STC6774-2021 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6774-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2021-00053-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de abril de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A.S. E.S.P. \u2013ISA- contra el Juzgado Promiscuo Municipal y Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, con apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales acusadas en el proceso verbal de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica con radicaci\u00f3n 05042408900120170024800. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, narr\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
La accionante inici\u00f3 proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica en contra del se\u00f1or LUIS JOS\u00c9 L\u00d3PEZ ARROYAVE y las sociedades EG GOMEZ & C\u00cdA S. EN C. y G.P. GIRALDO PARRA & C\u00cdA S. EN C., como propietarios del inmueble denominado \u00abLote Uno Vaca De Oro Fincas\u00bb, ubicado en la vereda La Meseta, en el municipio de Santa Fe de Antioquia, tr\u00e1mite que adelanta el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad bajo el radicado referido. <\/p>\n
Con auto 0855 del 22 de agosto de 2018 se designaron dos peritos, para que rindieran el dictamen derivado de la oposici\u00f3n de los demandados y se dispuso que, una vez allegada la experticia del nuevo estimativo de perjuicios, proceder\u00eda el Despacho a \u00abprogramar fecha para la evacuaci\u00f3n de la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del CGP, audiencia en la cual se dar\u00e1 el traslado a las partes de aquel aval\u00fao en la forma y t\u00e9rminos contenidos en el art. 226, 228 y 232, y en la cual se contar\u00e1 con la asistencia obligatoria de los peritos designados (\u2026) a fin de sustentar su experticia\u00bb. <\/p>\n
Por auto 1197 del 14 de noviembre de 2018, el Despacho corri\u00f3 traslado a las partes del dictamen pericial, por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas h\u00e1biles, \u00abde conformidad con lo estipulado en el Art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Con fundamento en esa misma norma, en el t\u00e9rmino de ejecutoria del prove\u00eddo 1197, la E.S.P. demandante solicit\u00f3 la comparecencia de peritos a audiencia, para contradicci\u00f3n de dictamen pericial, por lo que, a trav\u00e9s del prove\u00eddo 0439 del 30 de abril de 2019, se fij\u00f3 fecha para adelantar la diligencia de que trata el art\u00edculo 373 del C.G.P., \u00abPor remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 2.2.3.7.5.5 del decreto 1073 que faculta para que los vac\u00edos existentes esta norma sean llenados con las normas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
El recurso se resolvi\u00f3 por auto 689 del 21 de mayo de 2019, que dispuso reponer el prove\u00eddo 0439, para lo cual argument\u00f3 el Juzgado accionado que no era de recibo la solicitud de comparecencia de los peritos a la audiencia para efectos de la contradicci\u00f3n del dictamen y, en su lugar, corri\u00f3 traslado del aval\u00fao presentado de manera conjunta, para formulaci\u00f3n de observaciones1, \u00aben clara transgresi\u00f3n del procedimiento establecido y del mismo sendero procesal que el juzgado hab\u00eda delimitado en los autos 1197 y 0439, esto es, de soslayo a lo consagrado en el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Frente al auto 689 del 21 de mayo de 2019, la demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, el de apelaci\u00f3n. En decisi\u00f3n 060 del 13 de junio de 2019, el Juzgado Municipal confirm\u00f3 la providencia y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
El recurso vertical fue desatado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, en providencia 386 del 21 de octubre de 2019, revocando parcialmente el numeral 2 del auto 686 y, en consecuencia, los numerales 1 y 2 del auto 060. Adem\u00e1s, dej\u00f3 sin efectos los autos 1197 del 14 de noviembre de 2018 y 0439 del 30 de abril de 2019; en ese sentido, orden\u00f3 al a quo \u00abrecomponer la actuaci\u00f3n otorg\u00e1ndole el traslado respectivo a efecto de que la parte demandante pueda ejercer su derecho de controversia\u00bb, con lo cual, seg\u00fan la accionante, neg\u00f3 la citaci\u00f3n de los peritos en audiencia y \u00abrevoc\u00f3 autos que se encontraban debidamente ejecutoriados y no fueron objeto de recurso\u00bb, al considerar que la norma que deb\u00eda aplicarse era el inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del C.G.P. <\/p>\n
Ante la improcedencia de recursos contra la anterior decisi\u00f3n, la parte demandada present\u00f3 memorial de \u00abSOLICITUD DE REVOCATORIA DE AUTO ILEGAL\u00bb, frente al que \u00abnunca se pronunci\u00f3 dicho despacho\u00bb. <\/p>\n
El 6 de noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal acusado, profiri\u00f3 auto 0157 por medio del cual acogi\u00f3 lo resuelto por el superior y corri\u00f3 traslado del dictamen rendido por los peritos. Sostuvo la accionante que contra ese prove\u00eddo, radic\u00f3 solicitud de nulidad el d\u00eda 13 de noviembre siguiente, sosteniendo que se pretend\u00eda aplicar el inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del CGP, cuando de su simple lectura era claro que aqu\u00e9l era aplicable exclusivamente para los procesos de filiaci\u00f3n, interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta e inhabilitaci\u00f3n por discapacidad mental absoluta, en los cuales no se enmarca el procedimiento de marras, por lo que \u00abla OMISI\u00d3N DE LA CORRECTA PR\u00c1CTICA DE ESTA PRUEBA, (\u2026) acarrea en s\u00ed misma el vicio de nulidad procesal contenido en el art\u00edculo 133 numeral 5 del estatuto procesal\u00bb. <\/p>\n
Por prove\u00eddo 1527 del 18 de noviembre de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal rechaz\u00f3 la solicitud de nulidad por improcedente, decisi\u00f3n que, una vez recurrida, confirm\u00f3 en providencia 041 del 29 de enero de 2020, en la que, adem\u00e1s, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en subsidiariedad. <\/p>\n
Estando pendiente de resolver la alzada, se emiti\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n SC4658-2020 del 30 de noviembre del 2020, en la cual la Corte consider\u00f3 que, en este tipo de procesos, el debido proceso impon\u00eda la obligaci\u00f3n de que el dictamen recaudado fuera objeto de contradicci\u00f3n, de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 228 del C.G.P., por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.7.5.5 del Decreto 1073 de 2015, ante la ausencia de regulaci\u00f3n sobre la materia en la norma especial. Esta sentencia fue aportada por la interesada al ad quem, el 25 de febrero de 2021. <\/p>\n
Sin embargo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, mediante auto 77 del 23 de marzo de 2021, confirm\u00f3 el prove\u00eddo 1527 y \u00abno solo NEG\u00d3 la citaci\u00f3n de los peritos, esgrimiendo que la contradicci\u00f3n de la prueba pericial ordenada por el a quo, efectivamente estaba acorde a la ley, (\u2026), sino que adem\u00e1s, decide inaplicar una sentencia de casaci\u00f3n proferida por el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria de Colombia (\u2026)\u00bb. En consideraci\u00f3n de la accionante, esta decisi\u00f3n vulner\u00f3 el debido proceso, por defecto procedimental absoluto y el derecho de defensa. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que, ante el vac\u00edo de la norma especial (Ley 56 de 1981, el decreto 2580 de 1985 y el decreto 1073 de 2015) y la remisi\u00f3n normativa que lo soluciona (art\u00edculos 32 de la ley 56 de 1981, 5\u00ba del decreto 2580 de 1981 y art\u00edculo 2,2,3,7,5,5 del decreto reglamentario 1073 de 2013)2, los Juzgados debieron ordenar la contradicci\u00f3n del dictamen en audiencia, a la luz de la parte general del art\u00edculo 228 del CGP \u2013 y no conforme al par\u00e1grafo de ese art\u00edculo-, pues si bien la ley especial no contempla las audiencias, tampoco las proh\u00edbe. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se tutelaran sus derechos fundamentales, que se ordene \u00abDejar sin efecto las decisiones proferidas por los Juzgados Promiscuo Municipal y Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, contenidas en los autos 689 del 21 de mayo de 2019, 060 del 13 de junio de 2019, 0157 del 06 de noviembre de 2019, 1527 del 18 de noviembre de 2019, y 041 del 29 de enero de 2020, proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Fe de Antioquia, as\u00ed como los autos 386 del 21 de octubre de 2019 y 77 del 23 de marzo de 2021 proferidos por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia\u00bb; y, en consecuencia, \u00abOrdenar al Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Fe de Antioquia, proferir nuevos autos (\u2026) concediendo la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de la prueba pericial, de conformidad con los lineamientos del art\u00edculo 228 del CGP\u00bb. <\/p>\n
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II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Fe de Antioquia sostuvo que los autos proferidos por ese Despacho en el proceso 2017-00248-00 estuvieron ajustados a los c\u00e1nones constitucionales y legales. As\u00ed mismo, inform\u00f3 que el proceso objeto de tutela ser\u00e1 remitido a los Jueces Civiles Municipales de Medell\u00edn (reparto), en atenci\u00f3n a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en Auto AC140-2020. <\/p>\n
2. La abogada Estefan\u00eda Barrera Castrill\u00f3n alleg\u00f3 respuesta invocando la calidad de apoderada de Luis Jos\u00e9\u0301 L\u00f3pez Arroyave, y las sociedades EG GOMEZ & CI\u0301A S. EN C. y G.P. GIRALDO PARRA & CI\u0301A S. EN C., en el cual manifest\u00f3 el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Fe de Antioquia otorg\u00f3 un t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para realizar las objeciones al dictamen, \u00abdentro del cual el accionante no hizo uso de ese derecho y pretende ampararse en la supuesta necesidad de la audiencia establecida en el CGP para controvertir dicho dictamen\u00bb; sin embargo, no present\u00f3 poder que la facultara para el efecto. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo, al encontrar que, pese a que el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica est\u00e1 regido por norma especial (Ley 56 de 1981 y el Decreto 1073 de 2015), ante la ausencia de regulaci\u00f3n sobre la manera de ejercer la contradicci\u00f3n del dictamen presentado a instancias de la parte demandada para, a su vez, controvertir el aval\u00fao de la parte demandante, ha de acudirse a las reglas contenidas en el art\u00edculo 228 del C.G.P. en su primera parte que tiene un alcance general, pues la segunda, consignada en el par\u00e1grafo, se encuentra especialmente se\u00f1alada para los procesos all\u00ed citados, como el de filiaci\u00f3n. Lo anterior, en acatamiento de la reciente postura jurisprudencial adoptada por la Corte Suprema de Justicia en sede de Casaci\u00f3n3. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, si bien la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil \u2013hasta hace poco- sostuvo que \u00abdeb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al rito previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del C.G.P., considerando entre otras circunstancias que en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica no hay lugar a celebrar audiencias salvo la de inspecci\u00f3n judicial y tampoco se prev\u00e9 la posibilidad de aporta otra pericia\u00bb, aun cuando no era posible hablar de una doctrina probable que deber\u00eda el juez aplicar inexcusablemente, lo cierto es que dicha postura cambi\u00f3 con la sentencia SC4658 del 30 de noviembre de 2020, de manera que, dado que el auto del 23 de marzo de 2021 se decid\u00eda sobre la configuraci\u00f3n de la nulidad por pretermisi\u00f3n de oportunidades probatorias fue posterior a aquella, el fallo del recurso extraordinario s\u00ed constitu\u00eda un criterio a seguir. <\/p>\n
Por consiguiente, dej\u00f3 sin valor el prove\u00eddo emitido el 23 de marzo de 2021 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe De Antioquia, \u00abpara que en lugar de \u00e9ste y dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n incoado frente al prove\u00eddo del 18 de noviembre de 2019 que rechazo\u0301 por improcedente la declaratoria de nulidad originada en la contradicci\u00f3n de la prueba pericial, observando para el efecto las consideraciones expuestas precedentemente\u00bb. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, cuyo titular argument\u00f3, como primera medida, que \u00abno se cumple el principio de inmediatez ni se indica el defecto en que se incurre\u00bb, puesto que, si bien la \u00faltima decisi\u00f3n es del 23 de marzo de 2021, la nulidad se present\u00f3 por el mismo objeto decidido mediante auto 386 del 21 de octubre de 2019, el cual revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n apelada y orden\u00f3 al a quo otorgar el traslado respectivo de la pr\u00e1ctica de la prueba, sin convocar a la audiencia del art. 228 del C.G.P., \u00aben virtud a lo establecido en la l\u00ednea jur\u00eddica de la Corte para su momento. Es decir, la misma discusi\u00f3n de la providencia de segunda instancia mencionada es la que se propuso en la nulidad, y posterior al auto de estarse a lo resuelto por el superior\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el mismo apoderado judicial de la accionante, en el a\u00f1o 2020 y con ocasi\u00f3n de otro proceso, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la segunda instancia, \u00abtutela que fue concedida en primera instancia y luego revocada por la Corte precisamente porque no pod\u00eda se\u00f1alarse como defecto el aplicar la tesis que ese entonces expon\u00eda la Corte\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, indic\u00f3 que el fallo impugnado pretende una aplicaci\u00f3n retroactiva de la sentencia SC4658-2020 del 30 de noviembre de 2020, pese a que se reconoce la existencia de una primera l\u00ednea jurisprudencial dada por la sentencia STC8490-2018 de la Corte Suprema de Justicia, la cual se\u00f1alaba que en el proceso de servidumbre por interconexi\u00f3n el\u00e9ctrica no era necesario la convocatoria de la audiencia del art\u00edculo 228 del CGP, para cuestionar el dictamen. Asegur\u00f3 que, en vigencia de la anterior postura, i) se adoptaron las decisiones de primera y segunda instancia sobre las cuales se pretende la nulidad por parte del actor y ii) se present\u00f3 la solicitud de nulidad por el actor que pretende dejar sin efectos los autos proferidos en vigencia de la tesis de 2018. <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, explic\u00f3 que en el prove\u00eddo 077 del 23 de marzo de 2021 hizo notar el cambio jurisprudencial, pero ante la ejecutoria de los actos cuestionados, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, en atenci\u00f3n a que la nueva postura reg\u00eda hacia el futuro y no se\u00f1al\u00f3 ning\u00fan efecto retroactivo. <\/p>\n
En ese orden de ideas, estim\u00f3 que, de aplicarse la tesis de la determinaci\u00f3n constitucional recurrida, cada vez que ocurra un cambio jurisprudencial se deber\u00edan revisar todas las decisiones judiciales ejecutoriadas proferidas con la anterior l\u00ednea decisoria \u00aby lo que es m\u00e1s dif\u00edcil de entender GENERA UNA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES ANTERIORES\u00bb. <\/p>\n
Y, refiri\u00e9ndose a la causal de nulidad invocada, afirm\u00f3 que, en materia probatoria, la pretermisi\u00f3n ocurre i) \u00abcuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar y practicar pruebas\u00bb, que impone acreditar que el juez no permiti\u00f3 solicitar la prueba o que el juez se salt\u00f3 la oportunidad para decretar la prueba o la fase para practicarla o ii) cuando \u00abse omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb, caso en el cual se debe indicar cu\u00e1l es la disposici\u00f3n que impone practicarla de manera obligatoria. En consecuencia, si alg\u00fan defecto tiene la decisi\u00f3n controvertida en tutela, es haber resuelto la nulidad \u00abcuando lo que se deb\u00eda era resolver sobre si se le impart\u00eda el tr\u00e1mite a la solicitud de la nulidad\u00bb, pues la alegada \u00abNULIDAD ORIGINADA EN LA OMISI\u00d3N DE LA PRACTICA DE LA PRUEBA\u00bb no existe y el Tribunal la \u00abacomodo\u00bb en la causal 5 del art\u00edculo 133 del CGP. <\/p>\n
2. La sociedad EG GOMEZ GIRALDO Y CIA. S. EN. C. present\u00f3 escrito de impugnaci\u00f3n mediante apoderada4, quien dijo actuar, adem\u00e1s, como agente oficiosa de G.P. GIRALDO PARRA & C\u00cdA S. EN C. y el se\u00f1or Luis Jos\u00e9 L\u00f3pez Arroyave, sin acreditar o mencionar la raz\u00f3n para invocar esa agencia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que con la decisi\u00f3n impugnada se vulneraron sus derechos fundamentales, en raz\u00f3n a que el Tribunal \u00abignora el an\u00e1lisis de contexto a la luz del tr\u00e1mite especial de SERVIDUMBRE ELECTRICA que se ven\u00eda adelantando de forma juiciosa por los jueces de instancia\u00bb. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que, como demandados en el proceso de servidumbre el\u00e9ctrica desde el a\u00f1o 2017, son perjudicados no solo por el despojo, sino por el hecho de tener que soportar un largo proceso, cuando estos est\u00e1n dise\u00f1ados para ser expeditos. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la norma especial que regula el tr\u00e1mite se\u00f1alado le da la garant\u00eda a la entidad expropiadora de llegar al proceso con un aval\u00fao preparado por ellos, sin que el demandado tenga la prerrogativa contemplada en el C\u00f3digo General del Proceso para presentar su propio aval\u00fao, sino que debe acogerse al tr\u00e1mite especial y \u00absometerse a unos AVALUADORES DEL (IGAG)\u00bb y, si los dos avaluadores no est\u00e1n de acuerdo, se nombrar\u00e1 un tercero que dirime de fondo el asunto. As\u00ed, el accionado no tiene la oportunidad para pronunciarse sobre el dictamen y, por tanto, tampoco la puede tener el demandante en aplicaci\u00f3n del estatuto procesal general. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que la sentencia de casaci\u00f3n invocada, se comparta o no, no tiene efectos retroactivos. <\/p>\n
3. La parte actora present\u00f3 \u00abalegatos de no recurrente\u00bb, en los cuales expuso que los hechos que motivaron la nulidad en el presente caso se originan en la vulneraci\u00f3n al debido proceso y la existencia de una prueba il\u00edcita, por contrariarse las normas propias de cada juicio en lo que respecta a la contradicci\u00f3n y pr\u00e1ctica de la prueba pericial, al disponerse que la contradicci\u00f3n de la prueba deb\u00eda realizarse de acuerdo con el inciso segundo del par\u00e1grafo del art\u00edculo 228 del CGP y no acorde con el inciso primero de esa misma norma, por lo que lo alegado en la nulidad propuesta no corresponde a lo resuelto con anterioridad por el ad quem. A\u00f1adi\u00f3 que la nulidad se present\u00f3 en aras de agotar los recursos procedentes, siendo \u00abel mecanismo id\u00f3neo y eficaz para cuestionar el desconocimiento de las formas propias de cada juicio, la vulneraci\u00f3n al debido proceso y la prueba il\u00edcita al interior del proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que no se requiere una aplicaci\u00f3n retroactiva de la nueva tesis jurisprudencial, pues la sentencia de casaci\u00f3n aludida se profiri\u00f3 el 30 de noviembre de 2020 y el auto que resolvi\u00f3 la nulidad se emiti\u00f3 el 23 de marzo de 2021. <\/p>\n
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1. En el sub examine, pretende la gestora que sean amparados sus derechos fundamentales que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las decisiones proferidas por los Juzgados accionados en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica 2017-00248-00, en torno a la manera en que debe ser controvertido el dictamen pericial estimativo de los perjuicios y a la posible nulidad que de ello se deriva. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser revocada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
3. En primer lugar, respecto de los autos 689 del 21 de mayo de 2019, 060 del 13 de junio de 2019 y 0157 del 06 de noviembre de 2019 proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Fe de Antioquia, as\u00ed como el prove\u00eddo 386 del 21 de octubre de 2019 dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez exigido para la salvaguarda impetrada. Ello, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profirieron las decisiones cuestionadas y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -10 de marzo de 2021-, el cual supera el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela, sin que se avizore hecho alguno que permita justificar la inactividad de la impugnante para formular esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb5. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente resaltar que con anterioridad se surti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n 05000221300020200000501, instaurada por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A.S. E.S.P. contra los Juzgados aqu\u00ed accionados, por hechos ocurridos en otro proceso de igual naturaleza. <\/p>\n
De los antecedentes mencionados en ese fallo, se extrae que la demandante acudi\u00f3 en tutela para controvertir las decisiones que denegaron la procedencia de la contradicci\u00f3n de la prueba pericial mediante audiencia con la comparecencia de los peritos. Es decir, en esa ocasi\u00f3n, la gestora demand\u00f3, en sede constitucional, la misma controversia que ahora nos ocupa. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n en ese tr\u00e1mite de tutela fue evacuada por esta Sala, mediante la sentencia STC2500-2020 del 9 de marzo de 2020, en la cual se realiz\u00f3 estudio de fondo, hallando razonable la decisi\u00f3n controvertida, de conformidad con la postura jurisprudencial asumida por la Corporaci\u00f3n en acciones de tutela para la fecha de las providencias, esto es, la decantada en la sentencia STC8490-2018. En esa oportunidad, la Sala consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn efecto, (\u2026), es claro que ning\u00fan reproche amerita el curso que el funcionario querellado le imprimi\u00f3 a la experticia all\u00ed ordenada (29 may. 2019 \u2013 fl. 31 C.1) y tampoco su negativa a decretar la \u00abcomparecencia de peritos a audiencia para contradicci\u00f3n de dictamen pericial\u00bb que le exigi\u00f3 la demandante y que encontr\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb, puesto que, seg\u00fan advirti\u00f3, \u00abla norma que rige la materia (\u2026) no la establece y (\u2026) resulta contraria a la naturaleza misma del proceso\u00bb (18 jun. 2019 \u2013 fls. 40 a 41 C.1). <\/p>\n
En este punto, debe destacarse que tal raciocinio se acompasa con los derroteros que al efecto fija el Decreto 1073 de 2015, concretamente, en sus art\u00edculos 2.2.2.7.7.5.1 y siguientes, que descartan la posibilidad de someter la contradicci\u00f3n de los \u00abdict\u00e1menes periciales\u00bb a un decurso extra\u00f1o al que esas normas especiales prev\u00e9n y respecto de las cuales esta Corporaci\u00f3n tuvo oportunidad de pronunciarse al analizar en un caso de similares contornos (STC8490-2018), (\u2026) destacando en lo pertinente lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) raz\u00f3n por la cual presentado el aval\u00fao por parte de los dos peritos designados por el despacho encartado, se corri\u00f3 traslado del dictamen de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 228 del C.G.P. y no en la parte inicial del mismo como lo pidi\u00f3 EPM, en raz\u00f3n a que: i) En el asunto de marras no hay lugar a celebrar audiencia distinta a la inspecci\u00f3n judicial y tampoco a allegar una nueva experticia, ii) En lo que respecta al t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas y, iii) Si bien, este tipo de asuntos no est\u00e1 contemplado en el par\u00e1grafo dada la remisi\u00f3n normativa que prev\u00e9 el Decreto 1073 de 2015 se debe apreciar el canon 228 del C.G.P., pero en lo que no le resulte incompatible, dado que se trata de un asunto cuyo tr\u00e1mite requiere celeridad dado el inter\u00e9s general que en el mismo est\u00e1 inmerso\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se ve c\u00f3mo puedan calificarse de irrazonables las criticadas providencias, pues, al margen de que se compartan, las mismas obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la preceptiva vigente, que, en rigor, debe ser respetada\u00bb. <\/p>\n
5. Ahora bien, respecto a los cuestionamientos endilgados contra las decisiones que resolvieron la nulidad, tenemos que la misma fue presentada por la demandante en el proceso de marras el 13 de noviembre de 2019, se\u00f1alando que, \u00abestando dentro del t\u00e9rmino derivado del auto del 6 de noviembre de 2019, notificado por estados del d\u00eda 7 del mismo mes y a\u00f1o, me permito solicitar que se decrete la NULIDAD ORIGINADA EN LA OMISI\u00d3N DE LA PR\u00c1CTICA DE LA PRUEBA (\u2026)\u00bb, fundado en la causal 5 del art\u00edculo 133 del CGP, con \u00absustento en que a pesar de que la ley 56 de 1981 y el decreto 2580 de 1985 y su decreto compilatorio 1073 de 2015 (normas especiales que regulan este tipo de procesos) regulan la forma en que debe ser decretada la prueba, no contienen la forma en que debe ser practicada y controvertida, por lo que, con base en la remisi\u00f3n normativa expresa que expone el art\u00edculo 2.2.3.7.5.5 del decreto 1073 de 2015, habr\u00eda de aplicarse las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en este caso espec\u00edfico el art\u00edculo 228 del CGP, que contiene los lineamientos generales para la contradicci\u00f3n de la prueba pericial, PERO NO SU PAR\u00c1GRAFO pues este, como se ha iterado, es la excepci\u00f3n a la regla general que contempla el mismo c\u00f3digo, aplicable \u00daNICA, EXCLUSIVA Y EXCEPCIONALMENTE en unos asuntos particulares que nada tienen que ver con este proceso\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, argument\u00f3 la accionante que el traslado dispuesto en el auto del 6 de noviembre de 2019, para efectos de controvertir el dictamen, sin tener en cuenta lo contemplado en la parte general del art\u00edculo 228 del CGP, generaba el vicio de nulidad en la pr\u00e1ctica de la prueba pericial, contemplado en el numeral 5 del art\u00edculo 133 del mismo estatuto procesal, alegaciones que no fueron de recibo para los Juzgados accionados. <\/p>\n
En sede de tutela, la gestora sostuvo que su pedimento de nulidad debe salir avante con apoyo en lo decantado por esta Sala en la sentencia de casaci\u00f3n SC4658-2020, que rectific\u00f3 la postura asumida, a trav\u00e9s de las referidas sentencias STC2500 de 2020 y STC8490 de 2018, y consider\u00f3 que, para efectos de contradicci\u00f3n, resultaban aplicables las pautas ordinarias que consagra el art\u00edculo 228 del CGP6, lo cual, en criterio de la tutelante, debi\u00f3 ser tenido en cuenta por el ad quem, al haberse proferido el fallo de casaci\u00f3n con anterioridad a que se resolviera la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 la nulidad. <\/p>\n
5.1. Ante tales cargos, es preciso destacar que en el proceso 2017-00248 la decisi\u00f3n de correr traslado del aval\u00fao presentado conjuntamente por los peritos, para que las partes formularan las observaciones que consideraran pertinentes, se torn\u00f3 definitiva el 21 de octubre de 2019, cuando se desat\u00f3 la apelaci\u00f3n contra la providencia 689 del 21 de mayo de 2019, modificada por auto 060 del 13 de junio de 2019. <\/p>\n
Posteriormente, con el prove\u00eddo 0157 del 6 de noviembre de 2019, se corri\u00f3 el traslado de la mencionada experticia, por el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, decisi\u00f3n que fue notificada por estado No. 139 del 7 de noviembre siguiente, con lo que el t\u00e9rmino de traslado feneci\u00f3 el 13 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Lo se\u00f1alado qued\u00f3 consignado en el auto 182 del 3 de diciembre de 20197, en el que, adem\u00e1s, el Juzgado Promiscuo Municipal accionado se pronunci\u00f3 respecto del memorial radicado por la demandada el 20 de noviembre anterior, en el cual la parte sostuvo que, el 13 de noviembre de 2019, hab\u00eda presentado las observaciones al dictamen, pero dirigiendo el escrito a otro n\u00famero de radicaci\u00f3n, por un error de digitaci\u00f3n, por lo que pidi\u00f3 que el mismo fuera tenido en cuenta en el proceso respectivo. Ante tal solicitud, el Despacho estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, se ordenar (sic) trasladar el memorial original presentado el d\u00eda 13\/11\/2019 en el proceso Rdo. 2018-00007 donde es demandado PERSONAS INDETERMINADAS, haciendo la salvedad de que el mismo se entiende presentado para este proceso, en la misma fecha en que se radic\u00f3 el memorial que aclara la presente situaci\u00f3n, es decir, 20\/112019, debiendo recordarse lo forzoso de la aplicaci\u00f3n del principio Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar en su favor su propia culpa), concluyendo as\u00ed, que el memorial que se traslada, no produce efectos jur\u00eddicos por su extemporaneidad\u00bb (negrita original). <\/p>\n
En ese orden, teniendo en cuenta que no se presentaron observaciones al dictamen y tampoco fue recurrido el auto 182, el decreto, pr\u00e1ctica y correspondiente contradicci\u00f3n de la prueba pericial qued\u00f3 en firme el 13 de noviembre de 2019. <\/p>\n
5.2. Ahora bien, ese mismo d\u00eda, la demandante radic\u00f3 solicitud de nulidad, la cual fue rechazada en primera instancia, mediante auto 1527 del 18 de noviembre de 2019 y 041 del 29 de enero de 2020. Pese al rechazo, una vez apelada esta decisi\u00f3n, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia, en prove\u00eddo 77 del 23 de marzo de 2021, se pronunci\u00f3 de fondo sobre la controversia all\u00ed planteada, retomando la tesis asumida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corporaci\u00f3n en el fallo STC8490 de 2018. <\/p>\n
Y, tras citar apartes sobre la nueva postura jurisprudencial tra\u00edda con la sentencia SC4658-2020, concluy\u00f3 que, \u00ab(\u2026) si bien las actuales directrices que se encuentran contenidas en la sentencia expuesta, no es menos que las providencias judiciales cuestionadas gozaban del respaldo que para entonces sosten\u00eda la alta corporaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, resulta imposible derivar de tales actos nulidad alguna. Raz\u00f3n por la cual, ha de confirmarse la decisi\u00f3n de la decisi\u00f3n de improcedencia de la causal de nulidad\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se evidencia que las actuaciones que, en criterio de la promotora, se encuentran viciadas de nulidad, se adoptaron y ejecutaron cuando jurisprudencialmente era admitido por esta Sala adelantar el traslado del dictamen pericial, como \u00fanica oportunidad para contradecirlo. <\/p>\n
Por tanto, no se considera de recibo el vicio alegado y acogido por el Juez Constitucional a quo, toda vez que, si bien el cambio jurisprudencial introducido con la sentencia de casaci\u00f3n SC4658-2020 del 30 de noviembre del 2020 se emiti\u00f3 cuando a\u00fan no se hab\u00eda resuelto la segunda instancia del tr\u00e1mite de nulidad, lo cierto es que la prueba pericial se consolid\u00f3 el 13 de noviembre de 2019, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o antes del cambio de precedente, sin que el mismo haya dispuesto una aplicaci\u00f3n retroactiva. <\/p>\n
5.3. As\u00ed las cosas, la cuestionada determinaci\u00f3n del ad quem de conocimiento no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico; todo lo contrario, fue objetiva, razonable y fundada en el an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial vigente en torno al tema debatido, para el momento en que la prueba fue practicada y, a\u00fan, durante el traslado para su contracci\u00f3n. <\/p>\n
6. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser revocado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Impedido) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con la Resoluci\u00f3n 1463 del 26 de julio de 1993 del (IGAC). <\/p>\n
2\u0002 \u00abCualquier vac\u00edo en las disposiciones anteriores se llenar\u00e1 de acuerdo con las normas del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia de casaci\u00f3n SC4658-2020 del 30 de noviembre del 2020. <\/p>\n
4\u0002 Con poder especial para esa actuaci\u00f3n otorgado el 27 de abril de 2021, fecha en la que se present\u00f3 la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01. <\/p>\n
6\u0002 En tanto, \u00abno existir\u00eda raz\u00f3n para que los vac\u00edos del tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica se completaran acudiendo a una disposici\u00f3n especial, propia de \u00ablos procesos de filiaci\u00f3n, interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta e inhabilitaci\u00f3n por discapacidad mental relativa\u00bb, que carecen de puntos en com\u00fan con los de imposici\u00f3n de servidumbres, m\u00e1xime cuando las razones expuestas por la Corte no justificar\u00edan esa particular integraci\u00f3n normativa\u00bb, entre otras razones expuestas para adoptar el cambio de precedente. <\/p>\n
7\u0002 Folio 447, expediente digital 2017-00248. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6774-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6774-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2021-00053-02 (Aprobado en Sala virtual de dos de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de abril de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54753","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54753"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54753\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}