STC6764-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6764-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00224-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 28 de abril de 2021, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Gabriel de Jes\u00fas y Joaqu\u00edn Dar\u00edo Berrocal Oyola, Felicia del Socorro y Divina Rosa Oyola Suarez contra el Juzgado Primero de Familia de Soledad \u2013 Atl\u00e1ntico. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso de sucesi\u00f3n de radicado 2010-00258-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Los actores manifestaron que ante el Juzgado accionado se surte el proceso de sucesi\u00f3n intestada que tiene como \u00abcausantes a [\u2026] Pedro Oyola Miranda y Teresa Cenovia Suarez de la Cruz e interesados\u00bb, en el cual \u00abhan sido considerados por el despacho varios herederos hijos del matrimonio de los causantes ya se\u00f1alados y uno extramatrimonial [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refirieron que Gabriel de Jes\u00fas y Joaqu\u00edn Dar\u00edo Berrocal Oyola \u00abson hijos leg\u00edtimos de la se\u00f1ora Dianora Isabel (fallecida) y ellos en representaci\u00f3n de su madre biol\u00f3gica se hicieron parte como herederos por el derecho de transmisi\u00f3n existente entre los causantes y la madre biol\u00f3gica de los aqu\u00ed mencionados\u00bb. <\/p>\n
A su vez, Felicia del Socorro y Divina Rosa Oyola Suarez \u00ab[son] hijas legitimas (biol\u00f3gicas)\u00bb toda vez que se encuentran \u00aben el primer grado de consanguinidad con los causantes que dieron origen a la sucesi\u00f3n intestada antes anotada\u00bb. <\/p>\n
2.3. En prove\u00eddo del 13 de marzo de 2020 el Despacho cuestionado, al verificar la incorporaci\u00f3n de los gestores como sucesores al respectivo tr\u00e1mite, dispuso \u00abNEGAR nuevamente el reconocimiento como herederos de los causantes [\u2026] a GABRIEL DE JES\u00daS y JOAQUIN OYOLA BERROCAL\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, neg\u00f3 \u00abnuevamente el reconocimiento de las se\u00f1oras DIVINA ROSA, LEONOR y FELICIA DEL SOCORRO OYOLA SUAREZ\u00bb. Y conmin\u00f3 \u00abal abogado [\u2026] para que se abstenga a presentar solicitudes con los mismos hechos y pruebas que hayan sido definidas en autos anteriores por el despacho\u00bb1. <\/p>\n
2.4. Indicaron que el anterior prove\u00eddo fue \u00abnotificado el 6 de julio de 2020\u00bb y se duelen de que el mismo desconoci\u00f3 \u00ablos derechos de los accionantes por el hecho abusivo de ignorar su filiaci\u00f3n generada por el v\u00ednculo de consanguinidad existente entre los causantes de la sucesi\u00f3n intestada radicada en ese despacho [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, que soslay\u00f3 \u00ablas condiciones esenciales, inherentes e intr\u00ednsecas como personas a los cuatro accionantes que merecen respeto\u00bb. <\/p>\n
Agregaron, que el Juzgado en dicha orividencia incurri\u00f3 \u00aben una cl\u00e1sica y t\u00edpica v\u00eda de hecho\u00bb, pues se cumplieron los defectos procedimental, f\u00e1ctico, \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb y vulneraci\u00f3n \u00abdirecta de la Constituci\u00f3n en detrimento de los derechos fundamentales de las partes\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consideraron que la decisi\u00f3n referida \u00abcausa un perjuicio irremediable porque existe un error de derecho en la apreciaci\u00f3n valorativa de los documentos que militan en el expediente de la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Instaron, conforme a lo relatado, que se \u00abdeclare la ilegalidad del auto de fecha 13 de marzo de 2020 notificado por estado el 6 de julio de 2020 y [expida un nuevo auto] en el cual se reconozcan la calidad de heredero en la sucesi\u00f3n intestada tantas veces mencionada a los accionantes\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Ciro Oyola Antequera, Aldemar y Divina Oyola Orozco solicitaron \u00abdenegar la tutela de derechos contra providencia por cuanto en el caso que nos ocupa no se da cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales (v\u00eda de hecho), e inclusive no se expone una causal especifica no se sustenta el cumplimiento de los requisitos para la tutela contra actuaciones judiciales [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado querellado consider\u00f3 que la acci\u00f3n de amparo debe negarse \u00abpor improcedente [\u2026] ya que no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez como ya se expuso el defensor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial al interior del proceso, para poner en conocimiento del juez lo que a bien tenga o manifestar inconformidad respecto a las decisiones proferidas\u00bb3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a quo declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, al precisar que la \u00absolicitud de resguardo respecto del Juez Primero Promiscuo de Familia de Soledad no cumpli\u00f3 con los presupuestos anotados (inmediatez y subsidiariedad) que rigen en tal materia, menester es desestimarla, sin entrar en el estudio de fondo del caso tutela\u00bb4. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de los accionantes, se\u00f1alando b\u00e1sicamente, que \u00abIMPUGN[A] el fallo de tutela de primera instancia\u00bb5. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por los accionante al proferir el auto del 13 de marzo de 2020. Ello pues, a su juicio, el Despacho accionado desconoci\u00f3 la condici\u00f3n de herederos de los censores y sus derechos al interior del proceso de sucesi\u00f3n sub judice. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada debe confirmarse por las razones que se pasan a exponer. <\/p>\n
En efecto, la Corte concluye la improcedencia del ruego incoado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la viabilidad de la salvaguarda. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se notific\u00f3 el prove\u00eddo recriminado \u00ab6 de julio 2020\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab15 de abril de 2021\u00bb. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Frente al tema la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada en CSJ STC1295-2020, Feb 12 de 2020, rad. 2019-00845-01). <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de las actoras para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales de la peticionaria. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Aunado a ello, esa misma Corporaci\u00f3n ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez. Adem\u00e1s, no se advierte ninguna circunstancia que amerite flexibilizar aquel presupuesto, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, v\u00e9ase que de la petici\u00f3n no se extrae ni se prueba condici\u00f3n particular alguna a partir de la cual pueda proceder la tutela como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable a los accionantes, en raz\u00f3n a que no se han \u00ab\u2026demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 may. 2010, Rad. 00249-01 reiterada en CSJ STC4574-2021. Abril 21 de 2021. Rad. 2021-00113-01). <\/p>\n
4. Consecuente con lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 74 a 76. Expediente de la tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 54 a 67 del Expediente de la tutela. <\/p>\n
3\u0002 Folios 71 a 73 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 87 a 91 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 101 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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