STC6765-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6765-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 25 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Alberto Aroch Mugrabi y M\u00f3nica Aroch Avellaneda a la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Tercero del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada estirpe, con radicado n\u00b02018-00073-03, incoada respecto a los gestores. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 29 de agosto de 2014, la Fiscal\u00eda Cuarenta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, inici\u00f3 tr\u00e1mites encaminados a obtener la declaratoria de la p\u00e9rdida de propiedad de los activos que los impulsores ostentan en Moda Sofisticada S.A.S., ahora Blu Fashion en liquidaci\u00f3n y, Comeltex Ltda., hoy Vital Jeans. <\/p>\n
Mediante resoluci\u00f3n de 15 de diciembre de 2015, el rese\u00f1ado ente decret\u00f3 como medidas cautelares (i) la suspensi\u00f3n del poder dispositivo; (ii) el embargo; y (iii) el secuestro de los bienes de los tutelantes en tales sociedades. <\/p>\n
El 6 de marzo de 2017, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de esta capital, poner fin a la titularidad de los precursores en el rese\u00f1ado patrimonio. <\/p>\n
En auto de 20 de marzo postrero, el aludido estrado corri\u00f3 traslado por diez (10) d\u00edas a los censores para los prop\u00f3sitos establecidos en el art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 20141. <\/p>\n
Vencido ese plazo y remitido el expediente al juzgado del circuito confutado, se dio paso a la fase de juicio en donde los actores, el 29 de agosto ulterior, al abrigo de lo reglado en el canon 113 \u00eddem2, deprecaron ejercer control de legalidad respecto a las medidas decretadas por la fiscal\u00eda, pues, en su sentir, \u00e9stas no estuvieron debidamente motivadas. <\/p>\n
En determinaci\u00f3n de 26 de octubre siguiente, el despacho acusado deneg\u00f3 ese pedimento por extempor\u00e1neo y, en consecuencia, los suplicantes incoaron apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal recriminado. <\/p>\n
El 13 de octubre de 2020, el colegiado demandado ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada, porque, en su decir, aun cuando la Ley 1704 de 2014 no establece una oportunidad concreta para examinar el proceder de la fiscal\u00eda al practicar medidas, ello no equival\u00eda a habilitar dicho control en cualquier momento. <\/p>\n
Por tal motivo, destac\u00f3 que deb\u00eda conjurarse el vac\u00edo legal, con lo dispuesto en el art\u00edculo 141 ejusdem3, siendo el t\u00e9rmino all\u00ed indicado, el l\u00edmite para pedir la revisi\u00f3n de lo actuado respecto al decreto de las cautelas. <\/p>\n
Para los petentes, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto se realiz\u00f3 una \u201cinterpretaci\u00f3n irracional\u201d de las normas, con la entidad de impedir el ejercicio de su defensa frente a la gesti\u00f3n de la fiscal\u00eda y, si bien en la sentencia correspondiente debe decidirse lo concerniente a las medidas, para ese entonces, sostienen, lo resuelto carecer\u00e1 de sentido, pues el proceso habr\u00e1 finalizado, dada la facultad de la Sociedad de Activos Especiales para enajenar bienes antes de definirse la contienda. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, dejar sin efecto las providencias cuestionadas y, en su lugar, disponer hacer un control de legalidad a las cautelas decretadas al interior del decurso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. Los estrados reprochados defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Cuarenta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio de esta ciudad, manifest\u00f3 que las diligencias pasaron a la Fiscal\u00eda Diecisiete con dichas funcionales y, por tanto, carece de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Diecisiete Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 adujo no haber conculcado prerrogativa alguna en la actuaci\u00f3n acusada. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital, la Fiscal\u00eda Cuarenta y Dos Especializada de Medell\u00edn y el Ministerio de Justicia y del Derecho, refirieron, por separado, que no han tenido relaci\u00f3n con el ritual atacado. <\/p>\n
5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonados los argumentos se\u00f1alados en el auto de 13 de octubre de 2020, proferido por el tribunal encausado. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon los querellantes, reiterando los planteamientos esbozados en la demanda de amparo y, solicitando practicar medidas cautelares en su favor, pues la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en calidad de administradora del FRISCO4, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 988 de 13 de agosto de 2020, inici\u00f3 el proceso de enajenaci\u00f3n temprana de sus bienes. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si el tribunal cuestionado, al ratificar la negativa del a quo a realizar control de legalidad a las medidas cautelares decretadas por la fiscal\u00eda, conculc\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes, dada la presunta extemporaneidad de su solicitud en tal sentido. <\/p>\n
2. En el auto de 13 de octubre de 2020, ad quem confutado se\u00f1al\u00f3 que, si bien en la Ley 1704 de 2018 no exist\u00eda un plazo perentorio para deprecar un examen judicial a las actividades de la fiscal\u00eda en materia de medidas, ello tampoco implicaba poder rogarlas en cualquier fase del ritual; por tanto, para llenar el vac\u00edo en dicha tem\u00e1tica, resultaba pertinente establecer, como l\u00edmite, el plazo de diez (10) d\u00edas se\u00f1alado en el art\u00edculo 141 \u00eddem5. <\/p>\n
Sobre lo aducido, as\u00ed discurri\u00f3 la colegiatura atacada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l entendimiento sist\u00e9mico del diligenciamiento conduce a afirmar, que el plazo para hacer uso del control de legalidad finaliza, como en efecto lo ha considerado esta Sala de Extinci\u00f3n, una vez se descorre el lapso previsto en el precepto 141 \u00eddem, ya que este finiquita el momento para que las partes puedan aludir a temas de la actuaci\u00f3n surtida en la fase investigativa, a saber, pedir nulidades acaecidas en la indagaci\u00f3n, formular observaciones sobre el libelo presentado por el ente acusador y rebatir sobre la configuraci\u00f3n de las causales que conllevan el despojo. Posterior a ello, solamente es procedente referir a cuestiones propias del juicio, a saber, los relacionados con asuntos suasorios y las alegaciones de cierre\u201d. <\/p>\n
\u201cLo contrario, conllevar\u00eda el an\u00e1lisis por parte del funcionario a quien le corresponda el conocimiento del \u201cincidente\u201d de pretensiones relacionadas con la validez -numeral 4\u00b0 del art. 112 [ib\u00ed]dem- y la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n – numeral 1\u00b0 \u00eddem, pese a que dichos aspectos, superada la fase de investigaci\u00f3n, se reitera, deben ser resueltos en la sentencia que ponga fin a la actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, delimitar el intervalo para iniciar el procedimiento en el sentido aqu\u00ed expuesto, no implica, se aclara al censor, que, para el efecto, los intervinientes tengan exclusivamente el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas del traslado previsto en el art\u00edculo 141 del Estatuto rector -sin la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 1849 de 2017-, pues lo cierto es que al instrumento en cita pueden acudir una vez materializadas las restricciones reales, las cuales -con arreglo al procedimiento original previsto en la ley 1708 de 2014- se imponen de forma concomitante a la fijaci\u00f3n provisional de la pretensi\u00f3n , hoy presentaci\u00f3n de la demanda (art. 123 [ej\u00fas]dem)\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego, en cualquier momento, durante el tiempo que tarde el traslado de las oposiciones en la fase a cargo de la fiscal\u00eda -ver art\u00edculos 126 al 129 [in fine]-, las notificaciones del auto que admite el requerimiento extintivo y el emplazamiento a los terceros indeterminados, los afectados podr\u00e1n demandar el examen de legalidad de las limitaciones reales\u201d. <\/p>\n
\u201cQue las partes est\u00e9n facultadas para invocar el tr\u00e1mite del referido instituto desde antes de iniciado el lapso procesal por cuyo medio se contesta la demanda (con la modificaci\u00f3n de la Ley 1849 de 2017), bajo los principios de lealtad y buena fe -art. 24 \u00eddem, permite afirmar, que no retardar\u00e1n deliberadamente su solicitud hasta que la misma se torne inane, pues, finalmente, la intenci\u00f3n de promoverlo radica en el apremio de levantar los aludidos grav\u00e1menes, so pena de develar un ejercicio inoportuno de los derechos de defensa que, por dem\u00e1s, puede generar consecuencias desfavorables para el sistema procesal\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese orden, a fin de aclarar la postura del a quo, la petici\u00f3n extempor\u00e1nea del control de legalidad no implica que sea el juzgador cognoscente quien asume las resultas de la aludida pretensi\u00f3n; antes bien, corresponde pronunciarse sobre las medidas cautelares en la sentencia, momento en el que resuelve la procedencia o no de la extinci\u00f3n del dominio del patrimonio perseguido, en orden a trasladar la propiedad al Estado o devolver la administraci\u00f3n a quienes aleguen ser titulares del mismo\u201d. <\/p>\n
\u201cCorolario de lo anterior, en t\u00e9rminos del precepto consagrado en el art\u00edculo 113 de la Ley 1708 de 2014, superado tal lapso, debe ser desechada de plano la s\u00faplica del control judicial, esto es, el funcionario a cargo del incidente ha de abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, toda vez que el correspondiente an\u00e1lisis ha perdido su raz\u00f3n de ser y, por tanto, es improcedente -principio de preclusividad, art. 20 C.E.D.\u201d <\/p>\n
\u201cDesde esa \u00f3ptica, en el sub lite, es v\u00e1lido afirmar que [los tutelantes] acud[ieron] al mecanismo en cita, el 29 de agosto de 2018, m\u00e1s de dos a\u00f1os despu\u00e9s de su materializaci\u00f3n -el 15 de diciembre de 2015- y a cuatro meses de fenecido el multicitado plazo previsto en el canon 141 de la Ley 1708 de 2014 -el cual se descorri\u00f3 entre el 11 y el 17 de abril de 2018-, es decir, cuando la oportunidad para el efecto hab\u00eda sido ampliamente superada, pues en la actualidad se discuten asuntos propios del debate p\u00fablico, donde, itera la Sala, no habr\u00e1 lugar a la postulaci\u00f3n de tr\u00e1mites accesorios (\u2026)\u201d (subraya del texto). <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues los argumentos de la decisi\u00f3n refutada, no lucen arbitrarios, caprichos ni antojadizos, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque, en efecto, si bien la Ley 1708 de 2014 no consagra un plazo para que los interesados ejerzan la prerrogativa prevista en el canon 113 \u00eddem6, ello tampoco autoriza a invocarla ab libitum, pues desnaturalizar\u00eda y tornar\u00eda arbitrario el ritual y la racionalidad de los juicios, como el de extinci\u00f3n de dominio, al punto que implicar\u00eda enarbolarla inesperadamente en la fase de juicio o en cualquier otro momento, resquebrajando la ley del proceso, pese a ser un tema a dilucidar en el respectivo fallo. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, el traslado previsto el art\u00edculo 141 ibidem7 resulta pertinente como l\u00edmite para implorar el control de legalidad a las medidas practicadas por la fiscal\u00eda, pues all\u00ed, se estipul\u00f3 un tiempo prudencial para desplegar el derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a la pretensi\u00f3n patrimonial de dicho ente. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si en el escenario previsto en ese precepto se habilita la posibilidad para rogar la facultad indicada en el canon 113 ej\u00fasdem8, am\u00e9n de concentrar el conjunto de defensas respecto de quien invoca la extinci\u00f3n de dominio, permite conservar la armon\u00eda, la coherencia y la l\u00f3gica del procedimiento sin desdibujarlo. <\/p>\n
En un asunto con perfiles an\u00e1logos al caso estudiado, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que declarar extempor\u00e1neo el pedimento de control de legalidad en comento, despu\u00e9s del plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 141 de la Ley 1708 de 2014, resultaba una postura razonable y no vulneraba el debido proceso. <\/p>\n
En el punto, discurri\u00f3 la mencionada corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El Tribunal accionado decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de declarar extempor\u00e1nea la solicitud de control de legalidad elevada por el apoderado judicial de Claudia Cecilia y Liliana Mar\u00eda Guar\u00edn Guti\u00e9rrez, quien present\u00f3 apelaci\u00f3n con los mismos argumentos que ahora se exponen en sede de tutela\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, dicha autoridad realiz\u00f3 un an\u00e1lisis sobre la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n extintiva del dominio, la facultad de decretar medidas cautelares por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y su control judicial. Este \u00faltimo previsto en los art\u00edculos 111, 112 y 113 de la Ley 1708 de 2014\u201d. <\/p>\n
\u201cExplic\u00f3 que de la normativa se colige que el mecanismo de control procede \u00fanicamente cuando las diligencias se encuentran en fase de fiscal\u00eda y no en el juicio, pues su finalidad es que la afectaci\u00f3n producto de las medidas precautelativas pueda ser sometida a control jurisdiccional\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese orden de ideas, concluy\u00f3 que la solicitud elevada por el apoderado de las afectadas, cuando la acci\u00f3n extintiva se encontraba en la etapa de juzgamiento a cargo del Juzgado 5\u00ba Penal del Circuito Especializado de Medell\u00edn, resulta abiertamente extempor\u00e1nea. Adem\u00e1s, desconoce que el juez de conocimiento debe emitir un pronunciamiento de fondo en relaci\u00f3n con la medida impuesta, por lo que implicar\u00eda un prejuzgamiento\u201d. <\/p>\n
\u201cPor \u00faltimo, precis\u00f3 que con lo anterior no se desconocen los derechos y garant\u00edas fundamentales de las interesadas, quienes han tomado parte en el proceso y cuentan con las etapas pertinentes para adelantar la respectiva oposici\u00f3n dentro del tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
Ante tal panorama, el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (Art. 228 de la Carta Pol\u00edtica) impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas, s\u00f3lo porque la parte accionante no la comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho pronunciamiento, sustentado con criterio razonable a partir de los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
\u201cNo prospera, en segundo lugar, porque el proceso de extinci\u00f3n de dominio se encuentra en curso, espec\u00edficamente, en la fase de juzgamiento. Entonces es al interior de dicho tr\u00e1mite que las accionantes cuentan con eficaces mecanismos de defensa para el restablecimiento de los derechos presuntamente lesionados y ante las eventuales decisiones desfavorables, podr\u00e1n interponer los recursos ordinarios. Adem\u00e1s, el legislador previ\u00f3 que en caso de no ser apelada la sentencia que defina el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, \u00e9sta se someter\u00e1 al grado jurisdiccional de consulta9\u201d (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
En esa medida, la Sala encuentra que la determinaci\u00f3n del colegiado encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y el precedente aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n exigida que el proceso de extinci\u00f3n de dominio se encuentra en pleno curso, pudiendo los tutelantes, concurrir al mismo y activar los mecanismos a su alcance, en aras de salvaguardar sus intereses. <\/p>\n
En una acci\u00f3n similar esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
En esa medida, la protecci\u00f3n invocada por los precursores, deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Finalmente, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad y urgencia, propios del mismo; pues, el decreto de medidas cautelares en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, no define la contienda; as\u00ed como tampoco la enajenaci\u00f3n anticipada de bienes, por cuanto esa actuaci\u00f3n emana de la Ley y dadas las atribuciones de las autoridades competentes. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional en la sentencia C-357-19 de 6 de agosto de 2019, enfatiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as cautelas jam\u00e1s implican una sentencia condenatoria, pues el juicio no ha concluido. Es m\u00e1s, no entra\u00f1an una determinaci\u00f3n de la responsabilidad o de la ilegitimidad del t\u00edtulo que exige el derecho de dominio sobre un bien. En Sentencia C-030 de 2006, se manifest\u00f3 que las medidas cautelares que se dictaron frente a las acciones de una sociedad en el marco de del proceso de extinci\u00f3n de dominio jam\u00e1s aparejan \u201cinhabilidades para los Administradores o Representantes Legales que resulten desplazados mientras se adelantan los respectivos\u201d tr\u00e1mites\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda mencionada, el medio reconocido en el art\u00edculo 24 de la Ley 1849 de 2017 pretende alcanzar un fin constitucionalmente leg\u00edtimo e importante que no se encuentra prohibido por la Carta Pol\u00edtica, que responde a configurar un mecanismo eficiente de la administraci\u00f3n que evite los altos costos que se producen en la gesti\u00f3n de los mismos, lo que se traduce en protecci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico y en la garant\u00eda de los principio de la eficiencia y eficacia de la administraci\u00f3n, reconocido en el art\u00edculo 209 Superior. Ello en el contexto de la finalidad que tiene la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio de materializar la justicia\u201d. <\/p>\n
\u201cLa enajenaci\u00f3n temprana es una medida conducente para alcanzar los objetivos referidos, pues evita que la administraci\u00f3n asuma los costos derivados de la tenencia de bienes objeto de medida cautelares expedidas en un proceso de extinci\u00f3n de dominio. En efecto, la monetizaci\u00f3n de los activos muebles e inmuebles es una alternativa apropiada para reducir las erogaciones de mantenimiento, proteger el inter\u00e9s p\u00fablico, resolver los problemas que tienen los bienes fungibles, los que se deterioran por el paso del tiempo o los que constituyen un peligro ambiental. Al respecto, en la exposici\u00f3n de motivos de la ley se advirti\u00f3 \u201cimplementar la enajenaci\u00f3n temprana en los bienes con medidas cautelares en procesos de extinci\u00f3n de dominio permite que el Estado realice una administraci\u00f3n eficiente en t\u00e9rminos de costo-beneficio por cuanto, del volumen de activos gestionados a trav\u00e9s del Frisco, el 90% corresponde a esta clase de bienes, cuyo presupuesto anual asciende a $22.116.999.99944 en lo corrido del 2016\u201d. Tales potencialidades, que la Corte comparte, fueron se\u00f1alados por el Procurador General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General, la Presidencia de la Rep\u00fablica, la Universidad Libre y los Ministerios convocados \u2013Interior y Defensa-\u201d. <\/p>\n
\u201cEl medio escogido en la Ley 1849 de 2017 es una regulaci\u00f3n necesaria, ya que es indispensable para obtener las metas perseguidas por el legislador. Lo anterior, en raz\u00f3n de que desprenderse del dominio y de la administraci\u00f3n es la forma menos costosa para asegurar la posibilidad de ejecutar la sentencia, finalidad de las medidas cautelares, frente a las otras opciones posibles, como son asumir gastos de administraci\u00f3n, contratar su gesti\u00f3n, destruir el bien o chatarrizarlo, as\u00ed como los perjuicios que causan por el deterioro de las mismas. Cabe precisar que la hip\u00f3tesis que se encuentra necesaria hace relaci\u00f3n a los eventos en que se enajena el bien con fundamento en un concepto t\u00e9cnico que concluye que es m\u00e1s oneroso mantener el bien en poder del Estado que venderlo, chatarrizarlo o contratar una gesti\u00f3n del mismo. Este an\u00e1lisis de costo-beneficio es un presupuesto indispensable para proceder con la enajenaci\u00f3n temprana, de manera que, sin este an\u00e1lisis, no se cumple los requisitos reconocidos en la ley para utilizar esa forma de administraci\u00f3n de bienes (\u2026)13\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d14 (negrillas originales). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos15 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196916, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d17, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio18. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia19, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales20; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas21. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 141. Traslado a los sujetos procesales e intervinientes. Dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, los sujetos e intervinientes podr\u00e1n: (\u2026). 1. Solicitar la declaratoria de incompetencia y presentar impedimentos, recusaciones o nulidades (\u2026). 2. Aportar pruebas (\u2026). 3. Solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). 4. Formular observaciones sobre la demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio presentada por la Fiscal\u00eda si no re\u00fane los requisitos (\u2026). El juez resolver\u00e1 sobre las cuestiones planteadas dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, mediante auto interlocutorio (\u2026). En caso de encontrar que la demanda de extinci\u00f3n de dominio no cumple los requisitos, el juez lo devolver\u00e1 a la Fiscal\u00eda para que lo subsane en un plazo de cinco (5) d\u00edas. En caso contrario lo admitir\u00e1 a tr\u00e1mite (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 113. Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares. El afectado que solicite el control de legalidad debe se\u00f1alar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente a alguna de las circunstancias relacionadas en el art\u00edculo anterior. La presentaci\u00f3n de la solicitud y su tr\u00e1mite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026). Formulada la petici\u00f3n ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n o su delegado, este remitir\u00e1 copia de la carpeta al juez competente que por reparto corresponda. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechar\u00e1 de plano. En caso contrario, la admitir\u00e1 y surtir\u00e1 traslado com\u00fan a los dem\u00e1s sujetos procesales por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas (\u2026). Vencido el t\u00e9rmino anterior, el juez decidir\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente art\u00edculo, ser\u00e1n susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 141. Traslado a los sujetos procesales e intervinientes. Dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, los sujetos e intervinientes podr\u00e1n: (\u2026). 1. Solicitar la declaratoria de incompetencia y presentar impedimentos, recusaciones o nulidades (\u2026). 2. Aportar pruebas (\u2026). 3. Solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). 4. Formular observaciones sobre la demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio presentada por la Fiscal\u00eda si no re\u00fane los requisitos (\u2026). El juez resolver\u00e1 sobre las cuestiones planteadas dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, mediante auto interlocutorio (\u2026). En caso de encontrar que la demanda de extinci\u00f3n de dominio no cumple los requisitos, el juez lo devolver\u00e1 a la Fiscal\u00eda para que lo subsane en un plazo de cinco (5) d\u00edas. En caso contrario lo admitir\u00e1 a tr\u00e1mite (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
4 Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado. <\/p>\n
5 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 141. Traslado a los sujetos procesales e intervinientes. Dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, los sujetos e intervinientes podr\u00e1n: (\u2026). 1. Solicitar la declaratoria de incompetencia y presentar impedimentos, recusaciones o nulidades (\u2026). 2. Aportar pruebas (\u2026). 3. Solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). 4. Formular observaciones sobre la demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio presentada por la Fiscal\u00eda si no re\u00fane los requisitos (\u2026). El juez resolver\u00e1 sobre las cuestiones planteadas dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, mediante auto interlocutorio (\u2026). En caso de encontrar que la demanda de extinci\u00f3n de dominio no cumple los requisitos, el juez lo devolver\u00e1 a la Fiscal\u00eda para que lo subsane en un plazo de cinco (5) d\u00edas. En caso contrario lo admitir\u00e1 a tr\u00e1mite (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 113. Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares. El afectado que solicite el control de legalidad debe se\u00f1alar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente a alguna de las circunstancias relacionadas en el art\u00edculo anterior. La presentaci\u00f3n de la solicitud y su tr\u00e1mite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026). Formulada la petici\u00f3n ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n o su delegado, este remitir\u00e1 copia de la carpeta al juez competente que por reparto corresponda. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechar\u00e1 de plano. En caso contrario, la admitir\u00e1 y surtir\u00e1 traslado com\u00fan a los dem\u00e1s sujetos procesales por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas (\u2026). Vencido el t\u00e9rmino anterior, el juez decidir\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente art\u00edculo, ser\u00e1n susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 141. Traslado a los sujetos procesales e intervinientes. Dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, los sujetos e intervinientes podr\u00e1n: (\u2026). 1. Solicitar la declaratoria de incompetencia y presentar impedimentos, recusaciones o nulidades (\u2026). 2. Aportar pruebas (\u2026). 3. Solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas (\u2026). 4. Formular observaciones sobre la demanda de extinci\u00f3n del derecho de dominio presentada por la Fiscal\u00eda si no re\u00fane los requisitos (\u2026). El juez resolver\u00e1 sobre las cuestiones planteadas dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes, mediante auto interlocutorio (\u2026). En caso de encontrar que la demanda de extinci\u00f3n de dominio no cumple los requisitos, el juez lo devolver\u00e1 a la Fiscal\u00eda para que lo subsane en un plazo de cinco (5) d\u00edas. En caso contrario lo admitir\u00e1 a tr\u00e1mite (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 113. Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares. El afectado que solicite el control de legalidad debe se\u00f1alar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente a alguna de las circunstancias relacionadas en el art\u00edculo anterior. La presentaci\u00f3n de la solicitud y su tr\u00e1mite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuaci\u00f3n procesal (\u2026). Formulada la petici\u00f3n ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n o su delegado, este remitir\u00e1 copia de la carpeta al juez competente que por reparto corresponda. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechar\u00e1 de plano. En caso contrario, la admitir\u00e1 y surtir\u00e1 traslado com\u00fan a los dem\u00e1s sujetos procesales por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas (\u2026). Vencido el t\u00e9rmino anterior, el juez decidir\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente art\u00edculo, ser\u00e1n susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9 Art\u00edculo 147. Contradicci\u00f3n de la sentencia. Contra la sentencia s\u00f3lo proceder\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los sujetos procesales o por los intervinientes, en el efecto suspensivo. Este ser\u00e1 resuelto por el superior dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinci\u00f3n de dominio y que no sea apelada, se someter\u00e1 en todo caso al grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
10 CSJ. STP12069-2017 de 10 de agosto de 2017, rad. 93404. <\/p>\n
11 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
12 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
13 Corte Constitucional, sentencia C-357-19 de 6 de agosto de 2019, exp, D-10324. <\/p>\n
14 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
15 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
17 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
18 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
19 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
20 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
21 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6765-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6765-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00188-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54751","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54751"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54751\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}