en tanto que \u00ablos hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas adelantadas por esta entidad\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Yopal declar\u00f3 improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad pues, por una parte, el promotor no ejerci\u00f3 al interior de la actuaci\u00f3n fustigada, las herramientas de defensa con que contaba, al no impugnar la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n y, por otra, a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolverse, por parte del juzgado convocado, una solicitud de nulidad formulada contra el auto de 28 de agosto de 2020. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n porque en ning\u00fan momento cuestion\u00f3 \u00abel procedimiento y actuaciones ni la sentencia\u2026 porque esta hace honor a la cosa juzgada\u00bb sino que el ataque estaba dirigido contra el auto de 28 de agosto de 2020 por ser constitutivo de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas por Jos\u00e9 Leder Colmenares P\u00e9rez, al ordenar, mediante auto de 28 de agosto de 2020, la entrega del bien vinculado a la sucesi\u00f3n 2010-00008, supuestamente, sin cumplir la exigencia de protocolizaci\u00f3n de la partici\u00f3n establecida \u00aben el art. 512 C.G.P.\u00bb incurriendo, con ello, en un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1 El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia censurada, por medio de la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo orden\u00f3 la entrega del predio \u00abMatorralito\u00bb, data del 28 de agosto de 2020, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 15 de abril; es decir, habiendo transcurrido m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, el actor nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Ahora, aun cuando el anterior criterio ser\u00eda criterio suficiente para respaldar el fallo impugnado, observa la Corte que, en este caso, el amparo tampoco consulta el requisito de procedibilidad que pasa a estudiarse. <\/p>\n
2.2. La subsidiariedad <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen al asunto debatido y, tal como pudo comprobarse, el promotor formul\u00f3 solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a los consignados en el presente resguardo, petici\u00f3n que se encuentra pendiente de definici\u00f3n por parte del despacho cognoscente, de all\u00ed que a\u00fan subsista dentro del tr\u00e1mite la oportunidad de procurar el amparo de los derechos que dice conculcados, pues cierto es que contra dicha determinaci\u00f3n podr\u00e1 interponer los medios de impugnaci\u00f3n consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico, en caso de serle desfavorable. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se pretenda proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario, en las respectivas instancias, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley, y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir a aquellos. <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, adem\u00e1s no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha demora. <\/p>\n
3.2. Asimismo, tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro de la actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, pues al haber solicitado -en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a los propuestos en el presente resguardo- la nulidad de la actuaci\u00f3n, debe aguardar a que dicha petici\u00f3n sea resuelta, subsistiendo la posibilidad de ejercer los recursos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico en caso de que la decisi\u00f3n le sea desfavorable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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