STC6776-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6776-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela incoada por Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Martha Cecilia Rivas Correa contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario, promovido por los aqu\u00ed actores a la F\u00e1brica de Licores y Alcoholes de Antioquia y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes exigen la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso e igualdad, entre otros, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Martha Cecilia Rivas Correa promovieron demanda ordinaria en contra de la F\u00e1brica de Licores y Alcoholes de Antioquia y otros, solicitando su reincorporaci\u00f3n a un cargo igual o de superior jerarqu\u00eda al que desempe\u00f1aban en esa empresa al momento de sus despidos. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de ese asunto se aleg\u00f3 que la desvinculaci\u00f3n laboral de los actores era \u201cilegal e inconstitucional\u201d, pues la misma sobrevino cuando se encontraba pendiente de soluci\u00f3n un conflicto colectivo de trabajo por la presentaci\u00f3n de un pliego de peticiones, por parte de Sintrabec\u00f3licas, sindicato al cual los petentes se encontraban afiliados. <\/p>\n
Ese litigio fue zanjado por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn, quien, mediante providencia del 6 de noviembre de 2009, concedi\u00f3 parcialmente las pretensiones invocadas, pues reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n a favor de los quejosos por despido injusto; empero, neg\u00f3 su reintegro laboral. <\/p>\n
El 13 de diciembre de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En sentencia SL15240 de 12 de septiembre de 2017, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, decidi\u00f3 \u201cno casar\u201d el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Los gestores requirieron la nulidad de esa decisi\u00f3n, por considerar que, la referida corporaci\u00f3n no ten\u00eda competencia para zanjar el recurso extraordinario deprecado en el litigio sublite, pedimento denegado el 8 de mayo de 2018. <\/p>\n
Afirman los tutelantes que solicitaron, nuevamente, la invalidez de todo lo actuado en sede de casaci\u00f3n, por violaci\u00f3n del art\u00edculo 2 de la Ley 1781 de 20161, incidente rechazado en prove\u00eddo de 2 de marzo de 2020. <\/p>\n
En criterio de los censores, la Sala fustigada, vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, por cuanto: i) gener\u00f3 una \u201cinequidad e injusticia, pues otros compa\u00f1eros de trabajo\u201d que se encontraban en igualdad de condiciones, \u201cs\u00ed fueron reintegrados\u201d a sus cargos; y ii) el tema expuesto ante esa corporaci\u00f3n conllevaba la creaci\u00f3n de una \u201cposici\u00f3n jurisprudencial\u201d frente al tema del despido de \u201ctrabajadores oficiales (\u2026) con fuero circunstancial\u201d, por tanto, el asunto debi\u00f3 ser zanjado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral ordinaria. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, se ordene \u201cdictar un fallo justo que acoja las pretensiones\u201d invocadas en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el comentado decurso \u201cno se present\u00f3 defecto org\u00e1nico ni sustantivo, ni f\u00e1ctico. Tampoco hay evidencia de error inducido ni de decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n y, mucho menos, se desconoci\u00f3 el precedente ni se viol\u00f3 norma constitucional\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo tras anotar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o pueden los accionantes, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, las autoridades accionadas actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales con ocasi\u00f3n al proceso ordinario laboral 2006-00902 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Los gestores impugnaron insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales dentro del proceso criticado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Carlos Julio Zapata Zapata, Gonzalo Carmona Hoyos y Martha Cecilia Rivas Correa, pretenden que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efecto la sentencia SL15240-2017, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y el auto AL2018-2018, mediante el cual se desestim\u00f3 la nulidad deprecada frente al comentado fallo. <\/p>\n
2. En el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aun cuando \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el caso a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
3. Del examen del resguardo, se constata su improcedencia por falta de tempestividad. En efecto, se encuentra que la sentencia de casaci\u00f3n reprochada se emiti\u00f3 el 12 de septiembre de 2017 y el prove\u00eddo mediante el cual se desestim\u00f3 la nulidad deprecada contra esa decisi\u00f3n, fue proferido el 8 de mayo de 2018; no obstante, los actores s\u00f3lo concurrieron a censurar tales determinaciones, a trav\u00e9s de este mecanismo residual, hasta el 3 de septiembre de 2020, esto es, luego de transcurrido m\u00e1s de tres (3) y dos (2) a\u00f1os, respectivamente, de cometerse el presunto hecho vulnerador. <\/p>\n
Por tanto, ese t\u00e9rmino supera ampliamente el de seis (6) meses considerado por esta Sala como razonable para acudir oportunamente a esta jurisdicci\u00f3n, cuesti\u00f3n sobre la cual se ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud, por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si los petentes tardaron para presentar esta demanda, su descuido per se es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular en los pronunciamientos criticados. <\/p>\n
N\u00f3tese, a los actores les asist\u00eda el derecho de acudir a esta excepcional v\u00eda desde la emisi\u00f3n de las referidas providencias, pues con ellas se zanjaron los temas concernientes al reintegro laboral exigido y la nulidad alegada por falta de competencia de la corporaci\u00f3n criticada, pues, si bien los promotores insistieron recientemente en la invalidez de lo actuado en sede de casaci\u00f3n, lo cierto es, ese pedimento fue rechazado con remisi\u00f3n y reiteraci\u00f3n a lo expresado por la tutelada en el auto AL2018-2018. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cART\u00cdCULO 2\u00b0. Adici\u00f3nese un par\u00e1grafo al art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: PAR\u00c1GRAFO. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia contar\u00e1 con cuatro salas de descongesti\u00f3n, cada una integrada por tres Magistrados de descongesti\u00f3n, que actuar\u00e1n de forma transitoria y tendr\u00e1n como \u00fanico fin tramitar y decidir los recursos de casaci\u00f3n que determine la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte. Los Magistrados de Descongesti\u00f3n no har\u00e1n parte de la Sala Plena, no tramitar\u00e1n tutelas, ni recursos de revisi\u00f3n, no conocer\u00e1n de las apelaciones en procesos especiales de calificaci\u00f3n de suspensi\u00f3n o paro colectivo del trabajo, ni de los conflictos de competencia, que en el \u00e1mbito de su especialidad se susciten, y no tendr\u00e1n funciones administrativas. El reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinar\u00e1 las condiciones del reparto de los procesos. <\/p>\n
Las salas de descongesti\u00f3n actuar\u00e1n independientemente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayor\u00eda de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolver\u00e1n el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que esta decida\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil Sentencia de tutela 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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