STC6772-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6772-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 18 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Horacio Toledo Tabares a la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada, de manera unitaria, por la magistrada Mar\u00eda Idal\u00ed Molina Guerreo; extensiva al Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d con radicado n\u00b02019-00230-00, incoada por el gestor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Bajo los lineamientos de la Ley 793 de 20021, en sentencia de 29 de diciembre de 2013, el Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, declar\u00f3 improcedente la se\u00f1alada acci\u00f3n patrimonial respecto de dos (2) inmuebles del impulsor. <\/p>\n
Al ser consultada esa determinaci\u00f3n en el tribunal confutado, el 12 de septiembre de 2017, dicha corporaci\u00f3n la revoc\u00f3 disponiendo la p\u00e9rdida de los bienes del actor, en favor del Estado. <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1\u00b0 del art\u00edculo 73 de la Ley 1708 de 20142, el promotor impetr\u00f3 acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante el colegiado fustigado, con el prop\u00f3sito de invalidar el precitado fallo. <\/p>\n
El asunto fue repartido al magistrado William Salamanca Daza, quien, en auto de 31 de enero de 2020, refiri\u00f3 haber sido ponente del pronunciamiento atacado y, por ello, remiti\u00f3 el expediente a su hom\u00f3loga Mar\u00eda Idal\u00ed Molina Guerrero. <\/p>\n
Contra ese prove\u00eddo, el censor formul\u00f3 nulidad, pues, en su sentir, los citados funcionarios se encontraban \u201cimpedidos\u201d para dirimir la controversia, pues intervinieron en la decisi\u00f3n objeto de disenso. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 14 de diciembre de 2020, la colegiatura reprochada desestim\u00f3 la invalidez rogada y rechaz\u00f3 por improcedente la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d, porque el tr\u00e1mite refutado se surti\u00f3 bajo los lineamientos de la Ley 793 de 20023 y all\u00ed no estaba prevista esa figura jur\u00eddica. <\/p>\n
Para el accionante, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto se efectu\u00f3 una interpretaci\u00f3n irregular de la normativa que regula la materia y, adem\u00e1s, la magistrada Mar\u00eda Idal\u00ed Molina Guerrero carec\u00eda de competencia para para pronunciarse sobre la procedencia del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, pues particip\u00f3 en el fallo a revisar. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el auto de 14 de diciembre de 2014 y disponer remitir el expediente a otro magistrado que no hubiese conocido, previamente, de la actuaci\u00f3n acusada. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 y la corporaci\u00f3n recriminada defendieron, por separado, la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en calidad de administradora del FRISCO4, refiri\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa alguna al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio reprochado. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Ministerio de Justicia y del Derecho, adujeron carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonado lo se\u00f1alado en el auto de 14 de diciembre de 2020. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de tutela. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si el tribunal cuestionado conculc\u00f3 los derechos del petente, al declarar improcedente la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d por \u00e9l formulada, dada la falta de regulaci\u00f3n de esa defensa para el proceso de extinci\u00f3n dominio controvertido, adelantado antes de expedirse la Ley 1708 de 20145, que s\u00ed la consagra. <\/p>\n
2. En el auto de 14 de diciembre de 2020, la corporaci\u00f3n demandada se\u00f1al\u00f3 que el procedimiento impetrado frente a dos (2) inmuebles del gestor, se rigi\u00f3 bajo los lineamientos de la Ley 793 de 20026 y, al no estar prevista la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d, la misma no pod\u00eda tramitarse, porque de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el ritual iniciado en vigencia de esa normativa, deb\u00eda culminar con aqu\u00e9lla. <\/p>\n
En esa medida, indic\u00f3, no era dable acudir a las previsiones de la Ley 1708 de 20147, para activarla, ni para invocar la falta de competencia del colegiado enjuiciado, para pronunciarse al respecto. <\/p>\n
Sobre lo enunciado, as\u00ed discurri\u00f3 el tribunal recriminado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]e-estudiando (sic) el tema del r\u00e9gimen de transici\u00f3n en extinci\u00f3n de dominio, deber\u00e1, conforme las nuevas directrices de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazar por improcedente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n pedida\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, conforme lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, en el auto AP5012-2018, radicado n\u00fam. 52776 del 21 de noviembre de 2018, con ponencia del magistrado Dr. Eugenio Fern\u00e1ndez Carlier y reiterado en pluralidad de pronunciamientos, los procesos de Extinci\u00f3n de Dominio que iniciaron su tr\u00e1mite bajo los presupuestos establecidos en una norma espec\u00edfica, deb\u00edan culminar en su totalidad por la misma, sin que pudiera darse aplicaci\u00f3n a otra ley o a modificaciones posteriores que sufriera el precepto legal\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente asunto, el tr\u00e1mite extintivo seguido contra los bienes del [actor], fue adelantado en su integridad, incluyendo las sentencias de primera y segunda instancia, bajo los presupuestos normativos consagrados en la Ley 793 de 2002, modificada por la Ley 1453 de 2011, que no consagraba la acci\u00f3n de revisi\u00f3n; por tanto, no resulta procedente su ejercicio contra la sentencia proferida en este asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cFinalmente, respecto de la petici\u00f3n adicional allegada [por el censor], dentro de la cual solicitaba la nulidad de lo actuado dentro del presente tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, por falta de competencia y violaci\u00f3n al debido proceso, debe decirse que la misma tambi\u00e9n resulta improcedente por cuanto, su fundamento es la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 81, 82 y 83 de la Ley 1708 de 2014, normatividad que, como ya se explic\u00f3 anteriormente, no pueden ser contemplados en el presente asunto, pues el mismo fue gobernado por los par\u00e1metros establecidos en la Ley 793 de 2002, modificada por la ley 1453 de 2011, se reitera; razones suficientes para despachar desfavorablemente su petici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues los argumentos de la decisi\u00f3n refutada, no lucen arbitrarios, caprichos ni antojadizos, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, lo referido por la corporaci\u00f3n confutada se sustent\u00f3 en la jurisprudencia aplicable en la materia, seg\u00fan la cual, los decursos de extinci\u00f3n de dominio adelantados en vigencia de la Ley 793 de 2002, deben sujetarse a sus previsiones y, al no estar consagrada la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, tal defensa extraordinaria no resultaba procedente para el caso. <\/p>\n
Al punto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os procesos de extinci\u00f3n de dominio en los que la \u201cresoluci\u00f3n de inicio\u201d fue proferida antes de entrar en vigencia la Ley 1708 de 2014 (20 de julio \u00eddem), se rigen por las leyes precedentes all\u00ed indicadas, las cuales no contemplan la acci\u00f3n de revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tambi\u00e9n tiene sentando la Corte que (i) la acci\u00f3n para la extinci\u00f3n del derecho de dominio es de car\u00e1cter real, de contenido estrictamente patrimonial, aut\u00f3noma e independiente tanto de la acci\u00f3n penal como del derecho civil y, por lo mismo, (ii) en aquel tipo de asuntos no es aplicable el principio de favorabilidad -contenido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, toda vez que este \u00fanicamente despliega sus efectos en materia penal. <\/p>\n
\u201cPor tanto las normas de la Ley 1708 de 2014, por las que fue instituida la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra fallos de extinci\u00f3n de dominio, est\u00e1n gobernadas por el principio de irretroactividad, conforme con el cual rigen hacia el futuro\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se sigue que no es procedente la acci\u00f3n extraordinaria de revisi\u00f3n contra sentencias proferidas en procesos iniciados con fundamento en la Ley 793 de 2002, con o sin las modificaciones introducidas por la Ley 1453 de 2011, para cuyo efecto es irrelevante si fueron emitidas despu\u00e9s de haber entrado en vigencia la Ley 1708 de 2014 (\u2026)8\u201d (se destaca). <\/p>\n
En esa medida, la Sala encuentra que la determinaci\u00f3n del colegiado encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y el precedente la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, resulta pertinente se\u00f1alar, no deben obviarse las reformas introducidas en la Ley 1395 de 2010 en materia de recursos al tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio regulado por la Ley 793 de 2002, en donde se habilit\u00f3 la reposici\u00f3n, la apelaci\u00f3n y la queja, para los tr\u00e1mites iniciados al amparo de la Ley 793 de 2002, aspecto que, en todo caso, no consagr\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n materia de controversia. <\/p>\n
En cuanto a lo esbozado, la Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es necesario entonces, aplicar la Ley 793 de 2002 en su integridad, bajo el cuerpo normativo vigente hasta antes de la Ley 1453 de 2011, es decir, sin las modificaciones que trae esa norma, pero observando las reformas, adiciones y modificaciones establecidas por el art\u00edculo 81 de la Ley 1395 de 2010. Ello, debido a los vac\u00edos respecto del tr\u00e1mite de los recursos que la normativa del 2002 presentaba y, por tanto, dispuso la remisi\u00f3n a la Ley 600 de 2000, la cual est\u00e1 en consonancia con lo establecido por el art\u00edculo 217 de la Ley 1708 de 2014 norma que debe ser interpretada exeg\u00e9ticamente (\u2026)10\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, refuerza la improcedencia de este amparo al desatenderse el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto el reclamante no hizo del mecanismo de defensa horizontal contra el auto de 14 de diciembre de 2020, aun cuando lo ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
Este instrumento constitucional impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)12\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, se destaca, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo mencionado, la Sala ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d13 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 73. Procedencia. La acci\u00f3n de revisi\u00f3n procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: (\u2026). 1. Cuando despu\u00e9s de la sentencia aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo del proceso, que lleven a considerar razonablemente que la decisi\u00f3n finalmente adoptada pudo haber sido diferente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
4 Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado. <\/p>\n
5 Por medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
6 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
7 Por medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
8 CSJ. AP4756-2018 de 31 de octubre de 2018, exp. 53135. <\/p>\n
9 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
11 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
12 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
13 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
14 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
15 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
16 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
17 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
18 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
19 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
20 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC6772-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC6772-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00267-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 18 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}